Justicia y derechos

El superintendente de la Policía, Joseph González, declaró que los precios de la cocaína en Puerto Rico han comenzado a bajar nuevamente —luego de haber subido de $8,000–$9,000 a $14,000–$15,000 por kilo tras operaciones federales en 2025— lo que, según indicó, señala un aumento en el flujo de narcóticos a la isla vinculado a una reducción en la presencia militar estadounidense en el Caribe. González también alertó que en 2026 Puerto Rico registra 26 asesinatos más que en el mismo período del año anterior, y que entre el 50 y el 60% de esos casos están relacionados al narcotráfico.

El repunte en la disponibilidad de drogas amenaza con revertir la tendencia a la baja en homicidios que cerró 2025 con la cifra más baja en décadas; mientras tanto, en Loíza grupos criminales disputan el control de puntos de droga, lo que ya ha cobrado vidas civiles, incluyendo la de una menor.

Durante 2025, intervenciones federales en aguas del Caribe interrumpieron rutas del narcotráfico y redujeron temporalmente la oferta de cocaína en Puerto Rico; la Policía atribuye ahora el deterioro de esa situación a una menor presencia militar en la región. En los primeros cinco meses de 2026, la Uniformada ejecutó más de 600 órdenes de allanamiento, ocupó cerca de 10,000 kilos de sustancias controladas y confiscó más de 1,000 armas ilegales.

El juez de Apelaciones Carlos G. Salgado Schwarz, presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico, publicó un artículo de opinión advirtiendo que al cierre de mayo de 2026 la isla acumulaba 205 asesinatos —un aumento de casi 14% respecto al año anterior— y siete feminicidios, uno de ellos con una víctima menor de edad.

El alza sitúa la tasa de homicidios en una trayectoria ascendente que, según la Federación de la Magistratura, refleja fallas estructurales en prevención, educación y empleo que los tribunales solos no pueden corregir.

Puerto Rico superó los 1,100 homicidios anuales en 2010 y 2011, bajó a 425 en 2021 y ahora muestra un nuevo repunte; la Federación de la Magistratura señala que este ciclo responde a dinámicas de economía, emigración y narcotráfico.

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó la demanda presentada por el senador Luis Javier Hernández Ortiz para obligar al Departamento de Justicia a entregar información sobre más de 200 casos cerrados mediante una orden administrativa de la secretaria Lourdes Gómez Torres. Hernández Ortiz anunció que solicitará reconsideración de esa sentencia.

El Senado había aprobado de manera unánime la moción de solicitud de información, lo que convierte el fallo en un choque directo entre el poder legislativo y la rama ejecutiva sobre el acceso a expedientes ya archivados.

La secretaria Lourdes Gómez Torres emitió una orden administrativa que resultó en el cierre de más de 200 casos en el Departamento de Justicia; la demanda judicial buscaba que el tribunal ordenara la divulgación de información sobre esos expedientes ante la negativa de la agencia.

El superintendente de la Policía, Joseph González, advirtió que los precios de la cocaína en Puerto Rico han comenzado a bajar nuevamente —luego de alcanzar entre $14,000 y $15,000 por kilo en 2025— lo que, según dijo, indica un aumento en la entrada de narcóticos tras una reducción en la presencia militar estadounidense en el Caribe.

González vinculó directamente ese flujo de drogas con un repunte en los homicidios en 2026: al momento de la entrevista, la isla registraba 26 asesinatos más que para la misma fecha del año anterior, entre 50 y 60% de ellos relacionados al narcotráfico.

Durante 2025, intervenciones federales en aguas del Caribe redujeron el suministro de cocaína en la isla —subiendo su precio de $8,000–$9,000 a $14,000–$15,000 por kilo— y Puerto Rico cerró ese año con la cifra de asesinatos más baja en décadas, según el propio superintendente.

El Departamento de la Vivienda y el Departamento de Corrección y Rehabilitación formalizaron un acuerdo interagencial para poner a disposición 32 apartamentos en el barrio Hato Abajo de Arecibo —en el proyecto Antonio Márquez Arbona— a participantes del Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad. El acuerdo, suscrito por el secretario de Vivienda Luis Augusto Martínez Román y el secretario de Corrección Francisco Antonio Quiñones Rivera, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

El acceso a vivienda estable es reconocido por especialistas como un factor clave para reducir la reincidencia y facilitar la reintegración de personas que culminan sentencias; este acuerdo concreta infraestructura pública ya existente para atender esa brecha. Las 32 unidades representan un recurso directo para participantes del programa de transición que de otro modo enfrentarían inestabilidad habitacional al salir del sistema correccional.

Puerto Rico ha mantenido por años programas de pre reinserción dentro del DCR, pero la disponibilidad de vivienda post confinamiento ha sido históricamente una de las barreras más citadas para la rehabilitación efectiva; este tipo de acuerdo interagencial que vincula inventario de Vivienda con programas correccionales es poco frecuente en la isla.

El 26 de mayo de 2026, Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, fue asesinada por su expareja José Carlos Sanjurjo Dávila en la avenida Baldorioty de Castro; semanas antes, el 14 de abril, la jueza Geisha Marrero del Tribunal Municipal de Carolina le había negado una orden de protección contra ese mismo hombre.

Organizaciones feministas como Proyecto Matria señalan que el tribunal no aplicó el análisis de riesgo y letalidad requerido en casos de violencia doméstica, y advierten que el Poder Judicial enfrenta nuevamente responsabilidad directa en un feminicidio tras haber implementado adiestramientos internos precisamente para evitar este tipo de fallo.

El caso evoca el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, a quien también se le negó una orden de protección antes de ser asesinada; tras ese caso, el Poder Judicial realizó ajustes internos y adiestramientos al personal mediante el Comité PARE, medidas que Proyecto Matria considera insuficientes o no implementadas en este nuevo caso.

El 5 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó referir al Departamento de Justicia a exfuncionarios del DTOP —entre ellos Arturo Deliz y Mary Fuster— y a más de 30 centros de inspección vehicular por irregularidades que incluyen la emisión de certificados de inspección fraudulentos y la venta de marbetes ilegales. El referido surge del informe parcial de la Resolución de la Cámara 352, que detectó 412 certificados expedidos con equipo no autorizado en menos de dos meses por Yabucoa Auto Service, centro vinculado a la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña.

Los hallazgos apuntan a un patrón sistémico de fraude en el sistema de inspección vehicular del país, con implicaciones penales para funcionarios públicos y operadores privados; los exfuncionarios también fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Inspector General. El representante José Hernández Concepción advirtió que podrían seguir referidos adicionales conforme avance la investigación.

El DTOP había notificado internamente hallazgos sobre Yabucoa Auto Service en octubre de 2023 por posibles violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, pero nunca refirió el caso para la radicación de cargos ni impuso multas, lo que figura entre los señalamientos de omisión de deber contra los exfuncionarios.

El abogado Alejandro Figueroa publicó una columna de opinión argumentando que el subsecretario de Justicia federal Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, ha actuado como extensión de los intereses políticos del presidente, citando la propuesta —luego retirada— de desembolsar aproximadamente $1.8 mil millones en compensaciones a participantes de los eventos del 6 de enero de 2021 y el manejo contradictorio de los llamados 'Epstein Files'.

La credibilidad del Departamento de Justicia federal incide directamente en procesos judiciales que afectan a ciudadanos estadounidenses, incluidos los puertorriqueños, y la propuesta de compensar a participantes del 6 de enero con fondos públicos generó rechazo incluso dentro del Partido Republicano antes de ser retirada.

Trump y sus aliados utilizaron durante años la denuncia del supuesto 'weaponization' del sistema de justicia como eje de campaña; Blanche representó legalmente a Trump en varios casos criminales y civiles notorios antes de ser nombrado subsecretario de Justicia.

El Departamento de la Vivienda y el Departamento de Corrección y Rehabilitación firmaron un acuerdo interagencial para poner a disposición 32 unidades del Proyecto APS Antonio Márquez Arbona, en Arecibo, a participantes del Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad. El acuerdo fue suscrito por el secretario de Vivienda Luis Augusto Martínez Román y el secretario del DCR Francisco Antonio Quiñones Rivera.

El acceso a vivienda estable es considerado un factor clave para reducir la reincidencia y facilitar la reintegración de personas que culminan sentencias; las 32 unidades representan un recurso público concreto dirigido a esa población.

Puerto Rico enfrenta históricamente altas tasas de reincidencia y limitadas opciones de vivienda para personas egresadas del sistema correccional; este acuerdo utiliza infraestructura pública ya existente —dos edificios de hormigón con gazebo, oficinas y lavandería— para atender esa brecha de manera interagencial.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, rechazó el 4 de junio las alegaciones de que la agencia haya archivado 229 casos de corrupción sin investigar, y sostuvo que la información fue interpretada incorrectamente y no refleja los procesos de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). Gómez Torres indicó que se le suministró al senador Luis Javier Hernández Ortiz toda la información que la ley permite divulgar sin comprometer investigaciones en curso o futuras.

La disputa sobre si cientos de casos de corrupción quedaron sin investigar toca directamente la confianza pública en el sistema de fiscalización del gobierno; Justicia advirtió que revelar información más amplia podría poner en riesgo la cooperación de testigos, la seguridad de informantes y estrategias investigativas activas.

En 2024, la Oficina del Contralor de Puerto Rico señaló que investigaciones en la DIPAC se extendían hasta diez años, lo que llevó a Justicia a establecer un protocolo que exige a los fiscales rendir informes detallados sobre casos cuya etapa investigativa supere los dos años.

El 26 de mayo de 2026, Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, fue asesinada por su expareja José Carlos Sanjurjo Dávila en la avenida Baldorioty de Castro. El 14 de abril, la jueza del Tribunal Municipal de Carolina Geisha Marrero había negado otorgarle a Lozada Navarro una orden de protección contra ese mismo hombre.

Organizaciones feministas señalan que el tribunal no aplicó el análisis de riesgo y letalidad requerido en casos de violencia doméstica, dejando a Lozada Navarro —madre de hijos menores— sin la protección que solicitó; el feminicida se suicidó tras el ataque.

El caso evoca el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, a quien también le negaron una orden de protección antes de ser asesinada. Tras aquel caso, el Poder Judicial implementó adiestramientos y ajustes internos a raíz del trabajo del Comité PARE; el Proyecto Matria advierte que el nuevo feminicidio evidencia que esos avances no se están aplicando de forma consistente.

El 4 de junio de 2026, el Senado continuó evaluando el Proyecto del Senado 1245, que reduciría la mayoría de edad civil de 21 a 18 años; la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux Villaronga, respaldó la medida argumentando que mantener los 21 años coloca a los jóvenes en desventaja. Varios ponentes pidieron, sin embargo, preservar la mayoría a los 21 años para situaciones específicas, incluyendo casos de alimentos.

El respaldo del Colegio de Abogados añade peso institucional a la reforma, aunque la advertencia sobre casos de alimentos subraya que el cambio podría afectar a jóvenes universitarios que dependen de pensiones alimentarias hasta los 21 años.

El PS 1245, impulsado por el senador Ángel Toledo, busca corregir lo que describe como una incoherencia jurídica: personas de 18 años ya pueden votar, responder penalmente como adultos y servir en las Fuerzas Armadas, pero siguen siendo consideradas menores para múltiples actos civiles; en vistas anteriores, ASSMCA y la Asociación de Psicología condicionaron o rechazaron el proyecto por sus efectos en poblaciones vulnerables.

En el octavo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, el agente Gerardo Berríos Padilla reiteró ante el jurado que la ropa incautada durante el allanamiento a la residencia de la acusada y su hija no coincide con la que ambas vestían en grabaciones de cámaras de seguridad horas antes del crimen. Durante el contrainterrogatorio, el agente admitió que el allanamiento no fue filmado, que no entrevistó a una testigo potencial cercana al lugar de los hechos y que no ocupó un sistema de cámaras cuyo grabador podría haber contenido información recuperable.

Las discrepancias en la evidencia textil son centrales para la acusación, ya que la ropa usada durante los hechos podría contener rastros de sangre; las omisiones admitidas por el agente alimentan los planteamientos de la defensa sobre irregularidades en la recopilación de prueba. Además, la defensa aún espera recibir videos de cámaras corporales de la Policía y documentación adicional sobre los investigadores del caso.

Cabrera Rivera enfrenta cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas relacionados con la muerte de Pratts Rosario; el juicio se celebra en el Tribunal de Aibonito ante un jurado de ocho mujeres y cuatro hombres.

El abogado Alejandro Figueroa publicó una columna de opinión el 4 de junio de 2026 argumentando que la administración Trump, a través de actuaciones del subsecretario de Justicia Todd Blanche —exabogado personal del presidente—, ha institucionalizado la politización del Departamento de Justicia federal en lugar de combatirla. La columna señala como evidencia una propuesta retirada de desembolsar aproximadamente $1,800 millones a participantes de los eventos del 6 de enero de 2021, así como el manejo contradictorio de los llamados 'Epstein Files'.

La credibilidad del Departamento de Justicia federal afecta directamente la percepción ciudadana sobre si las decisiones de la agencia responden a criterios jurídicos o a intereses políticos, con consecuencias para el Estado de derecho a nivel nacional.

Todd Blanche representó legalmente a Donald Trump en varios casos criminales y civiles antes de ser nombrado subsecretario de Justicia. Durante años, Trump y sus aliados utilizaron la narrativa del 'weaponization' del sistema de justicia como eje central de su discurso político contra adversarios.

El 26 de mayo de 2026, Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, fue asesinada por su expareja José Carlos Sanjurjo Dávila en la avenida Baldorioty de Castro, tras una vista el 14 de abril en la que la jueza Geisha Marrero, del Tribunal Municipal de Carolina, le negó una orden de protección contra él. Sanjurjo Dávila se suicidó luego del crimen.

Organizaciones feministas señalan que el tribunal omitió el análisis de riesgo y letalidad requerido en casos de violencia doméstica, un protocolo adoptado por el Poder Judicial tras el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, y advierten que el caso evidencia un retroceso en la protección judicial a víctimas.

El caso de Andrea Ruiz Costas —a quien también se le negó una orden de protección antes de ser asesinada— llevó al Poder Judicial a establecer adiestramientos y ajustes internos mediante el Comité PARE; Proyecto Matria y la Colectiva Feminista en Construcción denuncian que esas medidas no se están aplicando de forma consistente.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, rechazó las alegaciones de que la agencia archivó 229 casos de corrupción sin investigar, asegurando que la información fue interpretada incorrectamente y no refleja los procesos de la DIPAC. Gómez Torres reiteró que ha entregado al senador Luis Javier Hernández Ortiz toda la información que la ley permite divulgar sin comprometer investigaciones en curso o futuras.

La postura del Departamento de Justicia, respaldada por el reciente fallo judicial que desestimó la demanda individual de Hernández Ortiz, cierra por ahora la vía judicial como mecanismo de acceso legislativo a esos expedientes; la agencia advierte que divulgar información adicional podría vulnerar derechos de partes, exponer tácticas investigativas y poner en riesgo la seguridad de informantes.

La controversia gira en torno a investigaciones archivadas por la DIPAC que involucran a servidores públicos; el juez superior Anthony Cuevas desestimó la demanda del senador por falta de legitimación activa al actuar a título individual, y Hernández Ortiz ha anticipado que evalúa otros mecanismos para ejercer las prerrogativas fiscalizadoras del Senado.

El Vocero publicó el 3 de junio de 2026 un artículo de anuncio pagado en el que el exjuez asociado del Tribunal Supremo Edgardo Rivera García promueve los servicios del bufete Maceira Zayas, destacando la importancia de la experiencia apelativa en los tribunales.

El material está identificado como "Anuncio Pagado" pero aparece en formato editorial, lo que puede dificultar que los lectores distingan contenido periodístico de publicidad contratada.

Rivera García fue juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico antes de incorporarse al bufete Maceira Zayas; el artículo cita sus observaciones desde ese rol para respaldar la propuesta comercial del despacho.

En el octavo día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, el agente Gerardo Berríos Padilla reiteró ante el jurado que las prendas ocupadas en el allanamiento a la residencia de Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera no coincidían con las que ambas vestían en grabaciones de cámaras de seguridad de La Placita Martínez horas antes del crimen. Durante el contrainterrogatorio, el agente admitió que el allanamiento no fue grabado en video, que no entrevistó a la propietaria de un sistema de cámaras cercano al lugar de los hechos y que no ocupó ese equipo para análisis forense.

Las discrepancias en las prendas son centrales para la fiscalía porque la ropa que las acusadas realmente vistieron durante los hechos podría contener evidencia biológica como rastros de sangre; las omisiones reconocidas por el agente —sin grabación del allanamiento, sin entrevista a testigo potencial, sin ocupación de equipo de cámaras— ofrecen a la defensa argumentos sobre la integridad de la recopilación de evidencia.

El juicio se ventila ante un jurado de ocho mujeres y cuatro hombres en el Tribunal de Aibonito; la defensa continúa pendiente de recibir videos de cámaras corporales de agentes y documentación adicional sobre los investigadores del caso, mientras que en un proceso paralelo la fiscalía ha advertido que el juicio contra la coacusada Avilés Cabrera debe iniciar el 23 de junio para evitar una posible desestimación por vencimiento de términos constitucionales.

El procurador del Veterano Agustín Montañez Allman alertó el miércoles sobre publicaciones anónimas en redes sociales que invocan falsamente una enmienda a la Ley 272 del 25 de septiembre de 2012 para afirmar que existe un descuento en el impuesto sobre habitaciones de hotel para veteranos.

La desinformación puede llevar a veteranos a reclamar un beneficio inexistente y exponerse a conflictos con establecimientos o autoridades contributivas.

La Ley 272 de 2012 enmendó la Ley de Bancos de 1933 para regular el manejo de cuentas bancarias abandonadas o no reclamadas, y según el procurador no contiene referencia alguna a veteranos ni a exenciones hoteleras.

Una investigación de KFF Health News y The Associated Press encontró que cientos de detenidos de ICE en al menos 33 estados alegan en demandas federales que las instalaciones de detención migratoria no les proveen atención médica adecuada, incluyendo casos de infecciones sin tratar, cáncer sin diagnóstico y medicamentos negados para condiciones como diabetes, epilepsia e hipertensión. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a los hallazgos.

El sistema de detención opera bajo una presión inusitada: ICE tenía más de 75,000 inmigrantes detenidos a mediados de enero de 2026, cifra que duplica los aproximadamente 40,000 de un año antes, lo que según los demandantes ha agravado la incapacidad de las instalaciones para atender necesidades médicas básicas.

Las cárceles y centros de detención migratoria de Estados Unidos han enfrentado históricamente dificultades para cubrir las necesidades médicas de los detenidos; los alegatos actuales surgen en el contexto de la expansión de las operaciones de ICE tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

El 2 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó los Proyectos de la Cámara 817 y 818, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, para flexibilizar los criterios de antecedentes penales en el otorgamiento de licencias a técnicos de refrigeración y aire acondicionado, y a peritos electricistas. Las medidas permiten evaluar a candidatos rehabilitados considerando la naturaleza del delito, el cumplimiento de la pena y la conducta posterior, aunque excluyen a convictos de delitos sexuales contra menores, trata humana y explotación financiera, entre otros.

La aprobación abre el acceso a oficios técnicos regulados a personas que hayan extinguido su pena, ampliando sus posibilidades de inserción laboral formal en Puerto Rico. Las juntas evaluadoras tendrán 45 días hábiles para emitir resolución sobre cada petición.

El requisito de buena conducta ha sido una barrera tradicional para que personas con antecedentes penales obtengan licencias profesionales en Puerto Rico, limitando su reintegración económica tras cumplir condena.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos desestimó el 2 de junio de 2026 la demanda del senador Luis Javier Hernández Ortiz contra el Departamento de Justicia, determinando que el legislador carece de legitimación activa para invocar el Artículo 34-A del Código Político y exigir judicialmente la lista de casos archivados por la DIPAC.

La sentencia cierra la vía judicial que Hernández Ortiz intentó utilizar para obligar a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a entregar documentación sobre más de 200 investigaciones cerradas, dejando sin resolver si el Senado puede acceder a esa información por esa vía.

Hernández Ortiz radicó la demanda luego de que Justicia se negara a responder la Petición de Información 2026-0063, aprobada unánimemente por el Senado, que reclamaba expedientes de más de 200 investigaciones archivadas en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor; el tribunal le había concedido 24 horas para mostrar causa antes del fallo final.

El Senado de Puerto Rico celebrará el 3 de junio de 2026 una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1245, que propone establecer los 18 años como la mayoría de edad legal en la isla. La audiencia fue anunciada por el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

El cambio afectaría aspectos fundamentales de la capacidad legal y las responsabilidades civiles de los jóvenes en Puerto Rico, con implicaciones en áreas que van desde servicios financieros hasta salud mental y sustento de menores.

Puerto Rico actualmente no tiene establecida en 18 años la mayoría de edad en todos los contextos legales; el Proyecto del Senado 1245 busca uniformar ese umbral. Para la vista fueron convocadas diez entidades, entre ellas el Colegio de Abogados, ASUME, los departamentos de Justicia, Familia y Educación, la OCIF, la Asociación de Bancos y la ASSMCA.

Natalie Ramos, hermana del sargento Eliezer Ramos Vélez asesinado en Viernes Santo de 2024, publicó un mensaje en redes sociales oponiéndose a cualquier acuerdo judicial con los acusados y exigiendo la pena máxima permitida por ley. Su pronunciamiento surge luego de que la defensa de CDobleta —Luis Nomar Isaac Sánchez— solicitara al Tribunal Federal en San Juan una vista para cambiar su alegación a culpable.

La familia sostiene que la gravedad del crimen y el impacto permanente sobre los hijos y allegados del agente merecen una sentencia que refleje plenamente las consecuencias; su oposición pública busca recabar apoyo ciudadano mediante una petición en línea para influir en el proceso de negociación de cargos.

CDobleta enfrenta nueve cargos federales por narcotráfico y armas en un caso con 56 acusados; el gobierno federal ya había desistido de solicitar la pena de muerte para los imputados vinculados al asesinato del sargento Ramos Vélez.

El 2 de junio de 2026, la jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó no causa para arresto contra Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola, tras una querella presentada el 27 de mayo por presunta agresión verbal y física a un hombre de 67 años en los predios de Paseo Caribe. El tribunal expidió una orden de protección a favor del querellante y la Fiscalía solicitará una vista en alzada.

La determinación de no causa no cierra el caso: la Fiscalía impugnará la decisión mediante una vista en alzada, lo que mantiene la situación legal de Torres Meléndez en disputa.

La querella se radicó luego de un incidente ocurrido tras la grabación de un programa de debate en los estudios de TeleOnce; el caso fue investigado como agresión simple con agravante por la edad avanzada del querellante.

El 2 de junio de 2026, la División del Caribe de la DEA realizó un operativo y efectuó un arresto en Carolina relacionado con el presunto robo y manipulación de fentanilo dentro de una institución hospitalaria en Puerto Rico. Los detalles de la acusación federal serían revelados en una conferencia de prensa en la Fiscalía Federal en Hato Rey.

El robo de fentanilo de un entorno hospitalario representa un riesgo directo para la seguridad pública, dado que el opioide sintético puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina y una sobredosis puede resultar en muerte.

El caso se enmarca en la iniciativa federal Fentanyl Free America, dirigida a proteger la integridad del sistema de salud ante el desvío ilegal de opioides controlados.

El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico, anunció una vista pública para el 3 de junio de 2026 sobre el Proyecto del Senado 1245, que busca establecer los 18 años como la mayoría de edad legal en Puerto Rico. Fueron convocadas diez entidades, entre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas, ASUME, ASSMCA y los departamentos de Justicia, Familia y Educación.

El cambio afectaría aspectos fundamentales de la capacidad legal y las responsabilidades de los jóvenes en la isla, con implicaciones en áreas que van desde contratos financieros hasta servicios de salud mental.

Actualmente la ley en Puerto Rico no fija los 18 años como umbral uniforme de adultez legal; el PS 1245 busca estandarizar esa definición, tema que ha generado reacciones diversas desde que fue radicado.

Al cierre de mayo de 2026, Puerto Rico registró 205 asesinatos adjudicados, un incremento de 13.8% frente a los 180 reportados en el mismo período de 2025, según el Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos de la Policía de Puerto Rico. Las áreas policíacas de Carolina, Mayagüez, Bayamón, Aibonito, San Juan, Fajardo y Arecibo muestran las alzas más marcadas.

El alza de 25 asesinatos adicionales en cinco meses revela una tendencia sostenida: cuatro de los cinco meses del año registraron incrementos, con mayo sumando 11 casos más que en 2025. A esta fecha, 26 mujeres han sido asesinadas, incluyendo siete feminicidios íntimos, y el 42% de los crímenes está vinculado al trasiego de drogas.

Las estadísticas preliminares de la Policía muestran que enero fue el único mes con reducción (-11 casos), mientras febrero, marzo, abril y mayo acumularon aumentos consecutivos. El 32.7% de los asesinatos responde a venganzas o rencillas, y 13 casos permanecen sin circunstancias determinadas.

El juez de Apelaciones Carlos G. Salgado Schwarz, en su calidad de presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico, publicó el 1 de junio de 2026 un escrito institucional explicando cómo funciona el proceso judicial de órdenes de protección bajo la Ley 54, en respuesta al debate público generado por el caso de Gemillies Lozada Navarro.

La Federación advierte que afirmaciones inexactas sobre el funcionamiento del sistema judicial generan expectativas que el sistema no puede cumplir, lo que erosiona la confianza pública y perjudica a futuras víctimas que dependerán de ese sistema.

El escrito describe dos fases procesales en una petición de orden de protección bajo la Ley 54: una vista unilateral en que el juez evalúa el riesgo inminente sin la presencia del peticionado, y una segunda fase posterior; la Federación aclaró que no defiende ninguna decisión judicial específica, sino el marco en que estas se toman.

El secretario de Justicia, el licenciado Garibaldi Adorno Rivera, anunció el domingo 31 de mayo la asignación de $2.7 millones —aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el viernes anterior— para la segunda fase de transformación del Albergue de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia en Bayamón. El anuncio se produjo días después del feminicidio de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, asesinada por su expareja el martes previo.

La inversión busca llevar el albergue a máxima capacidad operacional por primera vez desde la década de los 90, reforzando la protección de víctimas, testigos cooperadores y sus familiares, lo que según el secretario incide directamente en el esclarecimiento de casos criminales. Además, se habilitarán vistas judiciales desde el propio albergue para reducir los riesgos de traslado.

Una primera etapa de modernización ya canalizó $13.5 millones en fondos federales para mejorar seguridad, capacidad y resiliencia del complejo. El albergue opera bajo la Ley 62, que reorganiza la instalación en dos secciones separadas —una para víctimas y otra para testigos cooperadores— y establece que su administración recae en el jefe de los fiscales.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó en abril de 2026 una queja disciplinaria contra la exfiscal Janet Parra, radicada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y esta semana recibió una segunda queja contra Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, por presunta representación legal indebida mientras ocupaba un cargo gubernamental.

Ambas abogadas tienen vínculos directos con el gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón, y los casos ponen a prueba públicamente el sistema disciplinario que el Tribunal Supremo administra con exclusividad, cuyas nuevas Reglas de Conducta Profesional entraron en vigor en 2026.

El proceso disciplinario de la abogacía en Puerto Rico es confidencial mientras está en trámite e involucra al Procurador General como investigador preliminar y a un Comisionado Especial —usualmente un juez retirado— que celebra vistas evidenciarias antes de que el Tribunal Supremo emita una determinación final.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó archivar el referido contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al concluir que no existía base jurídica suficiente para iniciar una investigación preliminar por alegado perjurio durante su proceso de confirmación ante el Senado.

La decisión cierra formalmente la controversia legislativa sobre si Roig Fuertes ofreció información falsa en su historial personal durante la confirmación; el PFEI determinó que una respuesta que genera controversia pública o legislativa no se transforma automáticamente en perjurio bajo el Código Penal de Puerto Rico.

El referido lo presentó el senador Luis Javier Hernández Ortiz, quien alegó que la funcionaria ofreció información falsa al contestar preguntas sobre su historial personal en documentos del proceso de consejo y consentimiento; el PFEI concluyó que no se configuraban los elementos necesarios para sostener el delito.

Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, fue asesinada por su pareja tras no obtener una orden de protección que había solicitado al tribunal. Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, denunció el 27 de mayo que los jueces no están aplicando el análisis de riesgo y letalidad requerido en estos casos.

La muerte de Lozada Navarro deja a sus hijos en orfandad y revela que los protocolos de análisis de riesgo que el Poder Judicial adoptó tras feminicidios anteriores no se están aplicando de manera consistente, exponiendo a víctimas a peligro inminente.

El caso recuerda el de Andrea Ruiz Costas, a quien también le fue negada una orden de protección antes de ser asesinada. Tras ese feminicidio, el Poder Judicial realizó ajustes internos y adiestramientos a su personal a raíz de las gestiones del Comité PARE.

La exsecretaria de Estado Verónica Ferraiuoli rechazó haber incurrido en conducta antiética al representar al secretario de Salud Víctor Ramos mientras ambos integraban el gabinete de la gobernadora Jenniffer González, y afirmó que solicitó al Tribunal Apelativo que le permitiera renunciar a esa representación una vez fue nombrada secretaria de Estado.

La respuesta de Ferraiuoli constituye su primera defensa pública ante la queja que el Tribunal Supremo acogió en su contra por posible conflicto ético, proceso que puede resultar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la suspensión o separación definitiva de la profesión.

La querella ante el Tribunal Supremo se relaciona con la representación de Ferraiuoli al secretario de Salud Víctor Ramos en un pleito legal mientras ambos ocupaban cargos en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González simultáneamente; el caso se encontraba en el Tribunal Apelativo cuando Ferraiuoli dice haber pedido retirarse.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz autorizó presentar un recurso judicial en el Tribunal de Primera Instancia para exigir al Departamento de Justicia la entrega de una lista de 231 casos cerrados mediante una orden administrativa emitida en 2025 por la secretaria Lourdes Gómez Torres. El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, confirmó que el recurso se radicará en los próximos días.

El Departamento de Justicia no cumplió múltiples plazos otorgados por el Senado, alegando confidencialidad, lo que obliga a la cámara alta a usar el poder judicial para ejercer su prerrogativa investigativa sobre decisiones ejecutivas que afectan casos penales.

La secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres emitió en 2025 una orden administrativa que resultó en el cierre de 231 casos; desde entonces, el Senado ha solicitado reiteradamente la lista de esos expedientes sin obtener respuesta satisfactoria.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara iniciará una investigación sobre la transmisión y difusión masiva de procedimientos criminales, con énfasis en las etapas preliminares.

Diversos sectores jurídicos han alertado que esta práctica podría afectar garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial.

El debate surge en un contexto en que la tecnología permite transmitir procesos judiciales en tiempo real desde cualquier dispositivo, generando tensión entre la libertad de prensa, el concepto de juicio público y los derechos de los acusados.

El abogado Osvaldo Sandoval Báez presentó el 28 de mayo de 2026 una moción urgente en el tribunal federal alegando que la Policía desconoce el paradero del arma ocupada como prueba en el juicio por la muerte del biólogo Roberto Viqueira Ríos, y que agentes de la Uniformada contactaron a la defensa para indicar que Eduardo Meléndez Velázquez sigue bajo investigación y que la agencia podría revocarle su licencia de armas. El juez de distrito Héctor L. Ramos Vega ordenó a la Policía responder a estos planteamientos antes del 12 de junio.

La alegada desaparición de evidencia y la presunta investigación paralela contra un acusado ya absuelto añaden nuevas capas a la demanda federal activa y plantean interrogantes sobre el manejo de evidencia y el alcance de la protección contra doble exposición.

Meléndez Velázquez fue absuelto por el juez Ángel Llavona Folguera del Tribunal de Ponce tras invocar defensa propia por los hechos del 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco; la viuda Moshayra Vicente Cruz había escalado el caso al Tribunal Supremo el 21 de mayo de 2026 cuestionando esa absolución.

La hermana de Gemillies Lozada Navarro, Génesis Lozada Navarro, describió en entrevista los últimos momentos compartidos con ella: el domingo previo a su muerte, Gemillies cocinó arroz con pollo para una gira familiar a Aguadilla y cantó bachatas junto a su familia durante el trayecto. Tenía 25 años y era madre de dos niños de cuatro y cinco años.

El testimonio de la familia humaniza a una víctima cuyo nombre quedó asociado esta semana a un feminicidio, y refuerza el reclamo público de sus seres queridos ante las fallas del sistema judicial que no le otorgó una orden de protección a tiempo.

Proyecto Matria ha denunciado que los jueces no están aplicando de forma consistente el formulario de análisis de riesgo y letalidad requerido en casos de violencia doméstica, y ha comparado el caso de Lozada Navarro con el feminicidio anterior de Andrea Ruiz Costas, señalando que los ajustes internos realizados por el Poder Judicial tras aquel caso resultaron insuficientes.

La directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, Verónica Ferraiuoli, rechazó este jueves 29 de mayo de 2026 cualquier alegación de conducta indebida ante la queja ética acogida por el Tribunal Supremo, sosteniendo que solicitó al Tribunal Apelativo renunciar a la representación del secretario de Salud Víctor Ramos tan pronto fue nombrada secretaria de Estado, y que dicha petición fue aceptada. Añadió que su nombre seguía apareciendo en el expediente del Tribunal de Distrito únicamente como registro histórico del caso original de 2022, no por representación activa.

La versión de Ferraiuoli contrasta directamente con lo alegado en la queja, que según documentos publicados sostiene que continuó representando a Ramos sin solicitar dispensa luego de que ambos asumieran cargos en el gobierno; el Tribunal Supremo le había fijado hasta el 2 de junio de 2026 para mostrar causa por la cual no debe ser sancionada disciplinariamente.

El pleito de origen es una demanda federal radicada en 2022 por la doctora Sally Priester, quien alegó violación de derechos civiles tras ser sancionada por expresiones sobre el manejo gubernamental durante la pandemia de COVID-19; cuando comenzó el caso, Ferraiuoli era abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, entidad que Ramos presidía entonces.

Cinco personas se declararon culpables en el tribunal federal de Puerto Rico por violar la Ley del Tratado de Aves Migratorias, tras admitir haber capturado, retenido y vendido especies protegidas —incluyendo patos y gansos canadienses— a través de grupos privados de internet. Héctor Rivera González se declaró culpable el 22 de mayo de 2026; Ricardo Morales-Colón, Derline Cordero-Galloza, Ezequiel Muñiz-Salas y Edison Pérez-Collado se declararon culpables de conspiración en el mismo esquema.

Los cuatro acusados de conspiración enfrentan hasta cinco años de prisión cada uno, mientras que Rivera González enfrenta hasta dos años con sentencia pautada para el 7 de agosto de 2026; el caso expone una red de tráfico de fauna silvestre protegida que operaba en Puerto Rico y otros lugares mediante plataformas digitales privadas.

La Ley del Tratado de Aves Migratorias es un estatuto federal que protege cientos de especies entre Estados Unidos, Canadá y México; el caso fue investigado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y está a cargo del fiscal auxiliar federal Seth Erbe, jefe de la sección de fraude financiero y corrupción pública.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara iniciará una investigación sobre el impacto de la transmisión y difusión masiva de procedimientos criminales, especialmente en sus etapas preliminares, y cómo esta práctica puede afectar los derechos de las personas involucradas.

Sectores jurídicos han expresado preocupaciones sobre si la exposición masiva de procesos penales compromete garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial.

La investigación surge en un contexto en que la tecnología permite transmitir vistas judiciales desde cualquier dispositivo, generando tensión entre el principio de juicio público, el acceso de la prensa y los derechos de los acusados.

La fiscal Sonia Martínez, directora de la DIPAC, confirmó el 28 de mayo que el Departamento de Justicia recibió el 19 de mayo un referido del entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, sobre presuntas irregularidades del entonces secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal, Charlene Neuman Rivera. La DIPAC realiza la evaluación preliminar bajo la Ley 2 de 1988 y tiene hasta el 10 de junio de 2026 para notificar formalmente al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

El mecanismo del PFEI puede derivar en una investigación criminal independiente sobre los funcionarios señalados; las alegadas irregularidades incluyen presiones indebidas, represalias contra empleados denunciantes e intentos de intervenir en un proceso competitivo para un contrato de publicidad financiado con entre $1 millón y $2 millones en fondos federales.

La crisis se originó a mediados de mayo cuando Negrón Reichard destituyó a Almodóvar Vélez y suspendió a Neuman Rivera tras una investigación interna, luego presentó su renuncia denunciando interferencia de La Fortaleza —incluyendo la reversión de las suspensiones— y su salida arrastró a múltiples funcionarios de confianza del DDEC; el caso ya generó referidos paralelos a Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

En vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, la Policía y el Departamento de Justicia apoyaron el Proyecto de la Cámara 1260 y la Resolución Conjunta de la Cámara 353, que establecerían una amnistía de 60 días para la entrega o regularización de armas ilegales, heredadas o con licencias vencidas. El representante de la Asociación de Armeros, Víctor González García, respaldó la medida pero pidió enmiendas para que los herederos puedan inscribir armas de familiares fallecidos sin los requisitos documentales que, según él, frustraron ejercicios anteriores.

Si se aprueba sin las enmiendas propuestas, la amnistía podría repetir el patrón de amnistías previas en que exigir testamentos, declaratorias de herederos y declaraciones juradas desalentó la regularización de armas en manos de civiles sin intención criminal.

Puerto Rico realizó un ejercicio similar de amnistía de armas en 2012; la legislación propuesta busca replicar ese modelo, aunque los armeros señalan que los requisitos policiales impuestos en ejercicios anteriores limitaron su efectividad.

El 28 de mayo de 2026, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, confirmó que ese día el cuerpo determinará si autoriza acudir al tribunal para exigir al Departamento de Justicia la lista de 231 casos archivados por orden administrativa y al Departamento de la Familia información sobre su estructura y nómina. Antes de la sesión, Hernández Ortiz se reunirá con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para definir si el recurso se radica con el aval del pleno o solo como delegación del PPD.

El PPD anticipa que los departamentos no entregarán la información voluntariamente y ya prepara los recursos judiciales correspondientes; la decisión de hoy definirá si el Senado como institución respalda formalmente la fiscalización o si la disputa queda limitada a la bancada opositora.

La secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres emitió una orden administrativa bajo la cual se cerraron 231 investigaciones de corrupción pública; el Senado aprobó requerimientos de información que ambos departamentos han ignorado, escalando la confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

A seis meses de reactivarse, la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal ha presentado múltiples proyectos de ley para incorporar delitos cibernéticos —incluyendo fraudes con inteligencia artificial, grooming, ciberacoso y sextorsión de menores— al cuerpo normativo vigente.

La actualización del Código Penal determinaría qué conductas digitales son perseguibles criminalmente en Puerto Rico, en un momento en que la inteligencia artificial permite suplantar identidades y facilita fraudes dirigidos, entre otros, a personas de edad avanzada.

La Comisión Conjunta, copresidida por el senador Carmelo Ríos y el representante José "Ché" Pérez, ha celebrado vistas públicas y conferencias para recabar insumos; el Código Penal vigente no contempla de forma específica los delitos que emergen del uso criminal de tecnologías de IA.

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara iniciará una investigación sobre el impacto de la transmisión y difusión masiva de procedimientos criminales, en especial durante sus etapas preliminares.

Sectores jurídicos han planteado que la exposición masiva de casos en etapas tempranas puede afectar garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial.

El avance tecnológico ha permitido que procesos judiciales se transmitan en tiempo real desde cualquier dispositivo, generando tensión entre el acceso a la prensa, el concepto de juicio público y los derechos de los imputados.

El superintendente Joseph González reiteró el 27 de mayo de 2026 que el servicio de escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue cesado oficialmente el 17 de marzo de 2026, que ella presentó una solicitud de reconsideración el 6 de abril tras varias prórrogas, y que el 21 de abril la Policía notificó por escrito que dicha reconsideración había sido denegada.

Las declaraciones de González contradicen directamente la versión de Vázquez Garced, quien negó haber solicitado la restitución de sus escoltas y acusó al superintendente de mentir; el cruce de versiones mantiene sin resolver la disputa sobre los hechos del proceso administrativo.

La controversia comenzó a mediados de marzo de 2026, cuando González ordenó eliminar el servicio —cinco escoltas y dos vehículos oficiales— tras una solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón respaldada por una evaluación del Departamento de Justicia, en el marco del proceso penal federal en el que Vázquez Garced se declaró culpable por aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política.

El 27 de mayo de 2026, Lisandra Rosario recordó públicamente a su hija Gabriela Nicole Pratts Rosario en la fecha en que la joven habría celebrado su graduación de escuela superior, a más de nueve meses de su asesinato.

El caso mantiene vigente la exigencia de justicia para una menor asesinada con 11 puñaladas el 11 de agosto de 2025 durante el Cierre de Verano de Aibonito, un evento municipal público.

Gabriela Nicole Pratts Rosario fue asesinada el 11 de agosto de 2025 en Aibonito al finalizar la fiesta del Cierre de Verano del municipio; su muerte conmocionó al país por ocurrir en un evento comunitario.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió una querella ética contra Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, y le concedió plazo hasta el 2 de junio de 2026 para mostrar causa por la cual no debe ser sancionada disciplinariamente.

La querella alega que Ferraiuoli continuó representando legalmente al secretario de Salud Víctor Ramos —a título personal— incluso después de que ambos ocuparan cargos en el gobierno, sin solicitar una dispensa, lo que presuntamente constituye un conflicto ético bajo las reglas profesionales de la abogacía.

La representación legal se origina en una demanda por alegada violación de derechos civiles radicada en 2022 por una médico sancionada por expresiones sobre el manejo gubernamental durante la pandemia; en ese momento, Ferraiuoli era abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, entidad que Ramos presidía.

Durante una vista pública de la Comisión de Seguridad el 27 de mayo de 2026, la Policía respaldó el Proyecto de la Cámara 1260, que busca declarar una amnistía general de hasta 90 días para que ciudadanos entreguen voluntariamente armas ilegales sin enfrentar cargos criminales. El inspector Marcos Martínez López testificó a favor de la medida, aunque propuso enmiendas para requerir la recopilación y divulgación de estadísticas sobre las armas entregadas.

De aprobarse, cualquier persona en posesión de armas ilegalmente adquiridas, encontradas o de procedencia desconocida podría entregarlas sin riesgo de procesamiento judicial, con el objetivo de reducir el armamento ilegal en las calles y aliviar la carga operacional de las agencias de seguridad pública.

La medida propone enmendar el Artículo 7.22 de la Ley de Armas de 2020; iniciativas de amnistía de armas han sido utilizadas históricamente como herramientas de política pública para retirar armas fuera del marco legal o regulatorio.

El superintendente de la Policía Joseph González ordenó este martes devolver la licencia de armas y las armas de fuego al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, absuelto el 6 de febrero por el juez Ángel M. Llavona Folguera en el caso de la muerte del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos. La orden llega días después de que Meléndez Velázquez presentara una demanda federal alegando retención ilegal de sus armas pese al fallo absolutorio.

La demanda federal, asignada al juez Pedro A. Delgado-Hernández, alegaba violaciones a las enmiendas Segunda, Cuarta y Decimocuarta de la Constitución federal por la retención continuada de armas confiscadas durante la investigación criminal. El caso plantea hasta dónde puede retener el Estado las armas de un ciudadano absuelto.

Meléndez Velázquez fue absuelto de todos los cargos relacionados con la muerte de Viqueira Ríos, ocurrida en Yauco en julio de 2025; el tribunal concluyó que existían elementos de legítima defensa y duda razonable. La controversia no ha cerrado: ambas partes —el enfermero y Moshayra Vicente, viuda de Viqueira Ríos— solicitaron recientemente órdenes de protección mutuas bajo la Ley 284 de acecho en el Tribunal de Sabana Grande.

En abril de 2026, el abogado Edwin Prado Galarza presentó ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston un escrito de 26 páginas reiterando que el juez Francisco Besosa erró al denegar la liberación compasiva del convicto Ángel Ayala Vázquez, alias 'Ángelo Millones'. La defensa argumenta que el tribunal de distrito confundió dos mecanismos distintos del sistema federal de sentencias al evaluar la solicitud.

De prosperar la apelación, la cadena perpetua de Ayala Vázquez podría reducirse a 30 años, lo que le permitiría quedar en libertad. El caso lleva casi un año en el Primer Circuito sin resolución.

Ángel Ayala Vázquez fue condenado por narcotráfico a cadena perpetua en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico. Su solicitud de liberación compasiva fue denegada por el juez Francisco Besosa, decisión que la defensa apeló ante el foro de Boston.

Una investigación de The Associated Press identificó al menos 10 muertes por suicidio entre detenidos de ICE desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, un ritmo que supera con creces el crecimiento de la población de detenidos. Siete de esas muertes ocurrieron desde octubre, el mayor número registrado para cualquier año fiscal en la historia de la agencia.

Expertos en prisiones y funcionarios de salud pública advierten que el número sin precedentes de suicidios indica fallos graves en la supervisión y atención de salud mental en los centros de detención, donde ICE mantiene a decenas de miles de inmigrantes bajo la agresiva estrategia de deportación de la administración Trump. Históricamente, ICE registraba una o ninguna muerte por suicidio al año.

El caso de Brayan Rayo Garzón —quien murió en abril de 2025 en una cárcel de Misuri tras cuatro días en aislamiento por COVID-19, con su solicitud de atención de salud mental aplazada y sin acceso a llamadas familiares— ilustra los fallos documentados en registros de la propia agencia.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, anunció el 26 de mayo de 2026 que redactará un proyecto de ley para requerir sistemas de cámaras de seguridad digitales —interiores y exteriores— como condición para obtener permiso de uso en negocios que vendan bebidas alcohólicas.

La medida respondería directamente a la masacre del 25 de mayo en La Taberna de Bozo, en Loíza, donde tres personas murieron; de aprobarse, afectaría a todo comercio con licencia de alcohol en la isla.

Ríos vinculó el alza en criminalidad a la escasez de drogas ilegales provocada por acciones del gobierno federal en los últimos 16 meses, y señaló que estados como Oklahoma, Nebraska, Dakota del Sur y Carolina del Norte ya tienen requisitos similares para bares; también evalúa incorporar la propuesta como enmienda a medidas de reforma de permisos ya en trámite en el Senado.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) reforzó su programa Comunidades Seguras ante recientes hechos violentos relacionados al narcotráfico y disputas territoriales por puntos de droga en varios municipios de Puerto Rico.

El programa apunta a interrumpir ciclos de violencia en comunidades vulnerables mediante educación, mentoría y desarrollo juvenil, en un momento en que la reconfiguración de rutas de narcotráfico intensifica los conflictos territoriales.

La iniciativa fue presentada en enero de 2026 por la directora ejecutiva de ODSEC, Dra. Keren L. Riquelme Cabrera, como parte del plan de trabajo de la gobernadora Jenniffer González Colón; opera con alianzas del Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional, e incluye programas como Experience y Youth ChalleNGe.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó este martes que la tasa de esclarecimiento de asesinatos bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ronda el 38% en lo que va de 2026: solo 74 de 194 casos han sido esclarecidos. Al mes de mayo se han reportado 44 asesinatos, con 16 arrestos relacionados y fianzas que ascienden a $26 millones.

Que apenas 74 de 194 asesinatos hayan sido esclarecidos en 2026 mantiene un ciclo de impunidad que las propias autoridades reconocen como crónico; Peña Payano admitió que esta cifra del 38% ha rondado el mismo nivel por años, sin ofrecer una meta concreta de mejora.

El anuncio se produce tras un violento fin de semana largo y se suma al debate legislativo sobre crear una subcomisión especial para fiscalizar el alza de criminalidad, así como a los señalamientos del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera sobre la impunidad como principal obstáculo para frenar la reincidencia criminal.

El superintendente de la Policía Joseph González impartió instrucciones para devolver la licencia de armas y las nueve armas de fuego al enfermero Eduardo Meléndez, absuelto de todos los cargos por la muerte del biólogo Robert Viqueira, tras concluir que no existe impedimento legal para la restitución. La orden se emitió luego de que Meléndez presentara una demanda en el Tribunal Federal para reclamar la propiedad ocupada durante la investigación.

La Policía actuó solo tras la presentación de la demanda federal, lo que subraya que, en este caso, fue el litigio —y no la absolución por sí sola— el mecanismo que desbloqueó la restitución del armamento. El superintendente citó expresamente la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico como fundamento del derecho de Meléndez a poseer y portar armas.

Viqueira fue asesinado de varios disparos el 15 de julio de 2025 frente a su residencia en Yauco; el juez que presidió el caso absolvió a Meléndez por legítima defensa y duda razonable, mientras la Fiscalía había argumentado que el acusado actuó por envidia en una disputa vecinal prolongada. Paralelamente, Meléndez y la viuda de Viqueira solicitaron órdenes de protección mutuas bajo la Ley 284 de acecho en el Tribunal de Sabana Grande.

El 26 de mayo de 2025, el sargento Julio C. Nieves Rosado le disparó en el pecho a Daniel Maldonado Díaz, veterano del Ejército de 42 años, durante una intervención en su residencia en Utuado mientras atravesaba una crisis emocional. El lunes, Día de la Recordación, la ACLU de Puerto Rico presentó una demanda por violación de derechos civiles contra la Policía de Puerto Rico, el comisionado Joseph González Falcón y el sargento Nieves Rosado, en representación de la madre y hermana de Maldonado Díaz.

La demanda alega que los agentes aplicaron fuerza letal sin intentar establecer diálogo ni intervenir adecuadamente ante una crisis de salud mental, y que Daniel no estaba armado ni ofreció resistencia; el director legal de la ACLU, el licenciado Fermín Arraiza Navas, calificó el episodio como un ejercicio indebido de fuerza mortal contra una persona en estado de vulnerabilidad emocional.

La ACLU mantiene una demanda separada vinculada a la muerte de Anthony Maldonado Avilés en Jayuya durante otro episodio de angustia emocional, lo que sitúa el caso actual dentro de un patrón de litigios sobre uso de fuerza policial en Puerto Rico ante personas en crisis.

El 20 de mayo de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera y otros cuatro representantes demócratas enviaron una carta al inspector general del Departamento de Justicia solicitando que investigue por qué se abandonó una pesquisa federal sobre una presunta trama de drogas a cambio de votos en cárceles de Puerto Rico tras las elecciones de 2024.

Los legisladores argumentan que la decisión de no presentar cargos relacionados con fraude electoral contradice el propio énfasis del gobierno de Trump en la integridad electoral, y que la falta de transparencia socava la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Una investigación de ProPublica reveló que fiscales federales habían identificado una trama en la que una ganga carcelaria conocida como Grupo 31 o Los Tiburones presuntamente obligó a confinados a votar por la gobernadora Jenniffer González Colón a cambio de drogas o protección; en diciembre de 2024 se acusó a 34 miembros de la ganga, pero sin cargos de fraude electoral, y fuentes indicaron que tras la elección de Trump se les ordenó a los fiscales abandonar la investigación sobre vínculos políticos.

El 19 de mayo, la fiscal federal Laura Díaz González presentó una moción de ocho páginas ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico oponiéndose a la solicitud de cuatro coacusados —David A. Isaac Febus, Jan C. Dalmau Román, Charlie J. Dalmau Román y Ángel L. Agosto Andino— de separar su juicio del proceso vinculado al asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez. La fiscalía sostuvo que todos los acusados forman parte de una misma conspiración de narcotráfico que operó entre 2021 y 2024 en Carolina, San Juan y áreas cercanas.

La decisión del tribunal sobre esta moción determinará si los cuatro acusados enfrentarán juicio junto al reguetonero Luis Nomar Isaac Sánchez —conocido como CDobleta— y otros cuatro imputados directamente por el asesinato, lo que podría incidir en la exposición al jurado de evidencia sobre actos violentos. El caso abarca a 56 presuntos miembros de la organización, varios de los cuales ya se han declarado culpables.

CDobleta y otros cuatro acusados enfrentaron originalmente la posibilidad de pena de muerte por el asesinato del sargento Ramos Vélez, cargo del que el gobierno federal desistió. La acusación incluye cargos de conspiración para distribuir drogas, posesión de armas para adelantar narcotráfico y asesinato en relación con esa conspiración.

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, anunció el 26 de mayo de 2026 que redactará un proyecto de ley para exigir sistemas de cámaras de seguridad digitales —interiores y exteriores— como requisito para obtener permiso de uso en todo comercio con licencia para vender bebidas alcohólicas.

La medida busca fortalecer las herramientas investigativas de la Policía y disuadir crímenes en establecimientos de alcohol, luego de que tres personas murieran en una masacre el domingo frente al negocio La Taberna de Bozo en Loíza.

Ríos vinculó el aumento de criminalidad a la escasez de drogas ilegales generada por acciones del gobierno federal en los pasados 16 meses; también contempla enmendar las medidas de reforma de permisos que ya están bajo evaluación en el Senado. Estados como Oklahoma, Nebraska, Dakota del Sur y Carolina del Norte tienen requerimientos similares para bares.

Cinco confinados fallecieron en las cárceles de Puerto Rico durante mayo de 2026, convirtiendo ese mes en el más letal del año y elevando a 18 el total de muertes en el sistema correccional durante 2026. Las dos muertes más recientes ocurrieron este fin de semana en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, donde fallecieron Carvin José Feliciano Vázquez y Rafael Román Valentín, de 39 y 24 años respectivamente.

Las 18 muertes registradas en 2026 representan cinco menos que las 23 reportadas a la misma fecha en 2025, aunque la causa de muerte permanece sin determinar en diez de los dieciocho casos; de los ocho con causa establecida, dos están vinculadas al consumo de fentanilo.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) es la agencia a cargo de las instituciones penales; el secretario Francisco Quiñones Rivera indicó que no se divulgarán detalles sobre las condiciones de salud de Román Valentín por razones de confidencialidad. Feliciano Vázquez se encontraba sumariado desde marzo de 2025 por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El 24 de mayo de 2026, tres hombres fueron asesinados y dos personas resultaron heridas de bala frente al negocio 'La Taberna de Bozo' en el barrio Medianía Alta de Loíza. Al día siguiente, la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, solicitó al superintendente de la Policía, Joseph González, aumentar los patrullajes en el municipio.

Jiménez señaló que Loíza cuenta con alrededor de 40 policías estatales para atender una población de aproximadamente 23,693 residentes, una proporción que considera insuficiente ante una serie de crímenes violentos registrados en los últimos 12 meses.

La senadora encuadró la masacre dentro de un patrón de violencia reciente en Loíza, municipio que ha sido señalado por las autoridades como área de alta incidencia delictiva. La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios del CIC de Carolina.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, declaró el 24 de mayo de 2026 que el Ejecutivo concede 'total deferencia' al Senado para que insista judicialmente en obtener los 229 expedientes archivados por el Departamento de Justicia, aunque sostuvo que la controversia ya está resuelta desde el punto de vista de la agencia.

La postura del Ejecutivo deja abierta la posibilidad de un nuevo litigio entre las ramas legislativa y ejecutiva sobre el acceso a expedientes de la División de Integridad Pública (DIPAC), entre ellos el caso cerrado contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, que data de 2022.

El pasado martes, Justicia informó el cierre de 229 casos de DIPAC pero rechazó entregar al Senado las órdenes de cierre ni los informes fiscales, argumentando que son documentos protegidos por jurisprudencia vigente; el Senado avanza su propia investigación mediante la Resolución 483 y no ha descartado acudir a los tribunales.

El comisionado residente Pablo José Hernández, junto a cuatro congresistas demócratas, solicitó al Inspector General del Departamento de Justicia federal que investigue si hubo interferencia política al frenar la pesquisa sobre supuesta compra de votos por drogas en las cárceles durante las elecciones generales de 2024. En entrevista con El Nuevo Día, Hernández señaló que el 82% de respaldo carcelario al PNP —más del doble del que obtuvo la gobernadora Jenniffer González en el resto del archipiélago— debería encender las alarmas.

Un pliego acusatorio federal de diciembre de 2024 ya documentó que la organización criminal conocida como 'Los Tiburones' presionó a reclusos para votar por González a cambio de acceso a narcóticos; la solicitud al Inspector General busca determinar además si el freno a esa investigación cumplió con los procedimientos habituales del Departamento de Justicia o respondió a presiones externas.

La fiscalía federal reveló las alegaciones dentro de un caso sobre tráfico de drogas en prisiones, y un reportaje de ProPublica detalló que la presión estaba dirigida específicamente hacia González, hoy presidenta del PNP y gobernadora de Puerto Rico.

El exboxeador Félix Verdejo Sánchez, convicto por el feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz en 2021, presentó el 12 de mayo de 2026 una moción ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston solicitando una consulta presencial con su abogado Michael Raymond Hasse para discutir en español los asuntos pendientes de su apelación.

La moción revela que la apelación incluye asuntos descritos como 'diversos, complejos y conflictivos', entre ellos una impugnación sobre la jurisdicción y la forma en que el caso fue radicado ante el tribunal federal en Puerto Rico.

Verdejo Sánchez fue convicto en tribunal federal por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada; según la evidencia presentada en juicio, lanzó su cuerpo a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso en San Juan.

La senadora Roxana Soto Aguilú radicó el Proyecto del Senado 1284, que aclararía que la eliminación de delitos de un certificado de antecedentes penales no impide que esa información se use en 'procedimientos sensitivos', como evaluar riesgo a la seguridad pública, idoneidad para trabajar con poblaciones vulnerables o para otorgar licencias y certificaciones.

El proyecto ampliaría fuera del ámbito de la Ley de Armas la doctrina ya establecida por el Tribunal Supremo, afectando a personas que obtuvieron la eliminación de sus convicciones y que ahora podrían ver esa información resurgir en evaluaciones gubernamentales.

El Tribunal Supremo resolvió previamente que borrar ciertas convicciones no convierte automáticamente a una persona en elegible para obtener o conservar una licencia de armas, pero esa decisión no extendió sus efectos a otros contextos regulatorios.

La semana del 19 al 22 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó cinco medidas, entre ellas la 'Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL' —convertida en ley el 20 de mayo— y una enmienda a la Ley de Explosivos de Puerto Rico aprobada el 19 de mayo. La Alerta Azul, de autoría del senador Carmelo Ríos Santiago, crea un sistema de aviso rápido para proteger a policías, policías municipales y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales ante situaciones de peligro; la enmienda a la Ley de Explosivos, impulsada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, adecúa las penas al sistema de penas fijas vigente.

La Alerta Azul amplía la red de comunicación de emergencias —ya usada para alertas Silver y Rosa— al ámbito de la seguridad de agentes del orden, movilizando dispositivos móviles ciudadanos, carteles electrónicos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y colaboración interagencial con entidades públicas, privadas y medios de comunicación.

El sistema se modela sobre alertas de emergencia ya operativas en Puerto Rico, como la Silver (personas mayores desaparecidas) y la Rosa (menores en peligro); la enmienda a la Ley de Explosivos responde a una actualización más amplia del marco penal para alinear penas antiguas con el régimen de penas fijas adoptado en años recientes.

El 22 de mayo de 2026, 24 jueces prestaron juramento en una ceremonia celebrada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre ellos el nuevo juez de Apelaciones Juan Hernández Sánchez.

La incorporación simultánea de 24 jueces amplía la capacidad del sistema judicial puertorriqueño para atender casos en distintos niveles del foro.

La ceremonia fue presidida por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien instó a los nuevos integrantes a anteponer la independencia judicial y el trabajo anónimo por encima del reconocimiento personal.

El 20 de mayo, la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé estableció un calendario procesal detallado en el caso federal contra Edwin Yadiel Flores Tavárez por el asesinato de Nahia Paola Ramos López, de 13 años, y Tanaisha de Jesús Curet, de 15, en Piñones, Loíza. El calendario, que abarca desde el intercambio de evidencia hasta la selección del jurado, sitúa el juicio después de marzo de 2028.

El caso es uno de pena de muerte ante el Tribunal federal en Puerto Rico, lo que lo convierte en uno de los procesos penales de mayor complejidad en la jurisdicción. La orden de calendarización busca superar el estancamiento que enfrentaba el caso al obligar a la Fiscalía y a la defensa a negociar fechas conjuntas.

El proceso involucra la muerte de dos menores de edad y se ventila en el fuero federal, donde la pena capital sigue vigente aun cuando Puerto Rico la abolió a nivel local. La jueza intervino directamente al constatar que las partes no avanzaban en la coordinación del calendario.

El juez federal Francisco A. Besosa ordenó el 13 de mayo que la Policía de Puerto Rico tenga lista para marzo de 2027 una unidad de auditorías de integridad para agentes, requisito de la reforma federal que la administración del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia no implantó pese a un plazo de junio de 2025. El juez calificó la negativa como 'totalmente inaceptable' y advirtió que no tolerará incumplimiento.

La demora significa que desde 2021 la Oficina del Comisionado Especial de la reforma ha intentado sin éxito que la Uniformada cumpla con este requisito, prolongando el déficit de supervisión de conducta policial ante los tribunales federales.

La Policía de Puerto Rico lleva años bajo un acuerdo de reforma federal que exige cambios estructurales en sus prácticas; las auditorías de integridad —que incluyen pruebas de comportamiento de agentes— son uno de los componentes pendientes que el propio Special Master ha señalado como rezagados desde al menos 2021.

El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico, anticipó que el informe del proyecto de reforma judicial incluirá enmiendas de lenguaje sobre la competencia de jueces del Tribunal de Primera Instancia, pero mantendrá intactas las disposiciones que afectan la relación entre el juez presidente y el pleno del Tribunal Supremo.

Las disposiciones sobre el Tribunal Supremo han sido el eje más controvertido del proyecto impulsado por el líder senatorial Thomas Rivera Schatz, por lo que su permanencia en el informe indica que esa tensión institucional avanzará hacia votación sin resolverse.

La medida de reforma judicial del Senado ha generado debate prolongado en torno a si redistribuye poder de forma inconstitucional entre la jueza presidenta y los demás miembros del Tribunal Supremo.

Esta semana entró en vigor la Sección 3 del TAKE IT DOWN Act, que obliga a las plataformas digitales a establecer procesos accesibles para remover imágenes íntimas publicadas sin consentimiento —incluyendo deepfakes generados con IA— dentro de 48 horas; la medida aplica en Puerto Rico. La prohibición penal de la misma ley había entrado en vigor un año antes.

Las plataformas que incumplan el plazo de remoción enfrentan multas de hasta $53,000 por violación, y las víctimas ahora tienen un canal federal de queja ante la Comisión Federal de Comercio. El mes anterior, un estudiante en Santurce usó inteligencia artificial para alterar imágenes de compañeras y venderlas como contenido sexual, evidenciando que las leyes locales aún no contemplan expresamente los deepfakes.

El caso de Santurce expone un vacío en la legislación de Puerto Rico: las leyes vigentes no tipifican expresamente el uso de IA para crear o alterar imágenes sexuales. El exrepresentante Jesús Manuel Ortiz, abogado especialista en ciberseguridad, señala que la isla necesita legislación propia que cubra daños civiles, coordinación con el sistema de justicia local y protección específica para menores.

El exlíder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana Jadhiel Andrés Cedeño Gómez no respondió a la Fiscalía federal antes del 15 de mayo sobre un acuerdo de culpabilidad por explotación sexual de menores, según consta en el expediente judicial. Su defensa pública, a cargo de la abogada Jessica Earl, evalúa alegar problemas de salud mental como posible vía para atenuar los cargos.

La ausencia de respuesta al acuerdo y la posible defensa de salud mental podrían prolongar el proceso federal y determinar la severidad de la sentencia en un caso de explotación sexual de menores.

Cedeño Gómez ocupaba un rol de liderazgo juvenil dentro del Movimiento Victoria Ciudadana cuando fue imputado federalmente por los cargos de explotación sexual de menores; el descubrimiento de prueba en el caso ya concluyó.

El 20 de mayo de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández y varios congresistas demócratas enviaron una carta al inspector general interino del DOJ, Don R. Berthiaume, solicitando una investigación sobre un alegado esquema de intercambio de drogas por votos en cárceles de Puerto Rico durante las elecciones de 2024. La petición cuestiona además la decisión del Departamento de Justicia federal de no presentar cargos por delitos electorales en el caso.

Si se confirma el esquema, implicaría una violación directa a la integridad del proceso electoral en instituciones correccionales de Puerto Rico, con participación de confinados y empleados del sistema penal. La ausencia de cargos electorales, a pesar de evidencia recopilada mediante citaciones federales, genera preguntas sobre la supervisión del DOJ en la isla.

El reportaje de ProPublica que motivó la carta reveló que autoridades federales recopilaron evidencia del alegado esquema pero limitaron la acusación a cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas. La carta también cita controversias electorales anteriores en Puerto Rico, incluyendo la escasez de papeletas en 2020 y alegadas irregularidades en el proceso de 2024, así como la declaración de culpabilidad y posterior indulto presidencial de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por una violación relacionada con financiamiento de campaña.

El 20 de mayo de 2026, la Comisión de lo Jurídico del Senado celebró vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1096, radicado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que propone reemplazar la Ley de la Judicatura de 2003, eliminar la categoría de jueces municipales y establecer un modelo de coadministración entre el pleno del Tribunal Supremo y el juez presidente. Profesores de derecho, un juez apelativo y juristas expusieron posturas encontradas: algunos apoyaron el proyecto tal como está redactado, otros lo rechazaron por entender que altera el diseño constitucional, y otros lo respaldaron solo con enmiendas.

El debate central gira en torno a si redistribuir el poder administrativo del juez presidente al pleno de nueve jueces del Tribunal Supremo constituye un cambio inconstitucional a la separación de poderes o una corrección necesaria. En lo concreto, la conversión de jueces municipales a superiores deja sin respuesta si esa transición sería automática o requeriría nuevo nombramiento gubernamental, y la brecha salarial vigente —$19,031 anuales entre ambas categorías— podría perpetuarse si el proyecto no la atiende expresamente.

El PS 1096 busca sustituir la Ley de la Judicatura vigente desde 2003; varios ponentes reconocieron que esa ley necesita actualización, aunque discreparon sobre el alcance de los cambios propuestos. La medida también crea un Patronato del Poder Judicial con facultad para recibir donativos y un fideicomiso adscrito, elementos que no fueron el foco principal de la discusión en las vistas.

Esta semana entró en vigor la Sección 3 del TAKE IT DOWN Act, la ley federal que obliga a las plataformas digitales a remover imágenes íntimas publicadas sin consentimiento —incluidas las generadas con inteligencia artificial— dentro de 48 horas de recibida la solicitud. La prohibición penal ya regía desde hace un año; lo que comenzó esta semana es la obligación operativa, con multas de hasta $53,000 por violación.

La ley aplica en Puerto Rico, donde el mes pasado un estudiante en Santurce utilizó IA para alterar imágenes de compañeras y venderlas como contenido sexual por $15 a través de aplicaciones de mensajería. Las víctimas pueden reportar incumplimientos a la Comisión Federal de Comercio en TakeItDown.ftc.gov y, si hay menores involucrados, al FBI.

El abogado y exrepresentante del PPD Jesús Manuel Ortiz señala que las leyes locales de Puerto Rico no contemplan expresamente los deepfakes, lo que crea un vacío legislativo que la ley federal cubre parcialmente; persisten áreas sin cubrir como daños civiles y coordinación con el sistema de justicia local.

El juez Carlos López determinó causa contra Miguel Figueroa Collazo, de 40 años y vecino de Utuado, por múltiples violaciones a la Ley de Tránsito y al Seguro Compulsorio, imponiéndole $500 en multas y $100 de pena especial. El caso se originó el 23 de octubre de 2025, cuando Figueroa Collazo le dijo al agente que lo detuvo en la PR-111 que la Constitución lo protegía y no necesitaba marbete ni seguro compulsorio.

El fallo reafirma que argumentos basados en teorías de soberanía personal —que alegan exención de leyes de tránsito por razones constitucionales— no tienen validez ante los tribunales de Puerto Rico.

Este tipo de argumento, conocido en inglés como 'sovereign citizen', ha circulado en distintos países y en Estados Unidos, donde tribunales lo han rechazado de manera uniforme; en Puerto Rico no existe precedente legal que reconozca tal exención.

El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia rechazó las expresiones del portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, y reiteró por voz de la subsecretaria Annette Esteves Serrano que la solicitud legislativa sobre 229 casos archivados constituye una petición indiscriminada —una 'fishing expedition'— incompatible con los criterios legales que rigen las investigaciones legislativas.

La postura formal de Justicia cierra la vía administrativa para la petición legislativa e incrementa la probabilidad de que el conflicto entre el Senado y el Ejecutivo sobre la fiscalización de cierres de investigaciones de integridad pública se dirima ante los tribunales, con implicaciones para el alcance constitucional de la facultad investigativa legislativa.

El PPD presentó el 4 de mayo de 2026 la Petición de Información 2026-0063 solicitando el listado de casos archivados bajo la Orden Administrativa 2025-09; Hernández había cuestionado el trato selectivo de Justicia señalando que la agencia sí reveló detalles del caso de Suzanne Roig Fuertes y un contrato de $60,000 mensuales, comparación que Esteves Serrano rechazó por responder a circunstancias de alto interés público y a información previamente divulgada.

La circulación viral de grupos masivos de WhatsApp bajo nombres como "Añadan a todo el mundo" y "Metan a todo PR" motivó a autoridades —incluyendo al supervisor del Grupo de Explotación Humana de HSI, Reinaldo Medina— a hacer un llamado público a reforzar la supervisión digital de menores. La Policía indicó que al momento no tenía investigaciones activas relacionadas con estos grupos específicos.

La tendencia expone a menores a la posibilidad de ser añadidos sin consentimiento a espacios digitales sin supervisión donde podrían encontrar contenido inapropiado o actividad ilegal; el fenómeno no se limita a Puerto Rico, sino que se ha documentado también en Uruguay, Argentina y otros países latinoamericanos.

El uso de grupos masivos de aplicaciones de mensajería como vector de exposición a contenido dañino para menores es un problema recurrente en América Latina; en Puerto Rico, HSI y la Policía han atendido históricamente casos de explotación digital infantil, aunque en esta instancia no se han abierto investigaciones formales vinculadas a estos chats.

El columnista José Fernando Velázquez argumenta que el acuerdo transaccional entre el presidente Donald Trump y el gobierno federal sobre la divulgación ilegal de sus planillas plantea un problema jurídico de fondo: el uso del poder ejecutivo para resolver un litigio personal del propio presidente.

Si el ejecutivo federal negoció y ejecutó una transacción que beneficia directamente al jefe de ese mismo ejecutivo, se cuestiona la integridad de la separación de poderes como mecanismo de control institucional.

La controversia parte de una demanda relacionada con la divulgación ilegal de las planillas contributivas de Trump; Velázquez señala que la defensa de prescripción y el momento en que se presentó la demanda son elementos centrales del análisis jurídico.

El director de Prensa del Poder Judicial, Jean-Carlo Pérez Nieves, defendió el nuevo reglamento de cobertura electrónica en tribunales, que amplía la definición de medio de comunicación pero también introduce restricciones sobre las tomas fotográficas permitidas para evitar 'publicidad excesiva' a las partes.

El reglamento extiende la cobertura electrónica a las 13 regiones judiciales e incorpora medios digitales y alternativos, pero las nuevas limitaciones a fotoperiodistas generan tensión con la prensa sobre el alcance real de la transparencia judicial.

La normativa —conocida como Reglamento PROCEDI— sustituye al programa experimental PECAM y entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, convirtiendo en política permanente lo que surgió como prueba piloto e incluyendo salvaguardas para víctimas, testigos y jurados.

El 20 de mayo de 2026, la Comisión de lo Jurídico del Senado celebró vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1096, radicado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que propone reemplazar la Ley de la Judicatura de 2003 con una nueva estructura que incluye coadministración entre el Tribunal Supremo y su juez presidente, la eliminación de la categoría de jueces municipales y la creación de un Patronato del Poder Judicial. Profesores de derecho, un juez de apelaciones y juristas presentaron posturas encontradas: algunos apoyaron el proyecto con enmiendas, mientras otros advirtieron que altera el diseño constitucional de la Rama Judicial.

El proyecto afecta directamente a decenas de jueces municipales, cuya conversión a jueces superiores permanece ambigua, y podría generar una brecha salarial de $19,031 anuales entre jueces con el mismo título y funciones. Críticos advierten que el modelo de coadministración —donde nueve jueces del Supremo tomarían decisiones administrativas de forma colegiada— haría el sistema judicial más lento e impráctico.

La Ley de la Judicatura vigente data de 2003 y concentra amplias facultades administrativas en la figura del juez presidente del Tribunal Supremo. El PS 1096, presidido en vistas por el senador Ángel Toledo López, representa el intento legislativo más reciente de redistribuir ese poder hacia el pleno del Supremo, aunque al menos un ponente advirtió que el alcance del cambio requeriría enmienda constitucional.

Desde el 1 de enero de 2026, la operación federal 'Camino al Cero' ha interceptado 556 kilogramos de cocaína en 448 paquetes de correo con destino a Estados Unidos, según anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow en conferencia de prensa el 20 de mayo.

El operativo —que incluyó unas 400 órdenes de inspección de paquetes y cinco nuevos fiscales federales— apunta a cortar el uso del Servicio Postal como canal de trasiego de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y tranquilizantes para caballos; la directora nacional de la Oficina del Control de Drogas, Sara Carter, señaló que la droga ocupada tenía el 'poder de matar al 80% de los residentes de San Juan'.

Puerto Rico ha funcionado históricamente como punto de tránsito para el trasiego de narcóticos hacia el continente estadounidense; 'Camino al Cero' representa un refuerzo de personal postal e institucional coordinado entre el Servicio de Inspección Postal, otras agencias federales y la Policía de Puerto Rico.

El 23 de octubre de 2025, el agente Ramón Reyes Ramos intervino a Miguel Figueroa Collazo, de 40 años y vecino de Utuado, en la PR-111; Figueroa Collazo alegó que la Constitución lo eximía de portar marbete y seguro compulsorio. El juez Carlos López determinó causa en su contra y le impuso $500 en multas y $100 de pena especial por múltiples violaciones a la Ley de Tránsito y al Seguro Compulsorio.

El caso ilustra el uso de argumentos de "soberanía personal" o autoproclamada inmunidad constitucional para evadir requisitos de tránsito, una práctica que los tribunales rechazan y que puede dejar a otros conductores sin protección en caso de accidente.

El movimiento conocido como "soberano ciudadano" —que sostiene que ciertos individuos no están sujetos a leyes estatales o locales— ha generado casos similares en tribunales de Estados Unidos y sus territorios; en Puerto Rico, el seguro compulsorio y el marbete son requisitos establecidos por ley para circular en vías públicas.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico rechazó la Ley 82-2026, que exige una fianza mínima del 10% del valor de un proyecto para solicitar su paralización, señalando que representa una barrera económica al acceso a los tribunales. El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, anunció que no dará paso al proyecto de enmienda promovido por el propio autor de la ley, el representante Jorge Navarro Suárez, y el presidente senatorial tampoco favorece modificarla.

Con los líderes de ambas cámaras opuestos a enmendar la ley, comunidades de bajos recursos y organizaciones de base comunitaria quedan sin un mecanismo asequible para impugnar proyectos de construcción ante los tribunales o agencias administrativas. El rechazo del Colegio amplía el frente institucional de presión, pero sin apertura legislativa el acceso a recursos extraordinarios permanece restringido.

La Ley 82-2026 modifica el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, que hasta su aprobación permitía a ciudadanos y comunidades presentar recursos extraordinarios ante irregularidades en procesos de permisos; juristas y columnistas ya habían cuestionado su constitucionalidad desde su firma.

Las autoridades del condado de Perry, Tennessee, acordaron pagar $835,000 para resolver una demanda federal presentada por Larry Bushart, un exagente de policía de 61 años que pasó 37 días encarcelado en septiembre tras publicar en Facebook memes que bromeaban sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El caso es señalado como un raro ejemplo en que expresiones en redes sociales derivaron en un proceso penal por delito grave; Bushart perdió su empleo post-retiro y vivencias familiares irreparables antes de que los cargos fueran retirados en octubre.

Bushart se negó a borrar los memes, lo que motivó que un investigador obtuviera una orden de detención; en diciembre presentó demanda federal contra el condado, su sheriff y el investigador, alegando violación de sus derechos bajo la Primera Enmienda.

La Comisión de Juegos presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso para revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre solicitudes de licencias de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta; el foro apelativo acogió el recurso y ordenó la paralización de los procedimientos, suspendiendo automáticamente el recibo de nuevas solicitudes.

La decisión apelativa revierte temporalmente una orden del Tribunal de Primera Instancia que mandataba a la Comisión a recibir y tramitar solicitudes de operadores que alegaban ser excluidos ilegalmente del proceso, preservando el orden regulatorio mientras el foro apelativo resuelve la controversia.

Operadores de máquinas de juegos de azar en ruta habían obtenido una sentencia de mandamus del Tribunal de Primera Instancia, argumentando que la Comisión de Juegos violaba la Ley Núm. 11 del 22 de agosto de 1933 al negarse a recibir sus solicitudes de licencia; la Comisión sostiene que esa ley establece un marco claro sobre los términos y plazos aplicables.

El 17 de mayo de 2026, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia radicaron cargos de escalamiento, apropiación ilegal, daños a la propiedad y dar información falsa contra José Julián Orama Rivera, oficial de custodia del Departamento de Corrección, y René Vélez Irizarry, ambos arrestados en la carretera PR-488 en el barrio Santiago de Camuy.

Un empleado del sistema de Corrección —encargado de custodiar a personas procesadas por delitos— enfrenta cargos por los mismos tipos de crimen que supervisa, lo que plantea preguntas sobre los controles de integridad del departamento.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon parte de la propiedad presuntamente hurtada y el vehículo usado en los hechos; el caso fue investigado por la división de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo y referido a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.

Una columna de opinión publicada el 20 de mayo de 2026 en El Nuevo Día plantea que la seguridad pública en Puerto Rico requiere ir más allá del patrullaje y los arrestos, y propone aplicar criminología y tecnología para anticiparse al delito.

El argumento señala que, ante la persistencia de la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico, las agencias de seguridad deben reorientar sus estrategias hacia la prevención basada en el análisis del comportamiento criminal.

La criminalidad, en particular la asociada al narcotráfico, ha sido un problema estructural en Puerto Rico por décadas; el debate sobre cómo modernizar la respuesta del estado ha ganado espacio en círculos académicos y de política pública.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó el Reglamento del Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales (PROCEDI), que sustituye al programa experimental PECAM y entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

PROCEDI extiende formalmente la cobertura electrónica —fotos, audio y vídeo— a las 13 regiones judiciales, incluyendo procesos civiles y criminales, e incorpora medios digitales y plataformas alternativas como entes autorizados a cubrir las vistas.

El reglamento sustituido, PECAM, era de carácter experimental y cubría el uso de cámaras y equipo audiovisual por medios de comunicación; el nuevo marco recoge las experiencias acumuladas de ese programa para convertirlo en normativa permanente.

El 19 de mayo de 2026, durante una vista de estatus ante la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé en Hato Rey, la fiscal federal auxiliar Myriam Y. Fernández González confirmó que la Fiscalía federal rechazó los argumentos de mitigación y las contraofertas presentadas por los abogados de Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del representante del PNP Jorge "Georgie" Navarro Suárez. Las negociaciones para evitar ir a juicio continúan sin acuerdo.

El rechazo prolonga la incertidumbre en uno de los casos de fraude federal de mayor resonancia reciente en Puerto Rico, que involucra a los hermanos de un legislador en funciones y a varias empresas privadas vinculadas a ellos.

Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez, junto a sus compañías JCA Development, JCA Packaging Group, JCA Industrial Supply Corp. y RVIP Group Corp., enfrentan cargos federales de fraude; sus hermanos defensores presentaron contraofertas que la Fiscalía estimó insuficientes, manteniendo abierta la posibilidad de juicio.

La Fiscalía federal y la defensa acordaron que el juicio contra Edwin Yadiel Flores Tavárez, único caso activo de pena de muerte en el Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico, comenzará el 6 de marzo de 2028, bajo la supervisión de la jueza Camille L. Vélez-Rivé.

El caso, que involucra el secuestro y asesinato de dos adolescentes en la playa de Piñones, Loíza, es el único proceso federal activo de pena capital en Puerto Rico, lo que lo convierte en un caso de consecuencias jurídicas y sociales extraordinarias.

La defensa había solicitado originalmente la fecha de marzo de 2028, mientras que la Fiscalía proponía el 4 de octubre de 2027; fue la jueza Vélez-Rivé quien instó a las partes a dialogar y alcanzar un acuerdo. Queda pendiente acordar cuándo el jurado evaluaría específicamente la sentencia de pena de muerte.

La ciclista Valeria Sofía Alejandro Pérez denunció una agresión y amenazas mientras transitaba por la carretera PR-686 en Vega Baja; el presunto agresor enfrenta cinco cargos menos graves y una vista de determinación de causa para arresto pautada para el 21 de mayo de 2026 en el Centro Judicial de Bayamón.

El incidente expuso vacíos en la convivencia vial entre ciclistas y conductores, y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito advirtió que la intimidación contra ciclistas puede tener consecuencias fatales.

La Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito establece como política pública del Estado promover el uso de la bicicleta y obliga al gobierno a educar a conductores y ciclistas sobre sus derechos y deberes en la vía pública.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico rechazó formalmente la Ley 82-2026 y llamó a los poderes del Estado a reconsiderar la legislación, citando que el requisito de fianza equivalente al 10% del valor del proyecto bloquea el acceso a los tribunales para ciudadanos y comunidades de bajos recursos. El Colegio también alertó sobre disposiciones que permiten reclasificar suelo rústico cuando un proyecto sea catalogado como crítico, prioritario o estratégico.

El rechazo del Colegio suma presión institucional sobre una ley que el propio representante Jorge 'Georgie' Navarro Suárez ya busca enmendar y que el presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, se ha negado a reabrir; la institución advirtió que continuará vigilante ante medidas que erosionen el acceso a la justicia.

La Ley 82-2026 modificó el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, que hasta su aprobación permitía a ciudadanos y comunidades presentar recursos extraordinarios para atender irregularidades en procesos de permisos y solicitar paralizaciones de obra; desde su firma, sectores ambientales, comunitarios y legales han cuestionado su alcance.

El Departamento de Justicia abrió una investigación contra la secretaria de Familia tras una querella presentada por Luis Javier Hernández, según reportes del 19 de mayo de 2026.

La investigación afecta a una funcionaria de alto rango del gabinete en un momento en que el Departamento de la Familia ya enfrenta escrutinio público por un presupuesto 2026-2027 que, según el PPD, aumenta $1 millón en puestos de confianza.

El caso se da en medio de una semana de turbulencia en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González, que incluye la destitución del exsecretario de la OGPe y señalamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre conflictos internos en la administración.

El 19 de mayo, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, se reunió con personal del Departamento de Justicia y del NIE que atiende la querella contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio; Justicia tiene hasta el 21 de mayo para notificar al Panel del FEI si abre o no una investigación oficial. Hernández indicó que la fiscal Catherine Ortiz y personal del NIE planean entrevistar a personas adicionales antes del plazo, y expresó que su expectativa es que se abra la investigación.

Si Justicia refiere el caso al Panel del FEI, Roig Fuertes —titular de un departamento con presupuesto de nómina de $17 millones— quedaría sujeta a escrutinio por alegadamente haber ocultado bajo juramento, durante su confirmación en el Senado, que era objeto de una investigación activa del Departamento de Salud.

La querella surge de alegaciones de que Roig Fuertes negó ante el Senado tener conocimiento de pesquisas en su contra, omitiendo una investigación que pesaba sobre ella desde 2022 vinculada a la concesión de un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis mientras dirigía en destaque la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; ese caso fue referido a Justicia por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado.

El 18 de mayo de 2026, en una vista de estatus en el Tribunal de Aibonito, se reveló que la Fiscalía aún no ha entregado a la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera videos de bodycam policial y de una cámara de gasolinera vinculados al asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, pese a reuniones sostenidas el 12 de mayo para identificar la prueba pendiente. La fiscal Belinda Brignoni explicó en sala las razones del retraso, mientras el juez Juan Reyes Colón presidía la sesión.

Las demoras en el descubrimiento de prueba pueden afectar el calendario del juicio y el derecho de la defensa a preparar su caso; la acumulación de controversias sobre el manejo de evidencia añade presión sobre el proceso judicial antes de que comience el juicio.

El caso contra Avilés Cabrera por el asesinato de Pratts Rosario ha estado marcado por repetidas disputas sobre la entrega de evidencia, convirtiéndose en un foco de atención pública sostenida desde etapas tempranas del proceso previa al juicio.

El fiscal federal William Stephen Muldrow declaró el 18 de mayo de 2026 que la investigación sobre el esquema de drogas y votos en las cárceles no descubrió evidencia que vinculara a ningún candidato o partido con actividad ilegal, y negó que hubiera instrucciones externas para cerrar investigaciones. Muldrow añadió que la Fiscalía sí tiene investigaciones activas de corrupción pública relacionadas con oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La declaración constituye la primera respuesta oficial federal ante el reportaje de ProPublica que alegaba encubrimiento, y la confirmación de investigaciones activas en Corrección indica que el escrutinio sobre funcionarios penitenciarios continúa; desde 2025, la Fiscalía ha acusado a más de 50 personas en casos de corrupción pública.

El caso fue investigado y acusado el 12 de diciembre de 2024 bajo la administración del presidente Joseph Biden; la acusación incluyó a integrantes del grupo Los Tiburones por narcotráfico con penas mínimas de 20 años, y la conducta electoral alegada fue incorporada al pliego acusatorio como parte de la conspiración criminal.

El 18 de mayo de 2026, agentes del FBI, la DEA y la Policía estatal y municipal ejecutaron el operativo 'La Última Serenata', dirigido a capturar a 23 personas presuntamente vinculadas a las organizaciones criminales Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (Las FARC) y La Familia Nunca Muere (LFNM), con al menos siete arrestos confirmados durante la mañana. El operativo se extendió por San Juan, Bayamón, Yauco, Trujillo Alto, Arecibo y Toa Alta, y los detenidos fueron trasladados al Coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey.

Las autoridades alegan que los sospechosos están vinculados al tráfico de armas y drogas, además de múltiples hechos violentos en la zona metropolitana; el operativo representa el avance más concreto hasta ahora en la investigación de una de las escenas de crimen más perturbadoras registradas recientemente en el área metropolitana, incluyendo la masacre del 7 de octubre de 2025.

La masacre del 7 de octubre de 2025 involucró el hallazgo de múltiples víctimas con señales de tortura en la zona limítrofe entre Carolina y Santurce. El portavoz de la DEA, Tony Velas, describió los métodos de estos grupos criminales como 'tipo cartel'.

En los primeros meses de 2026, Puerto Rico ha registrado apenas 33 días sin que se reporte al menos un asesinato, según datos recopilados al 16 de mayo de 2026.

El patrón sostenido de muertes violentas —que incluye feminicidios, ajustes de cuentas y hallazgos de cuerpos calcinados— indica que la violencia letal afecta a la isla de forma casi ininterrumpida.

Entre los móviles identificados figuran el narcotráfico, conflictos con personas convictas y la violencia de género, factores que han alimentado ciclos de violencia en la isla durante años.

El 11 de mayo de 2026, la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé ordenó a la Fiscalía federal y a la defensa de Edwin Yadiel Flores Tavárez retomar negociaciones para acordar el calendario del juicio por el asesinato de las adolescentes Nahia Paola Ramos López, de 13 años, y Tanaisha de Jesús Curet, de 15, en Piñones.

La orden refleja que el proceso hacia el juicio sigue sin fecha firme, en un caso donde el Departamento de Justicia federal notificó en noviembre de 2025 que buscará la pena de muerte —sanción que el gobierno de Puerto Rico no aplica bajo su propio ordenamiento.

Las jóvenes fueron asesinadas a tiros el 25 de julio de 2023 a orillas de la PR-187 durante un secuestro; la jueza consideró 'razonable y necesario' el tiempo adicional solicitado por la abogada defensora Lydia Lizarríbar Masini para preparar la defensa.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston confirmó la condena por corrupción y la sentencia de cinco años y tres meses impuesta al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, rechazando todos los argumentos presentados por su defensa en apelación.

La confirmación cierra la vía apelativa federal para Pérez Otero, quien según su récord de preso está pautado para ser liberado en octubre de 2027; el caso involucró pagos de $5,000 cada cuatro o cinco semanas por parte del contratista Óscar Javier Santamaría Torres a cambio de contratos y favores políticos.

Pérez Otero fue el único de los alcaldes procesados en la racha de casos federales vinculados a la cooperación del contratista Santamaría Torres que eligió ir a juicio en lugar de negociar un acuerdo con la fiscalía federal.

José Enrique Medina, desaparecido en Moca el 19 de febrero de 1995 a los 15 años, y Luis López Lugo, desaparecido en Guayanilla en 1998 a los nueve años, siguen sin resolver; en ambos casos los archivos oficiales carecen de expedientes accesibles y las autoridades tienen poca o ninguna información para compartir.

La ausencia de expedientes en el Cuerpo de Investigaciones Criminales y la escasa información disponible en la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Policía revelan vacíos institucionales en el manejo de casos de menores desaparecidos que llevan décadas sin resolverse.

En el caso de Medina, se presume que fue llevado por su padrastro en una embarcación registrada como 'Ashlyn' y se cree que podrían haberse reubicado en Florida; el caso de López Lugo carece incluso de ese nivel de detalle en los registros oficiales consultados.

El 15 de mayo de 2026, la abogada de política pública de la ACLU de Puerto Rico, Lolimar Escudero Rodríguez, declaró ante una vista congresional paralela que policías municipales en la isla han asumido funciones migratorias de facto —sin autorización legal ni órdenes judiciales— en colaboración con el ICE.

La ACLU advierte que estas prácticas ocurren fuera del marco del programa federal 287(g), que exige acuerdos formales para delegar funciones migratorias a autoridades locales, lo que expone a las comunidades inmigrantes a perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y separación familiar.

El programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Naturalización permite al ICE delegar funciones migratorias a agencias locales mediante acuerdos formales; la ACLU alega que en Puerto Rico esa colaboración ocurre fuera de ese marco, reproduciendo abusos documentados en otras jurisdicciones.

Durante el quinto día del juicio contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario —de 16 años— celebrado el 15 de mayo de 2026 en Aibonito, el único testigo que declaró, Dylan Yadiel Berríos Suárez, no mencionó en su relato que la acusada estuviese presente en la escena de los hechos la noche del 10 al 11 de agosto de 2025. Dos de los tres testigos programados no comparecieron: uno por razones médicas y otro porque su declaración fue pospuesta ante el juez Luis S. Barreto Altieri.

El testimonio de Berríos Suárez, descrito como breve e inconsistente, no aportó evidencia directa que vincule a la acusada con los hechos, lo que puede incidir en el peso del caso que construye la fiscalía contra Cabrera Rivera.

El crimen ocurrió entre el 10 y el 11 de agosto de 2025 durante el Cierre de Verano Municipal de Aibonito; Elvia Cabrera Rivera enfrenta cargos como coacusada en el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, confirmó que el gobierno federal activará el 1 de junio de 2026 una segunda fase de revocación de pasaportes dirigida a alimentantes con deudas de $75,000 o más, una semana después de que la primera fase —con umbral de $100,000— comenzara a operar el 8 de mayo. Las autoridades federales no descartan reducir el umbral aún más en fases posteriores.

La primera fase ya identificó 435 casos en Puerto Rico bajo el criterio de $100,000, y al menos uno resultó en pago voluntario tras recibir notificación; al bajar el umbral a $75,000, el universo de personas expuestas a perder su pasaporte se amplía, y fases futuras podrían alcanzar a deudores con balances considerablemente menores.

El proceso es coordinado entre el Departamento de Estado federal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y la Office of Child Support Enforcement bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social; la normativa federal ya exigía notificaciones preventivas a personas con deudas superiores a $2,500.

Al cumplirse un año del feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, la Fiscalía estatal confirmó el 14 de mayo de 2026 que la investigación mantiene dos líneas más precisas, aunque el expediente permanece bajo reserva. La carpeta acumula más de 10 tomos, más de 100 diligencias, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones y más de 1,500 horas de video analizadas.

El caso, que conmocionó a México al quedar registrado en vivo ante la audiencia de TikTok de la víctima, sigue sin resolución pública un año después, evidenciando la complejidad de investigar feminicidios de alto perfil mediático. Las autoridades reconocieron que la resistencia de personas cercanas a la víctima ha dificultado el avance.

En octubre de 2025, las autoridades jaliscienses ya habían señalado que no existían elementos para vincular el crimen con grupos delictivos organizados; en enero de 2026, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch afirmó que la investigación continuaba con avances durante la conferencia presidencial del 9 de enero.

La jueza superior Iris Cancio González ordenó a la Comisión de Juegos, mediante mandamus, recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, dando cinco días a los funcionarios Juan Carlos Santaella Marchán y Loraine Irizarry Torres para cumplir. El tribunal determinó que la Comisión no había sellado, emitido recibo oficial ni asignado número de expediente a las solicitudes presentadas.

La orden judicial abre formalmente el proceso de licenciamiento para un grupo de operadores que permanecía excluido, dentro de un universo de aproximadamente 2,000 máquinas disponibles bajo el tope estatutario de 25,000 autorizadas. Los funcionarios quedan apercibidos de que incumplir podría acarrear desacato civil o criminal.

Los operadores agrupados en UNOMAR sostienen que llevaban años solicitando acceso al proceso formal establecido por la Ley 11 y el Reglamento 9647, sin que la Comisión procesara sus peticiones ni notificara incumplimientos dentro del plazo reglamentario de 15 días. El tribunal reconoció que el periodo de prioridad para solicitantes anteriores venció en abril de 2025.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó sin explicación un recurso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que impugnaba la exigencia de la gobernadora Jenniffer González Colón de presentar una credencial oficial del Departamento de Estado para acceder a las conferencias de prensa en La Fortaleza. Solo el juez asociado Ángel Colón Pérez emitió un voto disidente con fundamentos; la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez asociado Luis Estrella Martínez indicaron que hubiesen atendido el caso.

La decisión, adoptada sin análisis en sus méritos, revierte el entendido fijado hace 28 años en el caso Disidente Universal —que limitaba el valor de esa credencial a un permiso de estacionamiento— y abre la puerta a que el Poder Ejecutivo filtre qué periodistas pueden cubrir la gestión gubernamental desde el Palacio de Santa Catalina.

En 1998, el Tribunal Supremo resolvió en Disidente Universal que la credencial oficial del Departamento de Estado solo otorgaba el beneficio de una tablilla de estacionamiento; dos jueces disintieron entonces advirtiendo que el esquema era un precedente peligroso para la libertad de prensa. El CPI documentó además un patrón de trato diferenciado: periodistas de canales televisivos comerciales han ingresado a La Fortaleza sin la credencial requerida al CPI.

El 12 de mayo, la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para paralizar su juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario e impugnar un fallo del 23 de abril del juez Juan A. Reyes Colón, quien denegó una vista de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal. El Apelativo ordenó a la Oficina del Procurador General responder antes del mediodía del 19 de mayo.

La determinación del Apelativo podría suspender el juicio y forzar una evaluación de capacidad mental de la acusada, alterando el curso de uno de los casos criminales de mayor perfil público en Puerto Rico. La defensa alega que el tribunal de instancia no ponderó adecuadamente la edad de la acusada —entonces adolescente— ni su supuesta discapacidad cognoscitiva.

Avilés Cabrera enfrenta cargos por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años. La Sociedad para Asistencia Legal la representa y fundamenta su petición en que el tribunal primario abusó de discreción al rechazar una evaluación psiquiátrica que la Regla 240 de Procedimiento Criminal contempla cuando existen dudas sobre la competencia del acusado para enfrentar un juicio.

Karla Hernández, sobreviviente de una agresión sexual ocurrida en una playa de Arecibo en 2020, fundó Vivo Alliance y desarrolló una propuesta legislativa para derogar la Ley 22 de 1988 y sustituirla por una nueva Carta de Derechos de las Víctimas de Delito con mecanismos de cumplimiento ejecutables. La medida aún no ha sido radicada, aunque ya se han iniciado acercamientos con legisladores para presentarla en el Senado.

La organización calculó que desde la declaración del estado de emergencia por violencia de género en 2021 se han destinado cerca de $60 millones en fondos públicos, mientras los indicadores de feminicidios y agresiones sexuales han ido al alza. La propuesta busca garantizar a las víctimas representación legal independiente, consulta obligatoria antes de acuerdos de culpabilidad y participación activa en etapas clave del proceso judicial.

La Ley 22 de 1988 es el marco legal vigente en Puerto Rico para los derechos de víctimas de delito; la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico colaboró en el análisis comparativo de los 50 estados y 21 países que sustenta la propuesta, y señaló que la ley actual carece de mecanismos de cumplimiento operacionalmente efectivos. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Joyful Heart Foundation y LULAC.

El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, empresaria y creadora de contenido mexicana, fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok desde su estética en Zapopan, Jalisco. Al cumplirse un año del crimen, la Fiscalía de Jalisco confirmó que la investigación continúa bajo reserva con dos líneas más precisas, un expediente que acumula más de 10 tomos, más de 100 diligencias y más de 1,500 horas de video analizadas.

El caso sigue sin resolución pública un año después, pese al volumen de la investigación y la atención nacional que generó; la resistencia de personas cercanas a la víctima para aportar información ha dificultado el avance, según las propias autoridades.

En octubre de 2025, la Fiscalía jalisciense había descartado vínculos con grupos delictivos y reportó hipótesis abiertas; en enero de 2026, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch aseguró que la investigación registraba avances.

La jueza superior Iris Cancio González emitió una orden de mandamus que obliga a la Comisión de Juegos a recibir, tramitar y evaluar solicitudes de licencia presentadas por operadores de máquinas de juegos de azar en ruta, agrupados bajo UNOMAR. Los funcionarios Juan Carlos Santaella Marchán y Loraine Irizarry Torres tienen cinco días para cumplir.

El tribunal determinó que la Comisión incumplió su deber ministerial al no sellar, emitir recibos ni asignar expedientes a las solicitudes, y advirtió que el incumplimiento de la orden podría acarrear desacato civil o criminal; quedan disponibles aproximadamente 2,000 máquinas dentro del tope estatutario de 25,000 autorizadas.

El período de prioridad para solicitantes anteriores venció en abril de 2025, y los operadores de UNOMAR alegan que la Comisión se negó a activar el proceso de licenciamiento exigido por la Ley 11 y el Reglamento 9647, manteniéndolos fuera del mercado regulado.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó el 14 de mayo de 2026 un análisis que documenta un patrón de acceso selectivo a las conferencias de prensa en La Fortaleza: el Secretario de Asuntos Públicos Jean Peña Payano admitió ante una periodista de WAPA-TV que el trato a medios televisivos comerciales 'no es lo mismo', mientras periodistas de esos canales y corresponsales internacionales han ingresado sin la credencial oficial que se le exige al CPI. El texto también detalla que el Tribunal de Apelaciones avaló la postura del Ejecutivo sin rebatir los argumentos del CPI ni considerar el precedente del caso Disidente Universal, y que el Tribunal Supremo denegó el recurso sin explicación, con solo el juez asociado Ángel Colón Pérez emitiendo un voto disidente con fundamentos escritos.

La evidencia de trato diferenciado debilita el argumento oficial de que la exigencia de la credencial es una medida 'neutral' que aplica por igual, y expone que la ausencia de revisión judicial con fundamentos escritos permite al Ejecutivo operar sin escrutinio en sus decisiones de acceso informativo. Una encuesta publicada en abril de 2026 indica que solo el 22% de los estadounidenses confía en la Corte Suprema federal; en Puerto Rico, datos de 2016 y 2019 mostraban niveles de confianza en la Rama Judicial de 19% y 36%, respectivamente.

En 1998, el Tribunal Supremo resolvió en el caso Disidente Universal que el único beneficio de la credencial oficial era el acceso a tablillas de estacionamiento; dos jueces advirtieron entonces que el esquema era un 'precedente peligroso' que permitiría al Estado decidir quién cubre eventos públicos. La Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez asociado Luis Estrella Martínez expresaron que habrían atendido el caso y celebrado una vista oral pública, pero no constituyeron mayoría.

El Departamento de Estado federal emitió una directriz que permite revocar pasaportes ya emitidos a personas con deudas de pensión alimentaria; en Puerto Rico, la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) identificó unas 435 personas con balances superiores a $100,000 que podrían ser afectadas inicialmente.

Un pasaporte revocado no puede usarse para viajar aunque la deuda sea pagada posteriormente, y el proceso de actualización de registros federales puede tardar entre dos y tres semanas tras saldar la deuda; además, la medida se extenderá eventualmente a deudas menores de $100,000.

La restricción de pasaportes por deuda de pensión alimentaria existía previamente, pero se limitaba a quienes solicitaban o renovaban el documento; la nueva directriz federal, emitida bajo la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social, amplía el alcance a pasaportes vigentes ya emitidos.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz radicó el Proyecto del Senado 1024, que ordenaría la creación de una junta especial en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para estudiar los acuerdos de reciprocidad profesional en la abogacía entre la isla y los estados, y la posible adopción de exámenes de reválida uniformes como el Uniform Bar Examination. La medida también eliminaría el requisito de 12 meses de residencia para aspirantes a la reválida y derogaría el texto legal que permite a abogados admitidos en cualquier estado o territorio practicar derecho en Puerto Rico sin reválida.

El cambio afecta directamente las condiciones bajo las cuales abogados de estados como Nueva York, California y Texas —que no otorgan admisión automática a abogados puertorriqueños— podrían ejercer en la isla, y viceversa, con implicaciones para la movilidad profesional de miles de abogados.

La ley 17-1939, que el proyecto busca enmendar, permite actualmente que cualquier abogado admitido en un estado o territorio de Estados Unidos practique derecho en Puerto Rico, una disposición que el Tribunal Supremo ya ha circunscrito reglamentariamente al exigir reválida a casi todos los aspirantes.

Karla Hernández, sobreviviente de una agresión sexual en una playa de Arecibo en 2020, fundó Vivo Alliance junto a su esposo Gerald Ericksen para impulsar una propuesta legislativa que derogaría la Ley 22 de 1988 y la sustituiría por una nueva Carta de Derechos de las Víctimas de Delito con obligaciones claras y ejecutables. La medida aún no ha sido radicada, aunque el grupo ya ha iniciado acercamientos con legisladores con miras a presentarla en el Senado.

La propuesta introduciría representación legal independiente para víctimas, consulta obligatoria antes de acuerdos de culpabilidad y participación en etapas clave del proceso judicial, atendiendo lo que Vivo Alliance describe como la ausencia de mecanismos de cumplimiento en el marco vigente. Según cálculos de la organización, desde la declaración del estado de emergencia por violencia de género en 2021 se han destinado cerca de $60 millones en fondos públicos, mientras los indicadores de feminicidios y agresiones sexuales han ido al alza.

El marco legal actual para víctimas de delito en Puerto Rico data de la Ley 22 de 1988; la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que colaboró en el diseño de la propuesta, sostiene que esa ley carece de los mecanismos de cumplimiento necesarios para que los derechos reconocidos sean operacionalmente efectivos. La iniciativa recibió respaldo de la Joyful Heart Foundation y de LULAC, y su diseño se apoya en un análisis comparativo de los 50 estados de Estados Unidos y 21 países.

El 13 de mayo de 2026, las delegaciones del PIP en el Senado y la Cámara radicaron legislación para ordenar una pesquisa sobre un alegado esquema de intercambio de votos por drogas en instituciones correccionales de Puerto Rico, presuntamente con fines de beneficio electoral para la administración actual. El Movimiento Victoria Ciudadana también exigió transparencia ante una investigación federal que, según un reportaje de ProPublica, fue detenida sin radicación de cargos ni explicación pública.

Las alegaciones apuntan a violaciones de la privacidad de reclusos durante el proceso electoral y a presión sobre internos para votar en la primaria del PNP de 2024, según quejas documentadas ante la Comisión de Derechos Civiles. La ausencia de cargos federales tras una investigación con evidencia significativa profundiza la desconfianza en la independencia de las instituciones electorales y judiciales.

Las denuncias sobre irregularidades en el voto carcelario y el trasiego de sustancias dentro de los penales anteceden al reportaje de ProPublica, según señalaron los portavoces del PIP, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón. La Comisión de Derechos Civiles, a través de su director Ever Padilla, ya había señalado violaciones a la privacidad de los reclusos durante procesos electorales previos.

Un análisis publicado el 14 de mayo de 2026 señala que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) opera sin una definición clara de cuáles son los 'principios fundamentales' de evidencia que deben regir sus procedimientos adjudicativos, aunque la ley dispone que las Reglas de Evidencia no aplican de forma estricta.

La ausencia de criterios uniformes impide que consumidores y empresas puedan anticipar qué prueba será admitida o excluida, lo que afecta la equidad del proceso para ambas partes.

El DACO fue diseñado como un foro accesible y menos formal que los tribunales, por lo que el legislador eximió sus procesos de la aplicación estricta de las Reglas de Evidencia; sin embargo, nunca se estableció cuáles principios fundamentales de esas reglas sí aplicarían.

Moshayra Vicente, viuda del biólogo Roberto Viqueira, y el enfermero Eduardo Meléndez —absuelto en febrero por el asesinato de Viqueira— solicitaron órdenes de protección recíprocas al amparo de la Ley 284 de acecho, asuntos que fueron citados para vista el 13 de mayo en el tribunal periférico de Sabana Grande.

El conflicto legal entre ambas partes se extiende más allá del proceso penal: la viuda ya había recurrido al Tribunal de Apelaciones el 16 de marzo tras el rechazo del Departamento de Justicia a apelar el fallo absolutorio.

El juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, absolvió a Meléndez Velázquez el 6 de febrero al determinar que actuó en legítima defensa y que existía duda razonable; el Departamento de Justicia declinó apelar pese a los reclamos de la familia de Viqueira.

La oficina del alguacil del condado de Osceola, Florida, exoneró a los agentes investigados por la muerte del puertorriqueño Derik Bonet Rodríguez, ocurrida el 13 de julio de 2025, determinando que actuaron conforme al protocolo. La investigación concluyó que Bonet Rodríguez, de 31 años, murió de un paro cardiaco repentino provocado por estrés fisiológico tras recibir una descarga de taser durante un arresto.

La resolución cierra más de diez meses de pesquisa iniciada tras los pedidos de la familia de Bonet Rodríguez, quien residía en Kissimmee, sin que se imputaran cargos a los agentes involucrados. El caso suma a un patrón de incidentes de uso de fuerza policial contra puertorriqueños en la Florida Central que han generado escrutinio comunitario.

El incidente ocurrió cuando agentes observaron a Bonet Rodríguez caminando de manera errática y entrando a una vía transitada; al resistirse a la detención, le aplicaron un taser. Los informes toxicológicos, según la versión oficial, indicaron consumo de alcohol y drogas.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, respondió a un informe de El Vocero sobre la posible pérdida de hasta una tercera parte del personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por jubilaciones, asegurando que el gobierno trabaja en mejorar beneficios y retención de agentes en todas las ramas de seguridad.

Si el NIE pierde hasta un tercio de su fuerza operativa, se reduciría significativamente la capacidad investigativa de una de las unidades de seguridad especializadas del país en un momento de preocupación pública por el crimen.

Según el reportaje previo de El Vocero, el NIE enfrenta una posible ola de jubilaciones que amenaza su plantilla; Domenech indicó que hace unas semanas agencias estatales y federales se reunieron durante tres horas con la gobernadora Jenniffer González Colón para discutir estrategias de seguridad y combate al crimen.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico emitió una columna de opinión denunciando que el proceso disciplinario contra la jueza Ginny M. Vélez Carreras —quien presidió una vista de causa probable 14 días antes de la Masacre de Yauco del 24 de enero de 2024— constituyó un 'sacrificio político' en lugar de una investigación institucional honesta.

La denuncia cuestiona si la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) actuó para proteger al sistema judicial en conjunto o para responsabilizar a una sola magistrada municipal por una falla sistémica que, según la Federación, involucra a múltiples actores.

La Masacre de Yauco cobró tres vidas el 24 de enero de 2024 a manos de un individuo que permanecía en libertad tras pasar por el sistema judicial; la jueza Vélez Carreras atendió una vista de causa probable semanas antes del crimen.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, alertó el martes 12 de mayo de 2026 sobre un video falso generado con inteligencia artificial que utiliza la imagen y voz del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, para afirmar falsamente que el Gobierno garantiza ganancias de hasta $12,000 mediante una inversión mínima.

El esquema, difundido a través de una página identificada como 'Bright Horizon Daily' y simulando una entrevista del programa Primera Pregunta, representa una evolución en el fraude digital que puede engañar a consumidores con contenido de alto realismo generado por tecnología deepfake.

DACO alertó recientemente también sobre fraude mediante clonación de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico; la agencia cuenta con una Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor que monitorea contenido digital en coordinación con otras entidades.

El senador Ángel Toledo López radicó el Proyecto del Senado 1245, que propone reducir la mayoría de edad civil en Puerto Rico de 21 a 18 años y eliminar el proceso judicial de emancipación para ese grupo de edad.

De aprobarse, personas de 18 a 20 años podrían firmar contratos, comprar propiedades e iniciar negocios sin intervención judicial, equiparando su capacidad legal con la que ya tienen en ámbitos como el voto, el servicio militar y los tribunales penales.

El Código Civil de Puerto Rico fija actualmente la mayoría de edad en los 21 años, lo que lo convierte —según Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado— en la única jurisdicción del sistema estadounidense con ese umbral; 48 de los 50 estados la establecen a los 18 años.

La senadora Joanne Rodríguez Veve rechazó públicamente la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar un Fiscal Especial Independiente contra la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero Vázquez, calificándola de "errónea" y promotora de impunidad. La legisladora sostuvo que la decisión avala la divulgación de información confidencial de una querella protegida bajo ley, y que la procuradora tenía el deber de guardar absoluto silencio sobre el contenido de la querella recibida.

La reacción de Rodríguez Veve mantiene viva la presión pública sobre el caso y señala al Panel sobre el FEI como la última instancia que podría actuar con independencia; la senadora indicó que espera que el Panel actúe "con independencia de criterio y conforme al derecho aplicable".

La controversia se remonta a agosto de 2025, cuando circuló en redes sociales una querella anónima presentada ante la OPM con alegaciones de violencia de género contra Carlos Mercader, pareja de Rodríguez Veve; la senadora también presentó un referido federal alegando posibles violaciones al Violence Against Women Act (VAWA) por parte de la OPM como entidad receptora de fondos federales.

El juez Ángel D. Rivera Miranda encontró causa para arresto contra Miguel Ángel Ramos Borias, dueño del restaurante El Cerezal en Río Piedras, por presuntamente reconectar ilegalmente el servicio eléctrico luego de que LUMA Energy le cortara el suministro el 15 de febrero de 2024 por una deuda de $19,451.56. El imputado enfrenta cargos de apropiación ilegal e interferencia con contadores y sistemas de distribución, con una fianza fijada en $15,000.

El caso ilustra el impacto económico del hurto de energía sobre LUMA Energy y, por extensión, sobre la tarifa que pagan los demás clientes del sistema eléctrico de Puerto Rico.

El hurto de energía —conocido como 'punteado'— es un problema recurrente en Puerto Rico que LUMA ha señalado como factor en las pérdidas no técnicas del sistema; el Departamento de Justicia ha procesado casos similares en el pasado como parte de operativos con el consorcio.

El 11 de mayo de 2026, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró que el Departamento de Justicia acató su exigencia de retirar las citaciones mediante subpoena a los senadores del PPD, y dijo esperar los resultados de la reunión celebrada ese mismo día entre la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y los senadores Luis Javier Hernández y Marially González. Tras el encuentro, Gómez Torres anunció que evaluaría nueva información y realizaría entrevistas para determinar si procede reabrir la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

El giro de Justicia —de descartar la reapertura a considerar nuevas entrevistas tras recibir documentación de la delegación popular— mantiene abierta la posibilidad de una investigación formal contra una funcionaria del gabinete; Rivera Schatz, aunque aliado de la mayoría de gobierno, respaldó a los senadores de oposición al calificar la citación original como jurídicamente incorrecta.

Las alegaciones contra Roig Fuertes se originan en su gestión como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual en el Departamento de Salud, donde el exsecretario Carlos Mellado la vinculó a la adjudicación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente a la empresa One Source Investigations LLC. El enfrentamiento entre Justicia y el Senado escaló cuando Justicia emitió subpoenas a legisladores de minoría, Rivera Schatz fijó un ultimátum para el mediodía del lunes, y Gómez Torres retiró las citaciones el viernes previo.

El 8 de mayo de 2026, la Policía de Puerto Rico encontró el cuerpo de Jessica Morales Hernández, de 41 años, dentro de un vehículo en la carretera PR-348, en el barrio Quebrada Grande de Mayagüez; su agresor, Danny Lugo Cruz, de 48 años, también fue hallado muerto en el mismo vehículo en lo que se investiga como suicidio. El caso fue referido a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez.

Morales Hernández era madre de cuatro hijos, incluyendo dos menores de 12 y 13 años, quienes quedan en orfandad. Su muerte eleva a seis los feminicidios registrados en la isla durante 2026, ocurridos en municipios como Aguadilla, Vega Baja, Bayamón, Hatillo y Guayama.

El Observatorio de Equidad de Género señala que este caso concentra tres patrones que se repiten con frecuencia en Puerto Rico: violencia de pareja, uso de armas ilegales y orfandad por violencia de género, e insta a intervenciones coordinadas en prevención, control de armas y servicios de apoyo a familias afectadas.

La jueza federal Silvia L. Carreño Coll concedió a Jensen Medina Cardona y otros coacusados hasta el 22 de junio de 2026 para someter mociones de cambio de alegación, mientras su abogada Yanira Colón García evalúa con él una oferta de acuerdo presentada por la Fiscalía federal.

La decisión de Medina Cardona —ya convicto a nivel estatal por el asesinato de Arellys Mercado Ríos— podría determinar si el caso federal por tráfico de drogas en prisiones llega a juicio o se resuelve mediante acuerdo, lo que incidiría en el alcance de las condenas en una operación que generó 34 órdenes de arresto.

El caso federal, a cargo de la DEA, surgió de una investigación sobre trasiego de drogas dentro de las cárceles de Puerto Rico; Medina Cardona es uno de los múltiples acusados en ese proceso, separado de la causa estatal que ya lo llevó a convicción.

Tras el reportaje de ProPublica publicado el 8 de mayo de 2026 sobre la supresión de cargos electorales en el caso de drogas por votos en prisiones de Puerto Rico, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera hizo un llamamiento al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara federal para sumarse a una investigación del Congreso, mientras el representante local Héctor Ferrer Santiago presentó una resolución en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para que su Comité sobre Seguridad Pública abra su propia pesquisa. La gobernadora Jenniffer González Colón negó cualquier conducta delictiva y descartó que haya justificación para investigar el asunto.

La trama investigada por los fiscales federales habría involucrado a jefes de la pandilla Los Tiburones que obligaban a reclusos —bajo amenaza de palizas y privación de drogas— a votar por González Colón, quien obtuvo el 83 por ciento del voto carcelario frente al 41 por ciento del voto total que recibió en las elecciones generales de 2024. Hernández Rivera señala esa disparidad estadística como un indicador sospechoso que justifica escrutinio.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, militante del mismo partido que González Colón, inicialmente llamó a investigar a fondo, pero días después se retractó y descalificó el reportaje como un ataque editorial contra el Partido Republicano y Trump. La senadora del PIP María de Lourdes Santiago también exigió investigación, citando las implicaciones del alegado control partidista dentro de los centros penales.

El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela celebró su reunión número 48 con la fiscalía del Departamento de Justicia desde 2006, sin obtener nueva información que avance el caso; en mayo de 2025, la fiscal asignada había declarado el expediente cerrado administrativamente por insuficiencia de pruebas.

Documentos desclasificados a solicitud de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez aportaron 47 archivos nuevos del FBI que vinculan por nombre a Osvaldo Bencomo Robaina con la gestión del arma —una calibre 45— usada para asesinar a Muñiz Varela, evidencia que el Comité no ha compartido con Justicia ante lo que describe como un historial de encubrimiento institucional.

Carlos Muñiz Varela, organizador de Viajes Varadero y colaborador de organizaciones de cubanos en el exilio, fue asesinado en 1979; desde entonces, el FBI acumuló expedientes que permanecieron clasificados durante décadas, y varias rondas de investigación local terminaron con evidencia extraviada o fiscales que reportaban no encontrar información.

El exfiscal especial independiente César López Cintrón sostuvo que la Ley de la Opfei no aplicaba a Suzanne Roig Fuertes al momento de su presunta intervención en la otorgación de un contrato en 2021, y calificó de "chapucería" la investigación que el Departamento de Justicia archivó en octubre de 2025; no obstante, ve con buenos ojos que Justicia pondere reabrir el caso.

El señalamiento de López Cintrón aclara el marco legal bajo el cual podría procesarse el caso y refuerza el argumento de quienes reclaman una nueva investigación, mientras Roig Fuertes sigue al frente del Departamento de la Familia con pesquisas activas en la Oficina de Ética Gubernamental.

El Departamento de Justicia cerró su investigación sobre Roig Fuertes en octubre de 2025; desde entonces, legisladores —entre ellos el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández— han exigido que se reabra alegando pruebas no consideradas, y la secretaria se negó el 7 de mayo a identificar al contacto conocido como 'Baby' ante la Cámara de Representantes.

El miércoles 7 de mayo de 2026, las abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal que representan a Anthonieska Avilés Cabrera acudieron al Tribunal de Apelaciones para solicitar que el cargo de asesinato en primer grado sea desestimado y reclasificado a uno atenuado, apelando un fallo del 20 de abril de la jueza Carol Ortiz Rivera del Tribunal de Aibonito.

La distinción entre asesinato en primer grado y uno atenuado implica diferencias sustanciales en la pena que podría enfrentar Avilés Cabrera; la defensa sostiene que la Fiscalía no presentó prueba de premeditación ni de acuerdo común entre las dos coacusadas.

Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, están acusadas por la muerte de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario; la jueza Carol Ortiz Rivera ya había declarado 'no ha lugar' a la moción de desestimación presentada bajo la Regla 64 de Procedimiento Criminal.

Documentos presentados ante el Tribunal de San Juan en un caso iniciado por Physician Correctional contra el DCR revelan que la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez —quien posteriormente asesinó a Ivette Joan Meléndez— fue una determinación unilateral e ilegal del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo la dirección de la exsecretaria Ana Escobar Pabón, sin solicitud de Ley 25 ni evaluación médica requerida por el DCR. El abogado de Physician Correctional, Frank Torres Viada, presentó un documento del propio DCR denominado 'Evaluación para el Pase Extendido' que detalla la secuencia de eventos.

Durante más de dos años el DCR sostuvo públicamente que los médicos de Physician Correctional habían liberado al recluso sin evaluación adecuada; la evidencia del Departamento de Justicia contradice esa versión y tiene implicaciones directas sobre la demanda legal activa de Physician Correctional contra el DCR, cuyo contrato fue cancelado en julio de 2025 y cuya sustitución aún no está resuelta.

El DCR evalúa actualmente ocho ofertas para sustituir a Physician Correctional, que administra los servicios de salud correccional bajo un presupuesto de unos $55 millones; la disputa contractual y legal entre ambas partes se desarrolla en paralelo a la fiscalización legislativa del contrato en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela celebró su 48.ª reunión con la fiscalía del Departamento de Justicia desde 2006, sin que se haya producido avance en la investigación del asesinato; la fiscal asignada informó en mayo de 2025 que no había información suficiente para radicar acusaciones y el caso quedó cerrado administrativamente. Al margen de Justicia, solicitudes de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez al FBI resultaron en la desclasificación de 47 documentos nuevos que detallan comunicaciones sobre el arma usada para asesinar a Muñiz Varela.

Los documentos desclasificados revelan intercambios que identifican a personas concretas vinculadas a la obtención del arma del crimen, renovando la presión sobre Justicia para reabrir activamente el caso; el Comité además denuncia un patrón de evidencia extraviada o inaccesible a lo largo de varias administraciones.

Carlos Muñiz Varela, organizador de viajes a Cuba, fue asesinado en 1979; la investigación ha involucrado múltiples fiscales, rondas con el FBI y señalamientos al grupo liderado por Reynol Rodríguez González, sin que se hayan radicado cargos en más de cuatro décadas. El coordinador del Comité, Raúl Álzaga Manresa, alega que la renuencia del FBI a compartir su expediente completo podría evidenciar encubrimiento institucional.

Entre 2025 y febrero de 2026, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó varias leyes —incluyendo la Ley 122-2025, la Ley 183-2025 (ley del nasciturus) y la Ley 18-2026— que otorgan personalidad jurídica al concebido no nacido, establecen consentimiento parental obligatorio para menores y amplían la definición de asesinato para incluir la muerte del feto en cualquier etapa de gestación. Aunque ninguna prohíbe el aborto directamente, activistas y académicas argumentan que estas leyes forman un marco legal orientado a restringir progresivamente los derechos reproductivos.

Las leyes colocan al feto en una posición jurídica que puede entrar en conflicto con los derechos constitucionales de las mujeres a la dignidad, la intimidad y la igualdad, y podrían exponer a mujeres embarazadas a procesos criminales bajo las enmiendas al Código Penal. Grupos de derechos civiles advierten que el conjunto de estas legislaciones limita la autonomía reproductiva y la participación equitativa de las mujeres en la vida económica y social del país.

En el cuatrienio anterior se presentaron más de una decena de proyectos para limitar el aborto, ninguno de los cuales fue aprobado ante la resistencia de grupos de derechos humanos; en el cuatrienio actual el Partido Nuevo Progresista asumió la iniciativa legislativa en este terreno. La exposición de motivos del proyecto que dio origen a la Ley Keishla Madlane citó expresamente el descenso en la natalidad y el envejecimiento poblacional como justificación para ampliar las protecciones penales al no nacido.

La Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico celebró la cuarta edición de la Conferencia Anual Miriam Naveira Merly en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con operadores del sistema de justicia penal y periodistas debatiendo los efectos de la publicidad mediática en los procesos penales.

El foro pone sobre la mesa cómo la cobertura noticiosa —especialmente la más inflamatoria o dramática— puede influir en la percepción pública y el desarrollo de casos penales.

La conferencia lleva el nombre de Miriam Naveira Merly y va por su cuarta edición, siendo organizada por la Fundación del Tribunal Supremo como espacio de diálogo entre el sistema judicial y los medios de comunicación.

El exsecretario de Salud Carlos Mellado envió el 5 de mayo de 2026 una carta al administrador de CMS, el Dr. Mehmet Oz, solicitando una revisión formal de cumplimiento e investigación de alegadas irregularidades en la adquisición y administración de fondos federales bajo la administración actual del Departamento de Salud de Puerto Rico. El movimiento ocurre días después de que Mellado compareciera brevemente —menos de 15 minutos— ante el Departamento de Justicia en respuesta a una citación del fiscal José Villamarzo Rodríguez relacionada con su declaración jurada sobre presuntas presiones para contratar a Intervoice Communication of Puerto Rico.

Al escalar el asunto directamente a CMS —la agencia federal que financia el HIE a través de fondos de Medicaid— Mellado añade un frente federal a una investigación que ya involucra al FBI, al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a figuras como el secretario de la Gobernación Francisco Domenech y el exsenador Kenneth McClintock por sus vínculos con Politank.

En su declaración jurada del 24 de marzo de 2026, Mellado señaló a representantes de Politank —Domenech y McClintock— como personas que intentaron influir en procesos competitivos del Departamento de Salud. La investigación fue anunciada por la gobernadora Jenniffer González Colón tras la controversia generada por esa declaración jurada, y el contrato de Intervoice con CMS, por $29.8 millones a seis años, permanece pendiente del aval de la Junta de Supervisión Fiscal.

El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela se reunió por 48.ª vez con la fiscalía del Departamento de Justicia desde 2006, sin que el caso haya producido acusaciones; la fiscal asignada cerró la investigación administrativamente en mayo de 2025 por insuficiencia de pruebas. Documentos desclasificados a petición de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez aportaron 47 archivos nuevos del FBI que revelan detalles sobre el arma usada y los presuntos responsables.

Los nuevos documentos del FBI, cruzados entre sí, permiten identificar nombres antes tachados y establecer vínculos entre sospechosos, lo que el comité considera evidencia de encubrimiento activo; la secretaria de Justicia Lourdes Gómez no ha designado un fiscal activo al caso tras el cierre administrativo.

Carlos Muñiz Varela, organizador de viajes a Cuba, fue asesinado en 1979; desde entonces el Departamento de Justicia y el FBI han acumulado décadas de reuniones, evidencia extraviada en pasillos y solicitudes de información negadas, sin que nadie haya sido imputado formalmente.

El miércoles 6 de mayo de 2026, la fiscal Myriam Nieves Vera indicó que el Ministerio Público no descarta acudir al Tribunal de Apelaciones tras la orden del juez Juan Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, que le concedió 10 días para notificar qué prueba o peritos usará para refutar la alegación de inimputabilidad de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La decisión de apelar o acatar la orden podría determinar el rumbo del proceso judicial en uno de los casos criminales de mayor atención pública reciente en Puerto Rico, y establecería precedente sobre las obligaciones del Ministerio Público ante alegaciones de inimputabilidad.

Las Reglas de Procedimiento Criminal disponen que tanto la Fiscalía como la defensa deben anunciar mediante moción la prueba que utilizarán para refutar una alegación de inimputabilidad; la consulta final la tomará la Oficina del Procurador General Omar Andino Figueroa, entidad que representa al Estado ante los tribunales apelativos.

El Poder Judicial de Puerto Rico conmemoró el 30mo aniversario del Programa Drug Courts en una actividad en el Centro Judicial de Caguas, donde la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, reconoció a más de 30 funcionarios con más de 15 años de servicio en el programa.

Desde su inicio en 1996, el programa ha logrado la rehabilitación y reinserción social de sobre 9,000 personas acusadas de delitos no violentos vinculados al consumo de sustancias controladas o abuso de alcohol.

El Poder Judicial lanzó los Drug Courts en 1996 bajo un modelo de justicia terapéutica en el que jueces participan activamente en los procesos de tratamiento; el programa opera de forma colaborativa entre el Poder Judicial y diversas entidades gubernamentales y de asistencia legal.

El 5 de mayo de 2026, el juez Elmer Rodríguez Díaz, del Centro Judicial de Bayamón, sentenció a Luis Meléndez Pagán y Suhely Rivera Guzmán —padre y madrastra de una adolescente de 17 años— a participar en un programa de desvío por no menos de un año, tras declararse culpables de maltrato de menores. Las tres hermanastras de la víctima también se declararon culpables en el mismo caso.

El programa de desvío, amparado en la Ley 57-2023 para la Prevención del Maltrato de Menores, permite que los acusados eviten la cárcel siempre que cumplan los requisitos impuestos; de hacerlo, el caso se archiva sin convicción permanente.

Los cargos originales por restricción a la libertad fueron archivados el 1 de abril de 2026 mediante un acuerdo con el Ministerio Público, conservándose solo los de maltrato de menores; la formulación inicial de 15 cargos había ocurrido el 30 de enero de 2026.

El portavoz popular del Senado, Luis Javier Hernández, solicitó al Departamento de Justicia la lista de casos archivados y copia de cada Orden de Cierre y Archivo, luego de revelarse que la secretaria Lourdes Gómez firmó el 3 de septiembre de 2025 la Orden Administrativa 2025-29, que acelera el posible cierre de investigaciones con al menos dos años de iniciadas ante la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. El Senado le dio a Justicia tres días laborables para cumplir.

La orden afecta directamente investigaciones de integridad pública y corrupción gubernamental que podrían cerrarse sin procesamiento, lo que plantea preguntas sobre la rendición de cuentas en el sistema de justicia de Puerto Rico.

La Orden Administrativa 2025-29 exige que todo caso pendiente en la DIPAC por más de dos años sea sometido ante la secretaria de Justicia con un informe detallado que incluya el estado de la prescripción, la prueba recopilada y las razones para la demora, abriendo la puerta a su archivo.

El comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González Cordero, reveló que en menos de tres semanas se radicaron 36 querellas por mensajes amenazantes escritos en baños de planteles escolares, una tendencia originada en redes sociales. Se han reportado casos en Coamo, Orocovis, Humacao y Aguada, entre otros municipios.

Aunque la Policía y el FBI determinaron que ninguno de los incidentes representa una amenaza real, cada caso se investiga como tal y puede acarrear consecuencias penales tanto para los estudiantes responsables como para sus padres.

La modalidad forma parte de un reto viral en redes sociales que consiste en escribir mensajes de advertencia sobre supuestos tiroteos en los baños de escuelas; el Departamento de Educación ha respondido reforzando la seguridad interna y desplegando equipos SRT en los planteles.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó el 4 de mayo de 2026 que los incidentes de violencia que involucran a menores han aumentado en lo que va del año: la SAIC reportó 172 intervenciones con jóvenes, 73 más que en el mismo período del año anterior, y seis menores han sido asesinados.

El incremento afecta a menores tanto como víctimas —incluyendo dos muertes vinculadas al narcotráfico y un caso de maltrato— como sospechosos de delitos, lo que llevó al superintendente a anunciar que explorará con el Departamento de Justicia procesar a organizaciones criminales que recluten jóvenes para el narcotráfico o la trata humana.

La Policía de Puerto Rico ha mantenido coordinación con agencias federales en casos de trata humana, pero el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales como tendencia sistemática representa un eje de discusión más reciente entre las autoridades estatales y federales.

El columnista Alejandro Santiago Calderón publicó un artículo de opinión señalando que casos recientes de niñas, niños y jóvenes hallados en condiciones de cautiverio, malnutrición y aislamiento extremo revelan una modalidad de maltrato —la tortura intrafamiliar— que permanece sin reconocimiento en las leyes y estadísticas oficiales de Puerto Rico.

La ausencia de una categoría legal específica para la tortura intrafamiliar significa que los casos más graves pueden quedar clasificados bajo figuras más genéricas, lo que afecta tanto la persecución penal como el registro estadístico del fenómeno.

En Puerto Rico, el marco legal e institucional del maltrato infantil se ha articulado históricamente en torno a categorías de negligencia y abuso físico, sin distinguir la intencionalidad sistemática que caracteriza a la tortura como práctica diferenciada.

La jueza federal Aida Delgado Colón rechazó el acuerdo entre la fiscalía y el empresario Ramón Salvador Delgado Gómez, de 41 años, que recomendaba una sentencia de tres años y cinco meses por un esquema de fraude que afectó a más de 500 inversionistas por sobre $14 millones. La jueza otorgó 30 días a las partes para presentar información sobre el mecanismo de restitución.

El rechazo del acuerdo abre la posibilidad de una sentencia más severa, dado que Delgado Gómez enfrenta 18 cargos criminales pero el acuerdo solo contemplaba culpabilidad por uno. Más de 500 víctimas aguardan alguna forma de restitución por los fondos perdidos.

Delgado Gómez captó dinero prometiendo retornos de 10% semanal mediante supuestas inversiones en Forex, mercado de divisas descentralizado. El caso involucra uno de los fraudes a inversionistas de mayor escala procesados recientemente en la corte federal de Puerto Rico.

La Legislatura de Puerto Rico tiene radicados dos proyectos para derogar la Ley 54, el estatuto de violencia doméstica aprobado hace casi 37 años. Líderes feministas analizan la implantación de la ley y cuestionan las enmiendas propuestas.

La Ley 54 ha sido el principal marco legal de protección contra la violencia doméstica en Puerto Rico y, según sus defensoras, ha salvado la vida de miles de mujeres; su derogación eliminaría esas protecciones.

El debate surge años después de los feminicidios de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, casos que generaron movilización pública masiva y campañas gubernamentales contra la violencia machista en la isla.

El 1 de mayo de 2026 comenzó el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario; la defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, señaló inconsistencias en la investigación policial tras el testimonio de los primeros tres agentes, incluyendo que la escena del crimen fue custodiada una hora después de los hechos.

Las alegadas fallas en la cadena de custodia y en las notas de los agentes que atendieron el caso en la madrugada del 11 de agosto de 2025 podrían afectar la solidez de la prueba del Ministerio Público ante el jurado.

Cabrera Rivera es una de dos coacusadas —junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera— por el asesinato con arma blanca de Pratts Rosario, de 16 años, en el desvío Roberto Colón de Aibonito; ambas se declararon no culpables y enfrentarán procesos judiciales por separado.

El Senado aprobó un proyecto de ley que trasladaría al Tribunal de Primera Instancia los conflictos de condominios que actualmente atiende el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La medida avanzó a pesar de las reservas expresadas por el Poder Judicial.

El cambio afectaría a miles de residentes en comunidades de condominios a lo largo de Puerto Rico, quienes tendrían que acudir a los tribunales regionales —en lugar de una agencia administrativa— para resolver disputas sobre su vivienda.

Hasta ahora, el DACO ha fungido como el foro administrativo principal para atender controversias entre condóminos, juntas de directores y administradores de condominios, un rol que este proyecto le transferiría al sistema judicial.

El 1 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia remitió formalmente al Senado 240 páginas del expediente del caso núm. 2022-31-102-0022, relacionado con la investigación a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por actuaciones durante su tiempo como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual en el Departamento de Salud. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que la entrega incluyó también copia de la Orden de Cierre y Archivo del Caso y se completó en menos de 24 horas tras la petición del Senado.

La entrega documenta que la investigación cerró sin referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) porque el cargo que ocupaba Roig Fuertes en Salud no estaba enumerado en la Ley Núm. 2 de 1988; la controversia gira además en torno a un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente en el que, según el exsecretario de Salud Carlos Mellado, Roig Fuertes intervino condicionando el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC prestara los servicios.

El Departamento de Justicia confirmó el día anterior al Senado que del expediente no surgía que Roig Fuertes supiera que era objeto de investigación mientras el cuerpo consideraba confirmar su nombramiento; la coincidencia entre el archivo del caso el 30 de octubre de 2025 y la recomendación de ascenso de la fiscal a cargo ese mismo día ya había generado cuestionamientos sobre la independencia del proceso investigativo.

Un gran jurado federal presentó cargos contra José M. Ayala Rivera, Erick Osorio Rivera y Bianca Vidal Vázquez Millán por operar presuntamente una red de venta ilegal de armas de fuego entre Massachusetts y Puerto Rico, entre octubre de 2024 y agosto de 2025. Según la acusación, los acusados usaban el servicio Priority Mail del Servicio Postal para enviar las armas a la isla sin licencia.

El caso expone el uso del correo postal federal como canal de tráfico de armas hacia Puerto Rico, un mecanismo que elude controles tradicionales de importación y distribución de armas.

El jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, confirmó los cargos junto a los titulares de la ATF y del Servicio de Inspección Postal (USPIS), lo que indica una investigación coordinada entre múltiples agencias federales.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó al Senado que no refirió a la Opfei el expediente sobre Suzanne Roig Fuertes porque el cargo que ocupaba entonces —directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud— no figura entre los enumerados en la Ley 2-1988 que activan ese procedimiento. Gómez Torres también certificó que Roig Fuertes no fue notificada del inicio ni del cierre de la investigación, correspondiente al caso 2022-31-102-00022.

La aclaración responde a un requerimiento del Senado sobre las irregularidades vinculadas a una contratación durante los años 2021 a 2025, cuando Roig Fuertes trabajaba en Salud, y llega mientras ella ocupa el cargo de secretaria de la Familia, puesto de primer nivel que sí estaría sujeto a la Opfei.

La Ley 2-1988 crea la Opfei y obliga a Justicia a referirle investigaciones preliminares sobre funcionarios de primer nivel —secretarios, subsecretarios, alcaldes, legisladores, jueces, entre otros— para que el panel decida si asigna un fiscal especial independiente; cargos de nivel inferior quedan fuera de ese mecanismo.

El Departamento de Justicia certificó formalmente al Senado que no existe constancia de que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuentes, fuera notificada como persona de interés en investigaciones vinculadas a sus funciones previas en el Departamento de Salud entre 2021 y 2025. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó además que el caso no fue referido a la OPFEI porque el puesto que ocupaba Roig Fuentes no estaba entre los cubiertos por la Ley Núm. 2 de 1988.

La certificación responde a cuestionamientos sobre si Roig Fuentes debió haber revelado una investigación en su contra al ser designada a su cargo actual; la controversia gira en torno a un contrato del Departamento de Salud que pagaba $60,000 mensuales por el cuido de un solo paciente, cuando servicios similares suelen costar alrededor de $5,000 mensuales.

Las alegaciones surgieron a partir de declaraciones del exsecretario de Salud Carlos Mellado, quien señaló que Roig Fuentes habría intervenido en la adjudicación de ese contrato y condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC prestara los servicios de cuido y seguridad.

El Tribunal de Caguas encontró causa probable para aprehensión contra un adolescente que pintó un grafitti con el mensaje 'el 21 de abril, tiroteo' en un plantel escolar, convirtiéndose en el primer caso de falsas amenazas escolares que llega a un tribunal. La procuradora de menores Mariela Goyco presentó tres faltas bajo el Código Penal, y la jueza Nereida Salva dejó al menor bajo custodia de sus padres.

Las autoridades han identificado más de 20 incidentes de falsas amenazas escritas en predios escolares en Puerto Rico, y este proceso judicial marca el inicio de consecuencias legales formales para los responsables. En tres casos ya se han identificado menores vinculados a las faltas.

La ola de mensajes amenazantes en escuelas de Puerto Rico generó alarma en múltiples planteles y activó investigaciones policiales a través de la isla. El inspector Carlos Alicea Contreras confirmó avances en la identificación de estudiantes responsables en al menos tres de los casos.

El senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la minoría del PPD, solicitó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que certifique si el Departamento de Justicia le entregó el informe de cierre de una investigación sobre la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionada con la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales durante su gestión en el Departamento de Salud.

La Ley 2 de 1988 obliga al Departamento de Justicia a rendir un informe detallado al PFEI cada vez que conduzca una investigación preliminar; si ese trámite no se cumplió, la pesquisa sobre Roig Fuertes podría haber quedado fuera del escrutinio independiente que exige la ley.

Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud cuando se le atribuyeron las presuntas irregularidades contractuales; actualmente ocupa el cargo de secretaria del Departamento de la Familia, lo que sitúa el caso en la jurisdicción del PFEI.

El exsecretario de Salud Carlos Mellado compareció el miércoles 29 de abril de 2026 en el Departamento de Justicia, acompañado del abogado Jorge Gordon, en respuesta a una citación vinculada a una declaración jurada del 24 de marzo en la que reveló presuntas presiones de ejecutivos de Politank —incluido el secretario de la Gobernación Francisco Domenech— para favorecer un contrato con Intervoice Communication of Puerto Rico. Mellado permaneció menos de 15 minutos en la sede de Justicia en Hato Rey y se limitó a decir que no haría comentarios.

La comparecencia conecta directamente a Domenech —jefe del gabinete de la gobernadora Jenniffer González— con una pesquisa activa del Departamento de Justicia sobre contratos del Programa Medicaid del Departamento de Salud, luego de que Mellado también alertara al FBI y a la Oficina del Inspector General federal sobre presuntas irregularidades con ese contrato.

Mellado firmó la declaración jurada el 24 de marzo y ese mismo día el Senado en Comisión Total interrogó a Domenech sobre el contrato de Intervoice; Domenech fue propietario de Politank hasta diciembre de 2024, cuando asumió como secretario de la Gobernación, y Kenneth McClintock sigue siendo ejecutivo de la firma. El martes 28 de abril, Domenech indicó que la citación a Mellado surgió a petición de La Fortaleza.

El caso contra Aneysha K. Crespo Mandry, arrestada en 2025 con un dispositivo taser en un estacionamiento en Puerto Nuevo, concluyó con un acuerdo en el Tribunal de San Juan que incluye una multa de $2,000, la reclasificación de dos cargos graves a menos graves, y una disculpa pública de la acusada a los policías involucrados.

El acuerdo pone fin a un caso que generó atención pública por el uso de fuerza policial contra una mujer en un estacionamiento; la reclasificación de los cargos redujo significativamente las consecuencias penales para la acusada.

El arresto de Crespo Mandry en 2025 captó atención mediática tras circular imágenes del incidente en Puerto Nuevo; su defensa, a cargo del licenciado Adán Carlos Rivera Ramos, inició las negociaciones con el Ministerio Público que llevaron al acuerdo confirmado por la fiscal María del Mar Ortiz.

La semana pasada, una pareja fue hallada sin vida en el residencial Jardín del Edén en Coamo, y días después otro vecino apareció baleado dentro de su vehículo. Tras declarar públicamente que en el municipio existe una guerra entre pandillas vinculadas al narcotráfico, el alcalde Juan Carlos "Tato" García Padilla recibió amenazas de muerte.

Las amenazas contra un funcionario electo por señalar actividad criminal representan un escalamiento en la presión que el crimen organizado ejerce sobre el liderato municipal en Puerto Rico.

Coamo ha registrado múltiples asesinatos en lo que va de 2026; García Padilla atribuyó la violencia a jóvenes vinculados al narcotráfico que, según él, imitan dinámicas de series sobre el crimen organizado.

El 29 de abril de 2021 se emitió la primera Alerta Rosa en Puerto Rico al desaparecer Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años, caso que junto al de Andrea se convirtió en detonante de demandas de cambio institucional. Cinco años después, investigaciones del Observatorio de Equidad de Género identifican al menos otros 10 feminicidios íntimos que comenzaron con desapariciones, exponiendo fallas persistentes en el manejo de esos casos.

El patrón documentado sugiere que las desapariciones de mujeres continúan sin recibir respuesta oportuna, lo que según el Observatorio de Equidad de Género ha antecedido a feminicidios íntimos en repetidas ocasiones desde 2021.

La Alerta Rosa se activó por primera vez precisamente la noche del 29 de abril de 2021 en el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, marcando un hito en los mecanismos de alerta temprana del país; sin embargo, los datos del Observatorio de Equidad de Género apuntan a que las fallas estructurales en la investigación de desapariciones se han mantenido.

Más de 275 estudiantes de la Región Educativa de Arecibo participaron del evento 'Relaciones de Pares Saludables', organizado por el teniente Joel D. García Echevarría y la agente Tania E. Cortés Correa del Precinto 107 y el CIC, respectivamente, con el propósito de prevenir la delincuencia juvenil mediante testimonios de jóvenes confinados.

La iniciativa expone directamente a estudiantes a las consecuencias de conductas delictivas a temprana edad, buscando incidir en decisiones antes de que ocurran.

El teniente García Echevarría y la agente Cortés Correa desarrollan este proyecto por tercer año consecutivo; el alcalde Carlos R. Ramírez Irizarry respaldó públicamente la actividad.

El secretario Edwin González Montalvo confirmó el martes 28 de abril de 2026 que el DTOP acatará la orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que mantuvo vigente el mandato de entregar los documentos relacionados con una solicitud federal de datos personales de conductores inmigrantes. González Montalvo indicó que la agencia aguarda por el análisis del Departamento de Justicia antes de actuar.

La orden obliga al DTOP a revelar un alegado subpoena del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría exponer cómo el gobierno de Puerto Rico manejó una petición federal sobre datos de conductores inmigrantes en el estado.

La ACLU de Puerto Rico presentó una demanda el 1 de octubre de 2025 tras la negativa de González Montalvo a cumplir con una solicitud de acceso a información pública; tribunales inferiores ya habían concluido que el alegado subpoena de ICE es un documento público antes de que el DTOP recurriera sin éxito al Supremo.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó cinco piezas legislativas el 28 de abril de 2026, entre ellas la 'Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos', de autoría del presidente de la Cámara Carlos 'Johnny' Méndez. También vetó otras dos medidas.

La nueva ley reconceptualiza el albergue como espacio de protección real para víctimas de delitos y testigos cooperadores, buscando asegurar su participación en procesos investigativos y judiciales sin riesgo para ellos ni su núcleo familiar.

La medida reemplaza o actualiza el marco legal existente sobre albergue a víctimas, retomando el propósito original de la figura del albergue y alineándola con la política pública de seguridad del gobierno. González Colón también envió al Senado nuevos nombramientos judiciales y uno para la Comisión Industrial.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, confirmó el 28 de abril de 2026 que publicará la información contributiva del exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, luego de que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Apelativo fallaran a favor de una solicitud del Senado.

La divulgación busca determinar si Sagardía emitió formularios W-2 y/o 480.6SP para los años contributivos 2024 y 2025, lo que puede revelar si realizó pagos a empleados o por servicios prestados durante ese periodo.

Hacienda inicialmente se negó a revelar los datos alegando confidencialidad y derecho a la intimidad, pero los tribunales fallaron a favor del Senado; la controversia escaló tras comentarios de Sagardía sobre el senador Thomas Rivera Schatz.

El 28 de abril de 2026, Kaleb Casablanca Rivera, Billy González Robles y Christopher O. González Robles se declararon culpables en el Tribunal de Mayagüez por el tiroteo del 1 de agosto de 2025 en la discoteca Palem que causó la muerte de Jonathan Cruz González, de 19 años, y dejó a cinco estudiantes universitarios heridos.

Casablanca Rivera, señalado como el tirador, se expone a 108 años de cárcel por asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato y violaciones a la Ley de Armas; los hermanos González Robles se exponen a 16 años cada uno por cargos de armas y encubrimiento.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra los tres imputados el 6 de noviembre de 2025, y la jueza Geysa Villarubia Rivera determinó causa para juicio tras evaluar la prueba; las declaraciones de culpabilidad se produjeron mediante acuerdo con el Ministerio Público aprobado por los familiares de las víctimas.

El lunes, Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set Club, testificó ante un juez que los propietarios Antonio y Maribel Espaillat tenían pleno conocimiento del deterioro de la estructura, pues él les enviaba fotos y videos de los problemas. El testimonio ocurre durante la fase final del juicio preliminar por el colapso que mató a 236 personas aproximadamente un año antes de la fecha de publicación.

El testimonio refuerza el argumento de los abogados de las familias afectadas para elevar los cargos de homicidio involuntario a homicidio voluntario, lo que implicaría consecuencias penales significativamente más graves para los propietarios. Un juez decidirá el viernes si hay pruebas suficientes para celebrar un juicio.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set Club causó 236 muertes y derivó en cargos penales contra los hermanos Espaillat. Decenas de abogados que representan a familias de víctimas participan en el proceso, y algunos de estos familiares han expresado quejas sobre la lentitud del procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó —'no ha lugar'— la petición del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para revertir la orden de tribunales inferiores que clasificaron como documento público el subpoena que ICE le envió a la agencia. La orden que obliga al DTOP a divulgar ese documento quedó vigente.

El subpoena en cuestión supuestamente condujo a que el DTOP entregara voluntariamente a ICE datos personales de miles de inmigrantes a quienes el gobierno de Puerto Rico les había prometido confidencialidad bajo la Ley 97 de 2013.

La ACLU de Puerto Rico radicó la demanda original que dio inicio al caso; tanto el tribunal de primera instancia como foros apelatorios intermedios habían fallado en contra del DTOP antes de que la agencia recurriera al Supremo.

El 28 de abril, la delegación del PPD en el Senado, encabezada por su portavoz Luis Javier Hernández, exigió a la secretaria de Justicia Lourdes Gómez que reabra una investigación archivada en octubre de 2024 contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionada con un referido de 2022. Hernández exigió además la renuncia de Roig Fuertes y, de no ocurrir, emplazó a la gobernadora Jenniffer González a destituirla.

La controversia gira en torno a si Roig Fuertes ocultó al Senado, bajo juramento durante su proceso de confirmación, que tenía una investigación administrativa activa; el asunto también involucra un contrato de $60,000 mensuales que, según el programa Rayos X de Telemundo, habría estado condicionado a subcontratar a la empresa One Source Investigations.

El referido original contra Roig Fuertes data de 2022, cuando dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; la investigación fue archivada por el Departamento de Justicia en octubre de 2024, y el Departamento de Salud entregó esta semana a la minoría popular copia del expediente administrativo.