Legisladores y activistas exigen investigación tras reportaje de ProPublica sobre trama electoral en cárceles
Tras el reportaje de ProPublica publicado el 8 de mayo de 2026 sobre la supresión de cargos electorales en el caso de drogas por votos en prisiones de Puerto Rico, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera hizo un llamamiento al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara federal para sumarse a una investigación del Congreso, mientras el representante local Héctor Ferrer Santiago presentó una resolución en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para que su Comité sobre Seguridad Pública abra su propia pesquisa. La gobernadora Jenniffer González Colón negó cualquier conducta delictiva y descartó que haya justificación para investigar el asunto.
La trama investigada por los fiscales federales habría involucrado a jefes de la pandilla Los Tiburones que obligaban a reclusos —bajo amenaza de palizas y privación de drogas— a votar por González Colón, quien obtuvo el 83 por ciento del voto carcelario frente al 41 por ciento del voto total que recibió en las elecciones generales de 2024. Hernández Rivera señala esa disparidad estadística como un indicador sospechoso que justifica escrutinio.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, militante del mismo partido que González Colón, inicialmente llamó a investigar a fondo, pero días después se retractó y descalificó el reportaje como un ataque editorial contra el Partido Republicano y Trump. La senadora del PIP María de Lourdes Santiago también exigió investigación, citando las implicaciones del alegado control partidista dentro de los centros penales.
Este episodio revela cómo las lealtades partidistas y la cadena de mando federal pueden condicionar la rendición de cuentas en Puerto Rico, donde el voto carcelario y la supervisión federal del sistema judicial son elementos estructurales del debate democrático.