Energía e infraestructura

El 5 de junio de 2026, un panel del Primer Circuito de Apelaciones integrado por los jueces Sandra L. Lynch, William J. Kayatta Jr. y Joshua D. Dunlap dedicó gran parte de una vista oral a cuestionar si LUMA Energy tiene legitimación para apelar la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que permitió continuar en los tribunales de Puerto Rico la demanda de DACO, la cual impugna cláusulas del contrato de operación que limitaban las reclamaciones de consumidores por daños causados por apagones. El panel no emitió una determinación inmediata.

Si el Primer Circuito concluye que LUMA carece de legitimación para apelar, quedaría firme la orden de Swain que devuelve el caso a los tribunales de Puerto Rico, donde el Tribunal Supremo ya resolvió en diciembre de 2025 —de forma unánime— que la AEE no tenía autoridad legal para otorgarle inmunidad a LUMA frente a reclamaciones por negligencia; eso abriría la puerta a que miles de clientes puedan reclamar daños a sus enseres directamente al operador privado.

La demanda fue presentada por DACO durante la incumbencia de Valerie Rodríguez Erazo e impugna disposiciones del Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) que, según la agencia, limitaban indebidamente el derecho de los consumidores a reclamar daños por interrupciones del servicio. LUMA argumenta que la decisión de Swain altera los derechos contractuales pactados con la AEE, entidad que permanece bajo reestructuración al amparo del Título III de PROMESA.

El gobierno federal asignó a Genera PR la ejecución de proyectos de microredes en Vieques y Culebra, financiados con fondos de mitigación de FEMA. En Vieques se instalarán cuatro nuevas unidades generadoras con aproximadamente 12 megavatios de capacidad; en Culebra se modernizarán los sistemas de protección y control de la planta existente.

Ambos municipios isla dependen de cables submarinos vulnerables a eventos atmosféricos, lo que los hace especialmente susceptibles a apagones prolongados; las microredes les darían capacidad de generación local independiente durante emergencias.

Vieques y Culebra han enfrentado históricamente una infraestructura eléctrica precaria agravada por huracanes y la dependencia de enlaces submarinos con Puerto Rico; el proyecto se desarrollará en coordinación con FEMA, la COR3, la AEE y LUMA Energy.

La administración del presidente Donald Trump negó extender los fondos de FEMA destinados a Puerto Rico hasta el año 2035, según reportes del 5 de junio de 2026.

La extensión de esos fondos federales es clave para financiar la reconstrucción de infraestructura crítica —incluyendo energía, agua y vivienda— aún pendiente tras los huracanes de años anteriores; su negación pone en riesgo proyectos en ejecución y por ejecutar.

Puerto Rico ha dependido de fondos de FEMA para sostener la recuperación de desastres naturales; organizaciones boricuas ya llevaron a FEMA a los tribunales por disputas relacionadas con proyectos de energía renovable, lo que refleja una relación tensa y litigiosa entre la isla y la agencia federal.

Grupos de bonistas y acreedores de la AEE presentaron recursos de apelación ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para revertir una decisión de la jueza Laura Taylor Swain, quien el 20 de mayo de 2026 denegó una moción para levantar parcialmente la paralización de procesos en el caso de quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa.

Los bonistas alegan que no han tenido oportunidad de argumentar sobre un presunto uso indiscriminado de los ingresos netos generados por la venta de electricidad en Puerto Rico, lo que mantiene activa una disputa sobre quién controla esos fondos dentro del proceso de quiebra de la AEE.

La AEE se encuentra en proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III de la Ley Promesa, supervisado por la jueza Swain en la corte federal de quiebras; los bonistas han buscado por distintas vías asegurar protecciones sobre los ingresos de la corporación pública.

La Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Construction para instalar 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, en Salinas. La aprobación llegó tras exigir modificaciones en plazos de construcción, costo por kilovatio-hora, garantías de cumplimiento y manejo de combustible.

El proyecto forma parte de un plan del gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón para incorporar entre 2,500 y 3,000 megavatios de nueva generación eléctrica con miras a atender el déficit energético de la isla y facilitar la transición hacia un sistema 100% renovable para 2050.

El Negociado de Energía rectificó la iniciativa, que prioriza unidades flexibles compatibles con energías renovables además de plantas a gas; Reyes Construction es una empresa local con trayectoria en construcciones eléctricas, mientras que Enchanted Rock, con sede en Texas y especializada en micro-redes, recientemente comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo EROC.

Varias organizaciones de abogacía de Estados Unidos se unieron para defender el dictamen del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que ordenó a FEMA preparar una declaración de impacto ambiental sobre el uso de más de $10,000 millones asignados para reconstruir la red eléctrica del archipiélago. El caso, incoado por nueve entidades puertorriqueñas, se encuentra ahora ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

La decisión podría sentar un precedente sobre si FEMA está obligada a evaluar el impacto ambiental antes de destinar fondos federales a proyectos de energía en Puerto Rico, lo que afectaría el rumbo de la reconstrucción del sistema eléctrico y el desarrollo de energía renovable en el archipiélago.

El pleito original fue presentado por nueve entidades puertorriqueñas y logró un dictamen favorable en el Tribunal de Distrito de Hato Rey; FEMA apeló esa decisión ante el Primer Circuito.

El 4 de junio de 2026, LUMA Energy presentó dos mociones de emergencia ante el Primer Circuito en Boston para paralizar la devolución a tribunales de Puerto Rico de las demandas que buscan invalidar la extensión de su contrato, luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain denegara el 1 de junio esa paralización pero extendiera la suspensión temporal hasta el 22 de junio. Las demandas fueron presentadas por la gobernadora Jenniffer González Colón, la AAPP y la AEE, alegando que la extensión contractual aprobada en noviembre de 2022 violó disposiciones de la Ley 120 de 2018, la Ley 29 de 2009 y el Código Civil.

De no concederse la paralización antes del 22 de junio, los casos regresarían al foro estatal, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico podría resolver la validez de la extensión contractual antes de que el Primer Circuito actúe; LUMA advierte que una determinación adversa podría terminar abruptamente el acuerdo operacional sin un operador privado alterno disponible para asumir el sistema eléctrico.

El gobierno presentó las impugnaciones más de tres años después de firmarse la extensión contractual y tras un cambio de administración; LUMA sostiene que el caso plantea asuntos jurídicos novedosos sobre el alcance de PROMESA y la jurisdicción federal en controversias vinculadas a la reestructuración de la AEE bajo el Título III.

El 3 de junio de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal autorizó la ejecución del contrato adjudicado al consorcio encabezado por Power Expectations para instalar 400 MW de generación temporera en la central Aguirre, tras concluir que la AEE y la Oficina Independiente de Adquisiciones atendieron todas las condiciones impuestas el 8 de mayo.

El contrato añadiría una capacidad significativa al sistema eléctrico de Puerto Rico en un plazo de 90 a 150 días para alcanzar operación comercial, con penalidades por retrasos, garantías de cumplimiento y uso de gas natural licuado como combustible principal.

La JSF había condicionado su aprobación inicial el 8 de mayo a cambios en la ejecución del proyecto, garantías financieras y manejo de combustible; la versión revisada del contrato incorpora esas exigencias, incluida una estructura formal de 'Performance Bond' y restricciones al uso de diésel solo para emergencias.

El 3 de junio de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó el contrato de 400 MW con Power Expectations con una modificación clave en la estructura de precios: en lugar del valor fijo de 22 centavos por kilovatio hora que figuraba en el borrador previo, se estableció un 'cargo operacional' de 16 centavos sujeto a reembolsos asociados al costo del combustible.

El nuevo mecanismo de precios incorpora salvaguardas sobre la compensación y distribución de costos de combustible, lo que puede afectar el costo final que absorba la AEE —y, por extensión, los abonados— dependiendo de la volatilidad del mercado de combustibles.

La JSF había condicionado su aprobación inicial el 8 de mayo a una serie de modificaciones contractuales; la revisión de la estructura de precios es parte de esos cambios exigidos antes de autorizar la ejecución formal del contrato para añadir generación temporera en la central Aguirre.

El alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz inauguró el 2 de junio de 2026 la segunda estación municipal de recarga de vehículos eléctricos, ubicada en el área de Los Tráilers junto al estacionamiento del tren urbano, con una inversión de $496,000 en fondos federales. Las estaciones son de nivel 3 ('fast charge') y cobrarán 51 centavos por kilovatio-hora, tarifa destinada únicamente al mantenimiento del sistema y al pago a LUMA.

La estación amplía la infraestructura pública de carga eléctrica en Puerto Rico, donde se estima que circulan aproximadamente 20,000 vehículos eléctricos. Una carga completa de ejemplo costaría alrededor de $40 y tomaría unas 2.5 horas, frente a tiempos más largos en cargadores de menor nivel.

La primera estación municipal de Bayamón fue instalada en el Complejo Deportivo del Estadio Juan Ramón Loubriel, integrada a un sistema de 1,700 placas solares que producen unos 90,000 kilowatts mensuales. Ambas iniciativas forman parte de los esfuerzos municipales por incorporar energía renovable y movilidad eléctrica en la infraestructura pública.

El director ejecutivo de LUMA Energy, José Pérez Vélez, confirmó que la empresa apelará la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de no paralizar las demandas estatales presentadas por la gobernadora Jenniffer González, la AAPP y la AEE para invalidar el contrato suplementario otorgado a LUMA en 2022.

LUMA busca trasladar la litigación al tribunal de quiebras bajo el Título III de la Ley Promesa, lo que determinaría en qué foro —estatal o federal— se decide la validez del contrato que rige la operación de la red eléctrica de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González y las autoridades gubernamentales presentaron demandas para anular el contrato suplementario firmado con LUMA en 2022; el Primer Circuito de Apelaciones de Boston evalúa un recurso paralelo de LUMA sobre la misma controversia jurisdiccional.

La directora ejecutiva de la AEE, la ingeniera Mary C. Zapata Acosta, reiteró que LUMA Energy tiene a su cargo la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica desde el 1 de junio de 2021, y que las decisiones sobre relevos de carga y gestión de interrupciones recaen sobre esa empresa. La aclaración llegó un día después de que la Contralora revelara deficiencias millonarias en el manejo de cuentas de la AEE y LUMA Energy.

La aclaración delimita responsabilidades ante los apagones para 1.3 millones de abonados: la AEE se mantiene como dueña de los activos, pero LUMA Energy responde por la operación diaria y la facturación.

La Ley 17-2019 ordenó transferir las funciones de operación y mantenimiento del sistema eléctrico a operadores privados; la supervisión de los contratos con LUMA Energy y Genera PR corresponde a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.

Un informe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), avalado por la consultora ambiental EMAT, concluyó que las plantas fotovoltaicas pueden aumentar la biodiversidad de aves, insectos y plantas en lugar de dañarla. El estudio analizó distintas instalaciones entre 2021 y 2025 y encontró mayor variedad de especies dentro de las plantas solares que en áreas agrícolas cercanas.

La conclusión contradice una percepción extendida que ha generado resistencia a proyectos de energía solar; si los paneles coexisten con la biodiversidad, uno de los argumentos ambientales contra su expansión pierde fuerza.

La preocupación por el impacto de las instalaciones fotovoltaicas sobre la fauna ha sido uno de los puntos de debate en la expansión de energía renovable en Europa y otros territorios; este es uno de los primeros informes de largo plazo —cuatro años de análisis— que ofrece datos de campo sistemáticos sobre el tema.

El 2 de junio de 2026, LUMA Energy programó interrupciones temporales del servicio eléctrico en sectores de al menos 15 municipios de Puerto Rico por trabajos de mantenimiento, mejoras de resiliencia, remoción de vegetación e instalación de equipos automatizados.

Las interrupciones afectan áreas residenciales, industriales y planteles escolares en municipios que incluyen Caguas, Arecibo, Carolina, Fajardo y Guánica, entre otros, lo que impacta a residentes, comercios y centros educativos durante la jornada.

LUMA Energy opera la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico bajo contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica; los trabajos programados de modernización e infraestructura han sido parte de su mandato contractual desde que asumió operaciones.

El lunes 2 de junio de 2026, Puerto Rico registró por primera vez en el año una demanda eléctrica superior a los 3,000 MW, coincidiendo con el inicio de la temporada de huracanes y con tres de las ocho unidades generatrices principales de Genera PR todavía fuera de servicio.

Con la demanda rozando o superando la capacidad disponible y un margen de reserva operacional mínimo, la salida inesperada de cualquier unidad adicional puede provocar apagones selectivos o el colapso parcial de la red durante los picos de consumo del verano.

El sistema eléctrico de Puerto Rico arrastra años de averías y mantenimientos prolongados que han dejado fuera de servicio una porción significativa de su infraestructura de generación; reguladores y expertos han señalado en múltiples ocasiones la brecha entre capacidad instalada y disponibilidad real.

El alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz inauguró el 2 de junio de 2026 la segunda estación municipal de recarga de vehículos eléctricos, ubicada en el área de Los Tráilers junto al estacionamiento del tren urbano, con una inversión de $496,000 en fondos federales. Las estaciones son de nivel 3 ('fast charge') y cobrarán 51 centavos por kilovatio-hora, destinados únicamente al mantenimiento del sistema y al pago a LUMA.

La infraestructura pública de carga rápida amplía el acceso a los aproximadamente 20,000 vehículos eléctricos registrados en Puerto Rico, y el modelo sin fines de lucro del municipio establece un precedente sobre cómo los gobiernos locales pueden administrar este tipo de servicio.

La primera estación municipal de Bayamón fue instalada en el Complejo Deportivo del Estadio Juan Ramón Loubriel, integrada a un sistema de 1,700 placas solares que producen cerca de 90,000 kilowatts mensuales, equivalente al 25% del gasto energético del estadio.

Una auditoría de la Oficina de la Contralora determinó que, desde que LUMA Energy asumió la operación del sistema eléctrico en 2021, el gobierno utilizó $496 millones de la cuenta de reembolsos federales de la AEE para cubrir insuficiencias presupuestarias del operador privado. Los dos hallazgos principales señalan fallas en el restablecimiento de cuentas de servicio y falta de documentación para justificar retiros de la Cuenta de Reserva por interrupciones de servicio.

El uso de $496 millones de fondos federales de la AEE para sostener a LUMA ha reducido la liquidez de la corporación pública y comprometido la estabilidad financiera del sistema eléctrico; el contrato vigente no contempla mecanismos claros de refinanciamiento si esos fondos se agotan.

LUMA Energy asumió la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico en 2021 bajo un contrato con la AEE. La empresa ha sido objeto de críticas legislativas y ciudadanas por el deterioro del servicio; esta auditoría de la Contralora añade un señalamiento formal sobre el manejo financiero del operador y la falta de medidas correctivas.

El 1 de junio de 2026, la jueza federal Laura Taylor Swain rechazó la solicitud de LUMA Energy para paralizar la orden del 8 de mayo de 2026 que devolvió al foro estatal las demandas relacionadas con la Carta Extensión y el contrato de operación del sistema eléctrico, concluyendo que LUMA no demostró probabilidad de prevalecer en apelación ni daño irreparable. El Zar de Energía Josué A. Colón Ortiz y la gobernadora Jenniffer González Colón informaron la decisión, señalando que es la cuarta ocasión en que Swain resuelve a favor del gobierno de Puerto Rico, la AEE y la AAPP en controversias contra LUMA.

La denegatoria cierra, por ahora, la estrategia de LUMA de retener los pleitos en el foro federal y reafirma que las controversias sobre la Carta Extensión y el contrato de operación y mantenimiento deben ser adjudicadas por los tribunales puertorriqueños; el Tribunal Federal reconoció expresamente la competencia de esos tribunales para atender disputas bajo leyes y contratos de Puerto Rico.

Desde que el gobierno radicó demandas vinculadas a la nulidad de la Carta Extensión, LUMA ha intentado retener la jurisdicción federal en múltiples frentes; en cada instancia —desde el mecanismo de resolución de disputas hasta las dos demandas sobre la Carta Extensión— el Tribunal Federal ha fallado a favor del gobierno, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal compareció apoyando las posiciones de LUMA en todas esas controversias.

Entre julio de 2025 y abril de 2026, la demanda de electricidad en Puerto Rico bajó 3.5%, hasta 13,432 millones de kWh, con caídas en ocho de los diez meses del año fiscal, según datos de LUMA Energy. El sector industrial registró la mayor contracción, con un descenso de 5.3%, seguido del comercial con 3.8% y el residencial con 2.9%.

La demanda eléctrica es un indicador de actividad económica, y esta reducción se suma a la caída de 3.9% registrada en el año fiscal 2025, lo que sugiere una contracción sostenida tras el aumento de 11.7% del año fiscal 2024.

La producción de energía también disminuyó 3.0% en los primeros diez meses del año fiscal actual, continuando una tendencia a la baja que inició en el año fiscal 2025 luego de un repunte significativo el año anterior.

Según el Estudio de Adecuación de Recursos presentado por LUMA Energy al Negociado de Energía, se proyectan aproximadamente 37 días de relevos de carga durante el año fiscal 2026, con un promedio estimado de 196 horas de interrupciones por cliente. Al mismo tiempo, contratos de generación temporera aprobados por la Junta de Control Fiscal el 8 de mayo aún no se han firmado, y al menos una de las empresas seleccionadas, Gotham Energy, habría perdido interés en operar en la isla.

El riesgo es mayor durante el verano por el aumento en la demanda, y los contratos que debían aportar 600 MW adicionales de capacidad temporera siguen sin ejecutarse, lo que deja el sistema sin el refuerzo anunciado por el gobierno para la temporada de mayor calor.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, declaró en mayo de 2026 que 'los apagones masivos ya son cosa del pasado' y destacó que durante los primeros 500 días de la administración actual se añadieron más de 1,200 MW de capacidad; sin embargo, los pronósticos oficiales de LUMA contradicen esa narrativa al proyectar decenas de días con interrupciones rotativas por insuficiencia de generación.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó el 31 de mayo de 2026 remitir a la Junta de Supervisión Fiscal un paquete de 22 contratos —11 de energía solar fotovoltaica y 11 de almacenamiento en baterías— que aportarían 523 MW de generación solar y 599 MW de almacenamiento al sistema eléctrico, con proyectos ubicados en municipios como Moca, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Aguada, Sabana Grande y Yauco.

De concretarse, el paquete representaría la adición de más de 1,000 MW de capacidad renovable al sistema eléctrico de Puerto Rico, una expansión significativa dentro del proceso de transición energética de la isla; los contratos aún deben ser evaluados y autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal antes de ejecutarse.

La iniciativa responde a la declaración de emergencia energética emitida el año pasado por la gobernadora Jenniffer González Colón, cuyo mecanismo acelerado permitió retomar propuestas de desarrolladores con avances en permisos, estudios de interconexión y control de terrenos; el Negociado de Energía aprobó las propuestas de tres desarrolladores a finales de marzo de 2026, y dos recibieron el visto bueno inicial de la Junta de Gobierno el 27 de mayo y el tercero el 31 de mayo.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó un megaproyecto de energía solar y almacenamiento en baterías con la empresa Coquí Power.

El proyecto representa un paso concreto en la transición hacia energía renovable en Puerto Rico, en un momento en que la isla enfrenta la temporada ciclónica con incertidumbre sobre el plan federal para FEMA.

La AEE y su junta de gobierno han estado bajo presión para avanzar en metas de energía renovable establecidas por ley, en medio de contratos y disputas con LUMA Energy como operador de la red de transmisión y distribución.

Entre el 27 y el 30 de mayo de 2026, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó los contratos de tres proyectos de energía renovable y almacenamiento que suman aproximadamente 547 megavatios de generación solar fotovoltaica y 659 megavatios de almacenamiento en baterías. El proceso fue impulsado por la Orden Ejecutiva OE-2025-047 emitida por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los proyectos deben aún completar trámites ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, pero su aprobación oportuna busca preservar la elegibilidad para incentivos federales —incluyendo los Investment Tax Credits— disponibles bajo el One Big Beautiful Bill Act.

La Orden Ejecutiva OE-2025-047 creó un proceso acelerado de evaluación y negociación de proyectos estratégicos de energía renovable, encargando su coordinación al Zar de Energía Josué A. Colón Ortiz, quien también dirige la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el 29 de mayo de 2026 tres extensiones contractuales de LUMA Energy con Asplundh Tree Expert, Wright Tree Service y Xpert's para trabajos de desganche y manejo de vegetación, extendiendo los acuerdos hasta el 3 de diciembre de 2026 sin aumentar los montos máximos autorizados. La JSF advirtió que no aprobará prórrogas adicionales y exigió que el nuevo proceso competitivo de contratación (RFP) concluya antes del vencimiento de los acuerdos actuales.

Los tres contratos suman topes de hasta aproximadamente $1,028 millones —$488 millones cada uno para Asplundh y Wright Tree Service, y $52 millones para Xpert's— y cubren trabajos considerados clave para reducir interrupciones eléctricas causadas por vegetación sobre el tendido, justo al inicio de la temporada de huracanes 2026.

Los trabajos de desganche han sido señalados repetidamente como una de las principales medidas preventivas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico ante eventos atmosféricos, y los contratos con estas empresas han sido objeto de escrutinio por parte de la JSF en cuanto a velocidad de ejecución y métricas de desempeño.

Desde el 27 de mayo de 2026, familias de bajos ingresos pueden solicitar asistencia a través de ADSEF Digital bajo el subprograma Crisis de Energía de LIHEAP, con beneficios de hasta $1,000 por hogar. Una primera ronda de desembolsos automáticos ya benefició a unas 3,960 familias con más de $925,000.

El programa atiende atrasos en el servicio eléctrico de familias participantes de TANF, PAN y adultos mayores de 60 años; las solicitudes estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar los fondos.

LIHEAP es un programa federal administrado en Puerto Rico por el Departamento de la Familia a través de ADSEF, y ha operado en fases previas como mecanismo para mitigar el impacto de las facturas de electricidad en hogares de bajos ingresos.

LatinoJustice PRLDEF, Southern Legal Counsel y la ACLUPR presentaron un amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito alegando que FEMA utilizó procesos ambientales menos rigurosos y desiguales en la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Las organizaciones piden al tribunal que confirme una orden previa del Tribunal de Distrito que exige a FEMA completar una Declaración de Impacto Ambiental antes de avanzar con decisiones sobre la red eléctrica.

El amicus documenta una disparidad de financiamiento de casi cuatro a uno a favor de contratistas corporativos frente a la asistencia directa a hogares, una reducción del 38% en ayuda a comunidades rurales a nivel nacional, y la exclusión de los 78 municipios de Puerto Rico del Índice Nacional de Riesgo de FEMA. La inversión federal en la red eléctrica asciende a aproximadamente $12,000 millones, y el caso podría sentar precedente nacional para proyectos de reconstrucción de gran envergadura.

El caso Comité Diálogo Ambiental, Inc. contra FEMA cuestiona el uso de una Evaluación Ambiental Programática —proceso menos exigente— en lugar de la Declaración de Impacto Ambiental completa que exige la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). El litigio avanza mientras continúa la reconstrucción de la infraestructura energética de la isla y ante el inicio de una nueva temporada de huracanes el 1 de junio de 2026.

LUMA Energy anunció interrupciones temporales del servicio eléctrico para el sábado 30 de mayo de 2026 en Gurabo, Aguadilla, Guánica, Carolina, Cidra, Río Grande, Lajas, Vega Alta y San Juan, por trabajos programados de mejoras a la red. Las labores incluyen reemplazo de postes de madera, reparación de líneas y equipos, e instalación de dispositivos automatizados como reclosers y tripsavers.

Los trabajos comenzarán entre las 6:00 y 8:00 a.m. y se extenderán hasta la tarde o la noche, con los de mayor duración en Aguadilla, Guánica, Cidra y Gurabo hasta las 6:00 p.m. y en Lajas hasta las 8:00 p.m., afectando a clientes en al menos nueve municipios durante buena parte del día.

LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, ha llevado a cabo trabajos periódicos de modernización de infraestructura como parte de los esfuerzos para fortalecer la resiliencia del sistema ante eventos atmosféricos.

El 30 de mayo de 2026, LUMA Energy declaró estar preparada para la temporada de huracanes con más recursos, mientras el municipio de San Juan demandó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por servicio deficiente y un tribunal citó a su presidente.

Las dos entidades a cargo de servicios esenciales —electricidad y agua potable— enfrentan simultáneamente cuestionamientos sobre su capacidad operacional, lo que expone la fragilidad de la infraestructura crítica de la isla justo al inicio de la temporada de huracanes.

La AAA atribuyó su crisis a falta de inversión histórica, mientras la representante Ada Álvarez Conde solicitó intervención federal por aguas contaminadas en el Condado; los residentes de Juana Matos en Cataño, por su parte, siguen sin respuestas sobre su relocalización.

El representante José Aponte Hernández rechazó el 29 de mayo cualquier intento de eliminar la Comisión de Practicaje y la defendió como esencial para la seguridad marítima de la Bahía de San Juan, en reacción a la determinación de desacato emitida por la jueza federal Silvia Carreño Coll. La controversia surge de una demanda de pilotos contra New Fortress Energy sobre el uso de remolcadores para escoltar embarcaciones de gas natural licuado, en cuyo marco la jueza concluyó que hubo un esfuerzo deliberado para ocultar al comisionado Carlos Ramos las discusiones sobre un borrador legislativo que proponía eliminar la comisión.

El hallazgo de desacato expone a la presidenta de la comisión a sanciones judiciales y revela que el ente regulador de seguridad portuaria actuó —según el tribunal— como instrumento de un plan para eliminarse a sí mismo, sin informar a los pilotos que velan por la seguridad de la Bahía de San Juan, por donde transita casi toda la carga que llega a la isla. La reacción de Aponte Hernández indica que la disputa sobre la permanencia de la comisión se traslada ahora al ámbito legislativo.

La jueza había desestimado una demanda previa en octubre con la condición de que la presidenta Jessica Ñeco Morales mantuviera informados a todos los miembros de la comisión; el caso tiene como antecedente que la funcionaria permitió que New Fortress Energy relajara medidas de seguridad acordadas con los pilotos para el movimiento de barcazas de gas en la bahía, y que el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, ha planteado continuar adelante con una revisión de la seguridad portuaria que incluye la posible eliminación de la comisión.

LUMA Energy presentó una reclamación ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) alegando que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le transfirió casi $14 millones menos de lo acordado en la primera remesa mensual desde que el NEPR aprobó, en abril de 2026, el nuevo presupuesto para las compañías eléctricas.

La disputa revela tensiones financieras entre la AEE y su operador privado desde el inicio mismo del nuevo marco presupuestario, con una diferencia de casi $14 millones en una sola transferencia mensual.

El NEPR aprobó en abril de 2026 un nuevo presupuesto para las compañías eléctricas que operan la red de Puerto Rico, estableciendo los montos que la AEE debe remitir mensualmente a LUMA para sus cuentas operacionales.

El Senado aprobó de forma unánime el Proyecto de la Cámara 1004, que enmienda la Ley de la AAE para exigir que operadores privados del sistema eléctrico, como LUMA Energy, notifiquen al consumidor antes de cerrar cualquier reclamación.

La medida responde a quejas ciudadanas sobre cierres de casos sin resolución ni seguimiento, y establece un requisito de transparencia vinculante para los operadores del sistema eléctrico.

El proyecto fue presentado por el representante José "Cheito" Hernández, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, como respuesta a denuncias acumuladas sobre deficiencias en el manejo de querellas bajo la operación privada del sistema eléctrico.

Se presentó una propuesta ante la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para el Proyecto Hostos, que busca avanzar en la viabilidad de un cable submarino para importar electricidad desde la República Dominicana.

De materializarse, el proyecto ataría la infraestructura energética de Puerto Rico a combustibles fósiles importados desde el exterior, según señala la autora de la columna, Amira Odeh Quiñones.

Puerto Rico lleva años intentando diversificar su matriz energética hacia fuentes renovables; estudios citados en la columna sostienen que la capacidad solar de los techos de la isla sería suficiente para alcanzar soberanía energética sin depender de importaciones.

El 27 de mayo de 2026, el representante Víctor Parés informó que el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) —que suple el 90.6% de la gasolina consumida en Puerto Rico— abrió en $88.67, su nivel más bajo en 21 días, mientras que el precio promedio de la gasolina regular en la isla bajó a menos de $1.16, una reducción de seis centavos frente al viernes anterior.

La caída representa el precio más bajo de gasolina regular en la isla en casi dos semanas, impulsada por una brecha de más de 20 millones de barriles entre la demanda de WTI en los estados continentales y reservas que superan los 441 millones de barriles; Parés anticipa que el barril podría bajar hasta $80 en los próximos días.

Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, ha estado monitoreando los precios del combustible desde principios de marzo de 2026, cuando se impulsaron programas de descuento tipo rewards en gasolineras de la isla.

Un análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) advirtió que la propuesta de LUMA Energy de usar biodiésel para acercarse a la meta de energía renovable de Puerto Rico parte de premisas poco realistas. Según el análisis, la estrategia amenaza con mantener al país dependiente de un combustible importado sujeto a fluctuaciones de costos internacionales.

Si la propuesta de LUMA prospera, Puerto Rico quedaría atado a otro combustible importado, con riesgo de volatilidad de precios similar a la de los combustibles fósiles que actualmente encarecen la factura eléctrica.

Puerto Rico tiene en ley una cartera de energía renovable que exige alcanzar porcentajes crecientes de generación limpia; LUMA Energy, el operador de la red de transmisión y distribución, ha presentado planes para cumplir esa meta que ahora son objeto de escrutinio técnico independiente.

La Junta de Control Fiscal solicitó al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revertir una determinación de la jueza Laura Taylor Swain que permitió continuar la demanda del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra LUMA Energy. La demanda busca obligar a LUMA a compensar daños a enseres eléctricos, negocios y propiedades causados por negligencia del consorcio.

Si la demanda de DACO prospera, LUMA quedaría expuesta a pagos de daños a consumidores y propietarios afectados por fallas del servicio eléctrico; la JCF alega que ese litigio activo amenaza el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.

La JCF respondió a una solicitud del propio Tribunal de Apelaciones para que explicara el impacto de las disputas legales entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA sobre la reestructuración de la AEE; el ente fiscal argumenta que la jueza Swain erró al clasificar a DACO como ejerciendo poderes de política pública y regulatorios.

El representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), describe la radicación del Proyecto de la Cámara 751 para prohibir la generación de energía nuclear en Puerto Rico, en respuesta al Proyecto de la Cámara 1092, que propone implementar energía nuclear en la isla.

El PIP advierte que, en caso de accidente nuclear, las repercusiones podrían afectar alrededor del 70 % del territorio de Puerto Rico, y señala que las certificaciones de seguridad y la disposición de residuos nucleares aún están bajo evaluación.

El PC 1092 fue evaluado en vistas públicas recientes en la Cámara de Representantes, donde la representante Adriana Gutiérrez Colón cuestionó el uso de Puerto Rico como territorio de experimentación; el PIP enmarca esta preocupación en un historial que incluye pruebas de la pastilla anticonceptiva en mujeres empobrecidas durante el siglo 20 y el almacenamiento de herbicidas tácticos vinculados al Agente Naranja en puntos como Mayagüez, Guánica y El Yunque.

Según el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia, cerca de 30 proyectos de fincas solares y baterías de almacenamiento en Puerto Rico aún no tienen contratos firmados ni todas las autorizaciones necesarias para ser elegibles a incentivos contributivos federales bajo el plazo del 4 de julio fijado por la administración de Donald Trump.

Los próximos 15 días determinarán si esos proyectos pueden acceder a incentivos federales clave; perderlos encarecería o inviabilizaría el desarrollo de capacidad renovable en la isla.

La administración Trump estableció el 4 de julio de 2026 como fecha límite para que los proyectos de energía renovable demuestren avance suficiente y así calificar para incentivos contributivos federales, presionando a desarrolladores que aún enfrentan trámites financieros o contractuales pendientes.

El 27 de mayo de 2026, el representante Víctor Parés informó que el precio promedio de la gasolina regular en Puerto Rico bajó a menos de $1.16, una reducción de seis centavos desde el viernes previo, mientras el barril de WTI —que suple el 90.6% de la gasolina consumida en la isla— abrió en $88.67, su nivel más bajo en 21 días.

La baja representa un alivio directo al bolsillo de los consumidores en la isla; Parés proyecta que el WTI podría reducirse hasta $80 en los próximos días, lo que generaría ahorros adicionales en el precio en bomba.

Según Parés, la caída responde a una brecha de más de 20 millones de barriles entre la demanda de WTI en los estados continentales y reservas disponibles que superan los 441 millones de barriles, sumado a programas de descuento tipo rewards impulsados desde principios de marzo de 2026.

El 26 de mayo de 2026, alrededor de las 2:15 p.m., unos 36,644 abonados de LUMA Energy se encontraban sin servicio eléctrico, con las mayores concentraciones en Caguas (15,388), Ponce (9,893) y Bayamón (6,768). Al momento de la publicación, LUMA no había informado la causa de las interrupciones.

Decenas de miles de hogares y negocios quedaron sin luz en plena tarde laborable, afectando tres de las regiones más pobladas de la isla.

LUMA Energy había anunciado interrupciones programadas para la semana del 26 al 31 de mayo de 2026, describiéndolas como necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red; no está confirmado si los cortes reportados son parte de ese plan o son incidentes separados.

La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó la solicitud de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de ampliar el levantamiento de la paralización de litigios en el caso de quiebra bajo Título III, mediante una orden de 10 páginas emitida el 27 de mayo de 2026. Swain determinó que primero deben resolverse las disputas sobre los 'ingresos netos' y el valor del colateral antes de abrir nuevos frentes de litigios.

La decisión bloquea, al menos temporalmente, los intentos de los bonistas de nombrar un síndico sobre la AEE, reclamar protección adecuada de su colateral o buscar la desestimación del caso de quiebra. La resolución de los 'ingresos netos' determinará cuánto vale la garantía de los bonistas y condicionará cualquier plan de ajuste futuro para la corporación pública.

La AEE lleva años en proceso de quiebra bajo Título III de PROMESA, con la Junta de Supervisión Fiscal como parte central del caso. La disputa sobre los 'ingresos netos' —cómo se calculan y si constituyen garantía válida para los bonistas— es uno de los puntos más contenciosos del proceso y ha sido objeto de litigios previos ante Swain.

El 22 de mayo de 2026, la AEE y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) sometieron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) las versiones revisadas de los contratos con Power Expectations, LLC y Gotham Energy para añadir 400 megavatios de generación temporera en la planta de Aguirre, luego de que la JSF exigiera cambios el 8 de mayo como condición para su aprobación final. Los contratos, valorados en hasta $5,886 millones por un plazo de hasta 10 años, aún no han sido ejecutados.

Sin la firma de estos contratos, Puerto Rico enfrenta el verano sin la capacidad de generación adicional que el gobierno ha identificado como necesaria para atender periodos de alta demanda. Las preocupaciones de la JSF incluían ausencia de penalidades por retrasos, dudas sobre garantías financieras y falta de análisis completos de interconexión al sistema eléctrico.

El Negociado de Energía aprobó el contrato en diciembre de 2025 al considerarlo prudente y razonable, pero reconoció que se desarrolla en un contexto de emergencia energética. La iniciativa forma parte de esfuerzos impulsados desde 2025 para atender el déficit de generación ante múltiples advertencias sobre insuficiencias de capacidad durante periodos de alta demanda.

El Departamento de Energía federal revocó una subvención de $350 millones destinada a instalar paneles solares con batería en 40,000 residencias de personas con discapacidad o en situación de pobreza en Puerto Rico, acción que según reportes fue avalada por el gobierno local.

La eliminación de estos fondos priva a decenas de miles de hogares vulnerables de acceso a energía independiente para refrigerar medicamentos y conectar equipo médico durante apagones, agravando la exposición de las comunidades más afectadas por la inestabilidad de la red eléctrica.

Comunidades empobrecidas en Puerto Rico han desarrollado centros de resiliencia energética en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y organizaciones sin fines de lucro, instalando sistemas solares en centros comunales como respuesta a la inconsistencia crónica del servicio eléctrico tras eventos naturales y fallas de la red.

El 26 de mayo de 2026, alrededor de las 2:15 p.m., un total de 36,644 clientes de LUMA Energy no tenían servicio eléctrico, con las mayores interrupciones concentradas en Caguas (15,388), Ponce (9,893) y Bayamón (6,768). Al momento de la publicación, LUMA no había informado la causa de las interrupciones.

Decenas de miles de hogares y negocios quedaron sin electricidad durante la tarde de un día laborable, en una semana en que LUMA ya había anunciado interrupciones programadas del 26 al 31 de mayo de 2026 con el argumento de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red.

LUMA Energy opera la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico bajo un contrato de administración; las interrupciones masivas han sido frecuentes desde que la empresa asumió operaciones, en un sistema que aún carga con el deterioro estructural agravado por el huracán María.

El 22 de mayo de 2026, la AEE y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) sometieron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) las versiones revisadas de los contratos con Power Expectations, LLC y Gotham Energy para añadir 400 megavatios de generación temporera en la planta de Aguirre. La JSF había condicionado su aprobación el 8 de mayo a cambios en garantías financieras, penalidades por retrasos, planificación técnica e interconexión.

El contrato tiene un valor máximo estimado de $5,886 millones y plazo de hasta 10 años; su ejecución es parte de los esfuerzos para cubrir el déficit de generación eléctrica ante posibles insuficiencias de capacidad durante periodos de alta demanda. Hasta que la JSF emita aprobación final, los acuerdos no pueden firmarse ni formalizarse.

El Negociado de Energía había aprobado el contrato en diciembre de 2025 al encontrar sus términos «prudentes y razonables», aunque reconoció que se desarrolla en contexto de emergencia energética. La iniciativa forma parte de esfuerzos impulsados desde 2025 para atender el déficit de generación, y la gobernadora Jenniffer González hizo del tema de mayor generación el eje central de su mensaje ante la legislatura la semana pasada.

El Departamento de Energía federal revocó una subvención de $350 millones destinada a instalar placas solares con batería en 40,000 residencias de personas empobrecidas o con discapacidad en Puerto Rico, acción que, según se reportó, contó con el aval del gobierno local.

La pérdida de esos fondos elimina una fuente concreta de resiliencia energética para las comunidades más vulnerables al colapso de la red eléctrica, quienes dependen de energía estable para refrigerar medicamentos y conectar equipos médicos.

Comunidades en Puerto Rico han desarrollado, junto a investigadores de la Universidad de Puerto Rico y organizaciones sin fines de lucro, centros de resiliencia energética con paneles solares y baterías en infraestructura comunitaria crítica como respuesta a la inestabilidad crónica de la red eléctrica.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició la evaluación del Proyecto de la Cámara 1092, que busca actualizar la política pública energética para incluir definiciones sobre Reactores Modulares Pequeños (SMR) y promover la investigación sobre energía nuclear en la isla.

Puerto Rico paga tarifas eléctricas que, según testimonio ante la comisión, duplican y triplican el promedio de los estados continentales, y depende casi en su totalidad de combustibles fósiles importados; el proyecto no compromete la construcción de reactores, sino que abre la puerta a la evaluación informada de tecnologías alternativas.

La discusión surge tras años de apagones prolongados, los daños del huracán María y las dificultades persistentes con una red eléctrica envejecida; los SMR y microreactores ya están en proceso de licenciamiento en varios países.

El Departamento de Energía de Estados Unidos revocó una subvención de $350 millones destinada a instalar paneles solares con batería en 40,000 residencias de personas con discapacidad o en situación de pobreza en Puerto Rico, acción que según se reportó fue avalada por el gobierno local.

La eliminación de esos fondos afecta la capacidad de comunidades empobrecidas de refrigerar medicamentos, operar equipo médico y mantener comunicación durante apagones, profundizando su vulnerabilidad ante fallas en la red eléctrica y eventos climáticos.

Comunidades en Puerto Rico han desarrollado centros de resiliencia energética junto a investigadores de la Universidad de Puerto Rico y organizaciones sin fines de lucro, instalando sistemas solares en infraestructura comunal como respuesta a la inconsistencia del servicio eléctrico.

El Negociado de Energía de Puerto Rico emitió el 22 de mayo de 2026 una resolución que establece criterios adicionales para modificaciones a contratos del Proponente Número 3, relacionados con proyectos de energía renovable y almacenamiento, y ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica y al proponente presentar lenguaje contractual revisado dentro de los términos fijados.

La determinación busca acelerar proyectos elegibles para créditos contributivos federales de inversión y atender la necesidad urgente de incorporar recursos de generación para reducir el riesgo de deficiencias en el suministro eléctrico, condicionando cualquier ajuste a que no resulte en aumentos de costos para la AEE ni para los abonados.

El proceso forma parte de las negociaciones contractuales entre la AEE y el Proponente Número 3; el Negociado, aunque ajeno a la mesa de negociación, puede emitir recomendaciones y parámetros cuando el interés público lo requiera, y en esta resolución eliminó ciertos mecanismos de ajuste por costos de interconexión al concluir que ya estaban reflejados en los precios propuestos.

Tras reiterar la gobernadora Jenniffer González Colón en su segundo Mensaje de Situación de Estado que la cancelación del contrato de LUMA Energy "ya está encaminada" y que se buscan nuevos candidatos para operar el sistema eléctrico, LUMA respondió pidiendo unidad, defendiendo las mejoras realizadas en la red de transmisión y distribución, y advirtiendo que discusiones sobre cancelaciones contractuales pueden generar preocupación ciudadana.

La respuesta de LUMA introduce una narrativa pública de defensa institucional —destacando más de 4,000 empleados y trabajos de reconstrucción en marcha— justo cuando el gobierno avanza en conversaciones con posibles nuevos operadores, lo que eleva la incertidumbre sobre la transición del sistema eléctrico para cientos de miles de abonados.

LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo un contrato que ha enfrentado críticas continuas por apagones y aumentos en facturas; la gobernadora González Colón ha intensificado sus señales de salida al punto de confirmar conversaciones activas con candidatos alternativos.

La gobernadora Jenniffer González Colón anticipó el 22 de mayo de 2026 que habrán cambios "en la cúpula" de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aunque defendió al presidente Luis González Delgado por su dominio técnico y descartó implícitamente su salida. El comisionado residente Pablo José Hernández envió ese mismo día una carta a González Delgado exigiendo explicaciones sobre la crisis del servicio de agua potable.

La AAA fue señalada por la propia gobernadora en su Mensaje de Estado como una de las dos principales necesidades del pueblo, lo que convierte cualquier restructuración en su liderazgo en una acción de alto perfil; la defensa pública del presidente de la agencia, pese a las denuncias de múltiples alcaldes —encabezados por el sanjuanero Miguel Romero—, revela la tensión entre presión política y criterio técnico dentro del gobierno.

Los alcaldes han elevado denuncias recurrentes contra González Delgado por la gestión del servicio, mientras que la AAA afronta un proceso de rehabilitación de infraestructura con fondos de FEMA; el comisionado residente, quien ha criticado públicamente la gestión del gobierno como "una novela de escándalos", suma ahora su voz a las demandas de rendición de cuentas sobre el agua.

La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó el 22 de mayo de 2026 que habrá cambios en la cúpula de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aunque respaldó la gestión técnica del ingeniero Luis Reinaldo González y reconoció que la situación con el agua potable se ha convertido en un problema serio.

Los cambios anunciados en la directiva de la AAA afectan directamente la gestión de una infraestructura de la que depende el suministro de agua potable a toda la isla, y surgen en medio de presión pública sobre la calidad y disponibilidad del servicio.

La gobernadora contrastó el desempeño de la AAA con el de LUMA Energy, señalando que la AAA está cumpliendo con los reembolsos de FEMA mientras que LUMA no obtiene reembolsos del gobierno federal; también destacó que la ingeniera Doriel Pagán Crespo, exdirectora ejecutiva de la AAA, es actualmente la encargada de manejar fondos federales en LUMA.

El jueves 22 de mayo de 2026, un portavoz de LUMA Energy respondió por escrito al anuncio de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre la cancelación de su contrato, argumentando que cualquier discusión de cambios contractuales genera 'preocupación natural' entre sus aproximadamente 1.5 millones de clientes a vísperas de la temporada de huracanes.

La declaración introduce una tensión pública directa entre LUMA y la gobernadora en un momento operacionalmente sensible: la temporada de huracanes, cuando la estabilidad del operador y el acceso a recursos de emergencia son críticos para el sistema eléctrico.

La gobernadora González reiteró en su segundo Mensaje de Situación de Estado que la cancelación del contrato de LUMA 'ya está encaminada' y que su administración sostiene conversaciones con candidatos alternativos; la promesa de cancelar el contrato fue un compromiso central de su campaña.

El 21 de mayo de 2026, la jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para ampliar el levantamiento del litigation stay en el caso de quiebra bajo Título III, manteniendo vigente únicamente el proceso de contabilidad para determinar los ingresos netos y el valor del colateral.

La decisión impide que los bonistas reactiven litigios más agresivos —como el nombramiento de un síndico o la desestimación del caso— que podrían haber desestabilizado el proceso de reestructuración y afectado contratos operacionales con LUMA Energy y Genera PR.

La Junta de Supervisión Fiscal y la AAFAF se habían opuesto a ampliar el stay, argumentando que primero debía resolverse cuánto valen los ingresos netos reclamados por los bonistas; un día antes, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, advirtió que será difícil completar la reorganización de la AEE antes de que termine 2026.

El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó —con condiciones— cuatro contratos energéticos que suman más de $11.6 mil millones con Solaner, Polaris, Gothams Energy y Power Expectations, admitiendo en cartas formales que no realizó verificaciones de antecedentes ni evaluaciones independientes sobre las empresas ni los proyectos. La revisión de la JSF se limitó al cumplimiento de la Sección 204(b)(2) de PROMESA y se basó exclusivamente en información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica.

Los cuatro contratos —que incluyen 486.4 megavatios de almacenamiento en baterías y 200 megavatios de generación flotante temporera— carecen de estudios de viabilidad, permisos validados, acuerdos de suministro de gas natural y garantías financieras, según señaló la propia JSF en sus condicionamientos. Esa cadena de deficiencias transfiere todo el riesgo operacional y fiscal a la AEE, y por extensión a los ratepayers puertorriqueños.

La JSF fue creada bajo PROMESA para supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico, incluyendo contratos de entidades como la AEE; sin embargo, su mandato formal se circunscribe al cumplimiento presupuestario, no a la auditoría técnica u operacional de los proyectos que aprueba. El contrato con Gothams Energy fue bloqueado condicionalmente por ausencia de estudios de interconexión y logística portuaria, mientras que el de Power Expectations, el mayor con valor máximo de $5.8 mil millones, también presenta múltiples deficiencias sin atender.

La reestructuración de New Fortress Energy, supervisada por tribunales ingleses bajo la Parte 26A de la Ley de Sociedades del Reino Unido, diluirá la participación del fundador Wes Edens de aproximadamente 18.8 % a cerca de 6–7 % en la entidad reorganizada, mientras los acreedores recibirán alrededor del 65 % del capital de la empresa.

El plan elimina aproximadamente el 90 % de la deuda de New Fortress, reduciéndola de $5,700 millones a $527 millones, y separa las operaciones en Brasil —financiadas con $885 millones en nuevos pagarés al 12 %— bajo un consorcio de inversores institucionales, alterando la estructura de control de la empresa que suministra gas natural a Puerto Rico.

New Fortress Energy opera infraestructura energética crítica en Puerto Rico; Edens fundó la empresa y antes de la reestructuración concentraba entre 18.8 % y 21.2 % de las acciones ordinarias de Clase A, aunque ese porcentaje había bajado gradualmente desde 2021 a medida que la empresa emitía nuevas acciones sin que Edens vendiera las suyas.

El 21 de mayo de 2026, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, declaró en reunión pública que es poco probable que la quiebra de la AEE se resuelva en 2026, citando que bonistas continúan litigando por la recuperación total de $12,000 millones sin proponer un camino alternativo. Ese mismo día, la jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de esos bonistas para ampliar el levantamiento del litigation stay bajo Título III, bloqueando sus intentos de reactivar litigios sobre el nombramiento de un síndico o la posible desestimación del caso.

La combinación de la advertencia de Mujica y la denegación de Swain mantiene el caso de Título III de la AEE en un compás de espera que ya acumula nueve años, mientras la deuda de $12,000 millones continúa condicionando las finanzas públicas de Puerto Rico y el futuro de su infraestructura eléctrica.

La Junta de Supervisión Fiscal y la AAFAF se opusieron a ampliar el stay, argumentando que los bonistas buscaban avanzar litigios sobre protección de colateral mientras resistían simultáneamente determinar el valor de ese mismo colateral; la Junta advirtió además que el curso solicitado podría desestabilizar el proceso y afectar la relación contractual con LUMA Energy y Genera PR. Mujica señaló que la determinación del Tribunal Federal de Distrito sobre gastos administrativos representó una victoria para la Junta, aunque ciertos bonistas ya apelaron esa decisión.

El 21 de mayo de 2026, LUMA Energy anunció interrupciones eléctricas programadas a partir de las 8:00 de la mañana en 18 municipios de Puerto Rico por trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y remoción de vegetación peligrosa.

Los residentes de los municipios afectados enfrentarán cortes de servicio eléctrico por varias horas, lo que impacta hogares, negocios y servicios que dependen de electricidad.

LUMA Energy opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico y realiza de forma continua trabajos de mantenimiento programado como parte de los esfuerzos de modernización de la red.

Mediante un Plan de Reestructuración supervisado por tribunales ingleses, la participación de Wes Edens, fundador de New Fortress Energy, se reducirá de aproximadamente 19% a cerca de 6–7% en la empresa reorganizada, mientras los acreedores recibirán alrededor del 65% del capital y las operaciones en Brasil se escindirán a un consorcio de inversores institucionales.

La reestructuración elimina aproximadamente el 90% de la deuda de NFE —de $5,700 millones a $527 millones— y redistribuye el control de la compañía que opera infraestructura de gas natural en Puerto Rico, lo que podría afectar decisiones futuras sobre contratos y operaciones en la isla.

New Fortress Energy es el proveedor de gas natural que abastece plantas generatrices en Puerto Rico; la empresa acumuló una deuda cuantiosa en años recientes y el plan de reestructuración, aprobado con el apoyo del 97% de los acreedores, usa un mecanismo del Reino Unido introducido en 2020 para recapitalizaciones transfronterizas.

El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó —con condiciones— cuatro contratos energéticos por $11,600 millones con Solaner, Polaris, Gothams Energy y Power Expectations, admitiendo en cartas a la AEE que no realizó verificaciones de antecedentes, no auditó modelos financieros ni evaluó la viabilidad operacional de los proyectos. La revisión de la JSF se limitó al cumplimiento presupuestario bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA, basándose exclusivamente en información provista por la AEE.

Los cuatro contratos —que incluyen 486.4 megavatios de almacenamiento en baterías a 20 años y hasta 200 megavatios de generación temporera flotante— transfieren todo el riesgo operacional y reputacional a la AEE, una corporación pública que avanzó contratos multimillonarios sin estudios de viabilidad, sin permisos validados y sin acuerdos de suministro de gas natural. La JSF prohibió la ejecución del contrato con Gothams Energy hasta que la AEE corrija deficiencias básicas de planificación.

La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico ha estado marcada por años de contrataciones cuestionadas, desde el controversial contrato de Whitefish Energy tras el huracán María hasta los cambios en el operador LUMA. La JSF, creada bajo PROMESA para supervisar las finanzas públicas de la isla, tiene autoridad de revisión sobre contratos significativos de agencias como la AEE, pero sus cartas de aprobación incluyen descargos que reconocen los límites de ese escrutinio.

El miércoles 20 de mayo de 2026, la jueza federal Laura Taylor Swain denegó la moción de GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y el grupo Ad Hoc-AEE para levantar la suspensión automática de litigios y considerar el nombramiento de un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La decisión mantiene el proceso de quiebra de la AEE bajo el control del tribunal de Título III, a nueve años de su inicio, y pospone cualquier resolución sobre la deuda eléctrica hasta que un juicio separado defina los gastos corrientes y los ingresos netos de la corporación, proceso que podría concluir en la segunda mitad de 2026.

La quiebra de la AEE bajo el proceso de Título III lleva nueve años activa; los bonistas han intentado en múltiples ocasiones que se designe un síndico y se levante la suspensión automática, sin éxito. Swain delegó el juicio contable a la jueza Judith G. Dean, quien estableció un calendario pre-acordado la semana pasada.

El 18 de mayo de 2026, el Negociado de Energía emitió una resolución para evaluar múltiples solicitudes de reconsideración de la nueva tarifa eléctrica aprobada el 15 de abril, presentadas por LUMA Energy, Genera PR, la AEE y varios grupos interventores. Al mismo tiempo, el regulador frenó nuevas rondas de argumentación y rechazó escritos suplementarios de bonistas de la AEE y del Sistema de Retiro de sus empleados.

La decisión mantiene abierta la controversia sobre una estructura tarifaria que entraría en vigor el 1 de julio de 2026 y que reorganiza cómo se distribuyen los costos del sistema eléctrico, incluyendo la incorporación de pensiones a la tarifa base. El Negociado aún no ha indicado cuándo emitirá su resolución final sobre las reconsideraciones.

La tarifa aprobada en abril rechazó los aumentos solicitados por las entidades del sistema eléctrico y redistribuyó los costos dentro de la factura, lo que generó impugnaciones de múltiples partes que habían participado en el proceso regulatorio, incluyendo vistas evidenciarias y descubrimiento de prueba.

La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) anunció que sus empresas socias han activado protocolos de preparación ante el inicio de la temporada de huracanes, incluyendo generadores, baterías de respaldo, tecnología solar y fibra óptica soterrada en puntos estratégicos.

Según un estudio de la firma Inteligencia Económica, el 93.8% de las empresas del sector ha invertido en generadores y las compañías destinaron entre $100,000 y $576,635 en promedio por año para mitigar interrupciones causadas tanto por huracanes como por la fragilidad crónica del sistema eléctrico.

La industria de telecomunicaciones en Puerto Rico ha tenido que asumir la resiliencia energética de su propia infraestructura ante las fallas recurrentes del sistema eléctrico, una realidad agudizada desde los daños causados por huracanes previos; Pedro G. Andrés, presidente de la APT, reiteró la necesidad de coordinación con entidades gubernamentales para priorizar el restablecimiento eléctrico en instalaciones críticas.

El Proyecto Hostos, propuesta de Caribbean Transmission Development Co. (CTDC) para conectar eléctricamente a Puerto Rico con la República Dominicana mediante cable submarino, fue presentado formalmente ante la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), que ahora debe evaluarlo y negociar los acuerdos correspondientes. La presentación ocurrió luego de varios años de trabajo técnico, ambiental y regulatorio ante agencias de Estados Unidos y República Dominicana, incluyendo la obtención de un Permiso Presidencial federal.

Que la AAPP reciba formalmente el proyecto activa el proceso institucional de evaluación bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas, acercando la iniciativa a una posible adjudicación o rechazo oficial con implicaciones directas para la transformación energética de la isla. Sin embargo, algunos expertos han levantado preocupaciones sobre la necesidad, efectividad y el elevado costo del proyecto.

El cable llegaría desde República Dominicana y se conectaría a Puerto Rico por la costa oeste, en Mayagüez; CTDC indica que la propuesta acumula años de gestión regulatoria ante agencias estatales y federales de ambos países.

El 18 de mayo de 2026, el Negociado de Energía emitió una resolución en la que tomó bajo asesoramiento las solicitudes de reconsideración presentadas por LUMA Energy, Genera PR, la AEE y varios grupos interventores sobre la nueva tarifa eléctrica aprobada el 15 de abril. Al mismo tiempo, el Negociado bloqueó nuevas rondas de argumentación y rechazó escritos suplementarios de bonistas de la AEE y del Sistema de Retiro de sus empleados.

La decisión mantiene abierta la controversia sobre una estructura tarifaria que reorganiza cómo se distribuyen los costos del sistema eléctrico —incluyendo cargos fijos y pensiones en la tarifa base— y que está programada para entrar en vigor el 1 de julio de 2026. El Negociado no ha indicado cuándo emitirá una resolución final sobre los recursos.

La tarifa aprobada en abril rechazó los aumentos solicitados por las entidades del sistema eléctrico y redistribuyó costos dentro de la factura; desde entonces, múltiples partes —incluyendo entidades operadoras y grupos de energía solar— han cuestionado aspectos del diseño tarifario ante el regulador.

La Junta de Supervisión Fiscal radicó el 19 de mayo de 2026 un informe de estatus ante la jueza federal Laura Taylor Swain —previo a la vista ómnibus del 20 y 21 de mayo— reiterando que los costos operacionales del sistema eléctrico ya superan la capacidad de pago de hogares con ingreso mediano, lo que hace inviable imponer aumentos tarifarios sostenibles para servicio de deuda de la AEE. El informe también resume litigios activos con bonistas, la apelación de LUMA sobre la devolución de su caso a tribunales estatales, y la determinación del Negociado de Energía de aprobar tarifas permanentes menores a las solicitadas, aunque autorizando más de $300 millones anuales para el sistema de pensiones de la AEE.

La postura de la Junta refuerza que cualquier plan de ajuste de la deuda de la AEE tendrá que operar dentro de límites tarifarios estrechos, mientras los bonistas apelan ante el Primer Circuito una reclamación administrativa de al menos $3,700 millones rechazada por Swain en marzo de 2026.

El Quinto Plan Enmendado de Ajuste de PREPA, radicado en marzo de 2025, ya eliminó el 'Legacy Charge' que se contemplaba para cubrir parte de la deuda con cargos adicionales en la factura; la Junta dice que mantiene acuerdos previos con acreedores y que aún considera posible una resolución negociada con los bonistas.

LUMA Energy anunció interrupciones eléctricas programadas para la semana del 18 al 23 de mayo de 2026, afectando municipios que incluyen Canóvanas, Carolina, Lares, Las Marías y Mayagüez.

Los residentes de los municipios afectados deberán planificar para quedarse sin servicio eléctrico durante esa semana; LUMA describe los trabajos como necesarios para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red.

LUMA Energy opera la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico y lleva a cabo interrupciones programadas de manera recurrente como parte de trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.

El 18 de mayo de 2026, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, afirmó que los apagones masivos por falta de generación eléctrica son cosa del pasado, citando la adición de más de 1,200 megavatios durante los primeros 500 días de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y 600 megavatios adicionales de generación temporera previstos para los próximos meses.

La declaración llega a menos de una semana de la primera advertencia de calor de 2026 y el inicio de la temporada de alta demanda energética; Domenech Fernández reconoció, no obstante, que persisten apagones atribuibles a la red de transmisión operada por LUMA.

El verano de 2025 estuvo marcado por pronósticos de apagones masivos que generaron preocupación pública; la administración González Colón ha presentado el aumento en capacidad de generación como uno de sus logros centrales en materia energética.

La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) recibió nueve ofertas cualificadas en la licitación para contratar 3,000 megavatios de nueva capacidad de generación, según reveló el jefe de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón.

El proceso busca sustituir esencialmente toda la flota de producción eléctrica existente en la isla, lo que representaría la transformación más amplia del sistema de generación en décadas.

La licitación de 3,000 MW es parte del proceso de modernización energética de Puerto Rico que la AAPP coordina bajo contratos de alianza público-privada; la flota actual de generación ha sido señalada repetidamente por su antigüedad y falta de confiabilidad.

El director ejecutivo de la AAPP y Zar de Energía Josué Colón declaró el 16 de mayo de 2026 que la jueza federal Laura Taylor Swain solo concedió días adicionales para que el gobierno responda a mociones de LUMA, y no una paralización del litigio sobre el contrato suplementario del consorcio. Colón sostuvo que las dos sentencias previas de Swain —que devolvieron los casos al foro estatal— siguen vigentes.

La distinción es clave porque LUMA solicitó detener todos los procedimientos mientras apela al Primer Circuito en Boston la determinación que sacó el caso del proceso de quiebra federal. Si el gobierno prevalece, busca que el tribunal ordene simultáneamente la nulidad del contrato suplementario y una transición hacia un nuevo operador del sistema eléctrico.

El contrato suplementario en disputa expiró en noviembre de 2022 y fue extendido mediante carta, mecanismo que el gobierno argumenta no siguió el ordenamiento jurídico aplicable. La AAPP radicó inicialmente un proceso sobre el mecanismo contractual de resolución de disputas y luego añadió dos recursos adicionales cuestionando la legalidad de esa extensión.

La jueza Laura Taylor Swain suspendió su propia orden relacionada con LUMA Energy mientras la gobernadora Jenniffer González la acusó de actuar por "desesperación". El enfrentamiento ocurre en medio de una serie de tensiones simultáneas sobre la gestión eléctrica y la crisis de agua en Puerto Rico.

La paralización judicial crea incertidumbre sobre el rumbo del sistema eléctrico en un momento en que la AAA enfrenta una crisis de agua que llevó al Senado a abrir una investigación, y en que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal chocan sobre las proyecciones económicas de la isla.

La jueza Swain supervisa el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo PROMESA y ha ejercido jurisdicción sobre contratos de servicios esenciales, incluido el de LUMA. La tensión entre la gobernadora González y la Junta de Supervisión Fiscal sobre proyecciones económicas y decisiones de política pública se ha intensificado en los últimos meses.

El 14 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón afirmó que los problemas de abasto de agua en la zona metropolitana responden a deficiencias de infraestructura que llevan cerca de una década, y descartó que cambios de directores en la AAA resuelvan la situación. La AAA y el Municipio de San Juan acordaron ampliar horarios de distribución, camiones cisterna e instalaron de emergencia una tubería de 12 pulgadas para suplir agua a sectores afectados; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, informó además que se instala la primera de tres bombas nuevas en la finca Rosso, lo que debería normalizar el servicio en Guaynabo y parte de Bayamón.

La caracterización de la crisis como estructural —no gerencial— implica que la solución requiere inversión sostenida en infraestructura, no relevos administrativos, en una región metropolitana que afecta a cientos de miles de abonados.

La gobernadora también reiteró que el recurso de LUMA al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston es una estrategia para dilatar la resolución sobre la cancelación de su contrato, y señaló que esos litigios los paga el pueblo mediante la factura de luz; además, respaldó que el Departamento de Justicia examine documentos nuevos relacionados con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aunque atribuyó los hechos señalados al cuatrienio anterior.

El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión y Administración Financiera aprobó, con condiciones, contratos de la AEE para añadir almacenamiento de baterías ligado a proyectos renovables existentes —incluyendo instalaciones de hasta 125 MW— y dos contratos de generación temporal de emergencia por 200 MW y 400 MW, valorados en $2.4 mil millones y $5.8 mil millones respectivamente. Los contratos no podrán firmarse hasta que la AEE someta versiones revisadas que corrijan las deficiencias señaladas.

El sistema eléctrico de Puerto Rico opera con márgenes de generación limitados ante un déficit proyectado de entre 700 y 850 MW, y los contratos condicionados representan miles de millones en compromisos a largo plazo —hasta 10 y 20 años— que definirán la capacidad y el costo de la energía para los próximos años. La Junta identificó fallos en garantías de desempeño, cronogramas y protecciones ante fluctuaciones de combustible que deben resolverse antes de ejecutar los acuerdos.

El proceso de generación temporal surgió en julio de 2025 tras una orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (PREB) para atender el déficit proyectado, mientras que el Programa ASAP busca acelerar la integración de baterías en plantas de productores independientes que ya cuentan con permisos e interconexión activa.

El Departamento de Justicia presentó seis cargos contra Miguel Ángel Ramos Borias, dueño del Restaurante El Cerezal en Río Piedras, por apropiación ilegal e interferencia con contadores y sistemas de distribución de LUMA Energy; el juez Ángel D. Rivera Miranda encontró causa en todos los cargos y fijó fianza de $15,000.

El negocio operó con electricidad hurtada tras ser desconectado en febrero de 2024 por una deuda de $19,451.56 con LUMA Energy, lo que representa una pérdida directa para el sistema eléctrico y un precedente de fiscalización comercial.

Según la investigación, el servicio fue desconectado el 15 de febrero de 2024 por falta de pago; visitas de campo posteriores, realizadas entre febrero de 2024 y junio de 2025, confirmaron que el establecimiento continuaba operando mediante una conexión eléctrica interceptada.

El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión y Administración Financiera aprobó condicionalmente varios contratos de la AEE: enmiendas para añadir capacidad de almacenamiento de baterías bajo el programa ASAP —sumando cientos de megavatios vinculados a proyectos solares existentes— y dos contratos de generación temporal de emergencia por 200 MW en San Juan y 400 MW en Aguirre, valorados en $2.4 mil millones y $5.8 mil millones respectivamente. Las partes no podrán firmar los acuerdos hasta que la AEE someta versiones revisadas que corrijan las deficiencias señaladas.

Los contratos de generación temporal buscan cubrir un déficit proyectado de entre 700 y 850 MW identificado por el Negociado de Energía, déficit que amenaza la confiabilidad del sistema en temporadas de alta demanda; los proyectos de baterías bajo el ASAP sumarían más de 486 MW de almacenamiento renovable bajo acuerdos a 20 años con pagos fijados en $16,000 por MW al mes.

El proceso para los contratos de generación temporal comenzó en julio de 2025 tras una orden del PREB ante márgenes de generación limitados en el sistema eléctrico de Puerto Rico; la Junta fundamentó sus determinaciones en la Sección 204(b)(2) de la Ley PROMESA, que exige que los contratos gubernamentales fomenten la competencia y sean consistentes con el plan fiscal certificado.

El secretario de Energía Josué Colón anunció el cierre del contrato de LUMA Energy y la designación de dos nuevos operadores temporeros para el sistema eléctrico de Puerto Rico.

El contrato de LUMA ha sido eje de controversia pública desde su inicio; su cierre representa un cambio estructural en la administración de la red eléctrica que afecta a todos los abonados de la isla.

LUMA Energy asumió la operación y mantenimiento de la red de transmisión y distribución de la AAE tras un contrato multimillonario que enfrentó oposición legislativa, huelgas y cuestionamientos continuos sobre la calidad del servicio y las tarifas.

Este miércoles 13 de mayo de 2026, LUMA Energy notificó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston contra la orden de la jueza federal Laura Taylor Swain que devuelve al foro estatal los pleitos sobre la validez de la extensión de su contrato suplementario, y solicitó paralelamente que se paralice esa orden mientras dura el proceso apelativo. La empresa advirtió que, si no obtiene la paralización antes del 15 de mayo, presentará una moción de emergencia directamente ante el Primer Circuito.

Si el Primer Circuito accede a paralizar la orden de Swain, los casos no regresarían al Tribunal de Primera Instancia según lo previsto, retrasando la ruta que el gobierno había trazado para obtener una determinación final sobre la validez del contrato de LUMA antes de que culmine 2026 y eventualmente iniciar una transición operacional del sistema eléctrico.

El pasado viernes, la jueza Swain determinó que las demandas radicadas por la gobernadora Jenniffer González Colón, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) —que alegan que la extensión contractual aprobada en 2022 incumplió la Ley 29 y la Ley 120— pertenecen al foro estatal por responder al ejercicio de facultades regulatorias del gobierno. LUMA sostiene ahora que la controversia plantea una cuestión «seria y novedosa» sobre la excepción de «police or regulatory power» bajo PROMESA, materia que el propio Primer Circuito tiene señalada para argumentación oral el 4 de junio en un litigio separado con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El zar de Energía, el ingeniero Josué Colón, anunció que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó condicionalmente la contratación de Power Expectations y Gothams Energy para proveer generación temporera al sistema eléctrico de Puerto Rico; ambas compañías iniciarán instalaciones de equipos en los próximos meses.

Los contratos añadirían entre 600 y 800 megavatios al sistema eléctrico por 10 años: entre 400 y 600 MW mediante unidades terrestres en la Central Aguirre en Salinas (Power Expectations) y 200 MW a través de barcazas generatrices (Gothams Energy).

En octubre de 2025, el propio Colón reconoció que Power Expectations carecía de experiencia al llevar solo dos años haciendo negocios en Puerto Rico, aunque posteriormente aseguró que la empresa cumplió con los requisitos de evaluación.

El Departamento de Energía federal renovó el 11 de mayo de 2026 dos órdenes de emergencia que autorizan a la AAE a despachar unidades de generación esenciales y continuar trabajos de manejo de vegetación, en preparación para el aumento de demanda energética del verano y la temporada de huracanes de 2026; las órdenes estarán vigentes del 12 de mayo al 9 de agosto de 2026. El secretario de Energía Chris Wright afirmó que Puerto Rico lleva un año sin apagones a nivel isla.

Las órdenes renuevan la base legal que sostiene la capacidad crítica de generación y los trabajos de vegetación que reducen interrupciones en el sistema; sin ellas, la AAE perdería autorización para operar unidades esenciales justo cuando la demanda alcanza su pico estacional y la exposición a huracanes es mayor.

Las acciones de emergencia del DOE sobre la red de Puerto Rico comenzaron en 2025 y se extendieron a principios de 2026, en el marco de los esfuerzos federales de reconstrucción energética; la red de transmisión y distribución opera bajo el contrato de LUMA Energy, ampliamente cuestionado por legisladores, sindicatos y ciudadanos.

LUMA Energy anunció interrupciones de servicio eléctrico programadas para la semana del 11 al 16 de mayo de 2026 en varios municipios, entre ellos Caguas, Luquillo, Ponce, Arecibo y Guaynabo.

Los cortes afectan a comunidades a lo largo de la isla; aunque LUMA los describe como necesarios para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red, representan inconvenientes directos para los residentes afectados.

LUMA Energy opera la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico y ha ejecutado interrupciones programadas de forma recurrente como parte de sus trabajos de mantenimiento e infraestructura.

En mayo de 2026, Puerto Rico se aproxima a la temporada de mayor demanda eléctrica con niveles de consumo ya superiores a los de 2025, sin contar con recursos adicionales de generación confirmados. La semana anterior, la salida de la unidad #6 de la central Costa Sur dejó sin servicio a cerca de 150,000 abonados.

La estabilidad del sistema depende de las mismas plantas antiguas administradas por Genera PR que operaban hace un año, lo que expone a la isla a interrupciones masivas durante los meses de mayor calor y consumo.

LUMA Energy opera la transmisión y distribución mientras Genera PR administra la generación; ambas empresas asumieron el sistema eléctrico en medio de un proceso de privatización que buscaba modernizar una infraestructura deteriorada, sin que hasta ahora se hayan incorporado fuentes significativas de generación nueva.

El 11 de mayo de 2026, LUMA Energy anunció relevos de carga a raíz de deficiencias en la generación eléctrica, atribuidas según una fuente a problemas en la Central Palo Seco, provocando interrupciones de servicio en áreas que incluyen San Juan, Cataño, Carolina y Levittown.

Los relevos de carga representan apagones rotativos que afectan a residentes y negocios sin previo aviso de sectores específicos, lo que dificulta la preparación ciudadana ante las interrupciones.

LUMA Energy opera la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico, pero la generación de energía está a cargo de empresas separadas; las fallas en generación han sido una fuente recurrente de tensión entre ambas partes del sistema.

El representante Jorge Navarro Suárez presentó el Proyecto de la Cámara 1252, que crearía brigadas especializadas de celadores de línea dentro de la AAA para atender averías eléctricas en estaciones de bombeo y plantas de filtración sin tener que esperar a LUMA Energy.

Comunidades de Cupey Bajo, Cupey Alto, Montehiedra y sectores aledaños han quedado sin agua por 24 horas o más cuando LUMA tarda en atender averías eléctricas menores; el proyecto busca eliminar esa dependencia operacional.

La AAA depende de LUMA Energy para restablecer el suministro eléctrico en sus instalaciones de bombeo y filtración, lo que genera una cadena de interrupciones de agua cada vez que ocurre una avería eléctrica, por menor que sea.

La jueza federal Laura Taylor Swain devolvió al tribunal estatal el pleito entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, confirmando que el foro federal no es el lugar adecuado para resolver la controversia sobre el contrato de operación de la red eléctrica.

La decisión traslada al sistema judicial estatal la disputa sobre el futuro del contrato de LUMA, validando el argumento de la gobernadora Jenniffer González de que los tribunales locales son el foro correcto; la Junta Fiscal, por su parte, ha insistido en que cualquier cambio de operadores debe seguir un proceso transparente y competitivo sin interrumpir la modernización del sistema.

LUMA y la Junta Fiscal habían argumentado previamente que el litigio debía ventilarse en el tribunal federal de quiebras bajo PROMESA, y la Junta sostiene que la ley y el plan fiscal de la AEE exigen operación privada del sistema eléctrico.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge "Georgie" González Otero, solicitó el 9 de mayo de 2026 al secretario del Departamento de Energía federal, Chris Wright, que reconsidere la cancelación de aproximadamente $700 millones en adjudicaciones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), fondos cancelados en dos tandas —$365 millones el 30 de septiembre de 2025 y $350 millones el 9 de enero de 2026— y redirigidos hacia proyectos de estabilización de red administrados por la AEE. La misiva señala que al menos 12,000 familias aprobadas quedaron sin sus sistemas solares y de baterías tras la terminación del programa.

Los fondos estaban destinados por ley a hogares de ingresos bajos y moderados y a personas con discapacidades —muchas dependientes de equipos médicos como ventiladores y máquinas de diálisis— en una isla donde la tasa de pobreza es de 39.6%, más de tres veces el promedio nacional de 12.5%. La reasignación hacia infraestructura centralizada de LUMA, Genera y la AEE genera, según los alcaldes, interrogantes sobre duplicidad con más de $9,000 millones que FEMA ya obligó para el sistema eléctrico.

El PR-ERF fue creado por el Congreso federal mediante la Ley Pública 117-328 con una autorización de $1,000 millones para fortalecer la resiliencia eléctrica de Puerto Rico a nivel residencial y comunitario. El 23 de abril de 2026, 46 miembros del Congreso —incluido el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera— ya habían dirigido cuestionamientos al Departamento de Energía y solicitado una reunión informativa para el 30 de abril de 2026.

El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó de forma condicionada dos contratos de generación eléctrica temporal —con Power Expectations y Gothams Energy— que aportarían entre 600 y 800 megavatios por un período de 10 años. Los entes gubernamentales deberán renegociar componentes de los acuerdos antes de que los contratos sean definitivos.

La capacidad adicional apuntaría a reforzar una flota permanente de generación que el propio proceso describe como debilitada, lo que incide directamente en la confiabilidad del servicio eléctrico para los abonados de Puerto Rico.

La JSF llevaba meses en intercambios con el gobierno sobre estos acuerdos preliminares antes de emitir las aprobaciones condicionadas; las condiciones impuestas implican que aún resta una ronda de negociación entre las partes.

Un columnista de El Nuevo Día argumenta que los esfuerzos del DDEC por atraer empresas globales mediante nearshoring fracasarán si Puerto Rico no resuelve primero su déficit de capacidad eléctrica.

Puerto Rico podría perder miles de millones de dólares en incentivos federales que expiran en pocos meses si no puede garantizar infraestructura eléctrica suficiente para las industrias que busca atraer.

El DDEC ha promovido activamente la atracción de nuevas industrias, incluyendo centros de inteligencia artificial, como parte de una estrategia de nearshoring ante el interés de empresas globales en trasladarse desde Asia hacia territorio estadounidense.

Durante el Caribbean Business Summit el 7 de mayo de 2026, la principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, afirmó que parte de la legislación aprobada en Puerto Rico ha afectado la operación del sistema eléctrico, y defendió la necesidad de un regulador energético independiente de presiones políticas. Quiñones no identificó legislación específica.

Las expresiones de la CEO de LUMA señalan tensión directa entre la operadora del sistema de transmisión y distribución y el proceso legislativo, en un contexto donde la confiabilidad eléctrica sigue siendo una de las principales preocupaciones de los consumidores y la economía de Puerto Rico.

La AEE fue fragmentada entre distintas entidades públicas y privadas — entre ellas LUMA, como operadora de transmisión y distribución, y GENERA PR en generación — lo que, según Quiñones, ha obligado a reconstruir y transformar la red mientras el sistema continúa operando. El regulador energético, la NEPR, fue creado precisamente para ejercer supervisión independiente sobre ese ecosistema.

La Junta de Supervisión Fiscal y la AAFAF presentaron objeciones formales para que el tribunal mantenga vigente el litigation stay en la quiebra de la AEE bajo Título III, rechazando la solicitud de bonistas que busca reactivar procesos para nombrar un síndico o desestimar el caso. La jueza Laura Taylor Swain había permitido previamente solo un alivio limitado del stay, enfocado en el proceso de accounting para determinar si la AEE ha generado ingresos netos.

La disputa gira en torno a si la AEE ha producido ingresos netos y cuánto vale su colateral —punto que determinará cuánto recuperan los bonistas y si el plan de ajuste puede confirmarse; la Junta advirtió además que ampliar el stay podría desestabilizar la reestructuración y afectar la operación de LUMA Energy y Genera PR.

La quiebra de la AEE se radicó en julio de 2017 al amparo de la Ley Promesa y ha estado marcada por disputas entre la Junta, los acreedores y el gobierno sobre cómo reestructurar la deuda de la corporación; este nuevo intento de los bonistas representa una escalada en ese conflicto al buscar vías que podrían alterar el control de la corporación pública.

El 5 de mayo de 2026, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) y Solar United Neighbors (SUN) presentaron ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una moción conjunta para reconsiderar la Resolución y Orden Final emitida el 15 de abril de 2026 sobre la nueva estructura tarifaria eléctrica. La moción objeta, entre otros puntos, que la orden cuadruplica el cargo fijo residencial de $4 a $16 mensuales en poco más de un año, un aumento de $192 anuales antes de que el cliente consuma un solo kilovatio-hora.

El alza traslada costos desde clientes de alto consumo hacia hogares de bajo consumo neto, afectando desproporcionadamente a familias de ingresos bajos y a prosumidores con paneles solares; además, SESA y SUN argumentan que la estructura contraviene leyes vigentes que prohíben cargos directos o indirectos a la generación renovable distribuida y que exigen alcanzar un 30 % de eficiencia energética para 2040.

La Ley 114-2007, la Ley 57-2014 y la Ley 17-2019 establecen principios de asequibilidad, equidad y promoción de energía renovable distribuida en Puerto Rico; la moción alega que la Orden Final aprobada por el NEPR se aparta de ese marco legal, incluyendo la eliminación de la tarifa en bloques inclinados que históricamente incentivaba la eficiencia energética.

El Negociado de Energía de Puerto Rico autorizó a Genera PR a formular ante FEMA un proyecto para gasificar dos unidades de la central Cambalache, en Arecibo, sujeto a múltiples condiciones, entre ellas una revisión del costo estimado de $58 millones.

La autorización abre la puerta a financiamiento federal para la conversión, pero el NEPR ordenó reevaluar el estimado de $58 millones antes de que el proyecto avance, lo que añade un escrutinio adicional sobre el uso de fondos públicos en la transición energética.

El proceso de conversión de Cambalache a gas natural ha estado sujeto a condiciones regulatorias desde al menos la resolución del NEPR del 4 de julio de 2025; una determinación reciente confirmó que Genera cumplió esas condiciones para las unidades 2 y 3, excluyendo la unidad 1.

La senadora por San Juan Nitza Morán presentó la Resolución del Senado 495 para iniciar una investigación legislativa sobre la posibilidad de soterrar la cablería eléctrica y de datos, y eliminar los postes, a lo largo de la calle Loíza.

De concretarse, la medida liberaría las aceras de uno de los corredores turísticos más transitados de San Juan, con implicaciones para la movilidad peatonal y el desarrollo económico del sector.

La idea de soterrar la cablería en la calle Loíza se ha discutido a nivel municipal desde 2012, sin que se haya concretado ninguna acción formal.

El zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, anunció que comunicará al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) sus preocupaciones con la distribución presupuestaria aprobada por ese organismo, la cual incluye un recorte de 25% en la partida operacional de Genera PR y aumentos al presupuesto de LUMA Energy.

Los ajustes presupuestarios del NEPR afectan directamente la operación del sistema de generación y distribución eléctrica de la isla; Colón considera que los cambios no se justifican ni atienden las necesidades reales del sistema.

El NEPR es el ente regulador del sistema eléctrico de Puerto Rico y tiene autoridad sobre los presupuestos operacionales de los contratistas LUMA Energy y Genera PR, quienes administran la distribución y generación de electricidad, respectivamente.

La compañía española Naturgy anunció durante su conferencia de resultados del primer trimestre de 2026 que estudia expandir su presencia en Puerto Rico, con interés específico en la subasta de la P3A para un proyecto de 600MW en la zona de Costa Sur.

Naturgy ya controla el 50% de EcoEléctrica —que genera el 20% de la energía consumida en la Isla— y opera el único terminal de gas natural licuado de Puerto Rico, lo que le daría una posición dominante en la infraestructura energética si concreta su expansión.

EcoEléctrica opera en Peñuelas como planta de cogeneración a gas natural, y el terminal de GNL de Naturgy abastece también la central de Costa Sur, propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica; la P3A lleva adelante una subasta para desarrollar los 600MW de esa zona.

Un análisis de opinión publicado el 2 de mayo de 2026 en El Nuevo Día plantea que reorganizar Puerto Rico en condados alineados con las regiones operacionales de la Junta de Planificación podría convertir la energía en un eje de gobernanza regional coherente.

La fragmentación municipal actual dificulta la planificación energética y fiscal; una reorganización territorial podría cambiar cómo se distribuyen recursos y servicios en toda la isla.

En 2014, el Comité de Descentralización y Regiones Autónomas ya había propuesto usar el mapa de áreas funcionales de la Junta de Planificación como base para crear gobiernos regionales, sin que la idea prosperara legislativamente.

El Departamento de la Vivienda anunció el 1 de mayo de 2026 un préstamo de $214,388 en fondos CDBG-MIT a Automeca Technical College en Bayamón para instalar un sistema de paneles fotovoltaicos, inversores y almacenamiento de energía por baterías. La inversión total del proyecto asciende a $428,776, completada con capital propio de la institución y financiamiento privado.

El sistema proyecta generar aproximadamente 216,600 kWh anuales y reduciría el costo de electricidad de la institución de alrededor de 0.30¢/kWh a 0.03¢/kWh, ahorro que la institución destinará a nuevos programas académicos en energías renovables y empleos de mantenimiento en el campus.

Los fondos provienen del programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico (IPG-MIT), parte de la asignación federal de mitigación obtenida tras los desastres de 2017; la fuente atribuye esa gestión a la gobernadora Jenniffer González cuando se desempeñaba como comisionada residente.

Genera PR radicó una moción de reconsideración ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tras recibir una tarifa base que redujo aproximadamente 25% de su presupuesto operacional no federal destinado a la flota generatriz.

La empresa advierte que el recorte resultará en más relevos de carga, por períodos más prolongados, y menor capacidad de respuesta ante eventos inesperados en el sistema eléctrico.

El NEPR aprobó recientemente la nueva tarifa base que regula los fondos que recibe Genera PR para operar la generación eléctrica del país, en el marco del esquema de contratos privados de operación del sistema.

El Proyecto de la Cámara 1004, de autoría del representante José 'Cheito' Hernández, fue aprobado por unanimidad (49-0) el 12 de marzo y obliga a LUMA Energy a notificar al abonado antes de cerrar cualquier querella sin resolución efectiva. El proyecto, que enmienda la Ley Núm. 83 de 1941, se coordina con el Senado para su aprobación final y se espera sea evaluado en sesión ordinaria el próximo jueves.

La medida responde a cientos de quejas de constituyentes por querellas cerradas sin resolución y falta de seguimiento por parte de LUMA Energy, estableciendo por ley un sistema de procesamiento de querellas con notificación obligatoria al consumidor.

LUMA Energy opera la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico y ha enfrentado críticas sostenidas por canales de comunicación deficientes y demoras en la atención de casos; la Ley Núm. 83 de 1941 que rige a la Autoridad de Energía Eléctrica es el marco legal que esta medida busca enmendar.

En marzo de 2026, el programa de medición neta de LUMA Energy superó los 200,000 participantes —uno de cada ocho clientes— tras un primer trimestre con un promedio de más de 3,000 nuevas interconexiones mensuales.

La cifra refleja la escala que ha alcanzado la generación distribuida en la isla, con una porción significativa de la base de clientes produciendo y exportando energía a la red.

El programa de medición neta permite a consumidores residenciales y comerciales vender excedentes de energía solar a la red de LUMA Energy; el ritmo sostenido de incorporaciones durante el primer trimestre de 2026 señala una tendencia de crecimiento constante.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó presupuestos para LUMA Energy, Genera PR y la AEE hasta el año fiscal 2027-2028 que quedaron entre $1,300 millones y $1,900 millones anuales por debajo de lo que los operadores solicitaron. Ambas compañías evalúan presentar solicitudes de reconsideración y, de no prosperar, apelar ante los tribunales.

Si LUMA o Genera PR logran revertir la decisión del NEPR mediante impugnación judicial, la tarifa base de luz podría aumentar por encima de lo que el regulador determinó, con impacto directo en el recibo de electricidad de los abonados.

La revisión a la tarifa base forma parte del proceso regulatorio en curso desde que LUMA Energy asumió la transmisión y distribución en 2021 y Genera PR tomó operación de la generación; ambas compañías han argumentado que los ingresos aprobados son insuficientes para financiar sus operaciones y planes de mejora.