Política y gobierno

La gobernadora Jenniffer González firmó la Resolución Conjunta 46-2026, que asigna $2,792,772 para proyectos de infraestructura en varios municipios, incluyendo repavimentación de carreteras, mejoras en escuelas y espacios recreativos.

Los fondos alcanzan a más de veinte municipios administrados tanto por el PNP como por el PPD, con asignaciones que van desde $10,000 hasta $275,000 por municipio, además de partidas para escuelas en Arecibo y Hatillo y obras en instalaciones públicas de San Juan y Carolina.

La medida fue impulsada por el presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, quien señaló que los fondos atienden necesidades de infraestructura acumuladas por años; $1,258,000 del total se canalizan a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) cerró el año fiscal 2025-2026 con un 90.33% de cumplimiento en horas de educación continua —el más alto en su historia—, equivalente a 131,529 servidores públicos capacitados, según informó el director ejecutivo Luis A. Pérez Vargas.

La mitad de las 209 entidades públicas evaluadas y el 60% de los 78 municipios alcanzaron entre 90% y 100% de cumplimiento; además, la agencia recaudó $261,505.21 en multas, restituciones y sanciones, y mantuvo 380 investigaciones activas durante el periodo.

La OEG administra la capacitación ética obligatoria para el gobierno de Puerto Rico en ciclos bienales; los porcentajes de cumplimiento anteriores no se detallan en la fuente, pero el 90.33% se describe como el registro más alto de la agencia.

El excandidato a la gobernación Javier Jiménez reiteró en entrevista radial que Proyecto Dignidad fue desmantelado por su presidenta Nilda Pérez y el expresidente César Vázquez, pero evitó responder si se desafilió voluntariamente o si acepta que el partido lo dio por desafiliado.

La ambigüedad prolonga una disputa interna que evidencia la fragilidad organizativa de Proyecto Dignidad, un partido que en las elecciones de 2024 obtuvo más de 37,000 votos con Jiménez como candidato a la gobernación.

La crisis se intensificó tras la salida de la senadora Joanne Rodríguez Veve y luego de que Pérez declarara que el partido agotó correo certificado, mensajes y llamadas sin recibir respuesta de Jiménez. El exalcalde de San Sebastián llegó a Proyecto Dignidad en septiembre de 2023 tras abandonar el Partido Nuevo Progresista.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunció este martes su candidatura para mantenerse en la presidencia del PPD, acompañado por el senador Luis Javier Hernández Ortiz, quien aspira a la vicepresidencia del partido. Hernández Rivera invocó el respaldo de los exgobernadores Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla para defender su liderato.

La dupla Hernández-Hernández definirá la dirección del principal partido de oposición de cara a la asamblea del 11 de octubre, en un momento en que Hernández Rivera busca distinguir al PPD del PNP, que ha gobernado desde 2017.

Hernández Rivera ha apuntado en discursos recientes —incluyendo el del 25 de julio— a una "claque" interna que promueve el inversionismo político, en medio del malestar de algunos afiliados con su filosofía de partido. El senador Luis Javier Hernández Ortiz confirmó que su aspiración para 2028 es mantenerse en el Senado.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó dos proyectos de ley el 4 de agosto de 2026: la Ley 165-2026, que moderniza la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras permitiendo reuniones virtuales y decisiones por consentimiento escrito, y la Ley 166-2026, que establece atención prioritaria en la restauración de servicios esenciales para establecimientos residenciales tras emergencias o desastres.

La Ley 165-2026 actualiza una estructura administrativa que data de 1941 para agilizar la gestión del sector agropecuario; la Ley 166-2026 crea un mecanismo legal que obliga a priorizar hogares residenciales en la recuperación de servicios básicos luego de un desastre.

La Autoridad de Tierras fue creada bajo la Ley Núm. 26 de 1941 para promover el desarrollo agrícola y conservar terrenos productivos; la reforma refleja también cambios institucionales previos, como la desaparición del Banco Gubernamental de Fomento, cuyo rol en la Junta pasa ahora al Director Ejecutivo de AAFAF.

Edwin Marrero Santiago, excandidato a la alcaldía de Vega Baja por Movimiento Victoria Ciudadana en 2024, llegó a un acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental para pagar una multa de $1,000 y restituir $332 por haber hecho negocios con el municipio mientras era legislador municipal.

El acuerdo establece que Marrero Santiago violó la Ley de Ética al continuar operando contratos de su negocio Edwin Auto Air LLC con el ayuntamiento luego de ser certificado legislador municipal en febrero de 2021, período en que el municipio le canceló facturas adicionales por $2,849.95.

Según la querella de la OEG, fechada el 19 de marzo, Edwin Auto Air LLC ya tenía contratos municipales para reparar aires acondicionados de vehículos oficiales antes de que Marrero Santiago asumiera el cargo legislativo; el conflicto surgió porque continuó esa relación comercial tras su certificación.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico concluyó, en el informe OC-27-11, que el Departamento de la Familia desembolsó $618,864 en el alquiler de tres vagones tipo oficina y servicios de seguridad privada en Guánica entre mayo de 2020 y junio de 2024, instalaciones que nunca fueron utilizadas para atender a la ciudadanía. El personal asignado a Guánica continuó trabajando desde la oficina de Lajas durante todo el período investigado.

El desperdicio representa $308,616 en alquiler e instalación de vagones y $310,248 en seguridad privada para custodiar estructuras vacías, fondos públicos que no produjeron ningún beneficio a los residentes del municipio.

Los vagones fueron contratados en 2020 para reubicar temporalmente la oficina de Guánica tras los terremotos de enero de ese año y evitar interrupciones en los servicios; la propia oficial administrativa principal interina de la Región de Mayagüez certificó que el personal nunca operó desde esas instalaciones.

La gobernadora Jenniffer González firmó la Resolución Conjunta 46-2026, que asigna $2,792,772 para rehabilitación de carreteras y mejoras permanentes en 23 municipios, impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez.

Los fondos cubrirán reparación de carreteras estatales y municipales, modernización de seis escuelas en Arecibo y Hatillo, mejoras al Departamento de la Familia y al cuartel de Bomberos en Barrio Obrero, San Juan.

El presidente cameral señaló que por décadas las facilidades escolares y las carreteras no recibieron el mantenimiento necesario; la iniciativa incluye municipios con alcaldes del PPD sin distinción partidista, según indicó Méndez.

La Oficina del Inspector General (OIG) reveló que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagó $109,009.20 de manera retroactiva a un contratista por servicios de arrendamiento de vehículos prestados entre octubre de 2023 y enero de 2024, en violación a la Ley de Registro de Contratos. Los pagos se realizaron cuando el contrato original operaba sin fondos disponibles.

El informe, firmado por la inspectora general Ivelisse Torres, señala que fondos públicos fueron desembolsados en contravención directa de las leyes de contratación gubernamental; el período evaluado cae bajo la dirección de Edwin González, quien hoy ocupa la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El contrato original entre la ACT y la empresa cubría el arrendamiento de 19 vehículos entre septiembre de 2022 y diciembre de 2024, por un máximo de $301,650; al agotarse casi por completo los fondos en agosto de 2023, el contrato fue enmendado meses después para elevar la cuantía a $648,450 y cubrir retroactivamente el período sin fondos.

El exaspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad Javier Jiménez calificó este lunes de "incompetente" a la presidenta del partido, Nilda Pérez, y afirmó que la colectividad "ya no existe", aunque sin declarar categóricamente que se hubiera desafiliado. Sus declaraciones se produjeron en respuesta a una carta de Pérez preguntándole si continuaría como miembro.

Las expresiones de Jiménez profundizan la crisis interna de Proyecto Dignidad, partido que en noviembre de 2024 obtuvo más de 37,000 votos con Jiménez como candidato a la gobernación, equivalentes al 6.36 % del total.

La disputa se suma a meses de salidas y fricciones dentro del partido: en enero de 2025 la entonces secretaria general Ellyam Martínez aceptó un cargo bajo la presidencia senatorial de Thomas Rivera Schatz del PNP, movida que el propio Jiménez criticó públicamente en ese momento.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Ríos Pierluisi, defendió la validez de sobre $74 millones en incentivos otorgados a empresas ligadas al bufete del exsecretario Sebastián Negrón Reichard, mientras la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) investiga a exfuncionarios de la agencia, entre ellos Negrón Reichard, el exsecretario de OGPe Norberto Almodóvar y la exjefa de personal Charlene Neumann.

Los referidos cubren presuntos actos de corrupción en la asignación de incentivos económicos y contratos de publicidad dentro del DDEC y sus dependencias, con dos fiscales especiales independientes ya asignados al caso.

El exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech refirió a Negrón Reichard al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental por beneficiar presuntamente a clientes del bufete familiar Reichard & Escalera; a su vez, el Departamento de Justicia emitió una opinión limitando la autoridad del secretario del DDEC sobre evaluaciones técnicas de permisos en OGPe.

A cinco días de la salida del secretario de la Gobernación Francisco Domenech, prevista para el 7 de agosto de 2026, La Fortaleza no ha revelado quién lo reemplazará. La gobernadora Jenniffer González Colón indicó que anunciará los nombres para los puestos de secretaría y subsecretaría durante esta semana.

La Gobernación opera sin un sucesor designado públicamente para uno de sus cargos de mayor confianza, lo que mantiene incertidumbre sobre la conducción de la oficina del ejecutivo en un momento de escrutinio político.

El anuncio de la salida de Domenech se hizo público el 21 de julio de 2026 en medio de una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y reclamos políticos para su remoción; la gobernadora negó que la decisión respondiera a esas presiones. La subsecretaria Itza García también dejará su cargo, el 15 de agosto.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le pidió a la gobernadora Jenniffer González que no firme dos resoluciones conjuntas que distribuirían $9.4 millones —provenientes del fondo de máquinas tragamonedas bajo la Ley 11-1933— entre 20 municipios, excluyendo a los otros 58. La JSF señala que las medidas no explican por qué se seleccionaron esos municipios ni cómo se determinaron montos individuales que van de $50,000 a $1.2 millones.

La objeción expone una posible distribución discrecional de fondos públicos sin justificación técnica documentada; además, la JSF destacó que de los 20 municipios beneficiados, solo dos —Hatillo y Quebradillas— tienen alcaldes del Partido Popular Democrático.

El dinero proviene de la partida reservada para gobiernos municipales generada por las máquinas tragamonedas, habilitada por la Ley 11-1933 y enmendada en 2024. La JSF tiene facultad para objetar legislación que considere inconsistente con el plan fiscal.

El 1 de agosto de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó las leyes 154, 155, 156 y 157 de 2026, que enmienden normas sobre financiamiento de campañas políticas, hacen obligatoria la restitución en casos de enriquecimiento ilícito, modernizan el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y trasladan al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción sobre controversias de condominios.

Las cuatro medidas amplían las herramientas del Estado para fiscalizar el dinero político, recuperar fondos públicos robados y descongestionar el manejo administrativo de querellas de propiedad horizontal; la Ley 156 también eleva el umbral de compras del Instituto de Estadísticas de $36,000 a $100,000, agilizando su operación sin comprometer su independencia.

Las medidas provienen de proyectos de la Cámara y el Senado con autoría plural, incluyendo al presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez, la senadora Ada Álvarez Conde y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, entre otros legisladores; la Ley 157 en particular responde a un rezago de querellas en el DACO que afectaba a titulares de condominios en todo el país.

El Partido Proyecto Dignidad anunció este viernes que da por desafiliado a su excandidato a la gobernación, Javier Jiménez, luego de que el exalcalde de San Sebastián afirmara públicamente que el partido 'se ha desmantelado' y no respondiera a múltiples intentos de comunicación por parte de la dirección. La presidenta del partido, Nilda Pérez, indicó que se agotaron vías que incluyeron correo certificado, mensajes de texto, WhatsApp y contacto a través de allegados.

La ruptura agudiza la crisis interna de Proyecto Dignidad, colectividad que en las elecciones de 2024 captó más de 37,000 votos —un 6.36% del total— y que en los últimos meses ha perdido figuras clave, incluida la senadora Joanne Rodríguez Veve.

Jiménez se unió a Proyecto Dignidad en septiembre de 2023 tras abandonar el Partido Nuevo Progresista, y fue el candidato a la gobernación de esa colectividad en las elecciones de 2024. Rodríguez Veve, por su parte, justificó su salida alegando que el partido ignoraba el cumplimiento de sus propias normas constitucionales.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió una carta, fechada el 30 de julio de 2026, a la gobernadora Jenniffer González Colón para recordarle que debe someter las órdenes ejecutivas propuestas ante el organismo para su revisión y aprobación antes de emitirlas. La JSF aprobó las siete órdenes evaluadas, pero se reservó el derecho de modificarlas si surge información adicional.

La advertencia deja claro que la JSF exige control previo sobre las órdenes ejecutivas de la gobernadora, una prerrogativa que bajo la ley PROMESA el organismo puede ejercer sobre decisiones de política pública con impacto fiscal.

La carta también fue enviada en copia al secretario de la Gobernación Francisco Domenech, quien deja el cargo el 7 de agosto de 2026, y a la secretaria del Departamento de Estado Rosachely Rivera; las siete órdenes ejecutivas abarcan desde la 2026-008 hasta la 2026-031.

El 31 de julio, la gobernadora Jenniffer González confirmó que convocará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, para discutir la agenda legislativa de la segunda sesión ordinaria, encabezada por la reforma contributiva y la reforma de permisos. González descartó que la tensión con Rivera Schatz obstaculice la comunicación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

La reunión entre los tres líderes determinará si proyectos económicos clave —reforma contributiva, reforma de permisos y el impuesto al inventario— avanzan en agosto, con fondos federales en juego según la propia gobernadora.

La relación entre González y Rivera Schatz atraviesa un período de tensión pública; la primera sesión ordinaria cerró el 30 de junio sin resolver el impuesto al inventario tras el veto gubernamental al Proyecto de la Cámara 420.

El Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública (LabPOP), iniciativa conjunta de la UPR Río Piedras y la Universidad de Michigan, publicó su primera encuesta de panel —realizada entre abril y noviembre de 2025 con 1,266 participantes— que revela que la mitad de los encuestados cree que la mayoría o la totalidad de los funcionarios electos son corruptos, y que solo el 13% aprueba la gestión de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El estudio documenta una desconexión institucional profunda: el 71% siente que su voz no es escuchada en decisiones gubernamentales, el 72% percibe que el gobierno de Puerto Rico tiene poco o ningún poder independiente del federal, y el 68% considera que la Junta de Control Fiscal tiene más poder que el gobierno electo.

La encuesta también registra un electorado fragmentado en torno al estatus: el 35% prefiere el actual Estado Libre Asociado, el 32% la estadidad y el 18% la independencia, mientras que el 42% no se identifica con ningún partido político —proporción casi doble que la del partido más popular.

El 30 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González firmó la Ley 146-2026 y la Ley 147-2026, que prohíben usar el Fideicomiso para el Retiro de la Policía para cubrir obligaciones patronales u operacionales del gobierno, y vedan que los ingresos del Seguro Social reduzcan la compensación anual de los retirados.

Las medidas protegen los activos del fideicomiso policial —reservados exclusivamente para beneficios de retiro— y eliminan descuentos a retirados por recibir Seguro Social, reforzando la seguridad económica de agentes activos y retirados en un momento de tensión gremial por ajustes salariales incumplidos.

Las leyes enmiendan el marco del Fideicomiso para el Retiro de la Policía y fueron promulgadas mientras gremios policiales protestaban por una nueva estructura salarial que, según los oficiales, dejó sin los aumentos prometidos por la presente administración; la Ley 146-2026 es autoría del senador novoprogresista Gregorio Matías.

El 30 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón descartó que Francisco Domenech Fernández mantenga influencia sobre agencias gubernamentales tras su renuncia, calificando los señalamientos como especulaciones. Además, anunció que antes de que concluya la semana siguiente nombrará a los sustitutos en la Secretaría de la Gobernación y en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

La salida de Domenech Fernández deja dos puestos clave vacantes en la administración en medio de una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, lo que genera incertidumbre sobre la dirección de esas agencias.

Domenech Fernández renunció a su cargo mientras el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente lleva a cabo una investigación; la gobernadora señaló que otros funcionarios bajo investigación similar no han abandonado sus puestos.

La contralora Carmen Vega Fournier confirmó que su oficina recibió el 28 de julio de 2026 un referido de la portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de San Juan, Ingrid Colberg Rodríguez, solicitando una investigación y auditoría especial sobre el arrendamiento y operación del estacionamiento del Escambrón. El referido incluye 14 presuntas irregularidades relacionadas con el contrato vigente del estacionamiento.

La Oficina del Contralor tendría que evaluar si hubo irregularidades en contratos públicos municipales sobre una instalación recreativa de uso masivo en San Juan; Vega Fournier advirtió que no adelantará conclusiones por estar el caso en etapa de evaluación preliminar.

La legisladora Colberg Rodríguez ya había cuestionado previamente el propuesto estacionamiento multipisos en el área del Escambrón; el nuevo referido suma 14 presuntas irregularidades adicionales al contrato existente.

El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Compañía de Turismo, asignó $272,891 para participar en la Freedom 250 Great American State Fair, una feria organizada por la administración de Donald Trump en el National Mall de Washington DC del 25 de junio al 10 de julio de 2026. Al menos 21 empleados públicos de múltiples agencias del gobierno trabajaron en el pabellón, aunque la Compañía de Turismo no respondió si ese presupuesto cubría los gastos de viaje, nómina y alojamiento del personal.

El gasto se produce mientras al menos diez estados —todos con gobernadores demócratas— rechazaron participar en la feria citando su costo y carácter partidista; Samoa Estadounidense, las Islas Vírgenes y las Marianas del Norte, otros territorios invitados, tampoco enviaron delegados. Además, el CPI identificó al menos dos funcionarios presentes en el pabellón que no figuran en la lista oficial de empleados enviada por Turismo.

La PRFAA, agencia encargada de representar al Gobierno de Puerto Rico ante el gobierno federal, coordinó la participación junto a la Compañía de Turismo. En el pabellón, Puerto Rico se presentó sin insignia que lo identificara como territorio o colonia, colocado entre los estados sureños, con objetivos que incluían promoción turística, la industria farmacéutica y el ron.

El Procurador del Veterano de Puerto Rico, Lcdo. Agustín Montañez Allman, exhortó el 30 de julio de 2026 a la comunidad veterana a tramitar antes del 31 de julio la exención de contribuciones sobre propiedad inmueble ante el CRIM, fecha límite para el ciclo actual.

Los veteranos elegibles que no completen el trámite antes del viernes perderán el beneficio contributivo para este ciclo, un derecho establecido en la Ley 203-2007 conocida como la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI.

La exención de propiedad inmueble para veteranos existe formalmente desde la Ley 203-2007 y se administra a través del CRIM; el Procurador del Veterano es el ente encargado de orientar a la comunidad elegible sobre este y otros beneficios.

El PPD y el PIP presentaron ante la Oficina del Contralor Electoral sus informes trimestrales de abril a junio de 2026: el PPD reportó ingresos de $105,269.03 y gastos de $377,289.06, mientras el PIP reportó ingresos de $131,777.31 y gastos de $111,076.94. El PNP, el comité de la gobernadora Jenniffer González, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no han entregado sus informes para ese período.

La ausencia de informe del PNP y del comité de la gobernadora González genera un vacío de transparencia en pleno ciclo electoral, mientras el PPD y el PIP sostienen un cruce público sobre la legalidad y la ética de los donativos anónimos —el PPD cifra en más de $200,000 los donativos anónimos del PIP entre 2025 y 2026, práctica permitida por ley pero que los populares califican de 'inmoral'.

Los donativos anónimos son legales bajo la legislación electoral vigente y están regulados por la Oficina del Contralor Electoral; el propio secretario general del PPD reconoció que el contralor no ha hecho señalamientos sobre esas donaciones del PIP, y el secretario general del PIP señaló que la colectividad ha sido auditada de forma consistente sin hallazgos de incumplimiento.

La contralora Carmen Vega Fournier refirió al Departamento de Justicia un hallazgo del Informe de Auditoría OC-27-10 sobre $183,376 pagados por adelantado por un muelle flotante en Vieques que los auditores no encontraron instalado tras tres visitas al lugar; piezas del proyecto aparecieron cubiertas de maleza o bajo custodia del contratista. La auditoría cubrió las operaciones municipales del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022.

Además del muelle, el informe identificó $265,168 en pagos por servicios prestados antes de que los contratos estuvieran vigentes, así como deficiencias en las notificaciones de subastas, acumulando irregularidades que suman varios cientos de miles de dólares en fondos públicos de un municipio con recursos limitados.

Vieques es un municipio de escasos recursos que depende en gran medida de transferencias federales y estatales; el hallazgo forma parte de una opinión cualificada con cuatro señalamientos, lo que indica deficiencias sistémicas en los controles internos del gobierno municipal durante el período auditado.

El 29 de julio de 2026, la Legislatura Municipal de San Juan celebró vistas públicas sobre el Proyecto de Ordenanza Núm. 55, que otorgaría un derecho de superficie de hasta 90 años a Smart Parking System sobre el lote del Parque del Tercer Milenio para construir un estacionamiento con capacidad para 950 vehículos. La propia directora de Planificación del gobierno del alcalde Miguel Romero admitió que aún no existen estudios de tránsito, análisis de suelo, evaluación ambiental ni diseño de la estructura.

El municipio reconoce abiertamente que el derecho de superficie se tramita como condición previa para poder costear los estudios que determinarían si el proyecto es viable —incluyendo cuántos niveles serían necesarios y cómo manejar el volumen de inundaciones—, lo que significa que la ordenanza formaliza compromisos sobre un terreno público costero antes de conocer el alcance real de las obras.

El proyecto ya arrastraba cuestionamientos: el contrato con la empresa administradora del estacionamiento existente fue referido a la Oficina de la Contralora por presuntas irregularidades, entre ellas la postergación de una subasta pública requerida desde 2021 y el señalamiento de que Smart Parking System es distinta a la entidad que opera actualmente el área. La oposición incluyó a la presidenta del Colegio de Abogados y a la organización Arrecife Condado, que advirtió sobre daños potenciales a la vida marina.

El 28 de julio, el secretario de Asuntos Públicos Jean Peña Payano afirmó que el proceso de transición con los sustitutos de Francisco Domenech e Itza García ya comenzó, aunque la gobernadora Jenniffer González aún no ha revelado sus nombres; Domenech dejará su puesto el 7 de agosto y García el 15 de ese mes.

Las vacantes afectarán simultáneamente la Secretaría de la Gobernación y la dirección ejecutiva de AAFAF, dos posiciones centrales en la administración del ejecutivo y en la relación fiscal con la Junta de Supervisión; figuras mencionadas como posibles relevos, incluyendo el propio Peña Payano y la directora de PRFAA Gabriella Boffelli, han descartado públicamente haber recibido acercamientos para los cargos.

Las renuncias de Domenech y García se confirmaron en medio de una pesquisa de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial (OPFEI); la gobernadora había indicado la semana pasada que ya tenía seleccionado al sustituto del jefe de gabinete, pero se negó a revelar su identidad.

El 28 de julio de 2026, los alcaldes Ramón Luis Rivera, de Bayamón, y Edward O'Neill, de Guaynabo, declararon que es muy temprano para definir candidatos a las elecciones generales de 2028, evitando emitir un juicio sobre la viabilidad de la gobernadora Jenniffer González para un segundo término. Rivera sostuvo que quien acumule más positivos que negativos tendrá opciones, pero rehusó evaluar si González se encuentra actualmente en ese balance.

Las expresiones de Rivera y O'Neill se suman a la postura ya expresada por el ex director político Ángel Cintrón, consolidando un patrón en el que figuras del PNP esquivan públicamente comprometerse con la gobernadora González en medio de las controversias que sacuden su administración.

Las declaraciones surgieron durante una conferencia convocada para informar sobre un corte de agua programado en ambos municipios, no sobre política, lo que subraya la presión mediática constante en torno a la situación interna del partido gobernante; la gobernadora González ya ha señalado al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz como posible retador y designó a Francisco Domenech como director de su campaña a la reelección.

El 28 de julio de 2026, el Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 350,000 haitianos en Estados Unidos expiró tras un fallo del tribunal federal de apelaciones, y la administración de Donald Trump prepara operativos de deportación masiva que comenzarían en Ohio.

La pérdida del TPS deja a cientos de miles de haitianos sin protección legal ante la deportación, con implicaciones directas para comunidades de la diáspora, incluyendo la puertorriqueña, que mantiene vínculos con esa población.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump revocar el TPS para haitianos; el tribunal de apelaciones pospuso el fin de la protección hasta el 28 de julio. Ohio es el estado donde Trump promovió durante la campaña de 2024 la afirmación falsa de que haitianos consumían mascotas de residentes.

Un estudio del Institute for Social Research de la Universidad de Michigan y la UPR Recinto de Río Piedras reveló que el 50% de los puertorriqueños cree que la mayoría o la totalidad de los políticos electos son corruptos. La encuesta, realizada entre abril y noviembre de 2025 con 1,266 participantes, también encontró que el 63% considera que el Gobierno local no atiende sus necesidades y el 71% siente que su voz no es escuchada.

Los hallazgos apuntan a una profunda desconexión entre la ciudadanía y sus instituciones de gobierno; la gobernadora Jenniffer González registró apenas un 13% de aprobación frente a un 63% de desaprobación entre los encuestados.

La encuesta fue conducida por el Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública (LabPOP), alojado en el Center for Political Studies del ISR, en colaboración con la UPR Río Piedras, como parte de un esfuerzo de investigación sobre percepciones democráticas en la isla.

El 25 de julio de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández presentó cuatro propuestas de reforma al financiamiento de campañas en Puerto Rico: limitar o prohibir donativos en efectivo y donativos anónimos, restringir donaciones de contratistas del Gobierno, y exigir divulgación del empleador de los donantes. Las medidas buscan cerrar la brecha entre las laxas reglas locales —que permiten hasta $3,300 en efectivo y más de $1 millón en donativos anónimos en las elecciones de 2024— y los límites más estrictos a nivel federal.

El vacío regulatorio actual permite que contratistas del Gobierno canalicen dinero hacia campañas y recuperen la inversión con contratos públicos, según Hernández, quien citó el congelamiento de más de $1,000 millones en fondos federales a las Islas Vírgenes por hallazgos de corrupción como advertencia concreta del riesgo que enfrenta Puerto Rico.

La propuesta llegó en el contexto de un escándalo en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que llevó al senador federal Mike Lee a cuestionar directamente a la gobernadora sobre el manejo de fondos de reconstrucción, y una semana después de que Hernández señalara en Barranquitas a funcionarios de varios partidos vinculados a contratos y nombramientos cuestionados.

El 25 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó además la Resolución Conjunta 40-2026, que designa un tramo de la carretera PR-866 en Sabana Seca, Toa Baja, con el nombre de Francisco 'Paco' Ortiz Santos, y ordena al DTOP, la ACT y el municipio instalar la rotulación correspondiente en un plazo de 90 días.

La medida formaliza el reconocimiento público a un líder cívico comunitario de Toa Baja y establece un mecanismo claro de financiamiento —fondos públicos, municipales y donativos privados— para ejecutar la rotulación.

La resolución fue presentada por el representante Pedro 'Pellé' Santiago Guzmán a petición de Darybel Ortiz; el tramo designado abarca desde la intersección de la Panadería Mi Pan hasta la carretera PR-872.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el 24 de julio de 2026 las leyes 143, 144 y 145 de 2026, que amplían la capacidad de albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica bajo el marco de alianzas público-privadas, declaran noviembre como el Mes de la Planificación, y obligan a agencias, instrumentalidades y municipios a divulgar el derecho de preferencia de vivienda reconocido a los veteranos.

La Ley 143-2026 abre por primera vez la infraestructura de violencia doméstica como categoría elegible bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas, lo que puede movilizar capital privado hacia una red de albergues que el propio gobierno describe como insuficiente; la Ley 145-2026 añade un mecanismo de multas cuya recaudación financiará campañas educativas sobre derechos de veteranos.

La Ley 143-2026 enmienda la Ley Núm. 29-2009 de Alianzas Público-Privadas y surgió de la Medida de Administración 15; la Ley 144-2026 fue impulsada por la senadora Nitza Morán y el senador Héctor González, y la Ley 145-2026 es autoría del representante José Aponte Hernández.

La Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, por nombrar a su cuñada, Mayra Luz Borrero Torres, a dos contratos transitorios como ayudante de maestro en el Programa Head Start municipal, vigentes entre junio y diciembre de 2025.

La querella alega que Rivera Rodríguez violó el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012), que prohíbe a la autoridad nominadora intervenir en la contratación de parientes; cada contrato tenía una remuneración mensual de $1,961.

La Ley de Ética Gubernamental permite que la autoridad nominadora delegue su facultad de nombrar, mecanismo que la OEG señala que Rivera Rodríguez no utilizó, optando en cambio por intervenir directamente en ambos nombramientos.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó tres leyes —la Ley 140-2026, la Ley 141-2026 y la Ley 142-2026— que incorporan inteligencia artificial a la capacitación en ciberseguridad del gobierno, integran la agricultura al Programa Contacto Verde y garantizan el pago total de matrícula en instituciones públicas de educación superior para familiares de policías estatales y municipales fallecidos en el cumplimiento del deber.

Las medidas amplían las protecciones cibernéticas del gobierno al incluir IA, privacidad de datos y manejo responsable de nuevas tecnologías en la formación de servidores públicos, y extienden un beneficio educativo concreto —matrícula completa en instituciones públicas— a cónyuges e hijos de agentes caídos en servicio.

La Ley 140-2026 surgió del Proyecto de la Cámara 824 y contó con el respaldo de la Oficina de Ética Gubernamental; la Ley 141-2026 suma al Departamento de Agricultura junto al DRNA y el Departamento de Educación en el Programa Contacto Verde; y la Ley 142-2026 ordena al Superintendente de la Policía, en coordinación con los comisionados municipales y la UPR, actualizar la reglamentación correspondiente en un plazo de 150 días.

La alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo, denunció públicamente haber recibido insultos racistas relacionados con su color de piel, nacionalidad y origen, y llamó a elevar el tono del debate político.

El señalamiento pone en evidencia que el discurso de odio y la xenofobia permean el debate político municipal, algo que Trujillo vincula con ataques similares que sufrió su padre, el exalcalde Marcelo Trujillo.

Rosamar Trujillo encabeza la alcaldía de Humacao siguiendo los pasos de su padre, el fenecido alcalde Marcelo Trujillo, quien según ella enfrentó expresiones racistas similares durante su gestión.

Jean Peña Payano y Gabriella Boffelli confirmaron el 23 de julio de 2026 que continuarán en sus cargos —secretario de Asuntos Públicos y directora ejecutiva de PRFAA, respectivamente— mientras la gobernadora Jenniffer González Colón reserva para sí el anuncio del sustituto de Francisco Domenech, cuya renuncia como secretario de la Gobernación es efectiva el 7 de agosto. Ambos funcionarios habían circulado como candidatos al cargo vacante.

La vacante de Domenech arrastra también la dirección de la AAFAF y la subsecretaría de la Gobernación —que quedará libre el 15 de agosto con la salida de Izta García—, dejando sin relevo público confirmado tres posiciones clave del Ejecutivo simultáneamente.

Domenech salió en medio de una pesquisa criminal relacionada con su intervención en contratos públicos; la gobernadora González ya había indicado que tiene una persona escogida pero no ha revelado el nombre ni la fecha del anuncio.

La delegación del PNP en la Cámara, encabezada por el presidente Carlos "Johnny" Méndez, emitió declaraciones defendiendo la obra de la administración de la gobernadora Jenniffer González —incluyendo un beneficio contributivo de más de $500 millones— horas después de que González anunciara la salida del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García, ambos bajo investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Las bajas en el Secretariado de la Gobernación, vinculadas a denuncias del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, generan presión política sobre la administración mientras el Senado conduce su propia investigación paralela.

El PFEI investiga a Domenech y García a raíz de las imputaciones de Negrón Reichard; el Senado, liderado por Thomas Rivera Schatz, también indaga el caso de forma independiente.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió este miércoles que vigilará con detenimiento toda transacción o gestión que realicen Francisco Domenech e Itza García desde ahora hasta sus fechas de salida —el 7 y el 15 de agosto, respectivamente— y que la pesquisa legislativa sigue en pie. Rivera Schatz calificó de 'error de juicio' que ambos permanezcan en sus puestos hasta agosto y afirmó que salen porque están siendo investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), no voluntariamente.

La vigilancia declarada por el Senado extiende la presión institucional sobre los funcionarios durante un período de transición que Rivera Schatz describió como potencialmente problemático: 'se puede complicar el panorama'. Al mismo tiempo, el presidente del Senado exhortó a la gobernadora Jenniffer González a reunirse para adelantar temas importantes para la isla.

Domenech y García anunciaron su salida de la Secretaría de la Gobernación en medio de investigaciones en la Opfei y otros foros; la gobernadora González ha descrito sus salidas en términos distintos a los planteados por Rivera Schatz, reflejando la tensión sostenida entre el Senado y el Ejecutivo.

El Procurador del Veterano, Lcdo. Agustín Montañez Allman, instó a los veteranos de Puerto Rico a tramitar su exención de contribuciones sobre propiedad inmueble en el CRIM antes del 31 de julio de 2026.

Los veteranos elegibles que no completen el trámite antes de esa fecha perderán el beneficio para este ciclo contributivo, un derecho garantizado por ley que protege su patrimonio familiar.

La exención está consagrada en la Ley 203-2007, conocida como la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, legislación diseñada para brindar alivio contributivo a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó con condiciones tres órdenes ejecutivas de la gobernadora Jenniffer González —sobre erosión costera en Loíza, interrupciones de agua en Río Grande y Canóvanas, e incendios forestales en cuatro municipios— y advirtió que el Fondo de Reserva de Emergencia no puede usarse para cubrir ineficiencias operacionales de la AAA.

La distinción impuesta por la JSF limita cómo el gobierno puede financiar respuestas a crisis de infraestructura y obliga al Departamento de Recursos Naturales y a la Oficina de Gerencia de Permisos a identificar fondos recurrentes y federales para atender la erosión costera antes de recurrir a la reserva.

Las últimas dos órdenes ejecutivas autorizan la activación de la Guardia Nacional; la JSF intervino al conocer que el gobierno tenía la intención de usar el Fondo de Reserva de Emergencia para implementarlas.

El senador independiente Eliezer Molina arremetió el 22 de julio de 2026 contra el excandidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, luego de que este dijera que la renuncia del exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech no debía verse como una victoria política. Molina también criticó al comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández, acusándolo de reaccionar tarde a la controversia.

El intercambio expone tensiones entre sectores de oposición sobre cómo interpretar y capitalizar la salida de Domenech, una figura central en la administración de la gobernadora Jenniffer González. La disputa pública entre Molina y Dalmau revela fracturas dentro de la coalición opositora justo cuando el gobierno enfrenta presión creciente.

Francisco Domenech renunció a su cargo como secretario de la Gobernación en medio de controversias que, según Molina, son resultado de meses de trabajo de fiscalización por parte de distintos sectores. Dalmau, por su parte, sostuvo que la renuncia es señal de una crisis mayor que requiere investigaciones adicionales.

El Proyecto del Senado 679, presentado por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos y avalado por siete senadores más, aguarda la firma de la gobernadora Jenniffer González para convertirse en ley; la medida prohibiría expresamente que vendedores rechacen vales de fondos federales como método de pago en la compra de vivienda.

El 66% de las familias beneficiarias del programa R3 —que cuenta con $2,175 millones asignados para adquisición de viviendas— no ha logrado comprar, en parte por ese rechazo; además, el 78% de las quejas recibidas en la Procuradoría de la Vivienda en 2023 involucraron el rechazo a fondos federales de recuperación.

La Ley Federal de Vivienda (Fair Housing Act) no incluye la fuente de ingresos como categoría protegida contra el discrimen, lo que deja un vacío legal que este proyecto busca cerrar a nivel local; los fondos del programa R3 expiran en 2029.

La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó este miércoles que Francisco Domenech, quien dejará el cargo de secretario de la Gobernación el 7 de agosto de 2026, pasará a dirigir su campaña para la reelección. González Colón justificó la decisión señalando que "las primarias comenzaron antes de tiempo".

El anuncio adelanta el arranque formal de la maquinaria electoral del Partido Nuevo Progresista a más de dos años y medio de las próximas elecciones generales, señal de que la competencia interna dentro del partido ya está activa.

Domenech ha dirigido las campañas políticas de González Colón en elecciones anteriores; su salida del gabinete a principios de agosto lo deja disponible para asumir ese rol nuevamente.

El portavoz alterno del PNP en el Senado, Juan Oscar Morales, confirmó que la renuncia de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación no detendrá la investigación senatorial sobre las alegaciones contenidas en declaraciones juradas presentadas por Domenech y por Sebastián Negrón Reichard, exsecretario del DDEC.

La pesquisa abarca alegaciones de irregularidades que también involucran a Itza García, subsecretaria de la Gobernación, y los tres funcionarios están además bajo escrutinio del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

La gobernadora Jenniffer González anunció la salida de Domenech y García del gobierno; Domenech concluirá funciones el 7 de agosto y García el 15 de agosto. Las alegaciones que activaron la investigación parten de denuncias hechas originalmente por Negrón Reichard.

El 21 de julio de 2026, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) reaccionó al anuncio de la gobernadora Jenniffer González sobre la salida del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García, ambos bajo investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por alegadas irregularidades en la OGPe. La coordinadora general del MVC, Eva Prados, calificó el anuncio de tardío e insuficiente y denunció que La Fortaleza intentó proteger a los funcionarios mientras crecían los señalamientos públicos.

El MVC advierte que las renuncias no pueden servir para cerrar el capítulo sin consecuencias judiciales, y exige investigaciones independientes y reformas que prevengan conflictos de interés y favoritismo en la administración pública.

La pesquisa del PFEI sobre la OGPe fue ampliada para incluir a Domenech y García por alegadas intervenciones indebidas en contrataciones y manejo de personal. El MVC señaló que durante el cuatrienio anterior presentó medidas legislativas para eliminar puertas giratorias y conflictos de interés, iniciativas que no prosperaron.

Tres analistas políticos consultados el 22 de julio de 2026 coincidieron en que la salida del secretario Francisco Domenech y la subsecretaria Itza García de la Gobernación era 'inevitable', pero advirtieron que el impacto real de la decisión de la gobernadora Jenniffer González dependerá de quién la sustituya y de lo que arrojen las investigaciones en curso, especialmente la del Senado.

Los relevos en puestos de esa jerarquía dentro de La Fortaleza pueden reconfigurar la dinámica entre el Ejecutivo y la Legislatura, mientras las investigaciones pendientes —particularmente la comisión senatorial— mantienen abierta la exposición política de la gobernadora.

Domenech y García salieron de sus cargos en medio de pesquisas relacionadas con denuncias del exsecretario Sebastián Negrón Reichard; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había exigido públicamente su separación y anunciado una investigación mediante comisión especial.

El 11 de julio de 2026, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, envió una carta al fiscal general adjunto Brett Shumate solicitando que el Departamento de Justicia presente ante un tribunal de Miami una sugerencia de inmunidad para Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en una demanda civil que la acusa de secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo. El 15 de julio, el juez emitió un fallo de $314 millones en el mismo caso, excluyendo a Rodríguez pero afectando a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas.

La solicitud de inmunidad revela que la administración Trump reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado desde el 5 de marzo de 2026, lo que tiene implicaciones directas sobre cómo los tribunales estadounidenses pueden proceder contra funcionarios del gobierno interino venezolano. El Departamento de Estado advirtió que desestimar el caso tiene "significativas implicaciones de política exterior".

Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Rodríguez —quien era vicepresidenta— asumió el poder de forma interina, y la administración Trump estrechó relaciones con su gobierno. La líder opositora María Corina Machado ha insistido en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática.

Una resolución conjunta de la Legislatura que distribuirá $20 millones —provenientes del Impuesto de Ventas y Uso— entre 521 entidades sin fines de lucro aguarda la firma de la gobernadora Jenniffer González. La Fundación Por Hospital del Niño encabeza la lista con $600,000.

Los fondos deben destinarse a organizaciones cuyas actividades promuevan bienestar social, salud, educación y cultura en Puerto Rico, lo que representa un desembolso directo hacia cientos de entidades comunitarias.

La distribución está regida por la Ley 20-2015, que creó la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario y establece los requisitos que deben cumplir las entidades receptoras. La medida lleva la autoría del senador Thomas Rivera Schatz.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el PPD y el Comité Amigos de Pablo José acumularon $916,149 en caja combinada —$374,347 y $541,801 respectivamente— superando a mediados de año una meta que el liderato había fijado para diciembre.

El partido saldó además una deuda de $138,438 por su sede de Puerta de Tierra que databa de 2011, lo que representa un saneamiento financiero concreto de cara al ciclo electoral.

El PPD lleva varios años en un proceso de reestructuración interna bajo la presidencia de Pablo José Hernández; la acumulación de fondos y el pago de deudas históricas de comités municipales forman parte de esa agenda de reorganización.

El exvicepresidente de la Cámara de Representantes y dirigente del Partido Nuevo Progresista José Granados Navedo falleció la mañana del lunes 21 de julio de 2026 en un hospicio de Florida, donde recibía cuidados por cáncer en el estómago.

Granados Navedo fue una figura central del liderato legislativo estadista durante décadas, ocupando posiciones de portavoz de mayoría, portavoz de minoría y vicepresidente de la Cámara; su muerte marca el cierre de una era en la política puertorriqueña del movimiento pro estadidad.

Granados Navedo se retiró de la política activa en 1999 tras el escándalo del Instituto del Sida; en 2004 fue acusado a nivel federal por extorsión y fraude vinculados a contratos del Superacueducto, y el 20 de abril de 2007 fue sentenciado a 24 meses de prisión, pena reducida por su colaboración con las autoridades.

True Self Foundation y LatinoJustice PRLDEF presentaron el 20 de julio de 2026 una sesión informativa ante miembros del Congreso federal para denunciar la legislación anti-LGBTQ+ aprobada en Puerto Rico durante el cuatrienio en curso, con énfasis en los impactos sobre personas trans y no binarias.

Las organizaciones acudieron al Congreso luego de que sus solicitudes de reunión con el Gobierno de Puerto Rico, incluida la gobernadora, no recibieran respuesta, lo que refleja un cierre de canales de diálogo a nivel local.

El doctor Miguel Vázquez Rivera, director ejecutivo de True Self Foundation, describió un patrón de legislaciones dirigidas específicamente contra jóvenes trans y sus familias; la estrategia de recurrir al Congreso federal responde a la falta de interlocución con el gobierno de la isla.

El 19 de julio, durante los actos del natalicio de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas, el comisionado residente y presidente del PPD Pablo José Hernández Rivera presentó tres propuestas de reforma democrática: un referéndum revocatorio para remover al gobernador antes de que culmine su término, un sistema de votación por orden de preferencia o segunda vuelta electoral, y un mecanismo de iniciativa ciudadana para someter legislación o enmiendas constitucionales mediante firmas y referéndum.

Las propuestas introducirían mecanismos de rendición de cuentas y participación directa que Puerto Rico no tiene actualmente; Hernández las enmarcó en un argumento de arrebatarle poder a lo que llamó una "claque" que, según él, trasciende partidos y sirve de apoyo al gobierno.

Hernández también criticó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por presumir de poder suprimir noticias negativas en la prensa, y extendió su denuncia a figuras de todos los partidos que cobran del gobierno mientras aparecen como voces independientes en los medios. El foro de Barranquitas ha sido utilizado recurrentemente por el comisionado para articular narrativas de reforma.

El 19 de julio, el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, reaccionó a la investigación de la OPFEI contra Francisco Domenech e Itza García afirmando que "nunca debieron" ser parte del gobierno, aunque extendió su crítica también a la gobernadora Jenniffer González y al bipartidismo.

La reacción de Dalmau Ramírez amplía el espectro político de la crisis: a la presión interna del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se suma ahora la voz de la oposición independentista, que enmarca el escándalo como síntoma del colapso del régimen colonial y el bipartidismo.

Rivera Schatz había exigido el viernes la salida de Domenech y García tras la expansión de la pesquisa de la OPFEI, que originalmente investigaba irregularidades en la OGPe y que ahora incluye a los dos funcionarios de la Fortaleza; Dalmau Ramírez hizo sus declaraciones tras participar en la Marcha por la Independencia en el Viejo San Juan.

El 18 de julio de 2026, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, calificó la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón como una 'organización criminal que encubre y persigue', luego de confirmar que su hermana, la licenciada Cristina I. Dávila Pernas, es una de las fiscales cuyo destaque en el Senado fue revocado por el Departamento de Justicia. Dávila Pernas, exdirector ejecutivo de PRFAA, hizo las expresiones en el programa 'Primera Pregunta' de Telemundo.

Las declaraciones agregan una dimensión partidista e interpersonal a la controversia de los destaques: un aliado que contribuyó a elegir a González Colón se convierte en crítico público, y su caso ilustra cómo el conflicto entre el Ejecutivo y el Senado afecta a funcionarios concretos con vínculos políticos en ambos bandos.

El enfrentamiento entre la gobernadora González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estalló el 17 de julio de 2026 cuando se cancelaron nueve destaques de fiscales del Departamento de Justicia que servían en la Cámara Alta; Rivera Schatz atribuyó la medida a represalias del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, mientras González Colón la defendió como facultad discrecional del Ejecutivo.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Vega Baja tras una auditoría del período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024, en la que detectó deficiencias en comprobantes de desembolso, recaudos e inventarios. Entre los hallazgos, 79 de 96 comprobantes fueron preintervenidos entre 8 y 891 días después del pago, y el Registro de Activos Fijos del sistema SIMA mostraba 2,771 activos por $5.8 millones, mientras un registro alterno del municipio listaba 11,826 unidades valuadas en $119.7 millones.

Las inconsistencias en el registro de activos —una diferencia de más de $113 millones entre ambos sistemas— y los controles internos deficientes impiden fiscalizar adecuadamente el uso de fondos públicos en el municipio.

La Contralora emite opiniones cualificadas cuando un ente auditado no cumple con los estándares mínimos de control fiscal; este tipo de hallazgo obliga al municipio a presentar un plan correctivo y puede afectar su acceso a fondos estatales y federales.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela reconoció públicamente la llegada de suministros de primera necesidad procedentes de Puerto Rico para comunidades afectadas por terremotos en ese país. La secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, viajó a Venezuela para coordinar la distribución con autoridades locales y representantes estadounidenses.

El reconocimiento diplomático de la misión estadounidense posiciona a Puerto Rico como actor activo en los esfuerzos internacionales de respuesta a la emergencia, canalizando ayuda bajo la iniciativa gubernamental Puerto Rico Abraza a Venezuela.

El gobierno puertorriqueño estableció la iniciativa Puerto Rico Abraza a Venezuela para coordinar la recolección, transporte y entrega de artículos de primera necesidad tras los devastadores terremotos que afectaron al país suramericano.

La División de Operaciones Especiales del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en el área oeste recibió cinco juegos completos de equipo especializado para rescates acuáticos, financiados con $12,129.85 en fondos legislativos gestionados por la representante del Distrito 18, Odalys González.

El equipo —que incluye trajes de rescate, chalecos salvavidas, sistemas de iluminación y botiquines médicos— amplía la capacidad de respuesta ante emergencias en ríos, quebradas, zonas costeras e inundaciones, aumentando la seguridad tanto del personal como de las personas rescatadas.

La División de Operaciones Especiales está compuesta por bomberos entrenados para incidentes de alto riesgo que requieren equipo técnico especializado; la adquisición responde a una necesidad identificada por el propio personal operacional.

La contralora Carmen A. Vega Fournier y la administradora de la ASG Karla G. Mercado Rivera firmaron un memorando de entendimiento que le dará a la Oficina de la Contralora acceso en tiempo real a las bases de datos de proveedores, licitadores, subastas y órdenes de compra del gobierno.

El acuerdo permite cruzar y validar información de contratación gubernamental en tiempo real para apoyar auditorías e investigaciones sobre el uso de fondos públicos, sin costo adicional al erario.

La ASG administra los registros centrales de compras y contratos del gobierno bajo la Ley 73-2019; hasta ahora, la Contralora accedía a esa información de forma separada, sin integración directa con los sistemas de la agencia.

El expresidente del Senado José Luis Dalmau aseguró que el PPD mantiene posibilidades reales de recuperar la gobernación y atribuyó la derrota de 2024 a una "campaña de miedo" del PNP, no a un agotamiento del partido. Además, confirmó que evalúa aspirar al Senado por acumulación en 2028.

Las declaraciones de Dalmau revelan tensiones internas dentro del PPD sobre el diagnóstico de la derrota de 2024 y la dirección del partido, al rechazar públicamente las expresiones del presidente Pablo José Hernández Rivera sobre la necesidad de "tocar fondo".

El PPD perdió la gobernación en 2024 frente al PNP en un ciclo electoral marcado por la participación de la Alianza entre el PIP y MVC; desde entonces, la colectividad está en proceso de reorganización bajo la presidencia de Hernández Rivera.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció este jueves la derogación de la regla de 2022 sobre carga pública, reimponiendo la política que permite a funcionarios de inmigración negar la tarjeta verde a solicitantes que consideren representarán una carga económica para el país. La norma entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.

La medida faculta a USCIS para evaluar caso por caso todos los beneficios públicos de un solicitante al determinar su elegibilidad para residencia permanente, lo que podría afectar a miles de inmigrantes que utilizan programas de asistencia gubernamental.

La política original fue impuesta durante el primer gobierno de Trump (2017–2021); la administración de Joe Biden (2021–2025) la relajó en 2022 mediante una regla que limitaba qué beneficios públicos podían considerarse. Desde noviembre de 2025, el actual gobierno Trump había anticipado su intención de revertir esos límites.

La gobernadora Jenniffer González negó el 16 de julio que su administración intervenga para frenar publicaciones periodísticas, tras divulgarse mensajes atribuidos al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en los que manifestaba intención de "matar" una historia; además, reiteró que ve motivaciones políticas personales detrás de las acciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La negativa de González amplía la controversia pública sobre presunta interferencia con la prensa —denunciada formalmente por el Overseas Press Club de Puerto Rico— y profundiza la ruptura abierta entre el Ejecutivo y el liderato del Senado dentro del mismo partido de gobierno.

Los mensajes atribuidos a Domenech surgieron en el contexto de la disputa con el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien los citó en una declaración jurada; Rivera Schatz había señalado días antes que las primarias son el mecanismo para resolver el conflicto con la gobernadora.

El miércoles 15 de julio de 2026, el presidente Donald Trump rechazó en Truth Social la suspensión temporal de los controles de tráfico del ICE, medida que la agencia adoptó un día antes tras la muerte de un inmigrante colombiano en Maine y un mexicano en Texas durante operativos migratorios.

La postura de Trump contradice la pausa anunciada por el propio ICE y señala que la agencia retomará esos operativos, en medio de críticas crecientes y llamados a una investigación independiente sobre los procedimientos de uso de fuerza de la agencia.

El ICE había suspendido la mayoría de sus controles de vehículos luego de dos muertes recientes en Maine y Texas; el 'zar de la frontera' Tom Homan describió la suspensión como una 'breve pausa', no un cambio de política. Un incidente similar ocurrió en enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el 15 de julio de 2026 varias medidas, entre ellas la Ley 126-2026, que deroga la Ley Núm. 12-2008 y moderniza la política de seguridad portuaria eliminando el esquema de escaneo obligatorio de contenedores; y la Ley 130-2026, que protege los derechos legales de menores de edad no emancipados y personas incapacitadas en procesos de reclamación.

La nueva política portuaria busca reducir costos operacionales y administrativos que, según la exposición de motivos, encarecían el comercio y repercutían en los consumidores, mientras que la Ley 130-2026 amplía protecciones procesales para poblaciones vulnerables.

El modelo de escaneo obligatorio de contenedores vigente desde 2008 había sido cuestionado por duplicar funciones ya ejercidas por agencias federales con jurisdicción sobre el comercio marítimo; la Ley 130-2026 fue impulsada por el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, y el representante José J. Pérez Cordero.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz indicó el 15 de julio de 2026 que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos resolverá si solicita la comparecencia de ejecutivos de Politank en el marco de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 548, aprobada el 19 de junio. La pesquisa examina declaraciones juradas del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard y del exdirector de la Oficina de Incentivos Contributivos Ernesto Zayas García, quienes alegan influencias indebidas y presiones del secretario de la Gobernación para favorecer a clientes de esa firma de cabildeo.

Las declaraciones juradas describen presuntas presiones para favorecer clientes de Politank e involucran posibles conflictos de interés y delitos por parte de funcionarios del gobierno, lo que podría derivar en consecuencias penales, civiles y administrativas más allá del ámbito legislativo.

La Resolución del Senado 548 surge tras una pesquisa previa sobre el secretario de la Gobernación Francisco Domenech y su relación con una compañía; las nuevas declaraciones juradas reactivaron ese proceso, al que se han sumado el PPD y senadores del PIP con solicitudes propias de ampliación.

Durante la Esri User Conference, la empresa Esri presentó un dashboard de análisis geográfico desarrollado por el Municipio de Canóvanas como modelo internacional de innovación en administración pública municipal.

El reconocimiento posiciona a un municipio puertorriqueño como referencia para gobiernos de distintas partes del mundo en el uso de sistemas de información geográfica para coordinar servicios y recursos comunitarios.

La Esri User Conference es uno de los encuentros internacionales más importantes para profesionales y gobiernos que utilizan Sistemas de Información Geográfica (GIS); la alcaldesa Lornna Soto Villanueva destacó que la herramienta permite identificar necesidades ciudadanas con mayor rapidez.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha pagado renta desde que venció su contrato provisional el 30 de junio de 2026, y los dueños del edificio en Hato Rey presentaron una demanda de desahucio ante el Tribunal de San Juan; la jueza Lorimar Barreto Vincenty dejó la orden en suspenso por 10 días, condicionada a que se salde el periodo de ocupación sin contrato.

La sede central del DCR —agencia que supervisa el sistema correccional de Puerto Rico— podría quedar sin hogar si no se resuelve el impasse de arrendamiento, lo que afectaría operaciones administrativas de una institución con miles de empleados y confinados bajo su custodia.

La Junta de Supervisión Fiscal paralizó las negociaciones para renovar el contrato por cinco años, lo que obligó al DCR a operar bajo un acuerdo provisional que expiró sin que se cerrara un nuevo arrendamiento; la agencia alega contar con autorización del secretario de la Gobernación Francisco Domenech y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero la JSF exigió un proceso competitivo que aún no ha concluido.

La gobernadora Jenniffer González y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lasalle Toro, anunciaron una asignación de $2.3 millones distribuidos entre 18 municipios para rehabilitar áreas de estacionamiento en escuelas públicas y cuarteles de la Policía.

Cada municipio recibirá entre $115,000 y $130,333 para las obras, que deben cumplir con especificaciones de la Ley ADA y usar asfalto de alta calidad; los municipios deberán rendir un informe a la AEP dentro de 30 días tras completar los trabajos.

Los fondos provienen de la AEP y se distribuyen mediante acuerdos corporativos individuales con cada municipio; los pueblos incluidos en esta primera fase van desde Aguadilla hasta Yauco en distintas regiones de la isla.

El 14 de julio de 2026, el periodista Óscar Serrano declaró públicamente que las gestiones atribuidas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para frenar una historia sobre el DDEC no llegaron a afectar la difusión de noticias en NotiCel ni se tradujeron en una petición directa hacia él: "Nunca me dijeron que no la trabajara. Conmigo no hubo una intervención". Serrano también confirmó que la nota periodística sobre el tema —que indagaba vínculos entre el bufete Reichard & Escalera, el entonces director de la Oficina de Incentivos Ernesto Zayas García y el exsecretario Sebastián Negrón Reichard— no llegó a ser evaluada por la editora en jefe de NotiCel.

La aclaración de Serrano matiza el alcance práctico de la alegada intervención de Domenech: aunque los mensajes en que este supuestamente decía "I'm trying to kill the story" siguen bajo escrutinio legislativo, federal e investigativo, el periodista directamente involucrado descarta haber sido objeto de presión editorial. La historia, sin embargo, tampoco fue publicada, lo que deja abierta la pregunta sobre por qué no prosperó.

La declaración jurada de 70 páginas que Negrón Reichard presentó ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado alega que, en octubre de 2025, consultó a Domenech sobre cómo manejar una solicitud de información de Serrano y recibió como respuesta la instrucción de no divulgar datos y la expresión atribuida sobre matar la historia; el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz remitió esos documentos al FBI y al Departamento de Justicia federal, y la OPFEI designó una fiscal investigadora.

El representante José "Cheíto" Hernández radicó el Proyecto de la Cámara 1334, que otorgaría a los abonados de la AAA un crédito automático de 20 % del cargo base mensual por cada periodo adicional de 24 horas sin servicio de agua, acumulable hasta el 100 %, sin que el cliente tenga que presentar reclamación.

La medida obligaría a la AAA a inspeccionar averías en un máximo de 24 horas e iniciar reparaciones en 48 horas, y a publicar en tiempo real datos sobre interrupciones, causas y uso de fondos federales, lo que aumentaría la rendición de cuentas de la corporación ante miles de abonados afectados por interrupciones frecuentes.

La AAA enfrenta críticas sostenidas por la frecuencia e impacto de sus interrupciones del servicio; el proyecto complementa esa presión ciudadana al crear consecuencias económicas directas para la corporación y ordenar modernización tecnológica mediante sensores inteligentes, telemetría y contadores digitales.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el Informe de Auditoría OC-27-05, que revela que tres asistentes administrativas del Municipio de Ponce recaudaron fondos sin nombramiento oficial ni autorización escrita, y que el Puerto de Ponce no cuenta con estados financieros auditados desde el año fiscal 2020-2021.

La ausencia de estados financieros auditados por varios años consecutivos impide verificar si los recursos públicos del Puerto de Ponce se manejaron correctamente, mientras que los recaudos sin autorización debilitaron los controles internos para detectar errores o irregularidades; el informe también señala que personal del Parque Recreativo Luis A. 'Wito' Morales permitió el uso gratuito de gazebos sin autorización válida.

El informe examinó operaciones del municipio de Ponce entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2025; la Contraloría de Puerto Rico tiene mandato de fiscalizar el uso de fondos públicos en municipios y sus dependencias.

El 13 de julio de 2026, el PPD seleccionó a Norberto "Nini" Torres como presidente municipal en Cataño y a Horacio Montalván Malavé en Cidra, con una participación combinada de 1,256 militantes, según el secretario general Manuel Calderón Cerame. El partido reporta haber completado cerca del 70% de su reorganización a través de Puerto Rico.

La reorganización municipal es el mecanismo formal mediante el cual el PPD reconstituye su maquinaria electoral en cada pueblo, y el nivel de participación registrado —697 en Cataño y 559 en Cidra— superó las expectativas internas del partido.

El proceso de reorganización del PPD incluye tanto municipios con alcaldes populares como aquellos controlados por el PNP, donde se actúa a través de delegados presidenciales; la etapa final será la Asamblea General del 11 de octubre en el complejo Ferial de Ponce, donde se elegirá la nueva Junta de Gobierno.

El Departamento de Seguridad Pública incorporó 74 dispositivos portátiles de conectividad móvil —llamados miniCRD de FirstNet— con una inversión de más de $3 millones para apoyar operaciones de emergencia en municipios, comunidades rurales y áreas de difícil acceso como Vieques y Culebra.

Los equipos permitirán a primeros respondedores mantener conectividad autónoma durante desastres o en zonas donde las comunicaciones colapsan, lo que puede reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación operacional en eventos críticos.

Puerto Rico ha enfrentado interrupciones severas de comunicaciones durante huracanes y emergencias pasadas; los miniCRD ya fueron probados en un ejercicio reciente en Culebra y se distribuirán a través de todos los municipios de la isla.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) integró desde marzo de 2026 una herramienta de inteligencia artificial llamada Capitán de Seguridad Vial a su Observatorio de Seguridad Vial, con pruebas culminadas aproximadamente un mes antes de la publicación.

El sistema reduce de días o más de una semana a minutos la obtención de datos sobre choques —incluyendo incidentes con animales, vendedores ambulantes o desperfectos viales— lo que puede acelerar decisiones de política pública y campañas de prevención.

El Capitán de Seguridad Vial analiza los narrativos de querellas de choques preparadas por la Policía y los convierte en estadísticas para identificar puntos de alta incidencia y orientar intervenciones educativas.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) dejó accesibles los números de Seguro Social de aproximadamente un millón de personas a través de su mapa interactivo del Catastro Digital; el Centro de Periodismo Investigativo y ProPublica notificaron a la agencia a mediados de junio de 2026 y verificaron que el fallo fue corregido días después. El director ejecutivo Javier García Cintrón negó reiteradamente que hubiera existido vulnerabilidad alguna y dijo que la agencia no notificaría a los afectados, aun cuando una ley estatal exige esa notificación.

La exposición de números de Seguro Social a esa escala crea riesgo concreto de robo de identidad, y el CRIM incumplió tanto la ley que obliga a notificar a los usuarios afectados como el protocolo que exige informar al Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) sobre cualquier incidente de seguridad sospechoso. En lo que va de 2026, PRITS ha registrado más de dos millones de intentos de ciberataque al Gobierno, la mitad clasificados como incidentes críticos.

El Gobierno de Puerto Rico acumula varias brechas de ciberseguridad en años recientes: en 2023 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sufrió un ataque de ransomware que filtró datos a la dark web; el año pasado una intrusión al Departamento de Justicia interrumpió casi una semana la expedición de certificados de antecedentes penales; y en marzo de 2026 un ciberataque afectó el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La Ley 40 de ciberseguridad, aprobada en 2024, ordenó estándares mínimos a todas las agencias, pero tres expertos y un informe de la Oficina del Inspector General señalan que el cumplimiento es parcial: el 60% de las agencias auditadas no había realizado evaluaciones de vulnerabilidad.

El portavoz de La Fortaleza, Jean Peña Payano, indicó el 9 de julio de 2026 que hay que "esperar por el proceso administrativo" antes de tomar acción correctiva ante la quinta querella contra el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, y sostuvo que la denuncia es contra un supervisor de la agencia, no contra Quiñones Rivera. La querella radicada en la Oficina de la Procuradora de la Mujer, sin embargo, señala tanto al secretario como al secretario auxiliar de Seguridad, Nicanor Caro Delgado, por un patrón de discrimen por sexo y embarazo y acoso laboral ocurrido desde octubre de 2025 hasta abril de 2026.

Quiñones Rivera acumula varias querellas activas con alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias, mientras dirige una agencia con 5,442 empleados, 7,187 confinados y 6,716 personas bajo supervisión en la libre comunidad; la respuesta de La Fortaleza de remitir al proceso administrativo sugiere que el Ejecutivo no contempla por ahora una acción disciplinaria inmediata.

La gobernadora Jenniffer González Colón retiró la nominación de Quiñones Rivera a juez superior tras una recomendación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en medio del escrutinio por querellas previas; la querella más reciente, radicada en abril de 2026, detalla incidentes desde octubre de 2025.

El 9 de julio de 2026, el portavoz de La Fortaleza, Jean Peña Payano, negó que el gobierno haya recibido requerimientos del FBI u otras agencias federales relacionados con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández. Las expresiones llegaron luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmara en Telemundo que existe una pesquisa federal vinculada a alegaciones contra Domenech, aunque el propio Rivera Schatz reconoció no haber recibido solicitudes de información.

La disputa entre el Ejecutivo y el Senado sobre una posible investigación federal escala la controversia en torno a Domenech más allá del plano administrativo, añadiendo dimensiones de escrutinio federal a un caso que ya incluye una multa de $80,000 del DDEC a Politank por incumplimientos en informes anuales desde 2017.

Politank Corp., firma de cabildeo fundada por Domenech —quien alega haberla vendido a finales de 2024— ha estado bajo presión legislativa liderada por Rivera Schatz, quien ha denunciado posible encubrimiento en el manejo de su decreto contributivo. El DDEC impuso la multa de $80,000 tras una nueva evaluación del expediente ordenada a raíz de esas presiones.

El 9 de julio de 2026, a menos de 24 horas de concluir la amnistía de multas de tránsito establecida por la Ley 1-2026, el representante José "Cheito" Hernández exhortó a los conductores a acogerse al descuento de 40% antes de que venza el plazo. Desde el inicio del programa el 12 de marzo hasta el 8 de julio, el DTOP había recaudado $84,666,361 por el pago de aproximadamente 11,822,710 multas.

El programa cubre infracciones de AutoExpreso, marbetes vencidos y otras violaciones bajo la Ley de Vehículos y Tránsito, y representa la primera amnistía de este tipo en nueve años. Puerto Rico cuenta con más de 2.1 millones de vehículos registrados, una de las tasas más altas del país.

El programa surgió del Proyecto de la Cámara 602, presentado por Hernández y convertido en la Ley 1-2026, y arrancó el 12 de marzo de 2026. El legislador señaló que habían transcurrido nueve años desde el último programa de incentivos similar.

El 9 de julio de 2026, el presidente del PPD y comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunció que Edwin Cornier, exlegislador municipal electo bajo la insignia del MVC, y el estudiante Dariel González formalizaron su afiliación al Partido Popular Democrático.

Las salidas continuas de militantes del Movimiento Victoria Ciudadana hacia el PPD apuntan a un debilitamiento organizacional del MVC como tercera fuerza electoral en Puerto Rico.

En enero de 2026, el entonces comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, también anunció su incorporación al PPD, citando una reflexión sobre el contexto político actual y la nueva dirección del partido.

El Municipio de San Juan no ha divulgado que haya solicitado al Secretario del Interior de EE. UU. la autorización requerida para cambiar el uso del estacionamiento del Parque del Tercer Milenio, donde el alcalde Miguel Romero planea conceder un derecho de superficie por 90 años a la empresa Smart Parking para construir un estacionamiento de múltiples pisos con 950 espacios. Ante el rechazo público, el Municipio retiró la ordenanza municipal OM 55 y anunció vistas públicas para el 29 de julio.

La escritura de traspaso del parque —firmada en 2011 entre la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico y el Municipio— condiciona cualquier cambio de uso recreacional a la aprobación federal, según el Título 36 del Código Federal y el Land and Water Conservation Fund Act, porque el parque recibió fondos federales bajo esa ley; sin ese permiso, el proyecto carecería de base legal.

El Parque del Tercer Milenio, ubicado en Puerta de Tierra, fue transferido a San Juan por un dólar en 2011, habilitado por la Ley 157 de 2009 y la Resolución Concurrente RC 176 de diciembre de 2010; la condición de uso público recreacional es consecuencia directa del financiamiento federal recibido para su desarrollo.

La Policía de Puerto Rico graduó 696 nuevos oficiales de orden público —584 estatales y 93 municipales— que serán asignados a diez municipios, incluyendo Vieques, Utuado y Mayagüez. La inversión para su formación en la Academia ascendió a casi $5.6 millones.

La incorporación de casi 700 agentes representa el mayor ingreso reciente de personal a una institución que ha enfrentado crisis de reclutamiento y escasez de fuerza; 223 de los nuevos oficiales son mujeres.

La Policía de Puerto Rico lleva años con déficit de personal, producto de retiros, renuncias y dificultades para reclutar. La asignación de agentes municipales a municipios específicos sugiere un esfuerzo coordinado entre el gobierno central y los municipios participantes.

La senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú radicó el Proyecto del Senado 1368, que concedería un crédito contributivo no reembolsable de hasta $5,000 anuales a veterinarios y clínicas que realicen esterilizaciones gratuitas de perros y gatos realengos, abandonados o rescatados, a razón de $125 por perro y $75 por gato. La medida forma parte de un paquete de seis proyectos legislativos dirigidos a atender la sobrepoblación animal, radicados al cierre de la sesión con evaluación pendiente para agosto.

El incentivo contributivo busca reducir la presión sobre albergues municipales y organizaciones sin fines de lucro, al fomentar que la comunidad veterinaria privada participe activamente en el control poblacional de animales sin costo para el dueño o rescatador.

Puerto Rico enfrenta una crisis crónica de sobrepoblación animal, con albergues consistentemente sobresaturados y un número elevado de animales realengos en espacios públicos; la legislación complementa el PS 1369, que propone deducciones para propietarios que arrienden a cánon reducido a organizaciones de bienestar animal.

La organización FURIA, Inc. expresó preocupaciones sobre el borrador del reglamento que ODSEC se dispone a aprobar bajo la Ley 115-2025, que autoriza a esa oficina a emitir certificaciones de título de propiedad a residentes de comunidades especiales. El grupo exige vistas públicas y mayor participación comunitaria en el proceso de reglamentación, cuyo período de comentarios vencía el 8 de julio de 2026.

Familias en comunidades especiales llevan más de 10 años esperando los títulos de propiedad de sus hogares, y FURIA advierte que fallas en el borrador del reglamento —como el requisito de un número de catastro del CRIM— podrían dejar a personas elegibles sin poder obtener su certificación.

Un intento anterior de resolver este problema mediante la Ley 82-2012 —cuya autora fue la entonces representante Jenniffer González— también delegó al Departamento de la Vivienda la emisión de certificaciones, sin que el problema se resolviera; en 2023, un tribunal anuló el Reglamento 9457 de ODSEC precisamente por haber acortado ilegalmente el período de comentarios ciudadanos.

El senador del PNP Héctor Joaquín Sánchez reveló este martes que el Secretario Auxiliar de la Gobernación, Carlos Rivera Justiniano, le notificó por llamada que cuatro empleados no continuarían destacados, y que el recurso específicamente rechazado para su oficina era quien fungía como director de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, que él preside.

La negativa del Ejecutivo afecta directamente la capacidad operativa de una comisión senatorial activa, y Sánchez alega que la determinación responde a represalias contra legisladores que han cuestionado decisiones de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La denuncia de Sánchez se suma a la de la senadora Jamie Barlucea, quien el 7 de julio vinculó la negativa de destaques con una supuesta intervención del convicto exsenador Abel Nazario; ambos casos apuntan a un patrón de tensión entre La Fortaleza y senadores de su propio partido.

El gobierno de Puerto Rico comenzó una auditoría que tomará entre 10 y 12 meses para determinar el pago de horas compensatorias adeudadas a policías activos y retirados, con una deuda estimada en $130 millones por tiempo trabajado en exceso de las 480 horas anuales permitidas en años anteriores.

El gobierno ya identificó $80 millones para comenzar a saldar parte de la reclamación, aunque aún existe una brecha de al menos $50 millones frente al estimado total de $130 millones.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, aclaró que la deuda corresponde a tiempo compensatorio acumulado en años anteriores, no a las horas extra del año fiscal recién culminado, las cuales aseguró están pagadas al centavo.

La contralora Carmen Vega Fournier divulgó el 7 de julio de 2026 el Informe OC-27-02, que concluye que el Municipio de Maricao no ordenó una investigación administrativa ni notificó a la Contraloría sobre un accidente ocurrido en octubre de 2025 con una Dodge Durango 2023 asignada al alcalde. Una aseguradora acordó pagar $5,494.77 al municipio, pero la unidad no había sido reparada a la fecha del informe.

El incumplimiento municipal afecta la transparencia en el manejo de propiedad pública y activa los mecanismos de fiscalización de la Contraloría sobre los gobiernos locales.

La ley obliga a los municipios a notificar a la Contraloría de Puerto Rico los accidentes con vehículos oficiales y a ordenar pesquisas administrativas; la querella ante la Policía se radicó el 14 de octubre de 2025, y la reclamación de seguro se gestionó en diciembre de 2025.

La gobernadora Jenniffer González confirmó el 7 de julio que fue el propio Norberto Almodóvar Vélez quien solicitó el destaque al Departamento de la Vivienda, y que la autorización provino del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a quien la gobernadora tiene delegada esa facultad.

El dato reencuadra la controversia: el destaque no fue una decisión unilateral del ejecutivo sino una petición del funcionario investigado, lo que añade una capa al debate sobre si La Fortaleza debió o no concederla mientras la OPFEI mantiene una investigación activa por alegada intervención indebida en un contrato con fondos federales de entre $1 millón y $2 millones.

Almodóvar Vélez fue referido a la OPFEI el 10 de junio de 2026 tras presuntas presiones indebidas en un proceso competitivo de contratos; el destaque en Vivienda está vigente desde el 29 de junio de 2026, y existen referidos paralelos ante el Departamento de Justicia, la OEG y la OCPR.

El Centro de Periodismo Investigativo documentó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales contrató a JJ Investment Group por $300,000 —un 440% más que el contrato previo de $67,504 otorgado mediante evaluación de comité a otra organización— sin proceso competitivo para coordinar el US Coral Reef Task Force, celebrado del 28 de abril al 5 de mayo de 2026; y que el Departamento de Salud contrató a la misma firma por $144,957.50 el mismo día en que se realizó la Puerto Rico Health Policy Conference, el 19 de mayo de 2026.

Varias fuentes indicaron al CPI que la presión desde La Fortaleza fue determinante en la adjudicación del contrato del DRNA, patrón que se suma al señalamiento del exsecretario Sebastián Negrón Reichard sobre intervenciones similares en su agencia; entre 2017 y el 1 de julio de 2026, JJ Investment acumuló más de $36 millones en contratos con 19 agencias de gobierno, mientras su presidente ha donado $117,000 al PNP y a campañas de sus líderes desde 2013.

Caribbean Regenerative Community Development, Inc. había sido seleccionada en julio de 2025 mediante evaluación de comité para coordinar el evento de corales, pero su contrato no fue renovado en septiembre de 2025 cuando el secretario de Recursos Naturales Waldemar Quiles Pérez firmó el acuerdo con JJ Investment; por casi un mes ambas compañías estuvieron contratadas simultáneamente para tareas similares.

La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara pospuso hasta agosto una segunda vista pública sobre las alegaciones del agricultor Pedro 'Pellito' Santiago, quien asegura haber recibido visitas de desconocidos con ofertas económicas y una solicitud del exalcalde de Yauco Abel Nazario para que se disculpara públicamente con la gobernadora Jenniffer González a cambio de una reunión con ella. Nazario negó conocer a Santiago y pidió ser citado a audiencia.

Las denuncias implican posibles presiones políticas para silenciar a un ciudadano que defendía públicamente a vendedores ambulantes amenazados con desalojo por el DTOP; la Cámara también trabaja una resolución para decretar una moratoria en las multas y penalidades a esos comerciantes.

Santiago caminó durante dos semanas desde Cayey hasta San Juan en protesta contra una directriz del DTOP que ordenaba el desalojo de 20 comerciantes ambulantes en las carreteras PR-129 y PR-100, medida justificada por proyectos de infraestructura activos y razones de seguridad vial.

El secretario de Salud Víctor Ramos Otero defendió este sábado la decisión de no renovarle el contrato completo a Genesis Security Services Inc., cuyo acuerdo venció el 30 de junio, y distribuir los servicios entre varias compañías; Genesis envió el jueves cartas de cesantías a 203 oficiales.

Ramos Otero negó haber recibido presiones de la firma de cabilderos Politank para favorecer a las nuevas empresas, y aseguró que la mayoría de los empleados cesanteados fue reabsorbida por las compañías entrantes.

El secretario indicó que al llegar al Departamento de Salud encontró un 'monopolio' en servicios de seguridad, mantenimiento y empleos temporeros; Genesis retuvo cuatro de las ocho áreas contratadas, incluyendo la de mayor valor económico.

Este viernes, los representantes del PIP Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles radicaron un proyecto para derogar la Ley 104 de 1956 y sustituirla por la "Ley para Delimitar las Facultades Delegables e Indelegables del Gobernador de Puerto Rico", que también prohibiría designar a personas con historial de cabildeo durante los 15 años anteriores a su nombramiento.

La medida prohibiría delegar poderes sobre contratación pública, nombramientos, acciones de personal y administración presupuestaria, y exigiría que solo funcionarios que requieran consejo y consentimiento del Senado puedan recibir facultades delegadas, reforzando el escrutinio legislativo sobre la rama ejecutiva.

Los legisladores señalan a Francisco Domenech —mencionado por Márquez Lebrón como persona no electa con historial como cabildero que obtuvo poderes sin escrutinio legislativo— como ejemplo del patrón que buscan corregir; la Ley 104 de 1956 ha servido históricamente como vehículo para delegar funciones ejecutivas.

El exalcalde de Yauco y asesor político Abel Nazario Quiñones negó el 3 de julio de 2026 haber contactado al vendedor ambulante José "Pellito" Santiago y solicitó formalmente al representante José "Cheíto" Hernández Concepción que lo cite a una vista pública de la Cámara para responder bajo las mismas condiciones que le fueron dadas a Santiago. Nazario también negó haber amedrentado a un empleado de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, alegación separada que también pesa sobre él.

La disputa queda ahora en manos de la Cámara, que tendría que decidir si convoca a Nazario —un exfuncionario convicto federal que opera como asesor informal de la gobernadora— a una vista que podría ampliar el escrutinio sobre el acceso al ejecutivo como instrumento de presión.

Santiago testificó ante la Cámara que Nazario lo abordó para exigirle una disculpa pública a la gobernadora Jenniffer González Colón como condición para obtener una reunión en La Fortaleza; Nazario atribuye esas alegaciones y las de Barlucea a una campaña en su contra desde que anunció su rol de apoyo político a González Colón, en un momento en que el PNP anticipa una primaria interna.

En junio de 2026, la contralora Carmen Vega Fournier y el agente especial interino de HSI San Juan, Yariel Ramos, firmaron un memorando de entendimiento para coordinar investigaciones contra el lavado de dinero y el fraude financiero en Puerto Rico.

El acuerdo formaliza el intercambio de información y el desarrollo de investigaciones conjuntas entre la Contraloría y HSI para proteger los recursos públicos y la integridad de los sistemas financieros de la isla.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico fiscaliza el uso de fondos públicos en la isla, mientras que HSI San Juan tiene jurisdicción sobre crímenes financieros de carácter federal; este MOU extiende la cooperación interagencial a ambos marcos legales.

La gobernadora Jenniffer González anunció el 2 de julio de 2026 que los empleados públicos tendrán libres el 3 y el 24 de julio sin cargo a vacaciones ni licencia, y añadió que desde ese mismo día están disponibles en SURI bonos de $400 para personas de 65 años o más y de $300 para pensionados del gobierno.

El anuncio amplía el beneficio más allá del sector público: adultos mayores elegibles pueden reclamar hasta $400 a través de SURI entre el 2 de julio y octubre, siempre que no hayan recibido el crédito por trabajo ni superen cierto umbral de ingresos.

En marzo de 2026 la determinación de González de conceder libre la Semana Santa con cargo a vacaciones generó controversia; La Fortaleza tuvo que aclarar que el uso de esos días era opcional. Los días libres del 3 y 24 de julio, en cambio, no afectan el balance de licencias.

El alcalde de Camuy, Gabriel "Gaby" Hernández, publicó este jueves en sus redes sociales un nuevo cuestionamiento a la gestión del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, exigiendo menos burocracia y más ejecución en la administración de espacios recreativos bajo esa agencia.

Hernández señaló específicamente la paralización de un proyecto en la playa Peñón Brusi, la falta de operación del Parque Las Cavernas en Camuy y el cierre de Playita Rosada en Lajas, tres atractivos turísticos administrados por el DRNA cuya inactividad afecta el desarrollo económico de sus respectivos municipios.

Esta publicación llega luego de que Hernández anunciara que demandará al DRNA por la paralización del proyecto de mejoras en la playa Peñón Brusi; el alcalde amplió sus críticas para incluir otros municipios afectados por la gestión de la agencia.

El comisionado residente Pablo José Hernández presentó el 2 de julio de 2026 un proyecto de ley en la Cámara de Representantes federal para otorgar póstumamente la Medalla de Honor del Congreso al veterano puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el 'Rambo boricua', por sus acciones en la guerra de Vietnam. La medida, coauspiciada por la congresista Nydia Velázquez, crearía una excepción a los límites de tiempo que establece la ley para conceder ese reconocimiento.

La Medalla de Honor es la más alta condecoración militar de Estados Unidos, y su otorgamiento a Otero Barreto —quien completó 200 misiones de combate y acumuló 38 condecoraciones— representaría un reconocimiento federal de alto simbolismo para la comunidad puertorriqueña y veterana.

Grupos de veteranos han abogado durante años por que se le conceda a Otero Barreto este máximo honor; la congresista Velázquez ya había respaldado iniciativas previas en ese mismo sentido.

La Oficina del Inspector General publicó un informe que señala que el Departamento de Salud otorgó once contratos de servicios profesionales sin justificación para funciones equivalentes a puestos regulares, y que cinco empleados realizaron funciones permanentes por años —tres de ellos en una sola división por al menos diez años.

La OIG identificó posibles violaciones a cuatro leyes, entre ellas la Ley de Contabilidad del Gobierno y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos, lo que expone al Departamento a responsabilidad administrativa y obliga a una revisión de su práctica de contratación.

El uso de contratistas para cubrir funciones que corresponden a empleados regulares ha sido una práctica recurrente en agencias del gobierno de Puerto Rico, sujeta a escrutinio por organismos fiscalizadores.

El municipio de Río Grande ofrecerá asistencia gratuita para completar planillas a personas de 65 años o más desde el 2 de julio hasta el 15 de octubre de 2026, de lunes a viernes en la Biblioteca Municipal.

El servicio busca reducir la carga económica de los adultos mayores que de otro modo tendrían que pagar por ayuda con sus planillas.

Según la alcalde Ángel "Bori" González Damudt, el municipio ha ofrecido este servicio en años anteriores; esta edición se extenderá por más de tres meses en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La ODSEC y el Departamento de Seguridad Pública celebraron el pasado domingo la graduación de la Clase 5-2026 del programa Experience, en la que cerca de 100 jóvenes de la región sur completaron meses de adiestramiento en liderazgo, disciplina y servicio comunitario.

El programa expone a jóvenes puertorriqueños a las funciones de policías, bomberos y paramédicos como estrategia de prevención del crimen desde las comunidades, según la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Experience es una de las principales iniciativas de Comunidades Seguras; la graduación de la Clase 5-2026 marcó la primera vez que ODSEC y el DSP implementaron conjuntamente la iniciativa, según destacó la directora ejecutiva de ODSEC, la Dra. Keren L. Riquelme Cabrera.

El senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del PPD en el Senado, radicó el 1 de julio de 2026 una resolución para investigar la posible adjudicación de un contrato de $38 millones en fondos TANF a NOLA Education LLC, empresa con sede en Luisiana, para implementar el programa Star Academy en 25 escuelas de Puerto Rico. La resolución también examina un viaje de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a Luisiana del 7 al 10 de diciembre de 2025, cuyos detalles y propósito oficial se desconocen.

Los $38 millones provienen de fondos TANF, destinados a familias necesitadas, y el proceso de adjudicación genera dudas sobre transparencia: la empresa alega no haber participado, el Departamento de Educación ya contempla el programa en su currículo, y la ADSEF habría quedado al margen del proceso.

El Departamento de la Familia utilizó a la firma independiente LAP Consulting para evaluar la propuesta, un mecanismo cuya composición y funcionamiento el Senado también busca esclarecer, pues cada agencia debe contar con un comité evaluador propio.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 1 de julio de 2026 el Informe de Auditoría OC-26-50 al Municipio de Toa Baja, que cubre del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2025 y emitió una opinión cualificada por deficiencias en compras de inmuebles, registros de activos, manejo de generadores, inventarios y notificación de pérdidas. Entre los hallazgos, 893 unidades adquiridas por $1,499,306 no estaban registradas en el módulo de Activos Fijos, y 10 generadores valorados en $5,443 no fueron localizados durante inspecciones físicas.

Las fallas abarcan $601,500 en propiedades compradas con valoraciones deficientes —una con 883 días de emitida al momento de la compraventa— y propiedades halladas en estado de abandono, lo que señala un riesgo directo sobre fondos públicos municipales. El municipio tampoco investigó administrativamente 54 pérdidas de propiedad ni 41 accidentes de vehículos para determinar responsabilidades.

El alcalde Bernardo Márquez García respondió en el informe que se nombró una segunda encargada de propiedad y que los inmuebles adquiridos se analizan para proyectos en el Casco Urbano; la OCPR mantuvo todos los hallazgos y recomendó un Plan de Acción Correctiva.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 1 de julio de 2026 la auditoría OC-26-48, que identificó deficiencias en contratos y documentos de subasta de los programas Head Start y Early Head Start del Municipio de San Germán entre 2020 y 2024. Los hallazgos incluyen un contrato de $273,952 formalizado antes del término reglamentario de diez días y fianzas de licitación que no pudieron ser localizadas para examen.

Los programas administraron presupuestos anuales de entre $3.7 millones y $4.7 millones, y el municipio otorgó 14 contratos y 65 enmiendas por $12,276,773 durante el período auditado; las fallas documentadas en los procesos de contratación exponen al municipio a impugnaciones y debilitan la supervisión de fondos destinados a la primera infancia.

El exalcalde Isidro Negrón Irizarry rechazó ambos señalamientos —argumentando que el contrato se firmó el noveno día y que las fianzas estaban en trámite de archivo—, pero la Oficina de la Contralora mantuvo el hallazgo en los dos casos. La administración municipal actual deslindó su responsabilidad indicando que los procesos fueron autorizados por la administración anterior.

El Senado citó al exdirector del DDEC Sebastián Negrón Reichard para testificar bajo juramento ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, y le dio un plazo de 10 días para remitir su testimonio y documentos. La investigación legislativa cubre alegaciones de intervenciones indebidas y posibles delitos por parte del secretario de la Gobernación Francisco Domenech, y se extiende al manejo del decreto contributivo de Politank Corp. tras un informe de auditoría divulgado el 29 de junio.

El informe de auditoría interna concluyó que Politank Corp. incumplió múltiples obligaciones de su decreto contributivo, incluyendo la omisión de varios Informes Anuales de Negocio Exento; el Senado ahora exige al DDEC y a Hacienda detallar si el decreto fue revocado y si se inició algún proceso de cobro por contribuciones no pagadas.

Fue Negrón Reichard, exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, quien radicó la querella que activó la investigación legislativa, alegando intervenciones indebidas y posibles conflictos de interés de funcionarios del ejecutivo; el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz ha enmarcado la pesquisa como mecanismo de transparencia y protección del interés público.

El 30 de junio de 2026, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz logró aprobar en sesión legislativa una petición formal al DDEC para que, en 72 horas, informe si canceló o revocó el decreto de exención contributiva de Politank y si refirió el asunto a Hacienda para el recobro de contribuciones no pagadas. Politank enfrenta una multa de $40,000 por presuntos incumplimientos con los requerimientos de divulgación del Código de Incentivos.

La acción legislativa escala la presión institucional sobre el DDEC y sobre Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y exdueño de Politank, al exigir una respuesta oficial con plazo definido sobre el estado del decreto y la posible recuperación de contribuciones.

En días recientes trascendió que Politank incumplió con requerimientos de divulgación como beneficiaria de un decreto contributivo bajo el Código de Incentivos; el nuevo dueño de la empresa, Manuel Torres, afirmó en carta que la compañía es blanco de persecución y que los señalamientos en su contra son falsos.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz confirmó el martes 30 de junio que emitió una directriz propia para limitar a dos la cantidad de empleados en destaque interagencial por senador, descartando que la medida respondiera a un acuerdo o a una negativa de La Fortaleza.

La decisión afecta directamente la estructura de personal de cada oficina senatorial y despeja —al menos según Rivera Schatz— las versiones de que el Ejecutivo estaba bloqueando los destaques como presión política sobre el Senado.

El tema de los destaques ha sido recurrente en el cuatrienio: entre los episodios más notorios figura la cancelación de los destaques al senador Juan Oscar Morales, vinculada a su insistencia en legislar sobre escoltas a exgobernadores contra la voluntad de la gobernadora Jenniffer González, y el caso del senador Luis Daniel Colón La Santa, cuya madre ocupa a la vez un puesto de carrera en el gobierno y dirige su comisión legislativa.

Al cierre de la sesión legislativa el 30 de junio de 2026, la delegación del PPD en el Senado celebró una conferencia de prensa en la que su portavoz, el senador Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que la mayoría del PNP no dio paso a 85 iniciativas presentadas por senadores populares durante el año y medio de la administración de la gobernadora Jenniffer González.

El bloqueo de esas medidas, según los populares, incluyó una reforma de permisos y una reforma contributiva que no se aprobaron, además de un presupuesto que, a su juicio, no responde a la realidad del país.

El PPD opera como minoría en el Senado frente a la mayoría del PNP; Hernández Ortiz atribuyó los tropiezos legislativos a una lucha interna del PNP por el poder y a lo que calificó como una agenda primarista que desplaza legislación programática.

La gobernadora Jenniffer González Colón no logró que el proyecto sustitutivo para reformar el Código de Planificación y Permisos fuera aprobado antes de que concluyera el periodo ordinario legislativo actual. Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, confirmó que las discusiones continuarán en la próxima sesión de agosto.

El retraso pospone una reforma de 793 páginas que reorganizaría los procesos para establecer negocios en Puerto Rico, trasladando responsabilidades de permisos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); su composición técnica y sus posibles efectos sobre protecciones ambientales siguen siendo objeto de escrutinio público.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz radicó el Proyecto del Senado 1173 y la gobernadora presentó la medida de administración 1183; ambas iniciativas se fusionaron en el texto sustitutivo presentado el 23 de junio de 2026. Un análisis del Centro de Periodismo Investigativo señaló que ninguno de los catorce integrantes del Task Force de Simplificación de Permisos —que produjo el informe base de la reforma— tiene preparación en Administración Pública, Topografía o Ciencias Ambientales.

El secretario de Asuntos Públicos Jean Peña Payano explicó el 30 de junio que solo siete efectivos de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico han sido autorizados y ya viajaron a Venezuela, pues las sanciones federales vigentes contra ese país obligan al gobierno local a canalizar cualquier movilización adicional a través del Comando Sur de Estados Unidos, que determina prioridades y emite autorizaciones de forma escalonada. El gobierno de Puerto Rico ya sometió al gobierno federal un inventario de maquinaria, rescatistas y especialistas disponibles para el envío.

Las restricciones aéreas y marítimas derivadas de las sanciones contra Venezuela limitan materialmente la capacidad de respuesta de Puerto Rico, a pesar de contar con personal y recursos listos; lo recaudado en centros de acopio deberá enviarse a través de una organización cívica mientras llegan las autorizaciones federales.

Venezuela enfrenta terremotos de consecuencias graves desde hace casi una semana. El gobierno federal encuadró la respuesta como una operación militar de ayuda humanitaria, y tan reciente como en marzo había un operativo militar relacionado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que complica aún más el marco diplomático y logístico.

El lunes en la noche, la mayoría republicana del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes excluyó dos enmiendas al proyecto de autorización de gastos del Pentágono impulsadas por las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, que buscaban informes sobre el incremento de actividades militares en Puerto Rico y sobre los ejercicios reanudados y la limpieza pendiente en Vieques.

Las enmiendas habrían obligado al Departamento de Defensa a rendir cuentas sobre miles de soldados actualmente en la isla y sobre el estado de la descontaminación de Vieques, para la cual el Congreso ha destinado más de $327 millones sin que la restauración de tierras y aguas se haya completado.

Vieques fue utilizada durante seis décadas como zona de bombardeos y entrenamientos por la Marina de Guerra estadounidense; el gobierno federal aún tiene pendiente la limpieza de terrenos contaminados. Velázquez, quien se retira de la Cámara en diciembre, citó reportes de que se ha autorizado a personal militar destruir municiones inservibles en la isla mientras la descontaminación sigue inconclusa.

El 30 de junio de 2026, en la antesala del cierre de sesión, el Senado y la Cámara conformaron comités de conferencia para resolver diferencias en varias medidas, entre ellas una asignación de $5 millones para SER de Puerto Rico, cambios a los incentivos de médicos (PS 15), ampliación de incentivos a jóvenes empresarios (PS 240) y protecciones contra el acoso en el deporte.

Los comités de conferencia deben producir una versión única de cada medida en horas, ya que el martes es el último día de la sesión ordinaria y la última oportunidad para aprobar legislación; entre los montos en juego están $20 millones en donativos legislativos y $5 millones para SER de Puerto Rico.

El mecanismo de comités de conferencia se activa cuando cada cuerpo aprueba versiones distintas de una misma medida; el Senado sí concurrió el lunes con enmiendas de la Cámara a proyectos sobre seguros de mascotas, procedimiento civil, municipios y PRITS, entre otros.

El 29 de junio de 2026, el Senado de Puerto Rico rindió homenaje al abogado y comentarista político Luis R. Dávila Colón al designar con su nombre el Estudio de Grabación del Senado y crear el Programa de Internado Legislativo de Comunicaciones Luis Dávila Colón para estudiantes universitarios. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y contó con la presencia de legisladores, familiares y representantes de medios.

El programa de internado ofrecerá formación práctica en periodismo, relaciones públicas y comunicaciones a estudiantes universitarios, con el Senado como espacio de aprendizaje institucional.

Dávila Colón acumula más de cinco décadas de trayectoria como abogado, autor, analista y comentarista político; el Senado le entregó además la Resolución del Senado 542 en reconocimiento formal a su carrera.

El 29 de junio de 2026, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó un mandamus contra la Cámara de Representantes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por negarse a entregar las declaraciones juradas de ingresos extralegislativos de los representantes. El secretario de la Cámara, Alberto León Ayala, solo certificó que un representante declaró haber recibido ingresos adicionales, en lugar de entregar los documentos de todos los miembros.

La Ley 97 de 1968 obliga a los legisladores a declarar públicamente todas sus fuentes de ingresos, y la negativa de la Cámara impide que la ciudadanía conozca si sus representantes electos reciben ingresos que podrían generar conflictos de interés.

A principios de mayo de 2026, la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigoitía, solicitó formalmente los documentos; el CPI alega que el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, y el secretario León Ayala han atrasado deliberadamente la divulgación. Es la segunda vez en el cuatrienio que el CPI toma acción legal contra la Cámara —la primera fue por información sobre dietas, millajes, jubilaciones e ingresos adicionales de legisladores.

La contralora Carmen Vega Fournier refirió al Departamento de Justicia, Hacienda y Ética Gubernamental una investigación contra un empleado del CRIM de Trujillo Alto que usó una computadora municipal para preparar y radicar 59 planillas estatales y federales de individuos particulares durante horas laborables. Los referidos a Justicia y Hacienda se enviaron el 26 de mayo de 2026, y al alcalde de Trujillo Alto el 18 de mayo de 2026.

El análisis forense de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico indica que el empleado pudo haber cobrado cerca de $30 por cada planilla, apuntando a una posible actividad lucrativa con recursos públicos; además, no estaba registrado oficialmente como preparador de planillas ante Hacienda.

La investigación, recogida en el Informe OC-26-45, cubrió el período del 1 de enero al 30 de junio de 2024 y surgió a raíz de una querella ciudadana sobre el uso de sistemas computarizados municipales.

Un informe de la Oficina del Inspector General reveló fallas severas en el Departamento de Salud durante el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025, incluyendo contratos de tecnología otorgados sin autorización del PRITS y la ASG, y servicios prestados sin contrato vigente que totalizaron $6,035,587.45. La OIG no refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y solo solicitó medidas correctivas.

Los hallazgos documentan incumplimientos normativos y ausencia de fiscalización sobre seguridad y respaldo de datos en una agencia que maneja información de salud pública; los servicios prestados fuera de contrato representaron más de seis millones de dólares en fondos públicos.

El periodo examinado abarcó dos secretarios de Salud: Carlos Mellado, quien estuvo al frente desde el inicio de la pesquisa, y Víctor Ramos, quien lo sustituyó en enero de 2025.

El PNP celebró el 28 y 29 de junio elecciones especiales para seleccionar presidentes municipales en siete municipios —Luquillo, Caguas, Guayama, Mayagüez, Arecibo, San Sebastián y Humacao— con una participación de 8,636 votantes; en Lares se realizará un recuento por diferencia de un voto.

Los resultados definen el nuevo liderazgo de base del PNP en municipios donde el partido no prevaleció en las pasadas elecciones generales, con miras a la reorganización territorial de cara al ciclo electoral de 2028.

Entre los seleccionados figura Luis Rodríguez en Luquillo, quien ha dirigido WIPR-TV y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, y Julio Geigel en Humacao, exalcalde de ese municipio; ambos habían renunciado a cargos públicos previamente para volver a la política.

El Local 2555 de la UAW, que representa a supervisores y gerenciales del Departamento de la Familia, denunció el 29 de junio de 2026 que la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la mala planificación administrativa han generado una crisis institucional en la agencia. La unión exigió a la secretaria del Departamento asumir responsabilidad directa y tomar medidas inmediatas.

Según la UAW, las condiciones afectan directamente la calidad y continuidad de servicios dirigidos a menores, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad en Puerto Rico. Los empleados están cubriendo vacantes, atendiendo casos fuera de su área y asumiendo responsabilidades adicionales sin compensación adecuada.

La UAW describe la situación como resultado de años de abandono y falta de reclutamiento, y señala que la agencia enfrenta además señalamientos públicos de corrupción y contrataciones dudosas. La unión no ha especificado acciones de huelga ni mecanismos formales de querella en esta denuncia.

El Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias de Puerto Rico (SAME) afirmó el 28 de junio de 2026 que el NMEAD carece de preparación para coordinar respuestas ante cualquier emergencia de gran impacto, no solo sismos, respaldándose en las recientes advertencias públicas del excomisionado Nino Correa.

El sindicato señaló que durante la emergencia reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no se activaron procedimientos estándar del Centro de Operaciones de Emergencia ni el Plan de Distribución del NMEAD, dejando a los municipios sin apoyo coordinado del gobierno central.

La presidenta del SAME, Liz M. Colón Alicea, indicó que el 15 de junio el sindicato se reunió con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer Croly, y el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, sin lograr acuerdos concretos ni compromisos con fechas para atender las deficiencias operacionales denunciadas.

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 632, que requiere que solo compañías registradas puedan enviar mensajes de texto a consumidores, prohíbe enlaces de compra y solicitudes de datos personales en esos mensajes, y establece sanciones económicas a empresas que incumplan.

La medida obliga además a las compañías de telecomunicaciones a implementar filtros contra mensajes maliciosos y exige verificación en dos pasos en servicios bancarios y gubernamentales, lo que afectaría directamente cómo empresas y agencias se comunican con la ciudadanía.

El representante Edgar Robles Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, impulsó la medida en respuesta al aumento de mensajes fraudulentos que reciben los ciudadanos a diario; el proyecto pasa ahora al Senado.

El exsenador Héctor Santiago Torres presentó una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes contra el representante del Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, por haber utilizado presuntamente el logo institucional de la Cámara en un video del 11 de mayo de 2026 para felicitar al nuevo presidente del comité municipal del PNP en Salinas y respaldar la reorganización del partido. La querella alega posibles violaciones al Código de Ética de la Cámara y a la Ley 222-2011, que tipifica como delito el uso de propiedad pública para beneficiar a partidos políticos.

De confirmarse la conducta, Sanabria Colón podría enfrentar medidas disciplinarias legislativas y un referido a agencias pertinentes; el caso también plantea el límite legal entre comunicaciones oficiales y propaganda partidista con recursos del Estado.

La Ley 222-2011 y el Código de Ética de la Cámara prohíben expresamente el uso de propiedad y símbolos públicos para fines político-partidistas; el logo de la Cámara fue creado por orden administrativa para identificar exclusivamente comunicaciones oficiales del cuerpo legislativo.

El presidente Donald Trump anunció el 28 de junio de 2026 que nombrará a Lance Schroyer, exagente de la policía estatal de Oklahoma y exmarine, como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Schroyer cuenta con 29 años de carrera en aplicación de la ley y fue contratado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la dirección del secretario Markwayne Mullin.

Schroyer asumiría la dirección del ICE en un momento de alta tensión por las redadas masivas de la administración Trump en ciudades estadounidenses, operativos que ya causaron la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de 2026.

La política migratoria de Trump ha generado creciente rechazo en la opinión pública y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden; el nombramiento llega semanas después de que Mullin asumiera como secretario del DHS y presentara públicamente a Schroyer ante la Asociación Nacional de Sheriffs como aliado cercano.

La Cámara aprobó la semana pasada el Proyecto 1099 del representante novoprogresista José Pérez Cordero —que codificaría el privilegio del periodista a no revelar fuentes— luego de una reunión ejecutiva en la que el Departamento de Justicia fue el único ente que comentó la medida, sin haberse celebrado vista pública.

La ausencia de vista pública significa que organizaciones de prensa, abogados de medios y la ciudadanía no tuvieron espacio formal para incidir en una ley que, por primera vez, definiría legalmente quién es 'periodista' en Puerto Rico.

La Comisión de lo Jurídico, presidida por el propio autor del proyecto, emitió un primer informe positivo en mayo, lo retiró y emitió un segundo informe el 22 de junio de 2026, que fue el que sirvió de base para la votación del pleno.

El cierre de la sesión legislativa de junio de 2026 dejó sin completar el trámite final varias medidas, entre ellas la reforma a la Rama Judicial impulsada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, aprobada por el Senado pero no atendida por la Cámara, y la reforma al sistema de permisos.

Al menos ocho proyectos del Senado —que abordan desde ciberseguridad municipal y derechos laborales hasta acoso sexual en el deporte e infraestructura crítica— quedarán en pausa hasta que la Asamblea Legislativa retome sus trabajos ordinarios en agosto.

Entre las medidas pendientes figuran el PS 776 sobre patentes municipales de telecomunicaciones bajo el CRIM, el PS 779 sobre neumáticos desechados, el PS 787 sobre correos con dominio .pr.gov, el PS 1108 para ampliar facultades de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, y otros proyectos que aún requieren concurrencia o conferencia de cámaras.

El 26 de junio de 2026, Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) denunció un patrón sistemático de acciones legislativas y gubernamentales que, según la organización, restringen el espacio cívico, limitan el acceso a información pública y debilitan derechos fundamentales. Entre las medidas señaladas figuran la Ley 156-2025 sobre acceso a información, la Ley 82-2026 que impone fianzas para impugnar permisos de construcción, y leyes que restringen derechos de personas LGBTIQ+.

Las medidas denunciadas afectan directamente la capacidad de la ciudadanía, la prensa y las organizaciones comunitarias para fiscalizar al gobierno sin represalias; la Ley 82-2026, por ejemplo, exige una fianza equivalente al 10% del valor de un proyecto de construcción para poder impugnar permisos, lo que encarece la justicia ambiental y comunitaria.

AIPR identificó un conjunto de legislación aprobada entre 2025 y 2026 —incluyendo la Ley 63-2025 que prohíbe servicios de afirmación de género, la Ley 26-2026 sobre baños inclusivos y la Ley 64-2025 que otorga al secretario de Hacienda discreción sobre exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro— como parte del mismo patrón de cierre del espacio cívico.

El 15 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el PC 1121, radicado por petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que permite a los alcaldes utilizar fondos públicos para promover obras públicas, fotos oficiales, lemas institucionales y actividades como fiestas patronales en año electoral sin intervención del contralor electoral.

El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, advierte que la medida debilita la veda electoral al reducir la autoridad fiscalizadora del contralor electoral, favoreciendo a los alcaldes incumbentes frente a sus opositores con recursos públicos bajo su control.

La veda electoral en Puerto Rico existe para impedir el uso de fondos públicos en beneficio de campañas políticas; el proyecto ahora pasa al Senado para su consideración.

El 25 de junio de 2026, el representante Ángel Morey radicó el Proyecto de la Cámara 1328, que duplicaría el donativo anual obligatorio de los residentes inversionistas —de $10,000 a $20,000— y canalizaría $5,000 de esa suma al Fondo Legislativo de Impacto Comunitario, administrado por la Asamblea Legislativa.

El cambio daría a los legisladores control directo sobre fondos adicionales para distribuir entre entidades sin fines de lucro, en un fondo que ya recibe $20 millones anuales; críticos podrían ver esto como una expansión del poder de gasto discrecional de la Legislatura.

Los residentes inversionistas que se acogen a decretos de incentivos contributivos en Puerto Rico están obligados a hacer donativos anuales a organizaciones sin fines de lucro como condición de su decreto; el Fondo Legislativo de Impacto Comunitario existe como mecanismo para que los legisladores dirijan fondos a sus comunidades.

El 25 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón retiró todos los nombramientos pendientes ante el Senado —incluyendo la designación de Francisco Quiñones Rivera como juez superior, además de nombramientos a la Judicatura, juntas y agencias— horas después de que el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz advirtiera que el cuerpo no tenía tiempo suficiente para evaluarlos adecuadamente.

El retiro masivo se produjo el mismo día en que La Fortaleza había sostenido públicamente que la designación de Quiñones Rivera no había sido retirada; Quiñones Rivera permanece, por ahora, como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Rivera Schatz había señalado que el Senado no atendería la designación de Quiñones Rivera en parte por querellas pendientes sin resolver en su contra, lo que generó una secuencia de horas en que el Ejecutivo y el Legislativo ofrecieron versiones contradictorias sobre el estado de los nombramientos.

El 25 y 26 de junio, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) celebró la Cumbre de Manejo de Emergencias 2026 en el Embassy Suites de Dorado, reuniendo a funcionarios estatales y federales, alcaldes y directores de Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME). La gobernadora Jenniffer González Colón, el secretario del Departamento de Seguridad Pública general Arturo Garffer y el comisionado del NMEAD Ángel Jiménez Colón destacaron la coordinación interagencial y la preparación ante desastres como ejes del evento.

El evento busca fortalecer la coordinación entre agencias, municipios y el sector privado ante emergencias, con énfasis en la temporada de huracanes activa al momento de la cumbre.

La gobernadora González Colón ha impulsado la preparación ante emergencias como parte de su política pública; el NMEAD, bajo el comisionado Jiménez Colón, ha señalado la coordinación interagencial como pilar del sistema de respuesta de Puerto Rico.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge González Otero, cuestionó el jueves la distribución legislativa de $4.7 millones en ingresos de máquinas de juegos de azar entre 10 municipios, exigiendo que se expliquen los criterios usados para asignar los fondos; ninguno de los 41 municipios de la Asociación quedó incluido, y ningún municipio del oeste recibió fondos.

La medida, aprobada por el Senado, no establece criterios de población, pobreza, situación fiscal ni aportación de cada municipio al fondo; la Asociación cursó un requerimiento formal de información pública a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda al amparo de la Ley 141-2019.

La directora ejecutiva de la Asociación, Verónica Rodríguez Irizarry, pidió que se publique un desglose sobre cuántas máquinas operan por municipio, cuánto generan y cuánto aporta cada pueblo al fondo; el alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, señaló que la medida pasa ahora a la Cámara y expresó confianza en que ese cuerpo la enmiende.

El comisionado residente Pablo José Hernández llevó este jueves al hemiciclo de la Cámara federal un mensaje en que calificó el escándalo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) como un "hedor a corrupción" en el gobierno de la gobernadora Jenniffer González, vinculándolo además a la crisis de servicio de agua que afectó a cientos de miles de personas la semana anterior.

Hernández, presidente del Partido Popular Democrático, trasladó al Congreso la preocupación —ya expresada por el senador federal Mike Lee durante el testimonio de González— sobre si los fondos federales enviados a Puerto Rico se están utilizando de manera indebida.

El escándalo surge de denuncias del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, quien alega que el secretario de la Gobernación Francisco Domenech presionó para adjudicar un contrato de publicidad con fondos federales a la compañía JJ Investment, y que intervino a favor de decretos contributivos para el proyecto Opus Miramar, vinculado a su antigua firma de cabildeo Politank.

El 25 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 123-2026, que penaliza la posesión de partes de armas sin licencia; la Ley 124-2026, que exige al menos un terapeuta atlético licenciado en torneos y escuelas deportivas; y las Resoluciones Conjuntas 34 y 35-2026, que declaran patrimonio cultural de Cidra a la Tuna Estudiantil y la Banda Escolar de ese municipio.

La ley de armas cierra un vacío al requerir licencia vigente para adquirir y portar partes de armas de fuego, con el respaldo de los departamentos de Justicia y Seguridad Pública; la ley deportiva extiende a torneos y escuelas especializadas la cobertura médica atlética que la Ley 132-2024 estableció para el licenciamiento de terapeutas.

La medida de armas enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 a propuesta de la senadora Marially González Huertas, mientras que la norma deportiva complementa legislación aprobada en 2024 sobre terapeutas atléticos; las resoluciones culturales fueron impulsadas por los senadores Rafael Santos Ortiz y Wilmer Reyes Berríos.

El gobernador de Florida Ron DeSantis anunció el 25 de junio de 2026 el cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de los Everglades, tras haber procesado casi 21,000 deportaciones desde su inauguración en julio de 2025. Los migrantes que permanecían en la instalación fueron trasladados a otras instalaciones federales ante el inicio de la temporada de huracanes.

El centro operaba a un costo estimado de más de $1 millón diarios y se convirtió en símbolo de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump; junto a otros centros similares en Florida, procesó a más de 30,000 inmigrantes en total. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, denunció que los detenidos permanecieron en condiciones que calificó de inhumanas y sin debido proceso.

Alligator Alcatraz abrió en un antiguo aeropuerto dentro de los Everglades tras una visita de Trump, quien impulsó la creación de centros estatales para apoyar su campaña de deportaciones. Grupos ambientalistas y organizaciones de derechos de migrantes habían presentado demandas por falta de transparencia, abusos y daños ambientales.

Al cierre de la sesión del 25 de junio de 2026, el Senado enmendó la resolución presupuestaria para reducir de $9.5 millones a $7 millones la partida que podría financiar la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por Verónica Ferraiuoli, y transfirió la custodia de esos fondos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La reducción de $2.5 millones y el cambio de custodia —de OGP al DDEC— diluyen aún más el control directo de IDEA sobre los recursos, ya que su uso queda sujeto a la discreción del secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, según señaló el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández.

La versión original del Ejecutivo asignaba $9.5 millones de uso directo a IDEA; la Cámara redistribuyó esa partida y reemplazó una porción equivalente bajo custodia de OGP con lenguaje amplio sobre "iniciativas para el crecimiento y negocios", dejando la asignación a IDEA como posible pero no garantizada.

El 25 de junio de 2026, la Comisión de Transportación del Senado celebró vista pública sobre el PS 1131, que prohibiría la venta de tianeptina, y el PS 1009, que crearía un marbete turístico para vehículos de residentes de Estados Unidos y sus territorios; diversas agencias y asociaciones presentaron recomendaciones técnicas sobre ambas medidas.

El PS 1131 atendería preocupaciones de salud pública sobre sustancias adictivas como la tianeptina y el kratom, mientras que el PS 1009 busca generar movimiento económico a través de eventos automotrices y turismo de vehículos, aunque la comisión aún aguarda memoriales de Hacienda, la Policía y otras agencias antes de actuar.

La ACAA había rechazado previamente el PS 1009 por falta de claridad sobre el seguro obligatorio aplicable; la AFC y DACO recomendaron incorporar en el PS 1131 disposiciones sobre kratom basadas en legislación previamente evaluada por el Senado.

El 12 de junio, la contralora Carmen Vega Fournier compareció ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes para expresar apoyo institucional al P. del S. 808 y a los P. de la C. 1263 y 1264, tres medidas que inciden sobre la capacidad del gobierno de fiscalizar fondos y propiedad pública.

El P. de la C. 1263 ampliaría la obligación de colaborar con investigaciones de la Contraloría para incluir a entidades privadas que administren fondos públicos, y permitiría imponer costas y honorarios cuando se demuestre conducta frívola ante citaciones.

La Oficina de la Contraloría había recomendado previamente que se reconociera expresamente su discreción técnica para planificar auditorías por criterios de riesgo; la Asamblea Legislativa acogió ese lenguaje en el P. del S. 808, que enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz intensificó el 24 de junio de 2026 sus críticas contra el secretario de la Gobernación Francisco Domenech, reiterando que es 'un lastre' para la gobernadora Jenniffer González Colón y rechazando que la investigación legislativa responda a ambiciones primaristas dentro del PNP.

Rivera Schatz advirtió a González que, cuando concluya el caso de Domenech, podría ser ella quien tenga que escuchar 'se lo dije', escalando públicamente el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la presidencia del Senado dentro del mismo partido.

González respondió más temprano ese día con un 'se los dije' a las expresiones de Rivera Schatz sobre una posible candidatura a la gobernación en 2028, y atribuyó los cuestionamientos a su administración a intereses políticos; Rivera Schatz descartó esa versión y señaló que Domenech representa a su firma Politank, no al PNP.

El 24 de junio de 2026, la Junta de Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recibió propuestas de Election Systems & Software LLC, Liberty Vote USA Inc. y Truenorth Corporation para adquirir un nuevo sistema de escrutinio electrónico, conforme al RFP-CEE-2026-07 publicado en abril de 2026.

El sistema seleccionado será utilizado en futuros eventos electorales en Puerto Rico; la CEE indicó que los criterios incluyen niveles de seguridad y menor tiempo de procesamiento de resultados.

El requerimiento de propuestas fue aprobado de forma unánime por los Comisionados Electorales en marzo de 2026; ahora un Comité de Asesores Técnicos —compuesto por un representante de cada Comisionado propietario— evaluará el cumplimiento técnico de cada propuesta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoció el 24 de junio de 2026 que podría ser necesario más tiempo para aprobar el proyecto sustitutivo de permisos, aunque reafirmó su intención de aprobarlo el jueves, último día del calendario legislativo para aprobar proyectos.

La presión de tiempo sobre el sustitutivo —que combina las propuestas de la gobernadora Jenniffer González y del propio Rivera Schatz— se produce en medio de preocupaciones activas de grupos como Sierra Club, que advierten que el texto resultante debilita controles ambientales y ciudadanos.

El sustitutivo fusiona el PS 1173 y el PS 1183 en un nuevo Código de Planificación y Permisos; la gobernadora González había indicado que evaluaría la versión legislativa antes de firmarla para verificar que responde al proyecto radicado por su administración en abril de 2026.

El Senado aprobó el Proyecto del Senado 1259, del senador Luis Daniel Colón La Santa, que reduciría de seis a tres meses el período de espera requerido para que jóvenes de 16 a 18 años con licencia de aprendizaje puedan solicitar su licencia de conducir regular. La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes.

De convertirse en ley, el cambio agilizaría la movilidad de adolescentes que dependen del transporte para asistir a escuelas, empleos o actividades extracurriculares, sin eliminar los demás requisitos de evaluación y seguridad vigentes.

La legislación vigente exige seis meses con licencia de aprendizaje antes de poder solicitar la licencia regular; el proyecto no altera ningún otro estándar de preparación ni capacitación establecido por ley.

La gobernadora Jenniffer González descartó este miércoles renunciar a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), respondiendo con un "¿Por qué?" al reclamo del exrepresentante Leo Díaz Urbina, quien ha propuesto una moción ante el Directorio del PNP para removerla del cargo.

El episodio expone una fisura interna en el PNP en momentos en que se habla de una posible primaria por la gobernación en 2028, y Díaz Urbina alega actos de corrupción en la administración de González como justificación para la moción.

Díaz Urbina no apoyó a González en la primaria de 2024 y, según la gobernadora, ha mantenido una postura adversa desde que ella ganó la candidatura a la gobernación del PNP; el reglamento del partido establece que el gobernante en funciones ocupa automáticamente la presidencia de la colectividad.

El exalcalde de Lajas Marcos Irizarry Pagán llegó a un acuerdo de transacción con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y pagará una multa de $4,000 por haber cedido gratuitamente un kiosco municipal a la corporación Café del Caney, contraviniendo una ordenanza que fijaba el canon de arrendamiento en $200. Ya realizó un primer pago de $500 y saldará el resto en cuotas mensuales.

La cesión gratuita de una propiedad pública a un negocio privado representa una pérdida directa de ingresos municipales y un posible beneficio indebido, en violación de la ley de ética gubernamental.

En 2012, la OEG ya había impuesto a Irizarry Pagán una multa de $7,000 —que él impugnó sin éxito— por instruir a policías municipales a no emitir boletas de tránsito para proteger su imagen electoral; la querella que originó esta segunda multa fue presentada en noviembre de 2024.

El 24 de junio, la puertorriqueña Mariela Roca quedó en tercer lugar en la primaria republicana del distrito 6 de Maryland, donde Robin Ficker obtuvo el 42.6% de los votos y Chris Burnett el 37.4%; es el tercer intento fallido de Roca por obtener una nominación republicana a la Cámara federal.

Roca, veterana de la Fuerza Aérea que renunció a su puesto de enlace con minorías en el Departamento de Asuntos del Veterano para lanzar su candidatura, no podrá disputar un escaño que actualmente ocupa la demócrata April McLain Delaney.

El distrito 6 incluye los condados de Garrett, Allegany, Frederick, Washington y parte de Montgomery; en el lado demócrata, McLain Delaney también derrotó al excongresista David Trone, quien invirtió alrededor de $25 millones en su campaña tras fracasar en su intento de llegar al Senado federal en 2024.

El gobierno municipal de Vega Baja aprobó el 23 de junio de 2026 una resolución que exhorta al Congreso federal a promover la Medalla de Honor póstuma para el veterano puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el 'Rambo boricua' por sus 200 misiones de combate en Vietnam. La resolución, firmada por el alcalde Marcos Cruz Molina y el presidente de la Asamblea Municipal Rafael Martínez Santos, será enviada al representante Michael Bost, presidente del Comité de Asuntos del Veterano de la Cámara federal.

La Medalla de Honor es la más alta condecoración militar de Estados Unidos, y su otorgamiento reconocería el historial de Otero Barreto, quien acumuló 38 condecoraciones durante su servicio. La campaña suma ahora respaldo municipal al ya existente respaldo del Senado de Puerto Rico y de organizaciones veteranas.

Otero Barreto murió en octubre de 2024 sin haber recibido la distinción. Organizaciones como Vietnam Veterans of America, American GI Forum y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico llevan tiempo impulsando la campaña, a la que se sumó previamente el Senado de Puerto Rico con una resolución de respaldo.

La Federación de Alcaldes convocó el 23 de junio de 2026 una reunión para orientar a los municipios sobre la Ley 97 de 2026, firmada a principios de mes, que amplía las facultades de los ayuntamientos para adquirir y subastar propiedades declaradas estorbo público. Alcaldes de San Lorenzo, Aguas Buenas, Vega Alta, Guayanilla y Camuy informaron que ya encaminan procesos bajo la nueva legislación.

San Lorenzo ha generado $707,000 en ingresos municipales tras subastar 12 de 14 propiedades declaradas estorbo público, y tiene una tercera subasta programada para agosto de 2026. La ley busca reducir la fragmentación judicial que anteriormente producía resultados inconsistentes en los procesos de expropiación.

Antes de la Ley 97 de 2026, los procesos de declaración de estorbo público dependían de la interpretación individual de los jueces, lo que generaba resultados mixtos en los tribunales y limitaba la capacidad municipal para intervenir con propiedades abandonadas.

El comisionado residente Pablo José Hernández destacó disposiciones del proyecto de asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2027 —que la Cámara federal considera esta semana— que incluyen $533 millones para servicios consulares y de pasaporte, reducción de atrasos en visas, apoyo a sectores que dependen de trabajadores temporeros y cooperación contra el tráfico de drogas en el Caribe. En un proyecto de asignaciones separado para energía y agua, el mismo comisionado impulsó lenguaje que ordenaría al Departamento de Energía federal presentar en 180 días un informe sobre activos de generación instalables en Puerto Rico.

Ambas medidas responderían a necesidades estructurales de Puerto Rico: acceso a servicios consulares y de visa, sectores productivos dependientes de mano de obra temporal, y la fragilidad del sistema eléctrico; sin embargo, los proyectos aún deben ser aprobados por la Cámara y el Senado y firmados por el presidente antes de convertirse en ley.

Hernández también presentó una enmienda para asignar $35 millones al sistema de agua potable, aunque el Comité de Reglas la marcó como tardía. Puerto Rico arrastra una crisis en su sistema eléctrico agravada desde el huracán María en 2017, a la que se han sumado en semanas recientes averías en el servicio de agua en varios municipios.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó el 22 de junio de 2026 el informe OC-26-38, que identificó pagos indebidos de $24,864 en liquidaciones de licencias por enfermedad, deficiencias en un contrato de obras de $1 millón y dos nombramientos municipales sin cumplir requisitos mínimos de educación y experiencia en San Germán. El periodo examinado abarca del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2024.

El municipio desembolsó cerca de $876,629 en liquidaciones de licencias a 182 exfuncionarios y exempleados sin la facultad legal requerida; además, uno de los funcionarios nombrados irregularmente recibió más de $90,000 en salarios y diferenciales durante el periodo auditado.

La contralora Carmen Vega Fournier emitió una opinión cualificada por cinco hallazgos; el alcalde de San Germán atribuyó algunas deficiencias a la administración anterior, a errores involuntarios y a demoras relacionadas con el huracán Fiona, pero Contraloría mantuvo todos los señalamientos.

El 21 de junio, con el 99.65% del conteo preliminar de las elecciones presidenciales colombianas, el ultraderechista Abelardo de la Espriella aventaja al oficialista Iván Cepeda por 0.95 puntos porcentuales —49.65% frente a 48.70%—. El presidente Gustavo Petro denunció en X "muchas irregularidades", señalando que la Registraduría estaría subiendo formularios electorales sin firmas de jurados.

La diferencia de menos de 250,000 votos entre ambos candidatos mantiene el resultado en disputa; Petro advirtió que solo el escrutinio oficial puede determinar al ganador y llamó a impugnar las mesas irregulares de inmediato.

De la Espriella proviene del movimiento Defensores de la Patria y recibió respaldo público de los presidentes Donald Trump y Javier Milei, algo que Petro calificó como "injerencia extranjera"; Cepeda compite bajo el Pacto Histórico, el partido del mandatario saliente.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos graduó 100 nuevos bomberos de una academia de 13 semanas celebrada en el Albergue Olímpico de Salinas, con una inversión total de $1,331,000 en capacitación, uniformes y equipo de protección personal. El comisionado auxiliar de adiestramiento, Félix R. Morales López, anunció además una segunda academia para septiembre con capacidad para 100 reclutas más.

La incorporación eleva la plantilla a 2,034 uniformados, aún por debajo del número óptimo de 2,300 que establece la propia agencia, en momentos en que el inicio del verano y las altas temperaturas elevan el riesgo de fuegos forestales en toda la isla.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, ha enfrentado déficit de personal en años recientes; esta academia representa uno de los esfuerzos recientes por cerrar esa brecha operacional.

El Proyecto de la Cámara 1251, que otorgaría a jóvenes de 16 años la capacidad legal para inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico de Puerto Rico, fue aprobado por la Cámara de Representantes y pasa ahora a consideración del Senado.

El vacío legal actual en el Código Civil impide que padres menores de edad reconozcan legalmente a sus hijos, lo que —según expertas— facilita el desvinculamiento paterno y agrava la vulnerabilidad socioeconómica de estas familias.

El proyecto fue sometido por petición del Proyecto Nacer, organización que apoya a padres adolescentes en Puerto Rico; la propuesta atiende la brecha entre la edad de consentimiento sexual (16 años) y la capacidad legal para asumir responsabilidad sobre un hijo (21 años bajo el esquema actual).

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le aseguró a seguidores y legisladores que "encabezará" la papeleta del Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones; los presentes corearon "Tommy, gobernador".

El anuncio profundiza la tensión interna dentro del PNP frente a la gobernadora Jenniffer González Colón y anticipa una disputa abierta por la candidatura a la gobernación en 2028.

Rivera Schatz y la gobernadora González han sostenido diferencias públicas por el rol fiscalizador del Senado sobre la administración ejecutiva, incluyendo investigaciones a agencias y cuestionamientos a contratos y nombramientos; esta semana, Rivera Schatz convocó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a una Comisión Total.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Betty Denicce García Guzmán, exdirectora de Programas Federales del Municipio de Humacao, por usar dos computadoras municipales entre diciembre de 2021 y mayo de 2024 para actividades relacionadas con sus estudios de Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR). La OEG actuó a partir de un informe de la Oficina del Contralor, que encontró en los equipos correos con cuentas de la PUCPR, matrículas, solicitudes de horario reducido y accesos a portales académicos y legales.

El caso involucra el uso indebido de propiedad pública —computadoras pagadas con fondos municipales— por parte de una servidora pública en una posición sensitiva con acceso a programas federales. El hallazgo surgió de una auditoría del Contralor, lo que ilustra el rol de ese organismo en detectar irregularidades en municipios.

García Guzmán también se desempeñó como Ayudante Especial en varias oficinas municipales bajo el convicto exalcalde de Humacao Reinaldo Vargas y bajo su sucesor, Julio Geigel. Según su perfil público en Meta, actualmente se identifica como abogada.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz publicó el 19 de junio un video en redes sociales en el que, según asegura, aparece el exalcalde de Yauco y convicto por corrupción Abel Nazario confrontando a un empleado de la senadora Barlucea, presuntamente para mostrarle una lista de destaques legislativos y advertirle que no serían concedidos.

Rivera Schatz ya había anunciado un referido al Departamento de Justicia alegando que Nazario cometió un delito al intimidar a una legisladora en los predios del Capitolio; el incidente añade tensión a la controversia sobre la distribución de destaques gubernamentales e introduce señalamientos de interferencia externa en el proceso legislativo.

La controversia se desató durante una vista de la Comisión Total del Senado en la que compareció el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado; una senadora denunció ante el liderato que Nazario la había abordado en los alrededores del Capitolio con comentarios que interpretó como amenaza, lo que Rivera Schatz vinculó a Francisco Domenech sin confirmar su participación.

El secretario Arthur Garffer respondió al reportaje de NotiCel aclarando que la cifra de 1,054 empleados del DSP en abril de 2026 incluye 840 trabajadores civiles adscritos a la Policía, y que la nómina real del departamento deberá reflejarse en unas 258 plazas a partir del primer informe del próximo año fiscal. Garffer también sostuvo que el dato de 433 empleados en abril de 2025, publicado por el Instituto de Estadísticas, era incorrecto y que el número real entonces era de sobre 1,000.

La aclaración cambia el encuadre del aumento reportado: en lugar de una expansión real de más de 600 plazas, el DSP atribuye la discrepancia a un problema de reclasificación contable derivado de la separación de la Policía, proceso que la ley le dio un año para completar.

La Policía de Puerto Rico salió formalmente del DSP al comenzar el año fiscal 2026, pero la legislación que habilitó esa separación permitió un período de hasta un año para que el departamento actualizara su nómina oficial ante los organismos de estadísticas del gobierno.

El Municipio de Cataño distribuyó este jueves una bonificación especial de $600 a 726 empleados municipales, para un desembolso total de $435,600, según solicitó el alcalde Julio Alicea Vasallo y aprobó la Legislatura Municipal.

El bono representa un gasto de $435,600 en nómina municipal adicional y fue posible, según la administración, por sobrantes presupuestarios generados desde que el presupuesto anual superó los $45 millones.

La administración de Alicea Vasallo señala que desde diciembre de 2021 el municipio ha registrado crecimiento sostenido en su capacidad presupuestaria y operacional, lo que ha generado sobrantes que ahora se destinan parcialmente a reconocimientos a empleados.

El Departamento de Estado permanecerá cerrado al público hasta el lunes 22 de junio de 2026 debido a trabajos en su sistema de aire acondicionado, que opera a base de agua, aun cuando el servicio de agua al Viejo San Juan ya fue restablecido. El cierre también coincide con el feriado federal de Juneteenth.

El cierre prolongado afecta a ciudadanos, profesionales y comercios que dependen de la agencia para trámites esenciales como apostillas, certificaciones y gestiones corporativas; la agencia orientó al público a acudir a los Centros de Servicios Integrados en Minillas y Plaza Las Américas.

El cierre se originó la semana anterior ante la falta de agua en el área del Viejo San Juan, problema que en semanas recientes ha afectado a múltiples agencias gubernamentales y comercios en la zona metropolitana.

El 18 de junio de 2026, la Comisión de Asuntos Públicos de la Cámara celebró una vista pública sobre dos medidas —la Resolución Conjunta del Senado 158 y la Resolución Conjunta de la Cámara 349— que proponen redelimitar territorios entre Bayamón y Toa Alta, y entre Caguas y Cidra. De aprobarse, varios barrios y sectores pasarían a pertenecer formalmente a municipios distintos a los que tienen hoy.

Los cambios corregirían décadas de discrepancias en las que un municipio ha prestado servicios —pavimentación, recogido de escombros, mantenimiento— en terrenos que legalmente pertenecen a otro, afectando la administración de fondos públicos y la atención a residentes.

Según el representante Felix Pacheco Burgos, Bayamón ha atendido áreas que pertenecen jurídicamente a Toa Alta por más de 50 años; la propuesta busca alinear los límites oficiales con la realidad operativa que ya existe en el terreno.

Un colectivo de 27 organizaciones anunció el 17 de junio una manifestación para el 30 de junio frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey, exigiendo su salida a 10 años de la firma de la ley Promesa.

La convocatoria reúne entidades comunitarias, sindicales, ambientales, políticas y sociales que señalan una década de recortes a servicios públicos bajo la autoridad de un organismo no electo que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

La ley Promesa fue promulgada por el Congreso en 2016 para reestructurar la deuda pública y restaurar la responsabilidad fiscal, aunque los convocantes sostienen que esas metas no se han alcanzado.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera advirtió que los señalamientos de corrupción e irregularidades en el gobierno de Puerto Rico —incluyendo los cuestionamientos surgidos durante la audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal el 17 de junio— debilitan la credibilidad de la isla ante el Congreso y ponen en riesgo fondos del Plan Vital, la transición al SNAP y la reconstrucción de FEMA.

Hernández Rivera vinculó directamente las controversias internas de la administración —entre ellas el alegado esquema de drogas por votos, pagos del PAN a personas fallecidas e investigaciones federales sobre el secretario de Salud— con el riesgo concreto de perder acceso a recursos federales críticos para más de 1.3 millones de beneficiarios de salud y para la reconstrucción post-desastre.

La advertencia se produce en el contexto de la comparecencia de la gobernadora Jenniffer González Colón ante el Senado federal, donde el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, había denunciado presuntas intervenciones políticas en procesos administrativos vinculados a fondos federales; González Colón calificó esas alegaciones de falsas y señaló que están bajo investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que solicitará un referido al Departamento de Justicia contra Abel Nazario, asesor de la gobernadora Jenniffer González Colón, por presuntamente intentar intimidar a un empleado de la AAA asignado en destaque a la oficina de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez. El incidente ocurrió durante una pausa de la Comisión Total con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

Rivera Schatz comunicó a los asesores legales del Senado su intención de proceder con el referido, señalando que Nazario presuntamente cometió un delito; el caso involucra directamente a un funcionario del ejecutivo y a un empleado de una agencia pública.

Abel Nazario se desempeña como asesor de la gobernadora Jenniffer González Colón; el incidente surgió en el marco de una vista de la Comisión Total del Senado en la que compareció el presidente ejecutivo de la AAA.

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, declaró el 17 de junio de 2026 que la agencia no ha recibido ningún referido formal de la Oficina de Ética Gubernamental ni notificación del gerente de flota del DDEC relacionada con alegaciones de mal uso de vehículos oficiales. Mercado Rivera añadió que tampoco han llegado quejas por otros canales oficiales.

La declaración crea una disonancia factual en la cadena institucional: la OEG había referido el asunto a la ASG como entidad competente en el uso de flota vehicular, pero la ASG afirma no haber recibido ese referido formalmente, dejando en suspenso qué agencia tiene el caso activo.

El asunto de los vehículos oficiales surgió como parte de la controversia desencadenada por las denuncias del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard contra el secretario de la Gobernación Francisco J. Domenech, que ya ha activado al PFEI, la OEG, el Departamento de Justicia y el Senado —donde el presidente Thomas Rivera Schatz radicó el 16 de junio de 2026 la Resolución del Senado 548 para una investigación legislativa.

El exsenador Juan Dalmau Ramírez descartó el 17 de junio de 2026, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, que aspire a la alcaldía de San Juan en las elecciones generales de 2028.

Dalmau, excandidato a la gobernación por el PIP, indicó que su enfoque no es un cargo específico sino capitalizar el apoyo electoral obtenido más allá de la base independentista para impulsar un cambio de gobernanza.

En las elecciones generales previas, Dalmau obtuvo un respaldo significativo de votantes fuera del movimiento independentista, lo que generó especulación sobre sus próximos pasos políticos.

El subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, Roberto Lefranc Fortuño, confirmó ante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que Yadira Rivera —ligada a Politank— y representantes de la firma Hernández LLC realizaron gestiones a favor del desarrollo Opus Miramar, y solicitó tiempo adicional para entregar información sobre el tratamiento contributivo dado al proyecto.

La confirmación amplía el mapa de actores que presionaron por beneficios para Opus Miramar, y se produce un día después de que se divulgara un referido del exsecretario Sebastián Negrón Reichard alegando que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presionó para que se le aprobara un crédito contributivo al proyecto.

El Senado ya radicó la Resolución del Senado 548 para investigar el proceso de contratación vinculado al DDEC, y la Cámara formalizó una petición para obtener el informe de la firma HRML, LLC. sobre presuntas intervenciones indebidas en la OGPe; Negrón Reichard también radicó una querella ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

La Oficina del Inspector General (OIG) publicó el 17 de junio de 2026 un informe que documenta deficiencias en el manejo de propiedades de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo $322,087 en gastos cuestionados de electricidad y agua en estructuras clasificadas como cerradas, y cerca de $258,578 en alquileres no cobrados por contratos sin formalizar.

El erario dejó de percibir ingresos y siguió pagando servicios públicos en propiedades sin uso oficial registrado; entre los casos figura una institución educativa que ocupa una escuela pública desde 2023 sin contrato, con pérdidas estimadas en $145,989, y un operador de estacionamiento en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella con pérdidas de aproximadamente $100,500.

El examen cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026. La OIG atribuye parte de las fallas a vacíos administrativos tras una reorganización interna de la AEP y escasez de personal; los inspectores también encontraron escuelas ocupadas en Dorado, Yabucoa y Bayamón durante visitas a propiedades catalogadas como cerradas.

La secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres emitió el martes 16 de junio un comunicado escrito para aclarar la intervención de su agencia en la controversia generada tras la presentación de documentos por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, ante la OPFEI sin pasar por el Departamento de Justicia. Gómez Torres precisó que el documento de Negrón Reichard no constituye una querella nueva, sino una solicitud para ampliar una investigación ya activa contra dos exfuncionarios de la OGPe: Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera.

La jefa de Justicia rechazó públicamente lo que describió como intentos de "mancillar" la integridad de su departamento, señal de que la disputa entre funcionarios de la administración ha escalado a un nivel de confrontación institucional abierta.

La controversia involucra al secretario de la Gobernación Francisco Domenech, contra quien Negrón Reichard había dirigido inicialmente su queja, y se enmarca en una investigación existente de la OPFEI sobre presuntas actuaciones indebidas en contrataciones de servicios profesionales durante la incumbencia de Negrón Reichard en el DDEC.

La gobernadora Jenniffer González Colón designó a María Marín Colón como directora interina del COR3 a partir del 1 de julio de 2026, en sustitución de Eduardo Soria Rivera, quien deja el cargo por razones familiares de salud. La gobernadora sometió además al Senado la nominación de Carlos Ríos Pierluisi como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, entre otros nombramientos.

Marín Colón administró como subdirectora más de $30 mil millones en fondos federales del Programa de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos desde febrero de 2025, lo que apunta a continuidad operacional directa en los trámites de aprobación y desembolso que afectan proyectos en municipios, agencias y entidades sin fines de lucro a lo largo de la isla.

Eduardo Soria Rivera notificó su salida en abril de 2026 y su último día será el 30 de junio; Marín Colón, quien laboró como Oficial Principal de Infraestructura y Operaciones de COR3 del 2017 al 2023, fue subdirectora de la agencia desde febrero de 2025 y tiene trayectoria previa en el Departamento de la Vivienda administrando fondos CDBG-DR.

El Senado incluyó en su sesión legislativa del 15 de junio de 2026 el Proyecto del Senado 989, que autorizaría rifas, sorteos y bingos con premios en efectivo en los paradores. La Comisión de Turismo emitió un informe positivo firmado por la senadora Marissa Jiménez, con el endoso de la Compañía de Turismo y la Comisión de Juegos, pero sin evidencia de consulta a la Asociación de Hoteles.

ASSMCA se opone a la medida en su redacción actual, citando riesgos de salud pública por la expansión del juego problemático, y pide que cualquier aprobación venga acompañada de límites a premios, fondos adicionales para tratamiento y sistemas de evaluación periódica.

El autor de la medida argumenta que el objetivo no es fomentar el juego sino desalentar su proliferación informal; la reglamentación específica quedaría en manos de la Comisión de Juegos si el proyecto se aprueba.

La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz M. Colón Alicea, denunció el 14 de junio que durante la emergencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) fue relegado de sus funciones, dejando a los municipios a atender la crisis con recursos propios. Según el sindicato, la plataforma virtual del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no se activó hasta un martes, cuando múltiples municipios ya llevaban meses respondiendo a las consecuencias de la emergencia.

La exclusión del personal especializado del NMEAD de los procesos de coordinación aumenta, según el sindicato, el riesgo de duplicidad de esfuerzos, mala distribución de suministros y retrasos en asistencia a familias y comunidades vulnerables. La denuncia llega en plena temporada de huracanes y tras la reciente renuncia del director ejecutivo del COR3, lo que agudiza las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta del Estado.

El NMEAD es la agencia estatal responsable de coordinar emergencias bajo los protocolos del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) y el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS); su Procedimiento Operacional Estándar establece la activación del COE ante incidentes que afecten amplias áreas geográficas o requieran coordinación interagencial. La emergencia de la AAA, que afectó el servicio de agua a miles de residentes, había generado críticas previas sobre la lentitud de la respuesta gubernamental.

El 13 de junio de 2026, gremios de líderes y administradores de condominios declararon ante una comisión cameral en apoyo condicionado al Proyecto de la Cámara 1010, que transferiría al Tribunal de Primera Instancia las impugnaciones que DACO no resuelva en 60 días. Los gremios pidieron que la medida establezca jurisdicción concurrente para preservar a DACO como foro alternativo.

Si las querellas de condominios se redirigen exclusivamente al TPI, los titulares enfrentarían un proceso más costoso y técnico que el foro administrativo actual; la jurisdicción concurrente que proponen los gremios busca mantener una vía más económica para residentes.

DACO ha sostenido que el volumen de querellas sobre condominios le resulta inmanejable, lo que motivó el Proyecto de la Cámara 1010 como mecanismo alterno de adjudicación.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva OE-2026-029, que extiende hasta el 30 de junio de 2027 el plazo para que empleados públicos agoten balances de vacaciones acumulados en exceso al 30 de junio de 2026, y autoriza la prórroga de ciertos nombramientos transitorios mientras las agencias completan procesos de reclutamiento.

La medida protege a servidores públicos que, por necesidades operacionales de sus agencias, no pudieron usar sus licencias acumuladas dentro del término original, evitando así la pérdida de ese beneficio; también mantiene en funciones a empleados transitorios durante los procesos de reclutamiento regular.

El Ejecutivo indicó que la medida fue evaluada por la Junta de Control Fiscal; corresponderá a cada autoridad nominadora identificar a los empleados elegibles y remitir la información a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para su implantación.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó el 11 de junio de 2026 que la gobernadora Jenniffer González Colón realizará próximamente anuncios sobre cambios en la estructura gerencial de la AAA. No se precisaron qué posiciones serían afectadas ni cuándo se harían los nombramientos oficiales.

Los cambios se anuncian mientras miles de abonados en San Juan, Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto y otros municipios metropolitanos llevan semanas sin servicio de agua potable continuo. La determinación final de los nombramientos recaerá sobre la Junta de Gobierno de la AAA.

La AAA enfrenta cuestionamientos sostenidos por interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a la región metropolitana. La gobernadora aún no ha determinado públicamente cuáles posiciones dentro de la agencia serán modificadas.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, anunció que el proceso para recibir propuestas sobre sistemas de escrutinio electrónico abrirá el 24 de junio de 2026, y que espera adjudicar el contrato antes de que finalice el año. La Oficina de Gerencia y Presupuesto asignó $15 millones para la compra, compra financiada o alquiler del nuevo sistema.

El sistema que se adquiera será utilizado en las primarias de 2028, por lo que la adjudicación oportuna del contrato este año es necesaria para completar la fabricación, pruebas logísticas y validación antes de ese ciclo electoral.

Rivera Rueda hizo estas declaraciones tras participar en una vista pública de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, donde también se discuten otros cinco proyectos tecnológicos de modernización de la CEE, incluyendo el Sistema de Ayuda al Elector.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó el 11 de junio de 2026 que la gobernadora Jenniffer González Colón realizará próximamente anuncios sobre cambios en la estructura gerencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). No se precisó qué posiciones serían afectadas ni la fecha exacta de los anuncios.

Los posibles cambios ocurren mientras la AAA enfrenta semanas de interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a residentes de San Juan, Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto y otros municipios de la región metropolitana. La determinación final sobre nuevos nombramientos recaerá sobre la Junta de Gobierno de la agencia.

La AAA ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes por la calidad y continuidad de su servicio; la crisis actual en la zona metropolitana intensificó las presiones sobre su gerencia. Peña Payano indicó que la gerencia en funciones aún cuenta con la confianza de la gobernadora, aunque reconoció que ya existe la intención de realizar modificaciones.

El Proyecto de Administración 114, impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón, propone ampliar las facultades de los Profesionales e Inspectores Autorizados que emiten permisos de construcción y uso de terrenos, delegándoles funciones adjudicativas que hoy ejercen agencias como el DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Durante las vistas públicas ante la Asamblea Legislativa, múltiples organizaciones cuestionaron la medida citando un historial documentado de incumplimientos, permisos emitidos ilegalmente y ausencia de sanciones efectivas contra estos profesionales.

El proyecto reduciría el rol del Estado de evaluador previo a fiscalizador posterior en decisiones con impactos permanentes sobre el territorio, al tiempo que eliminaría la OGPe —la agencia actualmente encargada de imponer multas— sin establecer en el texto de ley los procedimientos para investigar o sancionar a los profesionales que cometan fallos. El proyecto también elimina una cláusula expresa que declaraba a estos profesionales individualmente responsables ante actos negligentes, generando incertidumbre legal sobre su responsabilidad civil.

La figura del Profesional Autorizado existe desde la ley de permisos de 2009 y ha sido señalada en informes de la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico por incumplimientos y emisión de permisos sin acreditación vigente. El caso de la Bahía Jobos en Salinas, donde la Junta de Planificación concluyó que permisos otorgados por un Profesional Autorizado habilitaron daños ambientales graves, resultó en una multa de $25,000 y una revocación de licencia de apenas dos años.

El Senado rechazó este jueves una petición del portavoz del PPD, el senador Luis Javier Hernández, para que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, remitiera información sobre su supuesta intervención en la promoción de un contrato de $38 millones para el programa Star Academy, una iniciativa que tanto el Departamento de Educación como la Adsef habían determinado que no era necesaria.

El rechazo impide que el cuerpo legislativo obtenga explicaciones formales sobre cómo un contrato millonario con fondos TANF llegó a considerarse para un programa que Educación ya había descartado por duplicar servicios existentes.

Según reportes de TeleOnce, la empresa de Luisiana NOLA Education presentó en mayo de 2025 una propuesta a Educación, que la rechazó; luego se dirigió al Departamento de la Familia buscando financiamiento mediante fondos TANF, proceso en el que Roig Fuertes habría tenido intervención directa, incluyendo un viaje oficial a Luisiana en diciembre de 2025 al que no asistió el entonces director de la Adsef.

El 11 de junio de 2026, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 1251, que autoriza a menores que hayan cumplido 16 años a inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico sin tutor, y dispone que todo padre o madre menor de edad podrá solicitar emancipación judicial al cumplir los 18 años sin consentimiento de progenitores. En el mismo día, el Senado dejó pendiente el PS 1096 del presidente Thomas Rivera Schatz, que propone reformar el sistema judicial.

El PC 1251 crea una vía legal independiente para padres y madres adolescentes que no depende del matrimonio, atendiendo un vacío en el ordenamiento jurídico que afecta a familias jóvenes vulnerables. La postergación del PS 1096 prolonga la incertidumbre sobre una reforma que ha generado oposición del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y Abogadas, y expertos en Derecho Constitucional que señalan riesgo a la separación de poderes.

La Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo, emitió informe favorable al PS 1096 pero recomendó eliminar la figura del "Patronato del Poder Judicial" y exigir cinco años de experiencia para jueces del Tribunal de Primera Instancia; a pesar de ello, la medida no llegó a votación. El PC 1251 surge en un contexto de actualización legislativa para reconocer capacidad jurídica a padres adolescentes más allá del matrimonio.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, presentó el Sistema para la Unidad de Exclusiones (UDEX), una plataforma unificada que automatizará y rastreará en tiempo real las exclusiones del Registro General de Electores por defunción, duplicidad, ciudadanía y otras causales. El sistema está en pruebas finales de validación con miras a operar en el ciclo electoral en curso.

El UDEX busca evitar la acumulación de registros de fallecidos sin procesar que se registró durante el pasado ciclo electoral, situación que Rivera Rueda atribuyó a retrasos en la transmisión de datos del Registro Demográfico y que generó cuestionamientos públicos sobre la integridad del padrón electoral.

La CEE enfrentó escrutinio público tras revelarse un volumen que Rivera Rueda calificó de "extraordinario" de registros de fallecidos pendientes de evaluación en el ciclo electoral anterior, problema vinculado a fallas en la coordinación con el Registro Demográfico.

El 11 de junio de 2026, el portavoz popular en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) información sobre una investigación que la agencia cerró recientemente contra el ex secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien era imputado de usar un vehículo oficial y chofer para asuntos ajenos a su cargo. La solicitud ocurrió el mismo día en que la Cámara de Comercio de Puerto Rico le otorgó a Negrón Reichard su premio de Colaborador/Ciudadano del Año.

La petición de información legislativa mantiene abierto el escrutinio público sobre la conducta de Negrón Reichard, cuya renuncia el 26 de mayo dejó sin resolver referidos activos ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la propia OEG.

Negrón Reichard salió del DDEC tras señalar que La Fortaleza intervino para revertir suspensiones sumarias que él impuso a empleados por posibles irregularidades en contratación; en su carta indicó que ya no gozaba de la confianza de La Fortaleza desde que refirió esos hallazgos a las autoridades correspondientes.

La CST, la Policía de Puerto Rico y el DTOP respaldaron en vista pública el Proyecto de la Cámara 994, del representante Jorge Navarro Suárez, que haría obligatoria la instalación de dispositivos de interbloqueo de ignición desde la primera convicción por conducir bajo los efectos del alcohol, como condición para recuperar el privilegio de manejar.

Desde enero de 2026 se han arrestado 2,514 conductores por manejar bajo efectos del alcohol y se han registrado 156 casos de reincidentes; estudios citados en la vista indican que el dispositivo reduce la reincidencia hasta en un 67% y las fatalidades relacionadas en aproximadamente un 26% en estados que lo exigen desde la primera ofensa.

La Ley 33 de 2011 ya establecía la instalación de estos dispositivos a partir de una segunda detención, a discreción del juez, pero nunca pudo implementarse por falta de reglamentación; la medida actual también desbloquearía fondos federales adicionales de la NHTSA.

El Proyecto de Administración 114, impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón, propone ampliar las facultades adjudicativas de los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados de permisos, incluyendo funciones que actualmente ejercen el DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Durante las vistas públicas ante la Asamblea Legislativa, múltiples organizaciones cuestionaron el historial de incumplimientos de estos profesionales y la ausencia de mecanismos claros de sanción en la medida.

El proyecto eliminaría la OGPe, la agencia actualmente encargada de multar y sancionar a estos profesionales, sin establecer en el texto del Código los procedimientos de investigación y penalidad que la sustituirían; además, eximiría a los Profesionales Acreditados de la responsabilidad civil por defectos de construcción o diseño que hoy contempla el Código Civil.

Los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados existen desde la ley de permisos de 2009; la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico han detectado fallas en su desempeño, y un caso en la Bahía Jobos, en Salinas, concluyó con una multa de $25,000 y revocación de licencia por solo dos años a un Profesional Autorizado vinculado a permisos irregulares.

Una fuente anónima solicitó una investigación formal sobre la gestión del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, alegando posibles conflictos de interés con el bufete Reichard & Escalera, firma propiedad de su abuelo Héctor Reichard de Cardona. La fuente señala que no encontró en los expedientes públicos de la Oficina de Ética Gubernamental documentación de inhibición de Negrón Reichard respecto a ese bufete ni a sus clientes en asuntos de incentivos contributivos.

El bufete Reichard & Escalera promueve servicios directamente relacionados con decretos contributivos e incentivos económicos, áreas que el DDEC administra a través de su Oficina de Incentivos, lo que sitúa el alegado conflicto en el corazón de las decisiones que tomó Negrón Reichard durante su incumbencia.

La Oficina de Ética Gubernamental exige a los funcionarios públicos documentar inhibiciones cuando tienen vínculos personales o familiares con entidades ante las cuales ejercen autoridad; la ausencia de esa documentación en los expedientes públicos es el eje central del planteamiento de la fuente.

En vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), la Policía de Puerto Rico (PPR) y el DTOP respaldaron el Proyecto de la Cámara 994, del representante Jorge Navarro Suárez, que haría obligatoria la instalación de dispositivos de interbloqueo de ignición desde la primera convicción por conducir bajo los efectos del alcohol. La PPR favoreció la medida pero recomendó que los detalles técnicos sean desarrollados mediante reglamentación, no fijados en la ley.

El director de la CST, José González Mercado, citó reducciones de hasta un 67% en reincidencia y aproximadamente un 26% en fatalidades en estados que aplican este modelo desde la primera ofensa; además, señaló que la aprobación desbloquearía fondos federales adicionales de la NHTSA. Desde enero de 2026, la PPR ha arrestado a 2,514 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, con 156 casos de reincidentes registrados en lo que va del año.

Una ley de 2011 —la Ley 33— ya contemplaba la instalación de estos dispositivos a discreción judicial desde la segunda convicción, pero nunca pudo implementarse por falta de reglamentación. Durante la vista se acordó enmendar el proyecto para que la redacción del reglamento recaiga en la CST junto al DTOP.

El 10 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 105-2026, que exige incluir una divulgación clara y visible en toda propaganda, anuncio o comunicación electoral generada o alterada mediante inteligencia artificial, y la Ley 107-2026, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 los incentivos contributivos para la rehabilitación de Río Piedras.

La Ley 105-2026 enmienda el Código Electoral y la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas para cubrir radio, televisión, internet y otros medios, reduciendo riesgos de desinformación en campañas futuras; la Ley 107-2026 mantiene beneficios de rehabilitación de propiedades, nuevas construcciones y creación de empleos en ese casco urbano, ahora con nuevos requisitos de orientación comunitaria y capacitación para empleados públicos.

La medida surge ante el crecimiento acelerado de herramientas capaces de generar contenido digital altamente realista; Puerto Rico no contaba hasta ahora con requisitos específicos de divulgación de IA en material político, y el Proyecto del Senado 101 fue de autoría del senador Carmelo Ríos.

El 10 de junio de 2026, la organización Abogados Populares del PPD envió una carta al presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Ken Martin, solicitando que el DNC examine si Luis Dávila Pernas —presidente del comité demócrata en Puerto Rico y militante del PNP— utiliza recursos del partido para atacar al comisionado residente Pablo José Hernández y promover figuras republicanas como la gobernadora Jenniffer González.

El comité demócrata en Puerto Rico recibe $17,500 mensuales del DNC, y de confirmarse el uso indebido de esos fondos, podría poner en riesgo ese financiamiento y exponer tensiones entre la estructura demócrata local y el único demócrata que representa a Puerto Rico en el Congreso.

Dávila Pernas, quien respaldó a la gobernadora Jenniffer González en las elecciones generales de 2024, dirige el comité local del DNC pese a ser militante del PNP; Abogados Populares alega que esa posición se usa para proyectar su imagen de cara a una posible candidatura a comisionado residente en 2028.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó ponencia ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado rechazando los Proyectos del Senado 1173 y 1183, que reformarían el sistema de permisos y evaluación ambiental. La organización juvenil La Jota, afiliada al MVC, anunció además su oposición al PC 1115, medida que eliminaría la Ley del Salario Mínimo (Ley 47-2021) y la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, y convocó a una manifestación frente al Capitolio para el 11 de junio de 2026.

Si el PC 1115 prospera, la fijación del salario mínimo —actualmente en $10.50 la hora— quedaría en manos de la Asamblea Legislativa, que por casi 25 años no ajustó esa cifra sin intervención federal o legislación separada; sectores como agricultura ($5.25/hora) y trabajadores por propina ($2.13/hora) quedarían con los niveles vigentes congelados. Los PS 1173 y 1183, según el MVC, delegarían funciones estatales de evaluación ambiental a entidades privadas y reducirían la participación ciudadana en la aprobación de proyectos.

La Ley 47-2021 creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo como mecanismo autónomo para revisar periódicamente ese piso salarial, ante el historial legislativo de décadas sin ajustes locales. La fuente señala que el comité de acción política patronal Democracia es Prosperidad financió 33 candidaturas en las pasadas elecciones, de las cuales 23 resultaron electas, incluyendo 14 representantes y 9 senadores.

El 8 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime el Proyecto de la Cámara 1165, del representante Eddie Charbonier Chinea, que obligaría a la AAA a publicar en su portal digital información en tiempo real sobre interrupciones del servicio de agua, niveles de tanques y estimados de restablecimiento en un plazo máximo de 60 minutos. La medida también exigiría notificación previa de 48 horas para trabajos programados y divulgación trimestral de métricas de desempeño operacional.

De convertirse en ley, cualquier ciudadano —no solo funcionarios municipales— tendría acceso gratuito a datos de telemetría, causas de averías y porcentaje de agua perdida por tuberías rotas; el incumplimiento reiterado podría conllevar multas y referidos a la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina del Procurador del Ciudadano quedaría a cargo de fiscalizar el cumplimiento mediante auditorías y reportes públicos.

La medida surge tras denuncias recurrentes de comunidades en toda la isla sobre falta de información durante emergencias de agua potable; el representante Denis Márquez Lebrón la enmendó en sala para incluir sanciones por incumplimiento e información sobre pérdidas de agua por infraestructura deteriorada, y citó una estipulación judicial del Municipio de San Juan con la AAA como modelo a replicar.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció que su proyecto de ley para transicionar a Puerto Rico del PAN al SNAP alcanzó 60 coauspiciadores en la Cámara de Representantes federal, la cifra más alta en la historia de la medida. El anuncio llega poco después de que Hernández asegurara $78 millones adicionales para el PAN como parte del proceso de asignaciones presupuestarias.

Los 60 coauspiciadores representan más del doble del apoyo logrado en el congreso anterior, e incluyen a los miembros de mayor rango de los comités de Agricultura, Asignaciones y Presupuesto. La transición al SNAP eliminaría el tope fijo de fondos del PAN y ajustaría la ayuda nutricional automáticamente ante crisis económicas o desastres naturales.

El proyecto tiene antecedentes que datan al menos de 2012, cuando el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi lo radicó con 12 coauspiciadores; bajo la incumbencia de Jenniffer González obtuvo cinco coauspicios en 2022 y 28 en 2024. Puerto Rico opera bajo el PAN, un programa con fondo de tope fijo distinto al SNAP que rige en los estados.

El 8 de junio de 2026, representantes del DACO comparecieron ante la Comisión de Gobierno de la Cámara y admitieron no contar con el personal suficiente para atender las más de 1,023 querellas activas relacionadas a condominios, mientras la Cámara evalúa el Proyecto 1010 que propone reducir a 60 días el plazo máximo para resolver esas controversias. Un juez administrativo de la agencia indicó que la plantilla pasó de aproximadamente 600 empleados hace cinco años a apenas 150 en la actualidad.

Con solo 150 empleados para todo Puerto Rico, el DACO no puede cumplir ni siquiera un plazo de 180 días para resolver querellas —hay casos activos desde 2020— lo que deja a miles de residentes de condominios sin solución a disputas sobre documentos, filtraciones e impugnaciones de reglamentos. El volumen también va en aumento: solo en lo que va de 2026 se han radicado 240 querellas nuevas.

El régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico históricamente ha generado disputas entre titulares y juntas de directores, y el DACO ha sido el foro principal para resolverlas; sin embargo, los comités de conciliación internos —previstos en la ley— han funcionado de manera deficiente o simplemente no se han constituido en muchos condominios, empujando casos sencillos directamente a la agencia.

El colectivo Jornada Se Acabaron las Promesas manifestó el 9 de junio de 2026 frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal en Hato Rey, provocando el desvío del tránsito en un tramo de la avenida Luis Muñoz Rivera. La portavoz Joselyn Velázquez anunció que la acción inaugura una jornada de manifestaciones en anticipación al décimo aniversario de la JSF y la Ley PROMESA.

La protesta busca visibilizar, según sus organizadores, que tras una década de supervisión fiscal las condiciones de vida en Puerto Rico han empeorado, no mejorado. La Ley PROMESA fue impuesta el 30 de junio y la Junta constituida el 31 de agosto de 2016, por lo que se aproximan fechas emblemáticas para ambos lados del debate.

La Ley PROMESA creó la Junta de Supervisión Fiscal con autoridad sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico, generando controversia sostenida sobre su impacto en servicios públicos, pensiones y autonomía legislativa local. El colectivo también señaló que tanto la gobernadora como el presidente del Senado carecen de poder decisivo frente a la Junta.

El 8 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos 'Johnny' Méndez sostuvieron una reunión para coordinar la agenda legislativa de cara al cierre de la sesión ordinaria. Fue Rivera Schatz quien divulgó imágenes del encuentro a través de sus redes sociales.

La reunión ocurre en la recta final de la sesión legislativa, período de negociaciones intensas para atender proyectos prioritarios, medidas presupuestarias y asuntos programáticos del Ejecutivo. El encuentro proyecta una estampa de coordinación entre las tres ramas de liderato del PNP tras meses de tensiones públicamente reconocidas.

A finales de mayo, Rivera Schatz admitió que las diferencias con González Colón persistían y reveló que llevaba meses sin conversar directamente con la gobernadora, aunque la comunicación se mantuvo a través de asesores y jefes de gabinete. González Colón también reconoció recientemente haber retomado el contacto directo durante las actividades de su Mensaje de Situación de Estado.

El columnista Rafael Cox Alomar analiza una demanda presentada por Digimedia que, según indica, contiene alegaciones de irregularidades en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Si las alegaciones de la demanda resultaran ciertas, apuntarían a un patrón de conducta indebida en los niveles más altos del gobierno, aunque el texto disponible no provee detalles específicos de las cifras o cargos involucrados.

El artículo es una columna de opinión firmada por Rafael Cox Alomar publicada en El Nuevo Día; el texto completo no está disponible en el fragmento provisto, por lo que los detalles factuales de la demanda de Digimedia no pueden verificarse desde la fuente.

La contralora Carmen A. Vega Fournier divulgó el 8 de junio de 2026 una auditoría al Municipio de Quebradillas que identificó pagos indebidos por $922,922, incluyendo $513,233 en exceso sobre un contrato de asfalto originalmente pactado en $15,000 y $409,689 a una corporación cuyos principales oficiales presuntamente carecían de las licencias requeridas, correspondientes al período del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.

La Oficina de la Contralora recomendó recobrar ambas sumas y el informe emitió una opinión cualificada por seis hallazgos; al cierre del período auditado, cuatro demandas civiles pendientes contra el municipio sumaban $1,130,000.

La auditoría también identificó fraccionamiento de contratos de repavimentación por $381,215 para evadir el requisito de subasta pública, obras en la Plaza Pública Municipal que comenzaron 304 días antes de obtener el permiso de construcción, y cinco años fiscales consecutivos sin inventarios físicos de propiedad en la mayoría de las dependencias municipales.

El 8 de junio de 2026, el Senado aprobó cuatro proyectos en una sola sesión: el PS 1010 (órdenes de protección para víctimas de delitos con armas), el PS 1019 (reglamentación de escuelas de conducción especializada), el PS 852 (aumento del descuento en multas de tránsito de 30% a 40%) y el PS 1116, que crearía la 'Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus de Puerto Rico' y obligaría al otro progenitor a sufragar gastos del embarazo, aunque solo tras el alumbramiento y el establecimiento formal de la relación paternofilial.

El PS 1116, aprobado con 22 votos, fue enmendado respecto a su texto original —que permitía reclamaciones desde la concepción— lo que sus propias autoras reconocen como una protección menor para las madres que incurren en gastos de vitaminas, estudios diagnósticos y atención hospitalaria durante la gestación; el PS 852 aumenta el incentivo al pago oportuno de multas de tránsito a pesar de advertencias del DTOP sobre impacto presupuestario negativo.

El PS 1116 es de la autoría de la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve y de la senadora Nitza Morán del PNP; su alcance quedó limitado por enmiendas, aunque Rodríguez Veve señaló que el proyecto original era cónsono con la Ley 183 —antes PS 504—, aprobada en 2025, que reconoció al nasciturus como 'persona natural'. El PS 1010 y el PS 1019 son autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, mientras que el PS 852 fue impulsado por el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago.

El representante del PNP por el Distrito 3 de San Juan, José "Cheito" Hernández Concepción, respondió a cuestionamientos del PPD sobre el cumplimiento de promesas del alcalde Miguel Romero Lugo, citando que 58 de las 67 iniciativas del Plan Estratégico 2025–2028 están en progreso y 9 completadas.

La disputa partidista surge en medio de una crisis de agua potable en San Juan y con 284 proyectos municipales en curso que representan inversiones que superan los $704 millones, más $443.8 millones adicionales en proyectos de microrredes.

El PPD ha cuestionado el desempeño de la administración del alcalde Romero Lugo, incluyendo señalamientos sobre incumplimiento de promesas de gobierno y la crisis actual de agua potable en el municipio.

El 8 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de la Cámara 1165, de la autoría del representante Eddie Charbonier Chinea, que crearía la 'Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable de Puerto Rico'. La medida obligaría a la AAA a publicar en un portal digital gratuito mapas de zonas afectadas, niveles de tanques y estimados de restablecimiento dentro de 60 minutos de conocer una interrupción.

De convertirse en ley, la AAA tendría 90 días para implementar el sistema y quedaría sujeta a sanciones, multas y referidos a la Oficina de Ética Gubernamental por incumplimiento reiterado. La medida también exigiría notificación 48 horas antes de trabajos programados y divulgación trimestral de métricas de desempeño, incluyendo el porcentaje de agua perdida por tuberías rotas.

La legislación surge en respuesta a reclamos de múltiples comunidades sobre problemas recurrentes con el suministro de agua y la dificultad para obtener información precisa durante averías y emergencias; el representante Denis Márquez Lebrón citó durante el debate una estipulación judicial reciente en el caso del Municipio de San Juan como modelo de las obligaciones que la AAA debería asumir voluntariamente.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció el 8 de junio de 2026 que su proyecto para transicionar a Puerto Rico del PAN al SNAP alcanzó 60 coauspiciadores en la Cámara de Representantes federal, la cifra más alta en la historia de la medida.

Los 60 coauspiciadores representan más del doble del apoyo obtenido en el congreso anterior, e incluyen a los miembros de mayor rango de los comités de Agricultura, Asignaciones y Presupuesto; la transición al SNAP eliminaría el tope fijo del PAN y ampliaría la ayuda nutricional a cientos de miles de familias puertorriqueñas.

El proyecto tiene historial en el Congreso desde 2012, cuando el entonces comisionado Pedro Pierluisi lo radicó con 12 coauspiciadores; bajo la incumbencia de Jenniffer González obtuvo cinco coauspicios en 2022 y 28 en 2024, mientras que Hernández también aseguró recientemente $78 millones adicionales para el PAN como alivio inmediato.

El 8 de junio de 2026, en vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara, el DACO reconoció que con solo 150 empleados para toda la isla —frente a los 600 que tenía hace cinco años— no puede cumplir con un plazo de 60 días para resolver las más de 1,023 querellas activas de condominios que propone el Proyecto de la Cámara 1010. La agencia solicitó un plazo de 180 días y señaló que hay querellas sin resolver desde 2020.

La parálisis en DACO afecta directamente a residentes de condominios que esperan resolución sobre filtraciones, documentos retenidos por juntas de directivos e impugnaciones de reglamentos; solo en lo que va de 2026 se han radicado 240 querellas nuevas. Si el plazo de 60 días se aprueba sin recursos adicionales, los deponentes advirtieron que podría desalentar a ciudadanos a presentar sus reclamos.

El régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico concentra disputas entre titulares y juntas de directivos que históricamente han llegado al DACO por falta de mecanismos alternos funcionales; el proyecto en discusión busca activar comités de conciliación con poderes claramente definidos y explorar jurisdicción concurrente con los tribunales para descongestionar la agencia.

El 8 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez sostuvieron una reunión para coordinar la agenda legislativa de cara al cierre de la sesión ordinaria. Rivera Schatz divulgó imágenes del encuentro en redes sociales.

El encuentro ocurre en la recta final de la sesión legislativa, período en que se negocian proyectos prioritarios, medidas presupuestarias y asuntos programáticos del Ejecutivo. La reunión es notable porque se da tras meses en que Rivera Schatz reconoció haber estado sin comunicación directa con la gobernadora.

A finales de mayo, tras un encuentro en La Fortaleza, Rivera Schatz admitió públicamente que las diferencias con González Colón persistían, aunque aclaró que no habían afectado la ejecución del gobierno; la gobernadora también reconoció haber retomado la comunicación directa con el líder senatorial durante las actividades de su Mensaje de Situación de Estado.

Una columna de opinión publicada el 8 de junio de 2026 en El Nuevo Día llama a Puerto Rico a abandonar la noción del líder mesiánico o caudillo, apoyándose en la crítica a la 'teoría del hombre grande' formulada por el historiador escocés Thomas Carlyle en el siglo XIX.

El argumento cuestiona un patrón cultural y político arraigado en el que la ciudadanía deposita el cambio social en figuras individuales de carisma excepcional, en lugar de en estructuras colectivas.

La 'teoría del hombre grande' sostiene que el progreso histórico lo impulsan líderes de cualidades excepcionales; esa visión ha sido debatida por historiadores y cientistas políticos durante más de un siglo como explicación insuficiente del cambio social.

El 7 de junio de 2026, los municipios de San Juan y Bayamón formalizaron un acuerdo colaborativo de seguridad que permite el intercambio de tecnología, información y recursos especializados para fortalecer la prevención del crimen, apoyar investigaciones criminales y agilizar la respuesta a emergencias. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, presentó el pacto en conferencia de prensa.

La alianza une la infraestructura de vigilancia de las dos ciudades más pobladas del área metropolitana —incluyendo cerca de 1,200 cámaras en San Juan y 235 en Bayamón, además de lectores de tablillas y sistemas de IA— ampliando la capacidad de respuesta a crímenes y emergencias que cruzan fronteras municipales.

Los municipios de Puerto Rico han expandido sus propios cuerpos policiales y sistemas tecnológicos de seguridad pública en años recientes como complemento a la Policía estatal, cuya capacidad operacional ha sido objeto de escrutinio continuo.

La presidenta del SAME, Liz M. Colón Alicea, denunció el 8 de junio de 2026 que el gobierno intenta encubrir que el NMEAD recibirá solo $7.2 millones en fondos estatales para el próximo año fiscal, al argumentar que la agencia se nutrirá de otras partidas para llegar a $12.5 millones totales.

El sindicato sostiene que los fondos federales que componen la diferencia tienen usos restringidos y no pueden sustituir libremente las asignaciones estatales, lo que mantendría sin resolver las carencias de personal y capacidad operacional en la agencia responsable de coordinar respuestas a desastres en Puerto Rico.

La disputa se da tras vistas de presupuesto en el Senado sobre la Resolución 111, donde funcionarios de NMEAD y del DSP defendieron la partida estatal de aproximadamente $7.192 millones; SAME alega haber sometido comunicaciones y memoriales técnicos a varias entidades de gobierno sin recibir respuesta.

El representante José "Cheito" Hernández Concepción respondió el 7 de junio a las acusaciones del PPD contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, argumentando que el mismo documento citado por el PPD muestra 58 iniciativas del Plan Estratégico 2025–2028 en progreso y 9 completadas, no un incumplimiento del 87%.

El intercambio expone una disputa de interpretación sobre el mismo documento municipal: el PPD lee 9 completadas como fracaso; el PNP lee 67 iniciadas como avance. Mientras tanto, el municipio reporta 284 proyectos activos con inversiones que superan los $704 millones en infraestructura y $443.8 millones adicionales en microrredes.

Las acusaciones del PPD, atribuidas a su secretario general Manuel Calderón Cerame, se basaron en el Plan Estratégico 2025–2028 del propio municipio y coinciden con críticas adicionales al alcalde Romero Lugo por la crisis actual de agua potable en San Juan.

El coronel jubilado Arnaldo Claudio envió cartas al presidente Donald Trump y a los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody pidiendo que se otorgue la Medalla de Honor del Congreso al veterano puertorriqueño Jorge Otero Barreto, apodado el 'Rambo boricua' por sus acciones en la guerra de Vietnam.

La campaña ha reunido el respaldo de organizaciones nacionales de veteranos como Vietnam Veterans of America y American GI Forum, así como del Senado puertorriqueño y el municipio de Vega Baja, lo que eleva la presión política sobre el Congreso federal.

Otero Barreto se distinguió durante los momentos más intensos de la guerra de Vietnam en la década de 1960 y desde entonces es considerado una leyenda entre veteranos de las Fuerzas Armadas; los esfuerzos por conseguirle esta distinción llevan años sin concretarse.

El columnista Benjamín Torres Gotay publica en El Nuevo Día una columna de opinión en la que describe un patrón recurrente durante el primer año y medio de la administración de la gobernadora Jenniffer González: contratos públicos que, según él, benefician a personas allegadas al gobierno.

La columna plantea un patrón sistemático en la adjudicación de contratos gubernamentales, lo que incide directamente en cómo se fiscaliza el uso de fondos públicos en Puerto Rico.

Las denuncias sobre favoritismo en contratos del gobierno de Puerto Rico tienen antecedentes en administraciones previas; la figura del contrato como instrumento político ha sido objeto de escrutinio legislativo y periodístico de forma recurrente en la isla.

El 6 de junio de 2026, decenas de manifestantes marcharon del Capitolio a La Fortaleza en la tercera protesta consecutiva contra la gobernadora Jenniffer González, exigiendo su renuncia y denunciando fallas en terapias de Educación Especial, distribución de agua potable y el alto costo de energía eléctrica. Las movilizaciones forman parte de una serie iniciada el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

Las protestas han ampliado su pliego de reclamos para incluir condiciones laborales de empleados públicos y la recién aprobada Ley 82, que exige una fianza del 10% del costo de un proyecto de construcción para impugnar su aprobación, lo que manifestantes califican como un desmantelamiento de protecciones ambientales.

La Ley 82 y las denuncias sobre falta de fondos en el Departamento de Educación para terapias de niños con necesidades especiales han sido los detonantes inmediatos; activistas y el Movimiento Juvenil por la Educación Pública figuran entre los principales organizadores de las convocatorias.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el Año Fiscal 2027 con $33.5 millones destinados a un Sistema de Tratamiento de Agua de Emergencia en Fort Buchanan, según anunció el comisionado residente Pablo José Hernández el 6 de junio de 2026. La legislación también incluye un aumento salarial de 3.8% para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

La inversión en infraestructura de agua en Fort Buchanan atendería necesidades críticas de la única instalación militar activa del Ejército en Puerto Rico, mientras el aumento salarial impactaría directamente el poder adquisitivo de las familias militares en la isla.

El comisionado residente Hernández también ha impulsado el TRICARE Equality Act (H.R. 2632), legislación que busca equiparar el acceso a beneficios de salud para la comunidad militar de Puerto Rico con el de sus contrapartes en los estados; esa medida no quedó incluida en esta versión de la NDAA, aunque continúa acumulando apoyo bipartidista.

El 6 de junio de 2026, el pódcast Voces del Cambio celebró el evento 'Voces on the Roof' en la calle Loíza, donde jóvenes universitarios y profesionales intercambiaron ideas con figuras como la senadora Joanne Rodríguez Veve, el exgobernador Alejandro García Padilla y la exsecretaria del DACO Valerie Rodríguez Erazo, entre otros.

El evento abordó la emigración juvenil y el envejecimiento poblacional de Puerto Rico, con participantes como el analista Luis Dávila Pernas advirtiendo que la isla se vaciará si no se legisla para retener a los jóvenes con medidas como subsidios de primera vivienda accesibles a profesionales.

Puerto Rico enfrenta una tendencia sostenida de emigración juvenil y una población en proceso de envejecimiento, factores que economistas han señalado como una amenaza estructural al desarrollo del país; iniciativas de networking entre jóvenes y líderes del servicio público buscan contrarrestar el desenganche cívico de las nuevas generaciones.

El académico Eliseo Colón Zayas publicó una columna de opinión en la que interpreta la crisis de agua en San Juan —que describe como extendida durante meses— como expresión de una transformación más profunda en el ejercicio del poder en Puerto Rico bajo la administración González.

El texto argumenta que la ciudadanía ya no espera transparencia ni rendición de cuentas del gobierno, y que la política contemporánea en la isla opera mediante la administración de percepciones y el cultivo del resentimiento en lugar de la resolución de problemas concretos.

La columna se enmarca en una serie de renuncias, controversias y pugnas internas que el autor describe como características de los primeros meses de la administración de la gobernadora Jenniffer González, y sitúa ese patrón dentro de la historia del pacto colonial puertorriqueño del siglo XX.

La Organización de Futuros Historiadores Deportivos, grupo estudiantil de la Escuela Manuel González Pató en Ponce, presentó a través del programa Estudiante Legislador la Resolución de la Cámara 323, que ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura investigar la viabilidad de ampliar la red de ciclovías en Puerto Rico.

De aprobarse, la resolución podría sentar las bases para una política pública que amplíe opciones de transporte seguro, económico y de bajo impacto ecológico en la isla.

El programa Estudiante Legislador permite a jóvenes de nivel escolar participar directamente en el proceso legislativo; la iniciativa fue codirigida por los profesores Edgardo Alvarado Grau y William Santiago Colón.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, anunció que la nueva escala salarial para agentes de la Uniformada entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y se reflejará en los cheques durante la segunda quincena de ese mes, pendiente de aprobación en el nuevo presupuesto.

González describió la revisión como la primera actualización de las escalas salariales en más de 20 años, y señaló que el presupuesto de la Policía para el próximo año fiscal será el más grande en la historia del cuerpo, que actualmente cuenta con entre 10,800 y 10,900 efectivos.

Representantes de varios gremios policiacos habían cuestionado recientemente cambios operacionales en áreas como Tránsito y Drogas, y la deuda acumulada por horas extras conocidas como las '480' permanece bajo auditoría contratada con fondos obtenidos por la administración.

Una investigación de Las Noticias de Teleonce reveló cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual NOLA Education LLC fue posicionada para recibir un contrato de hasta $38 millones en fondos federales TANF, destinados a un programa educativo en 25 escuelas públicas de Puerto Rico. Documentos internos, incluyendo una comunicación del 20 de mayo de 2026 de la administradora de ADSEF, Blanca Medina, a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, reflejan que ADSEF no intervino en la evaluación ni en la selección del contratista recomendado.

El contrato involucra fondos federales TANF —destinados a familias de escasos recursos— y la investigación señala que el programa nunca se implementó pese a haber avanzado hasta la notificación formal de adjudicación en enero de 2026, lo que plantea preguntas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia del proceso.

El Departamento de Educación había concluido inicialmente que los servicios propuestos ya existían dentro del sistema público; aun así, el proyecto fue promovido públicamente desde principios de 2025 y se realizó un viaje oficial a Nueva Orleans en diciembre de 2025, pagado con fondos TANF, para conocer el programa antes de que se completara el proceso de contratación.

El 5 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó referir al Departamento de Justicia a exfuncionarios del DTOP —entre ellos Arturo Deliz, exdirector de la Oficina de Investigaciones, y Mary Fuster, exdirectora de DISCO— y a una treintena de centros de inspección vehicular, tras aprobar el informe parcial de la investigación sobre marbetes fraudulentos e irregularidades en las estaciones. El reporte, de la Resolución de la Cámara 352, documentó 412 certificados irregulares emitidos por Yabucoa Auto Service en menos de dos meses mediante equipo no autorizado por el DTOP.

Los referidos incluyen también a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Inspector General, y el representante José Hernández Concepción no descartó referidos adicionales más específicos conforme avance la pesquisa. La comisión encontró que el DTOP tenía conocimiento de los hallazgos desde octubre de 2023 pero nunca tramitó cargos ni impuso multas.

La investigación legislativa surgió ante denuncias de irregularidades en las estaciones de inspección vehicular y la venta de marbetes fraudulentos; el caso de Yabucoa Auto Service cobró mayor atención por su vínculo con Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda. La comisión también recomendó enmiendas a la Ley 22 y a los reglamentos del DTOP para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, además de una auditoría sobre el proceso de selección del nuevo proveedor de equipos de inspección, Worldwide Environmental Products.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, confirmó que una nueva escala salarial —la primera revisión en más de veinte años— entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y se reflejaría en los cheques de los agentes durante la segunda quincena de ese mes, condicionado a la aprobación del nuevo presupuesto. González también anunció que a partir del próximo año fiscal la Policía contará con el presupuesto más grande en su historia.

La revisión salarial busca fortalecer el reclutamiento y la retención en un cuerpo que actualmente cuenta con entre 10,800 y 10,900 efectivos, y se produce en medio de reclamos históricos de los gremios policiacos que incluyen una deuda acumulada de horas extras y condiciones de retiro. Este año fiscal se desembolsaron cerca de $9 millones para complementar pensiones de policías retirados.

Los gremios policiacos habían cuestionado cambios operacionales en áreas como Tránsito y Drogas, y reclamaban atención a deudas por horas extras conocidas como las "480"; González respondió que se contrató una compañía para auditar esa deuda y que las horas extras corrientes continúan pagándose.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso el 27 de mayo de 2026 una multa administrativa de $2,500 al exalcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, por nombrar en puestos municipales a dos personas convictas de delitos graves a nivel federal que no contaban con la habilitación requerida para el servicio público.

La violación atañe directamente al proceso de selección de empleados públicos: la OEG determinó que Soto Santiago ignoró requisitos legales al designar a Luis A. González Torres y a José Jonathan Ortiz Muñiz en puestos dentro del Municipio de Las Marías.

La querella derivó en una resolución en la que la OEG acogió en su totalidad las recomendaciones de la oficial examinadora, concluyendo que Soto Santiago violó el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó públicamente el veto al Proyecto del Senado 769, que buscaba crear el Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial de Puerto Rico, y cuestionó que el gobierno alegue falta de fondos para IA mientras asigna $9.5 millones a iniciativas bajo la dirección de Verónica Ferraiuoli.

El intercambio expone una tensión abierta entre el liderato legislativo y el ejecutivo sobre las prioridades de gasto público en tecnología, con una cifra concreta de $9.5 millones en disputa.

El PS 769 proponía institucionalizar la política pública de inteligencia artificial en Puerto Rico mediante un ente de desarrollo e innovación; su veto eliminó ese marco antes de que entrara en vigor.

El exsenador Eduardo Bhatia publicó una columna de opinión el 5 de junio de 2026 advirtiendo que ese mes traerá decisiones trascendentales —tanto en San Juan como en Washington— que afectarán la economía, educación, derechos y futuro de Puerto Rico.

Bhatia señala que los asuntos en juego este junio tendrán consecuencias directas sobre la isla, aunque el texto disponible no detalla las cifras ni los casos específicos.

La columna se publica en un momento en que el Capitolio de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos suelen concentrar actividad legislativa y judicial de alto impacto durante el cierre de sus respectivos periodos de sesiones.

Una investigación de Las Noticias de Teleonce reveló cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual NOLA Education LLC fue recomendada para un contrato de hasta $38 millones en fondos federales TANF para establecer el programa Star Academy en 25 escuelas públicas de Puerto Rico. Documentos internos muestran que la administradora de ADSEF, Blanca Medina, indicó en una comunicación del 20 de mayo de 2026 a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, que su agencia no intervino en la evaluación ni en la selección de la entidad.

El contrato involucra hasta $38 millones en fondos federales TANF destinados a servir a cerca de 2,000 estudiantes, y los documentos apuntan a irregularidades en la transparencia del proceso de adjudicación, incluyendo un viaje oficial a Nueva Orleans en diciembre de 2025 pagado con esos mismos fondos. El Departamento de Educación había concluido inicialmente que los servicios ya existían dentro del sistema público.

El programa fue promovido públicamente desde principios de 2025, meses antes de que se formalizara el proceso de contratación por invitación. Aunque la adjudicación fue notificada en enero de 2026, la secretaria Roig sostuvo que el proyecto nunca se implementó por falta de participantes elegibles.

El periódico Claridad publicó un artículo de opinión que llama a personas en Puerto Rico, América Latina y el Caribe a denunciar el bloqueo de petróleo impuesto por el gobierno de Donald Trump contra Cuba y a rechazar el uso de suelo puertorriqueño para ejercicios militares estadounidenses que pudieran derivar en una intervención militar en la isla.

El texto denuncia que el bloqueo amenaza la salud y la vida de millones de cubanos, y señala que líderes progresistas y de izquierda en la región han guardado silencio ante esta situación.

El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba data de 1961, y fue reforzado por las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996; el artículo sitúa las medidas actuales de la administración Trump como una intensificación de esas sanciones históricas.

El jueves 4 de junio de 2026, la mayoría del PNP en la Cámara de Representantes derrotó por descargue y sin vistas públicas el Proyecto de la Cámara 1278, presentado por el representante Ensol Rodríguez, que buscaba eliminar el derecho al voto de confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más.

La derrota bloquea un cambio que habría restringido derechos electorales de parte de la población correccional; el trámite expedito impidió la participación ciudadana que el propio presidente de la comisión evaluadora había prometido.

El derecho al voto de los confinados en Puerto Rico fue legalizado durante la gobernación de Carlos Romero Barceló; el proyecto era coauspiciado por la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, y Rodríguez argumentó que responde a reclamos de sus constituyentes.

El 4 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por descargue y a viva voz la medida de La Fortaleza que autoriza tablillas conmemorativas del 250 aniversario de Estados Unidos, pero enmendó la pieza para que los recaudos vayan al Fondo General en lugar de financiar los actos oficiales del 4 de julio. También se eliminaron una licencia de conducir conmemorativa y una tienda de memorabilia.

La decisión desvincula los ingresos generados por las tablillas —disponibles entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027— de cualquier celebración específica del Día de Independencia de EE.UU., respondiendo a las reacciones que había generado ese destino de fondos en diversos sectores.

La medida original, la Resolución Conjunta del Senado 189, provenía de La Fortaleza e incluía lenguaje que permitía al Gobierno solicitar donativos de fuentes públicas y privadas para nutrir un fondo especial destinado a los actos del 4 de julio; todas esas disposiciones fueron eliminadas en la Cámara.

La gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto del Senado 769, impulsado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que establecía política pública sobre inteligencia artificial y creaba un instituto en esa materia, alegando incompatibilidad con el Plan Fiscal certificado y ausencia de análisis presupuestario independiente. Rivera Schatz respondió el jueves calificando el veto de 'grave error' y cuestionando la partida de $9.5 millones asignada en el presupuesto a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), dirigida por Verónica Ferraiuoli.

El choque expone tensión entre el liderato legislativo y el ejecutivo sobre las prioridades fiscales para el año fiscal 2026-2027, cuyo presupuesto de $13,180 millones con cargo al Fondo General está en discusión; la partida de $9.5 millones para IDEA supera la asignación de casi una decena de dependencias públicas y está bajo escrutinio de la Cámara.

El P. del S. 769 buscaba convertir en política pública del gobierno el manejo de la inteligencia artificial; la gobernadora no rechazó el objetivo de la medida, sino su viabilidad dentro de los parámetros fiscales vigentes bajo supervisión federal. La Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por Eddie Charbonier, ya tiene bajo la lupa la asignación a IDEA.

El exrepresentante por el PPD y especialista en ciberseguridad Jesús Manuel Ortiz publicó una columna de opinión analizando la orden ejecutiva firmada esta semana por el presidente Donald Trump, la cual permite al gobierno federal revisar sistemas de inteligencia artificial avanzados antes de su lanzamiento mediante un proceso voluntario de hasta 30 días.

Ortiz argumenta que la medida, aunque débil por carecer de dientes regulatorios obligatorios, representa el primer reconocimiento formal del gobierno federal de que la IA requiere supervisión pública; señala que sin participación obligatoria, las empresas pueden ignorar el proceso sin consecuencias.

El debate sobre regulación de inteligencia artificial ha estado dominado por dos posiciones opuestas —prohibir la tecnología o rechazar cualquier regulación— mientras la mayoría de los gobiernos aún improvisan respuestas; la Unión Europea cuenta con el Reglamento General de Protección de Datos como referente de regulación tecnológica con requisitos más estrictos.

La coordinadora de Eficiencia del Gobierno, Verónica Ferraiuoli Hornedo, explicó ante la Legislatura que aproximadamente el 75% de la solicitud presupuestaria de IDEA para el año fiscal 2027 se destinará a proyectos tecnológicos en diversas agencias, incluyendo firmas digitales, inteligencia artificial en cuadros telefónicos y una plataforma unificada de certificaciones ciudadanas.

Los proyectos anunciados proyectan reducir en un 89% los trámites burocráticos en papel en seis entidades gubernamentales y en un 70% las llamadas no contestadas en el Departamento de Estado y DACO, con miras a expandir la iniciativa a entre cinco y diez agencias adicionales.

IDEA opera bajo la Orden Ejecutiva 2025-009 de la gobernadora Jenniffer González Colón y ha operado hasta ahora sin presupuesto independiente; la Legislatura evalúa si la asignación de $9.5 millones solicitada está justificada dado que supera el presupuesto de casi una decena de instrumentalidades públicas.

La coalición Power4PuertoRico anunció el 3 de junio su respaldo a la puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez, quien compite el 9 de junio en las primarias demócratas del distrito representativo 1 de Carolina del Sur frente a otros seis aspirantes.

Rivera Vázquez, segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, sería una representante de la diáspora boricua en el Congreso federal si avanza en un distrito de mayoría republicana.

Rivera Vázquez ha abogado por familias desplazadas afectadas por la Ley 22, por los agricultores de Puerto Rico y por la autodeterminación como parte de la plataforma demócrata; cuenta además con el respaldo de los congresistas Nydia Velázquez y Ro Khanna, el excongresista Luis Gutiérrez y la organización Boricuas Unidos en la Diáspora.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó una auditoría de tecnología de información a la Administración de Vivienda Pública que identificó 23 cuentas de exempleados activas al 31 de diciembre de 2024, 412 cuentas sin uso por más de 90 días, y la ausencia total de planes de ciberseguridad, contingencia y recuperación de desastres. La auditoría cubrió del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025 y concluyó con opinión cualificada por seis hallazgos.

El Sistema Yardi afectado almacena información confidencial sobre composición familiar, situación económica y circunstancias personales de solicitantes y residentes de vivienda pública; la agencia manejó presupuestos de entre $562 millones y $900 millones durante los años fiscales auditados. La ausencia de planes de contingencia expone esa información y los servicios a interrupciones prolongadas y pérdida de datos ante cualquier incidente tecnológico.

La Administración de Vivienda Pública usa el Sistema Yardi para gestionar proyectos de vivienda, mantenimiento, asignación de unidades y el Programa de Sección 8. La propia agencia reconoció en sus comentarios que no cuenta con personal especializado en ciberseguridad y solicitó autorización para contratar recursos externos.

El comisionado residente Pablo José Hernández se unió este miércoles a representantes de más de 150 organizaciones latinas para exhortar al Congreso a rechazar un proyecto de reconciliación fiscal que asignaría $72,000 millones a ICE y CBP por tres años sin supervisión ni rendición de cuentas. El Senado tiene previsto votar el proyecto esta semana.

De aprobarse, la medida financiaría por tres años las operaciones de inmigración sin las reformas que los demócratas exigen tras denuncias de violaciones de derechos civiles y el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses; en Puerto Rico, operativos en zonas como Barrio Obrero ya han provocado que niños abandonen escuelas y personas eviten centros de salud.

El proyecto fue impulsado por el presidente Donald Trump fuera del proceso rutinario de asignaciones presupuestarias; la oposición estuvo liderada por la Federación Hispana, que convocó la conferencia de prensa en Washington D.C.

El 2 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó los Proyectos 817 y 818, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, para flexibilizar el requisito de buena conducta en el otorgamiento de licencias a técnicos de refrigeración y aire acondicionado y a peritos electricistas que hayan extinguido su pena carcelaria. Los candidatos serán evaluados según la naturaleza del delito, su rehabilitación y estabilidad laboral posterior, aunque quedan excluidos quienes tengan convicciones por delitos sexuales, maltrato de menores, trata humana o explotación financiera.

La medida amplía el acceso al mercado laboral formal para personas rehabilitadas en oficios técnicos de alta demanda, al mismo tiempo que establece salvaguardas explícitas para proteger a poblaciones vulnerables.

Puerto Rico exige certificados de buena conducta para obtener licencias ocupacionales en múltiples sectores, un requisito que históricamente ha operado como barrera de reinserción laboral para ex convictos incluso tras cumplir su condena.

El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, responsabilizó este martes al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al PNP por los problemas de acceso al agua potable en la capital, señalando que el municipio ha destinado cerca de $13.7 millones a comunicaciones y protocolo frente a unos $600,000 invertidos en atender la crisis.

La denuncia expone una disparidad presupuestaria alegada mientras residentes de San Juan han tenido que acudir al embalse San José a recoger agua, afectando especialmente a adultos mayores, personas con diversidad funcional y pacientes con condiciones médicas.

La crisis de suministro de agua en San Juan ha generado tensión entre el municipio y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); el propio alcalde Romero ha demandado a la AAA y un tribunal emitió citación a las partes.

El 2 de junio de 2026, el líder del Movimiento Victoria Ciudadana Manuel Natal Albelo publicó en redes sociales una serie de señalamientos alegando que figuras vinculadas al PPD —entre ellos García Padilla, el expresidente cameral Rafael 'Tatito' Hernández y el comentarista Ferdinand Pérez— mantienen relaciones profesionales con alcaldes, legisladores y estructuras del PNP, incluyendo al alcalde de San Juan y a la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los señalamientos apuntan a lo que Natal describe como una convergencia operacional entre los dos principales partidos del país, lo que, de corroborarse, cuestionaría la distinción programática que ambas organizaciones presentan ante el electorado.

Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan, ha sostenido de manera recurrente que el liderato del PNP y del PPD responde a intereses compartidos; esta publicación amplía esa tesis con nombres y fotografías vinculadas a la pasada campaña electoral en San Juan.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó este martes que no existe urgencia para confirmar un secretario interino en el DDEC, argumentando que una orden ejecutiva firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón en enero de 2025 delega facultades al secretario de la Gobernación para atender gestiones administrativas pendientes. Rivera Schatz también sugirió que las alegaciones que llevaron a la renuncia de Sebastián Negrón Reichard podrían ser ciertas.

La vacante en el DDEC se produjo tras una renuncia en la que Negrón Reichard denunció presuntas intervenciones de La Fortaleza, la reversión de suspensiones sumarias contra funcionarios investigados y un éxodo de más de diez funcionarios de liderato. La controversia involucra un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones y una investigación sobre alegadas irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

Negrón Reichard renunció hace menos de una semana denunciando que funcionarios del gobierno revirtieron medidas disciplinarias contra empleados vinculados a una investigación interna realizada por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza Eloina Torres Cancel.

La contralora Carmen Vega Fournier informó el martes que una auditoría de tecnología de información a la Administración de Vivienda Pública, que cubrió del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025, identificó seis hallazgos relacionados con seguridad tecnológica y control interno, incluyendo cuentas activas de exempleados, deficiencias en el Sistema Yardi y ausencia de planes de contingencia.

Al 31 de diciembre de 2024 permanecían activas 23 cuentas de exempleados —en algunos casos hasta 900 días después de su separación— y 412 cuentas sin uso por más de 90 días; el Sistema Yardi almacena información confidencial sobre composición familiar, situación económica y circunstancias personales de participantes de programas de vivienda pública, una población especialmente vulnerable.

La auditoría concluyó con una opinión cualificada —señal de deficiencias materiales— y halló que la agencia carece de programa de ciberseguridad, plan de contingencia y plan de recuperación de desastres; la propia gerencia de Vivienda Pública reconoció no tener personal especializado y solicitó autorización para contratar recursos externos.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, declaró el 2 de junio de 2026 que no se arrepiente de haber viabilizado la gobernación de Jenniffer González Colón y que la mandataria 'está tan sólida como los Vaqueros', mientras una encuesta de Lit Data registraba ese día un 62% de percepción negativa sobre su gestión.

Rivera Cruz controla la estructura política más fuerte reconocida al PNP a nivel municipal y fue pieza clave tanto en la primaria que González Colón le ganó al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia como en su campaña a la gobernación, por lo que su postura pública tiene peso en la dinámica interna del partido a año y medio de administración.

La encuestadora Lourdes Fernández, a través de Lit Data, lleva casi un año registrando aumentos en la percepción negativa de González Colón; el dato del 2 de junio se desglosa en 45.6% 'malísimo' y 16.2% 'malo', acumulado durante una administración marcada por múltiples retos de gobernanza y escándalos de corrupción sucesivos.

El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, responsabilizó este martes al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al liderato del PNP por la crisis de agua en la capital, alegando que el municipio destinó cerca de $13.7 millones a comunicaciones y protocolo frente a unos $600,000 en medidas de mitigación hídrica. La portavoz legislativa municipal del PPD, Ingrid Colberg, añadió que residentes han tenido que acudir al embalse San José a recoger agua.

Las cifras alegadas por el PPD —si se confirman— evidenciarían una disparidad marcada en las prioridades presupuestarias del municipio durante una crisis que afecta a comunidades de Santurce, Hato Rey y Río Piedras desde julio de 2025; el municipio ya había rechazado estas cifras en declaraciones previas. Calderón Cerame anunció que esta conferencia es la primera de varias acciones de fiscalización que el partido emprenderá contra el alcalde.

La disputa se suma a la demanda que el propio municipio de San Juan radicó contra la AAA exigiendo servicio estable, y a la convocatoria del Senado —mediante la Resolución del Senado 539— para una Comisión Total Especial el 17 de junio de 2026 donde el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, deberá comparecer ante el pleno.

El 2 de junio de 2026, Manuel Natal Albelo, líder del Movimiento Victoria Ciudadana, publicó en redes sociales una serie de señalamientos contra figuras vinculadas al PPD, alegando que mantienen relaciones profesionales con alcaldes, legisladores y estructuras del PNP, e identificando por nombre a García Padilla, Rafael 'Tatito' Hernández, Ferdinand Pérez, Jesús Santa y Juan Zaragoza.

Los señalamientos alimentan el argumento de que los dos principales partidos del país operan como un bloque político unificado en la práctica, una narrativa que MVC ha utilizado como eje de su propuesta electoral ante el electorado no alineado.

Natal se postuló a la alcaldía de San Juan en las elecciones más recientes y ha sostenido reiteradamente que el PNP y el PPD comparten intereses comunes; esta publicación extiende ese planteamiento con ejemplos específicos de relaciones laborales entre personas de ambas órbitas.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el 2 de junio de 2026 la Ley 97-2026, que enmienda el Código Municipal para clarificar facultades sobre propiedades declaradas estorbo público, modernizar estructuras municipales y crear el puesto de director de la Unidad de Auditoría Interna, entre otros cambios; también firmó una segunda ley de apoyo operacional a la Comisión Estatal de Elecciones. Ese mismo día vetó tres proyectos del Senado relacionados con empleados federales, un programa de reeducación para convictos por explotación financiera de adultos mayores, y ciberseguridad.

Los vetos revelan tensiones fiscales y legales: La Fortaleza citó posibles conflictos con regulaciones federales, impacto fiscal no cuantificado en el programa de reeducación, y duplicidad con legislación vigente en materia de ciberseguridad. La Ley 97-2026, impulsada por la Federación de Alcaldes, amplía la certeza jurídica y la capacidad operacional de los municipios.

La Ley 97-2026 surgió por petición de la Federación de Alcaldes y fue de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz; ajusta disposiciones sobre reciclaje, planificación territorial, contratación municipal y patentes, entre otras áreas. En cuanto al veto sobre ciberseguridad, González Colón argumentó que la Ley 40-2024 ya cubre los objetivos del proyecto rechazado.

El periodista Alberto Rullán anunció que regresará a Puerto Rico para asumir como portavoz oficial del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), bajo el gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El NMEAD es la agencia encargada de coordinar la respuesta gubernamental ante emergencias y desastres en la isla, por lo que su comunicación pública tiene impacto directo en cómo la ciudadanía recibe información crítica en momentos de crisis.

Rullán acumula 25 años de carrera en el periodismo; el nombramiento fue anunciado por el propio comunicador en redes sociales y cuenta con el respaldo del comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez.

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó tres proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa, entre ellos el Proyecto del Senado 844, que proponía ayudas para empleados federales ante un posible cierre del gobierno federal, una medida de desvío para convictos de explotación financiera de adultos mayores, y una ley de capacitación en ciberseguridad.

Los vetos bloquean iniciativas que atendían vulnerabilidades económicas de trabajadores federales en la isla, protecciones para adultos mayores víctimas de fraude, y el fortalecimiento de la infraestructura digital del gobierno puertorriqueño.

La gobernadora justificó los vetos expresos señalando problemas de política pública, conflictos con legislación vigente e implicaciones fiscales como razones que impedían la aprobación de las tres medidas.

El Senado federal retomó sesión el lunes 1 de junio de 2026 tras 11 días de receso para intentar aprobar un proyecto de reconciliación fiscal que financia ICE y CBP, medida que quedó paralizada dos semanas atrás por la controversia en torno a un fondo de compensación de $1,776 millones anunciado por el Departamento de Justicia que beneficiaría a personas que alegan persecución bajo la administración de Joe Biden, incluyendo acusados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El fondo de compensación ha generado oposición no solo entre demócratas, sino también entre cerca de una decena de senadores republicanos, poniendo en riesgo la coalición legislativa de la mayoría a cinco meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

El líder de la minoría demócrata, el senador Charles Schumer de Nueva York, anunció una estrategia coordinada para eliminar el fondo mediante enmiendas en el proceso de reconciliación, en el pleno del Senado, o en el proceso de asignaciones presupuestarias.

Con el inicio oficial de la temporada de huracanes el 1 de junio de 2026, el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) exigió al gobierno explicar cómo sostendrá el sistema de respuesta ante emergencias bajo las condiciones actuales. La presidenta de SAME, Liz M. Colón Alicea, señaló que los empleados del NMEAD continúan con reclamos pendientes de salarios, condiciones laborales, cumplimiento de acuerdos colectivos y recursos operacionales.

Aunque el pronóstico para la temporada 2026 es moderado —la NOAA estima entre 8 y 14 tormentas con nombre y un 55% de probabilidad de actividad por debajo de lo normal—, la advertencia sindical sugiere que el sistema de manejo de emergencias enfrenta fragilidades internas justo cuando más se le exige; el director del NWS, Ken Graham, ha subrayado que una sola tormenta basta para convertir cualquier temporada en catástrofe.

El comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, declaró el 31 de mayo de 2026 que el gobierno estaba listo para la temporada, postura que contrasta con las denuncias del SAME sobre brechas de personal y recursos; parte de la infraestructura de mitigación en Puerto Rico —incluyendo fondos pendientes de liberación— aún no estaba plenamente operacional al arranque de la temporada, mientras la administración Trump ha reconfigurado el rol federal en emergencias, colocando a los gobiernos locales en la primera línea de respuesta.

El sábado 31 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón encabezó una actividad de recaudación de fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Vivo Beach Club, en Isla Verde, que congregó una multitud según imágenes difundidas en redes sociales. El evento ocurrió días después de la renuncia pública del secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien denunció presuntas intervenciones indebidas de La Fortaleza y aludió a referidos ante entidades fiscalizadoras.

La concurrencia al fundraiser plantea preguntas sobre el impacto político real de la controversia generada por la salida de Negrón Reichard y de gran parte de su equipo del DDEC. Simultáneamente, frente a La Fortaleza se celebró una manifestación exigiendo la salida de la gobernadora, aunque con participación limitada.

Tras la renuncia de Negrón Reichard, González no tuvo actividades públicas abiertas a la prensa durante el resto de la semana, lo que redujo las oportunidades para que periodistas preguntaran sobre las alegaciones de su carta. Previo al evento, circuló una captura de pantalla que alegadamente mostraba instrucciones a empleados de confianza de una agencia gubernamental para asistir a la actividad política.

El Senado aprobó esta semana el PS 731 para hacer obligatorio el uso de la plataforma JEDI con inteligencia artificial en subastas gubernamentales, el PS 762 para incluir a fiscales, procuradores y agentes de investigaciones especiales en la categoría de 'Servidor Público de Alto Riesgo', y el PS 1005 para elevar a 75 años la edad máxima de renovación digital de licencias de conducir.

La adopción obligatoria de JEDI afectaría los procesos de contratación pública de todas las entidades cubiertas por la Ley 73-2019, y la expansión de la categoría de alto riesgo abre a fiscales de distrito, auxiliares, procuradores de menores y de familia, y agentes de rentas internas el derecho a retiro voluntario desde los 55 años con 30 años de servicio.

La plataforma JEDI existe en Puerto Rico bajo la Ley 73-2019, pero su implementación ha sido parcial; la Ley 11-2023 ya estableció beneficios especiales de retiro para servidores de alto riesgo, y el PS 762 busca ampliar quiénes califican bajo ese esquema.

La gobernadora Jenniffer González Colón remitió al Senado 13 nombramientos para el sistema judicial y entidades gubernamentales, entre ellos la nominación de Mariela Teresa Santini Rodríguez como jueza superior, Maritere De Jesús Aponte como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia, cinco fiscales auxiliares del Departamento de Justicia y a Waleska Rivera Torres —expresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico— como miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico.

Santini Rodríguez fue la primera fiscal en llegar a la escena del asesinato del niño Lorenzo González Cacho en Dorado en marzo de 2010 y recibió críticas por el manejo de esa escena, lo que convierte su nominación judicial en materia de escrutinio público; la inclusión de Rivera Torres en la Junta del Banco de Desarrollo Económico conecta al sector manufacturero con la dirección de ese organismo financiero.

El caso Lorenzo González Cacho, ocurrido en marzo de 2010, generó amplia controversia en Puerto Rico por el manejo inicial de la investigación; Santini Rodríguez estuvo ligada a esa etapa crítica del proceso. Los nombramientos del Ejecutivo requieren la anuencia del Senado bajo la Constitución de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 95-2026, originada en el Proyecto del Senado 50 de coautoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador Wilmer Reyes Berríos, que permite a la parte demandada en un desahucio presentar evidencia de aportaciones económicas o laborales a una vivienda compartida y exigir que el caso se dilucide por la vía ordinaria. En la misma jornada, vetó el Proyecto del Senado 276, que buscaba ampliar los servicios del Hospital Industrial a todos los pacientes que requirieran atención médico-hospitalaria, al entender que comprometería la estabilidad del sistema de salud.

La nueva ley ofrece protección legal a personas en relaciones consensuales o de concubinato que contribuyeron a un inmueble compartido y que antes podían ser desahuciadas sin poder hacer valer ese interés; el veto preserva el esquema actual del Hospital Industrial e impide su apertura a la población general.

La medida firmada enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico; el proyecto vetado intentaba enmendar la Ley Núm. 4-1935 del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para extender las facilidades del Hospital Industrial más allá de su función actual.

El viernes 29 de mayo de 2026, la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz radicó la Resolución de la Cámara 708 para que la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara investigue el acceso, uso, reducción, devolución y falta de utilización de fondos federales por parte del Gobierno de Puerto Rico durante los pasados cinco años.

Según un informe de la Junta Fiscal citado en la medida, Puerto Rico recibió aproximadamente $15,400 millones en fondos federales en el año fiscal 2025, cifra que representa cerca del 46 por ciento del presupuesto total del gobierno, en una isla donde alrededor del 40 por ciento de los residentes vive bajo el nivel de pobreza.

La resolución también busca identificar programas federales de los que Puerto Rico no puede beneficiarse por su condición de territorio, con la intención de que la Administración de Asuntos Federales y la Oficina del Comisionado Residente puedan gestionar acceso a esos recursos.

El 29 de mayo de 2026, la Infantería de Marina de Estados Unidos anunció que la 24ta Unidad Expedicionaria asumió oficialmente la misión de respuesta rápida táctica para el Caribe y Latinoamérica bajo la designación Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24), con más de 1,300 efectivos y operaciones desde el buque anfibio USS Fort Lauderdale. El comunicado fue fechado desde Puerto Rico, aunque no se precisó si la unidad está actualmente basada en el archipiélago.

La activación ocurre mientras la administración de Donald Trump no descarta una intervención militar en Cuba, y el Pentágono mantiene en la región el portaaviones USS Nimitz junto a destructores y cruceros de misiles guiados capaces de atacar objetivos en tierra. El territorio de Puerto Rico ha sido utilizado con mayor intensidad en meses recientes como parte de la operación 'Lanza del Sur'.

El Comando Sur de Estados Unidos abarca América Latina y el Caribe como área de responsabilidad, y Puerto Rico ha funcionado históricamente como plataforma logística y de proyección militar en la región. La operación 'Lanza del Sur' representa la escalada más reciente de presencia militar estadounidense en el archipiélago.

La Cámara de Representantes aprobó el 28 de mayo de 2026 una petición oficial, presentada por el representante Héctor Ferrer Santiago, ordenando al DDEC entregar en un término no mayor de cinco días el informe final de la firma HRM LLC sobre alegadas intervenciones indebidas en el proceso de adjudicación de un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones dentro de la OGPE. La petición surge tras la renuncia masiva del exsecretario Sebastián Negrón Reichard y más de diez funcionarios de alto nivel, quienes alegaron presiones desde La Fortaleza luego de que Negrón Reichard refiriera los hallazgos de la investigación a las autoridades correspondientes.

La aprobación legislativa convierte la entrega del informe —elaborado por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza Eloina Torres Cancel— en un requerimiento formal con plazo de cinco días, aumentando la presión pública sobre el ejecutivo en medio de referidos activos ante el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora. El caso involucra fondos federales y alegadas represalias contra empleados denunciantes.

La investigación de HRM LLC fue ordenada por el propio Negrón Reichard y resultó en la destitución del exsecretario auxiliar de OGPE, Norberto Almodóvar, antes de que La Fortaleza revirtiera las suspensiones sumarias emitidas como consecuencia de los hallazgos. Negrón Reichard denunció en su carta de renuncia que esa reversión dejó desprotegido al personal que había denunciado las alegadas irregularidades.

La columnista Milly Cangiano publicó el 29 de mayo de 2026 una columna de opinión en Primera Hora respaldando la designación de David Reyes como presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, calificándola de 'gran acierto' de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La columna refleja la recepción pública del nombramiento e identifica al equipo directivo que acompañará a Reyes —el Ing. Kennet Torres, Marietty La Santa y el Ing. Juan José Valentín— cuya continuidad podría incidir en la estabilidad operacional de la corporación durante la transición.

Reyes fue seleccionado para sustituir a Luis Rodríguez Díaz, quien renunció efectivo el 31 de mayo de 2026 para purseguir aspiraciones electorales a la alcaldía de Luquillo; la Junta de Directores lo eligió de manera unánime.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico identificó $32,962.15 en costos cuestionados en ASSMCA tras examinar gastos de viaje locales efectuados entre el 1 de enero de 2023 y el 27 de enero de 2026. Los hallazgos incluyen 91 órdenes de viaje aprobadas por personal sin autorización formal, atrasos de hasta 98 días en órdenes de viaje y discrepancias de millaje en 636 de 1,929 viajes individuales analizados.

El examen abarcó $124,804.56 en viajes locales tramitados durante el período, y el 100 por ciento de los 269 comprobantes revisados carecía de la firma del jefe de agencia o su representante autorizado, lo que revela deficiencias sistémicas en los controles internos de una agencia que maneja servicios de salud mental y tratamiento de adicciones.

El examen fue realizado en colaboración con la Oficina del Contralor de Puerto Rico. La gerencia de ASSMCA respondió al borrador del informe en diciembre de 2025 y anunció acciones correctivas, entre ellas actualizar el Registro de Firmas Autorizadas e incorporar el registro de odómetro como documentación requerida.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, calificó el jueves 28 de mayo la renuncia del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, como una 'pérdida' y pidió que el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental actúen con celeridad ante los referidos sobre presuntos actos ilegales en la agencia. Romero advirtió que demoras en esas investigaciones erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

Los referidos de Negrón Reichard apuntan a presuntas presiones indebidas, represalias contra una empleada denunciante y obstrucción de un proceso investigativo en torno a una contratación de publicidad financiada con fondos federales, lo que podría implicar violaciones al Código Penal, leyes anticorrupción y reglamentos federales.

Antes de renunciar, Negrón Reichard ordenó el 18 de mayo la suspensión sumaria de Norberto Almodóvar y Charlene Neuman, funcionarios de carrera del DDEC, tras una investigación del bufete HRML, LLC; dejó entrever que La Fortaleza ordenó revertir esas suspensiones, lo que precipitó su salida. Los referidos fueron enviados al Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental.

El 28 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes aprobó una petición oficial, presentada por el representante Héctor Ferrer Santiago, exigiendo al DDEC entregar en un plazo de cinco días el informe final de la firma HRM LLC sobre alegadas intervenciones indebidas en el proceso de adjudicación de un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones. La petición responde a las denuncias públicas del exsecretario Sebastián Negrón Reichard, quien junto a más de diez funcionarios de confianza renunció al DDEC alegando presiones desde La Fortaleza, incluida la reversión de suspensiones sumarias emitidas contra funcionarios vinculados a la controversia.

La Cámara busca fiscalizar el manejo de fondos federales y determinar el alcance de posibles intervenciones en un proceso competitivo de contratación gubernamental; la renuncia colectiva de más de diez funcionarios de liderato del DDEC, entre ellos el asesor legal general, la jefa de finanzas y el director de comunicaciones, agudiza la crisis institucional en la agencia.

La investigación fue conducida por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza y ex portavoz del FEI, Eloina Torres Cancel; el caso ya fue referido al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora, y el Departamento de Justicia evalúa si activa los mecanismos del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente bajo la Ley 2 de 1988.

La gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor y ligar el pago del seguro al proceso de inspección vehicular. En paralelo, firmó la Ley 94-2026, que enmienda la ley hipotecaria y las Reglas de Procedimiento Civil para agilizar transacciones en el Registro de la Propiedad.

El DTOP advirtió que la medida vetada habría generado una reducción de ingresos de aproximadamente $2.67 millones en el año fiscal 2025-2026, sin asignación presupuestaria para cubrirlos; además, la Oficina del Comisionado de Seguros señaló que restringía los canales de pago disponibles al ciudadano, eliminando opciones como colecturías, bancos, cooperativas y CESCO Digital.

El sistema de marbete electrónico y CESCO Digital han sido parte de un proceso de digitalización gubernamental que busca modernizar los trámites de vehículos de motor; el proyecto vetado pretendía actualizar las definiciones legales a esa realidad, pero sin marcos reglamentarios ni presupuesto de transición.

El jueves 28 de mayo de 2026, el Senado aprobó en sesión ordinaria varias medidas, entre ellas el PS 731 para centralizar subastas gubernamentales mediante inteligencia artificial con la plataforma JEDI, el PS 762 para ampliar la categoría de 'Servidores Públicos de Alto Riesgo' en el Sistema de Retiro, y el PS 1005 para elevar de 70 a 75 años el límite de edad para renovar digitalmente la licencia de conducir.

Las medidas afectan directamente los procesos de contratación pública —que bajo la Ley 73-2019 cubren todas las entidades gubernamentales— así como los beneficios de retiro de fiscales, procuradores, agentes de Rentas Internas y otros servidores de alto riesgo, y los trámites digitales disponibles a adultos mayores en DTOP.

La plataforma JEDI ha operado de forma parcial en el gobierno, mientras sistemas como Oracle han requerido configuraciones adicionales; el PS 731, presentado por el senador Wilmer Reyes Berríos, busca hacer obligatorio su uso uniforme en todas las entidades cobijadas por la Ley 73-2019.

El 22 de mayo de 2026, los representantes demócratas por Nueva York Nydia Velázquez y Gregory Meeks radicaron una resolución en la Cámara de Representantes para prohibir cualquier acción militar estadounidense contra Cuba que no cuente con autorización expresa del Congreso.

La medida surge ante declaraciones del presidente Donald Trump que no descartan una intervención bélica en Cuba, lo que además afectaría a cerca de 500,000 cubanos que residen legalmente en Estados Unidos y que el representante Meeks advierte podrían enfrentar deportaciones masivas.

Trump, al igual que otros presidentes, ha actuado militarmente sin solicitar autorización previa al Congreso; Meeks encabeza la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores y ha vinculado la postura hacia Cuba con más de 65 años de política exterior estadounidense y el bloqueo que ha generado una crisis humanitaria en la isla.

El senador por el Distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, anunció el 27 de mayo de 2026 que solicitará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, una Comisión Total para citar al presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, una vez el alcalde Miguel Romero Lugo radique la demanda contra la corporación pública.

La solicitud de Comisión Total añade presión legislativa a la acción judicial del municipio, lo que significa que González Delgado podría tener que responder ante el Senado —además de los tribunales— por la crisis de agua que afecta a los residentes de San Juan.

El alcalde Romero Lugo anunció ese mismo día que demandaría a la AAA tras agotar la interpelación formal y reuniones previas sin resultado; la AAA, por su parte, atribuye los problemas a 15 años de rezago operacional del exdirector regional de la zona metro y ha indicado que atenderá cualquier reclamación en el foro correspondiente.

El alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo adelantó el 27 de mayo que su propuesta de presupuesto consolidado para el próximo año fiscal asciende a $874.8 millones y destina $49.2 millones a operaciones policiacas, incluyendo fondos para reclutar 60 nuevos agentes y continuar aumentos salariales. El presupuesto operacional refleja un crecimiento de $27.9 millones respecto al año fiscal anterior.

El aumento en seguridad pública representa cerca de un 10% más que el presupuesto vigente, con una meta de elevar el salario de ingreso policial a $3,000 mensuales antes de que concluya el próximo año fiscal; sin embargo, el presupuesto de educación municipal bajaría de $45.9 millones a $41.1 millones.

La Policía Municipal de San Juan cuenta actualmente con 832 agentes; Romero proyecta haber sumado 211 policías durante los primeros dos años de su segundo término como alcalde. El municipio también creó en el año fiscal anterior un fondo especial de emergencias, que el nuevo presupuesto mantiene con una reserva de $5 millones.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actual actúa con prisa legislativa y administrativa —incluyendo cambios al Código Electoral y permisos de desarrollo— como si intentara asegurar ventajas políticas antes de las elecciones de 2028.

La pieza articula una crítica ciudadana sobre opacidad gubernamental, debilitamiento de protecciones ambientales y restricciones a la protesta, temas que afectan directamente la calidad democrática y el acceso a información pública.

El texto no cita leyes, contratos ni eventos específicos con nombre propio; su argumento descansa en patrones de conducta gubernamental que el autor describe como sistemáticos, sin ofrecer evidencia documental concreta.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced negó el 27 de mayo de 2026 haber solicitado la restitución de su servicio de escoltas y aseguró que, mediante carta enviada el 8 de mayo, renunció expresamente a dicha seguridad. En respuesta directa al superintendente Joseph González Falcón, quien afirmó en entrevista radial que Vázquez Garced había pedido una reconsideración, la exmandataria calificó esa versión de 'gran y mal intencionada mentira'.

El intercambio público entre Vázquez Garced y González Falcón revela versiones contradictorias sobre el mismo proceso administrativo, lo que pone en entredicho la transparencia con que la Policía manejó el retiro de los escoltas —cinco agentes y dos vehículos oficiales— y las comunicaciones posteriores. Vázquez Garced también alegó que el proceso estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

A mediados de marzo de 2026, González Falcón ordenó retirar las escoltas luego de una solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón y una evaluación legal del Departamento de Justicia, en el contexto del caso federal por corrupción que enfrenta la exgobernadora. La Policía ya había denegado, según González Falcón, una solicitud de reconsideración, versión que Vázquez Garced rechaza categóricamente.

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor y vincular la selección y pago del seguro al proceso de inspección vehicular en vehículos con más de tres años de fabricación.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas estimó que la medida generaría una reducción de ingresos de aproximadamente $2.67 millones en el año fiscal 2025-2026 sin partida presupuestaria para su implementación, y la gobernadora advirtió efectos adversos sobre el ciudadano y las agencias concernidas por falta de claridad reglamentaria y cambios operacionales sin financiamiento.

La Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio data de 1995, y el sistema de marbete electrónico y CESCO Digital han transformado desde entonces cómo los conductores gestionan sus obligaciones vehiculares; el mismo día del veto, la gobernadora firmó una medida que enmienda la ley hipotecaria y la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actual actúa con urgencia desmedida —aprobando leyes electorales, desmontando protecciones ambientales y limitando el acceso a información pública— como si anticipara perder el poder en las elecciones de 2028.

La pieza señala cambios al Código Electoral y restricciones a la protesta y a la transparencia gubernamental como patrones que, de ser precisos, afectarían las reglas del juego democrático antes del próximo ciclo electoral.

Puerto Rico enfrenta elecciones generales cada cuatro años; el próximo ciclo sería 2028. Debates sobre reformas electorales, acceso a información pública y permisos para proyectos costeros han sido recurrentes en la esfera política puertorriqueña durante los últimos años.

La Junta de Directores de WIPR seleccionó de forma unánime al periodista David Reyes como nuevo presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, luego de que Luis Rodríguez Díaz anunciara su salida para continuar aspiraciones electorales. Rodríguez Díaz permanecerá al frente de la corporación hasta el 31 de mayo de 2026.

El relevo de liderazgo en la corporación pública de medios ocurre mientras WIPR mantiene designación oficial como medio de primera respuesta en emergencias, lo que hace crítica la continuidad operativa y editorial.

Durante la gestión de Rodríguez Díaz, WIPR firmó un acuerdo con WAPA Televisión para ampliar su programación a la diáspora puertorriqueña a través de la plataforma WAPA+, y fue designada por el Negociado de Manejo de Emergencias como medio de primera respuesta en televisión y radio. La gobernadora Jenniffer González Colón agradeció públicamente la gestión de Rodríguez Díaz durante su administración.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz se reunió el 26 de mayo de 2026 con la gobernadora Jenniffer González por menos de una hora para abordar el presupuesto del año fiscal 2026-27, la reforma de permisos, las finanzas gubernamentales y el proyecto de estatus. Al salir, Rivera Schatz calificó el encuentro de 'precisa' pero reconoció que las diferencias entre ambos 'existen'.

La reunión marca el primer contacto directo entre ambos líderes del Partido Nuevo Progresista tras meses de enfrentamientos públicos, en un momento en que el gobierno negocia el presupuesto y enfrenta una serie de renuncias en el gabinete de González. Ambos presidentes legislativos anticiparon una nueva reunión con la gobernadora para el 1 de junio.

Las tensiones entre Rivera Schatz y González se han desarrollado durante el cuatrienio actual, aunque el presidente senatorial sostuvo que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantuvo a través de jefes de gabinete y asesores. El gabinete de González acumula varias bajas recientes, incluyendo las del secretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña y la exdirectora de DISCO Mary Fuster Romero.

La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes celebró el 27 de mayo de 2026 una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1251, que otorgaría capacidad legal a menores de edad para inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico y actuar en su representación sin requerir tutor ni consentimiento parental.

El vacío legal actual puede retrasar semanas el registro de recién nacidos y limitar el acceso a servicios médicos básicos como vacunas, afectando directamente el bienestar de hijos de padres y madres adolescentes en Puerto Rico.

La medida fue radicada a petición de Proyecto Nacer; testimonios ante la Comisión describen casos concretos en que la minoría de edad de los progenitores les impidió, sin intermediarios adultos, completar trámites esenciales para sus crías.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) reforzó su iniciativa Comunidades Seguras —presentada en enero de 2026 por su directora ejecutiva, la Dra. Keren L. Riquelme Cabrera— en respuesta a hechos violentos recientes relacionados al narcotráfico y disputas territoriales en varios municipios de Puerto Rico.

El programa apunta a interrumpir ciclos de violencia en comunidades vulnerables a través de prevención temprana, mentoría y desarrollo juvenil, articulando alianzas con el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional.

La iniciativa forma parte del plan de trabajo de la gobernadora Jenniffer González Colón y se enmarca en la reconfiguración de rutas de narcotráfico que, según ODSEC, históricamente golpea con mayor fuerza a las comunidades de menor ingreso.

El 27 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón ofreció su segundo Mensaje de Situación de Estado ante la Cámara de Representantes, anunciando un presupuesto de $33 mil millones, una segunda fase de reforma contributiva y la consolidación de permisos en una sola agencia. Simultáneamente, una manifestación opositora en el lado sur del Capitolio reclamó atención a la crisis universitaria, el sistema de salud y la quiebra de New Fortress Energy.

La delegación del PIP señaló que el discurso ignoró la deuda millonaria de las aseguradoras del Plan Vital con el Hospital Universitario de Centro Médico y la crisis del sistema de salud, mientras la gobernadora presentó el presupuesto como el segundo certificado por la Junta de Control Fiscal desde 2016.

El mensaje se produjo ante legisladores, alcaldes de varios municipios, el exgobernador Luis Fortuño y la presidenta de la UPR Zayira Jordán Conde; afuera, figuras como Rafael Bernabe, María de Lourdes Santiago y Ángel Figueroa Jaramillo encabezaron la protesta y evocaron al activista viequense Ismael Guadalupe.

El Senado otorgó un plazo de 24 horas al Departamento de la Familia para entregar un listado completo —con nombres, puestos, fechas de designación y salarios— del personal de confianza del secretariado, luego de que la secretaria Suzanne Roig Fuertes respondiera el 14 de mayo a una petición aprobada el 7 de mayo sin incluir los nombres completos solicitados.

El incumplimiento podría derivar en acciones legales contra la agencia, y el caso pone a prueba la capacidad del Senado de hacer valer sus prerrogativas constitucionales de fiscalización sobre el Ejecutivo.

La Petición de Información 2026-0064, autoría del portavoz del PPD en el Senado Luis Javier Hernández Ortiz, fue aprobada de forma unánime por el Alto Cuerpo; la controversia surge porque la agencia respondió de manera parcial, omitiendo los nombres del personal que los legisladores consideran información pública no confidencial.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actúa con prisa inusual —modificando el Código Electoral, debilitando protecciones ambientales y restringiendo el acceso a información pública— como si buscara consolidar ventajas antes de las elecciones de 2028.

El texto señala cambios al Código Electoral y permisos para proyectos que alteran comunidades costeras como ejemplos concretos de legislación que, según el autor, favorece al partido en el poder a expensas del interés público.

La columna no atribuye acciones a funcionarios específicos ni cita legislación por nombre; su argumento descansa en patrones generales de conducta gubernamental que el autor describe como estructurales en la política puertorriqueña.

La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de $3,000 al alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, por haber llegado en un Ford Explorer del Municipio a actividades de su comité político el 9 de marzo de 2024, donde se vendieron almuerzos para recaudar fondos y se transmitió un programa radial de campaña.

La resolución establece que Rivera Rodríguez violó la Ley de Ética Gubernamental al usar recursos públicos para beneficio privado electoral, sentando un precedente formal sobre el uso indebido de propiedad municipal con fines partidistas.

La OEG fundamentó la sanción en la Resolución 25-77, citando violación al Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012; la investigación fue conducida por la oficial examinadora Lourdes Vázquez Vargas a partir de evidencia publicada en redes sociales.

La gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez se reunieron en La Fortaleza para discutir el cierre de la sesión legislativa, el presupuesto, la ley de permisos, las finanzas gubernamentales y el proyecto de estatus. La repentina salida de Sebastián Negrón Reichard como secretario del DDEC —junto a otros nueve integrantes de su equipo— no fue parte de la conversación.

El encuentro reúne por primera vez a los tres líderes de las ramas ejecutiva y legislativa en un momento crítico para la negociación presupuestaria, mientras el gabinete acumula bajas notables; la ausencia del tema del DDEC en el diálogo deja sin respuesta pública la circunstancia de la salida de Negrón Reichard y su equipo.

La reunión ocurre tras meses sin diálogo directo entre Rivera Schatz y González, período durante el cual la comunicación entre ramas se mantuvo a través de jefes de gabinete y asesores; las bajas en el gabinete incluyen también a la exsecretaria de Vivienda, la exsecretaria de DACO y la exdirectora de DISCO.

El teniente coronel retirado Carlos M. Cuebas, portavoz del Fuerte Buchanan, advirtió que durante las próximas semanas habrá movimiento de soldados y vehículos militares en varios municipios de Puerto Rico, en el contexto del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba bajo la administración Trump.

El movimiento abarcará instalaciones en Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Salinas, Juana Díaz, Ceiba y San Juan, lo que puede generar alarma pública; el portavoz aclaró que los desplazamientos corresponden a entrenamientos de verano y no implican necesariamente una movilización operativa.

Fuerte Buchanan es la única instalación federal militar activa en Puerto Rico y el resto del Caribe; históricamente, entre mayo y agosto la Guardia Nacional de Puerto Rico realiza su Campamento Anual de entrenamiento con ciudadanos-soldados en distintos puntos de la isla.

El Senado aprobó el 26 de mayo de 2026 un paquete de medidas que incluye reconocer a los alguaciles judiciales como servidores de alto riesgo —permitiéndoles retirarse a los 55 años con 30 años de servicio—, exigir divulgación en línea de proyectos de construcción gubernamental que superen los cinco millones de dólares, y regular la venta de productos de kratom, entre otras iniciativas.

La exigencia de publicar en tiempo real el progreso, el costo y el contratista de obras públicas mayores crea un mecanismo de rendición de cuentas que actualmente no existe en ley; la reforma de retiro afecta directamente a los alguaciles del Poder Judicial, quienes hasta ahora no estaban clasificados como servidores de alto riesgo.

Los proyectos fueron impulsados principalmente por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago; la reforma al Registro de Personas Jurídicas busca eliminar un requisito de inscripción registral que ha sido señalado como obstáculo burocrático para la constitución de entidades en la isla.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acogió este martes la determinación del Departamento de Justicia de mantener cerrada la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, luego de que la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, enviara una carta al Senado explicando que la información adicional analizada —incluyendo entrevistas y el análisis de un fiscal externo— no aportó elementos suficientes para reabrir el caso ni para sustentar cargos de perjurio o intervención ilícita en procesos contractuales. Rivera Schatz prácticamente dio el asunto por cerrado durante la sesión, descartando que hubiera base para continuar la pesquisa.

La decisión cierra, al menos por ahora, la presión legislativa para investigar criminalmente a una secretaria del gabinete por su gestión previa en el Departamento de Salud; el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, había solicitado la reapertura alegando un contrato de $60,000 mensuales vinculado a un allegado de Roig Fuertes.

La investigación original fue archivada en octubre de 2025; la solicitud de reapertura presentada por Hernández incluyó 11 anejos con facturas, correos electrónicos y comunicaciones administrativas, todos evaluados en el análisis más reciente del Departamento de Justicia.

La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa administrativa de $1,500 al alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, tras concluir que no entregó información requerida para evaluar su informe financiero anual de 2023. Las partes suscribieron un acuerdo de transacción el 29 de abril de 2026, aprobado el 13 de mayo por el director ejecutivo Luis A. Pérez Vargas, que le concede 15 días para enmendar el informe y dispone el pago en plazos mensuales de $125 hasta marzo de 2027.

El acuerdo activa una obligación formal de divulgación financiera sobre un funcionario electo municipal, con advertencia de cobro coercitivo —incluyendo retención de salario o fondos de retiro— si incumple los plazos. La multa total incluye $500 de una sanción previa impuesta en septiembre de 2025, lo que indica un historial de incumplimiento con la OEG.

Ruiz Feliciano ocupa la alcaldía de Maricao desde enero de 2021. La Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) exige a los funcionarios públicos someter informes financieros anuales; la OEG tiene facultad para imponer multas administrativas y acudir al Tribunal de Primera Instancia para cobrar deudas no saldadas.

El senador Juan Oscar Morales anunció que solicitará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que cite con carácter de urgencia al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis Reinaldo González Delgado, para que responda preguntas sobre la crisis de servicio de agua en San Juan. La citación se contempla luego de que el alcalde Miguel Romero anunciara la posible radicación de una demanda federal contra la agencia.

Si prospera, la vista pública pondría al liderato de la AAA a rendir cuentas ante el Senado en plena crisis sanitaria que afecta a la capital. El alcalde de San Juan evalúa además demandar a la agencia bajo la Sección 1983 de la Ley federal de Derechos Civiles para exigir remedios judiciales que garanticen continuidad del servicio.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reconoció que la crisis del servicio de agua es una situación que se arrastra desde hace décadas. Romero ha denunciado en múltiples foros que la AAA actúa con indiferencia y falta de transparencia frente a las prioridades sanitarias de San Juan.

El 22 de mayo de 2026, el USCIS emitió un memorando que obliga a los extranjeros con estatus temporal en EE.UU. a tramitar la residencia permanente fuera del país mediante proceso consular, salvo en 'circunstancias excepcionales' cuya discreción queda en manos de los oficiales de la agencia. La abogada de inmigración Mariela García Amador, expresidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advirtió que la medida forzaría separaciones familiares que podrían extenderse por años.

García Amador señala que la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite ajustar estatus dentro de EE.UU. a quienes entraron con visa o parole— no ha sido modificada, lo que crea una tensión legal entre el memo y la ley vigente. En la oficina de San Juan había 1,464 solicitudes de ajuste de estatus pendientes al cierre del último trimestre del año fiscal 2025, la mayoría por reunificación familiar.

La administración Trump anunció desde principios de 2025 que atacaría la inmigración ilegal, pero este memorando amplía las restricciones al proceso legal de residencia permanente, revirtiendo una práctica de larga data que permitía el ajuste de estatus desde dentro del territorio estadounidense.

El académico Eliseo Colón Zayas publicó una columna de opinión en la que analiza el segundo mensaje de situación de estado de la gobernadora Jenniffer González como una 'operación semiótica' que, según argumenta, sustituye explicaciones económicas concretas con retórica gerencial y afecto político. El texto critica la ausencia de una explicación sobre el origen de los recursos prometidos y la celebración del rol de la Junta de Supervisión Fiscal como señal de continuidad colonial.

El análisis toca un debate estructural sobre cómo el liderazgo político puertorriqueño comunica la dependencia federal y la subordinación fiscal: si el discurso oficial presenta la aprobación de la Junta como logro, eso define qué se entiende por autonomía y progreso. La columna pone en tensión la narrativa de 'cumplir' con las condiciones materiales que la sostienen o no.

El mensaje de situación de estado es uno de los actos formales de mayor alcance comunicativo de una administración; el segundo de González llegó en un momento en que la Junta de Supervisión Fiscal sigue operativa, LUMA Energy enfrenta cuestionamientos continuos y la emigración y la infraestructura eléctrica e hídrica permanecen como temas sin resolución estructural.

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, expresó decepción ante el Mensaje de Estado de la gobernadora Jenniffer González, señalando que los bomberos quedaron excluidos de cualquier medida de justicia salarial y que el Gobierno mantiene una deuda acumulada por horas extra sin pagar.

Los bomberos llevan más de 500 días reclamando atención a condiciones laborales precarias, falta de personal y horas extra adeudadas; además, la gobernadora vetó dos proyectos legislativos que buscaban atender esos reclamos.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico ha sostenido un conflicto prolongado con el Ejecutivo en torno a justicia salarial y reconocimiento como primeros respondedores, sin que los mensajes de política pública anuales hayan incluido medidas concretas para el sector.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado contra Cuba una estrategia de presión que incluye bloqueo petrolero, mayor presencia militar, cargos federales y amenazas de intervención, replicando el modelo aplicado previamente en Venezuela.

Expertos advierten que campañas de presión similares no garantizan resultados similares, dado que Cuba —al igual que Irán— presenta condiciones muy distintas a las de Venezuela.

Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, señaló que Trump consideró la intervención en Venezuela un éxito y ha buscado replicar ese modelo en otros países.

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR), José Tirado, expresó el 22 de mayo de 2026 su decepción con el Mensaje de Estado de la gobernadora Jenniffer González, señalando que los bomberos quedaron nuevamente excluidos de cualquier medida de justicia salarial o reconocimiento laboral.

Según Tirado, los bomberos llevan más de 500 días esperando acción concreta del Ejecutivo, acumulan una deuda por horas extra sin pagar y enfrentan falta de personal; a eso se suma el veto de dos proyectos legislativos que buscaban atender sus condiciones laborales.

El SBUPR ha señalado en reiteradas ocasiones condiciones precarias en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, incluyendo jornadas extendidas, escasez de personal y compromisos salariales incumplidos; los dos vetos legislativos mencionados representan intentos previos del poder legislativo por remediar la situación que no prosperaron.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 21 de mayo de 2026 el Informe de Auditoría OC-26-31 sobre el Municipio de Añasco, que abarca el período del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024 e incluye 10 hallazgos por deficiencias en compras, contratación, recursos humanos y controles fiscales. Entre las irregularidades documentadas figuran un sobrepago de $2,320 en un contrato de equipo pesado, compras por $54,145 sin cotizaciones requeridas, y nombramientos de directores municipales que no cumplían los requisitos mínimos del Plan de Clasificación.

Las deficiencias afectaron áreas críticas de la administración municipal, incluyendo pagos relacionados con contratos de emergencia de los huracanes María y Fiona, y generaron pagos indebidos de diferenciales de sueldo por $3,445 y errores en liquidaciones de licencias que perjudicaron tanto al municipio como a exempleados; además, el informe incluye un comentario especial sobre multas por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El informe se suma a una serie de auditorías de la Oficina de la Contralora que han detectado irregularidades en municipios de la isla, incluyendo el reciente caso del Municipio de Lajas, donde una secretaria municipal alteró ilegalmente un contrato de equipo pesado vinculado también al período post-Fiona; el alcalde de Añasco, Kabir Solares García, respondió al informe indicando que adoptará medidas correctivas, aunque la Contralora mantuvo varios hallazgos.

La representante Swanny Enit Vargas Laureano, junto a la portavoz de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, radicaron el Proyecto de la Cámara 1287 para establecer un protocolo obligatorio que elimine del registro electoral a personas fallecidas en un máximo de 25 días. La medida crearía un mecanismo formal entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con plazos definidos y supervisión legislativa semestral.

El proyecto responde a señalamientos de que alrededor de 6,000 personas fallecidas aún figuraban en el registro electoral a menos de 24 horas de las elecciones de 2024, según análisis periodísticos citados por las legisladoras. La ausencia de plazos claros en la ley vigente ha dejado un vacío operacional que esta medida pretende cerrar antes de los próximos eventos electorales.

Aunque la ley actual permite compartir información de defunciones entre agencias, no establece un procedimiento uniforme ni plazos concretos para actualizar el registro electoral. Las autoras del proyecto comparan el modelo propuesto con el que ya obliga a notificar defunciones al DTOP para cancelar licencias de conducir.

El alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo respondió al informe OC-26-29 de la Oficina de la Contralora, que cubre de diciembre de 2020 a febrero de 2025, y que incluye un hallazgo sobre pagos ilegales por $75,623 relacionados con contratos de servicios legales. Alicea Vasallo aclaró que ese señalamiento corresponde a otro bufete de tasaciones, no al bufete ECIJA al que pertenece Jaime Sanabria.

El informe de la Contralora registra siete hallazgos sobre las operaciones del Municipio de Cataño; el hallazgo en disputa alega que el municipio realizó pagos ilegales por $75,623 al contratar servicios sin enmendar los contratos correspondientes.

La Oficina de la Contralora emitió el informe OC-26-29 cubriendo las operaciones municipales de Cataño durante un período de más de cuatro años; los informes de la OCPR son herramienta de fiscalización de los fondos públicos municipales y sus hallazgos pueden derivar en investigaciones adicionales.

El exsenador Eduardo Bhatia publicó una columna de opinión en la que argumenta que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debería alquilar equipos de votación mediante contratos de servicios, en lugar de comprarlos. Señala que adquirir tecnología electoral para usarla una vez cada cuatro años es fiscalmente irresponsable.

Puerto Rico enfrenta un potencial gasto de millones de dólares en máquinas de votación que, según Bhatia, quedarán obsoletas antes de volver a utilizarse; otras jurisdicciones ya adoptan el modelo de arrendamiento de servicios electorales.

La CEE ha adquirido equipos de votación en ciclos electorales anteriores, generando cuestionamientos recurrentes sobre el costo y la vida útil de esa tecnología en una isla con elecciones generales cada cuatro años.

El 22 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que podría ser quien finalmente intervenga militarmente en Cuba, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio declaró por separado que duda de que Washington pueda alcanzar una solución diplomática con el gobierno cubano actual, aunque expresó que la preferencia de Trump sigue siendo un acuerdo pacífico.

Las amenazas de intervención militar, combinadas con el bloqueo petrolero vigente y los cargos penales recién anunciados contra el expresidente Raúl Castro, elevan la presión sobre La Habana a niveles no vistos en décadas y aumentan la incertidumbre sobre una escalada en el Caribe.

Las declaraciones se producen un día después de que el Departamento de Justicia imputara en Miami a Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en 1996, parte de una campaña de presión más amplia de la administración Trump sobre Cuba desde la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026; el propio Trump había descartado apenas dos días antes una "escalada" contra la isla.

Tras el Mensaje de Situación de Estado del 22 de mayo, los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos "Johnny" Méndez y Thomas Rivera Schatz, anticiparon que el presupuesto consolidado de $33,570 millones presentado por la gobernadora Jenniffer González recibirá enmiendas, incluyendo partidas para la rehabilitación de Roosevelt Roads y $200 millones para mantenimiento de carreteras. Méndez calificó el plan de gastos como un proyecto de ley sujeto a cambios, no un documento definitivo.

Las enmiendas anticipadas por los presidentes legislativos abren una negociación formal sobre asignaciones específicas en un presupuesto que incluye $44 millones para escalas salariales de la Policía, $20 millones para oficiales correccionales y $27 millones para Medicaid, entre otras partidas con impacto directo en servicios públicos.

El presupuesto propuesto sería el segundo consecutivo balanceado y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal; la Cámara ya había señalado diferencias con el Ejecutivo sobre la reforma contributiva, y las enmiendas anunciadas reflejan la acostumbrada tensión entre el plan del Ejecutivo y las prioridades legislativas durante el proceso de aprobación presupuestaria.

El 21 de mayo de 2026, minutos antes de que la gobernadora Jenniffer González Colón iniciara su segundo Mensaje de Situación de Estado, senadores del PIP, del PPD y de oposición expresaron expectativas nulas o negativas; el portavoz popular Eliezer Molina Pérez resumió la postura al decir que "el estado del mensaje es que está en coma".

Las declaraciones de los legisladores de minoría —que abarcan desde el PIP hasta el PPD— reflejan un bloque de escepticismo transpartidario ante el principal ejercicio de rendición de cuentas del Ejecutivo, lo que anticipa una recepción legislativa adversa a los planteamientos de la gobernadora.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón cuestionó que González Colón pudiera reclamar el cumplimiento de sus promesas importantes, mientras el senador Adrián González Costa acusó al PNP de estar ajeno a la realidad del pueblo; el mensaje se ofreció en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes ante jefes de agencia, líderes municipales y legisladores de ambos cuerpos.

En sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2026, el Senado aprobó nueve proyectos de ley y varias resoluciones que cubren desde la figura del 'Docente Líder' en las escuelas públicas hasta la derogación de leyes obsoletas en materia de transporte, además de medidas sobre divorcios notariales, adultos mayores y transparencia en propaganda generada por inteligencia artificial.

Las medidas tocan directamente a familias en procesos de divorcio notarial, al sistema de educación pública y a municipios del oeste con crisis de agua potable, mientras que la extensión de incentivos contributivos en Río Piedras tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Varias de las iniciativas provienen del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y senadores de mayoría, y al menos dos proyectos —el PS 101 y el PS 220— regresan al Senado con enmiendas de la Cámara de Representantes, lo que indica que ya transitaron por ambos cuerpos legislativos.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, canceló el jueves 21 de mayo de 2026 los votos previstos y anunció que el Congreso recesaría hasta principios de junio, sin aprobar el proyecto de reconciliación fiscal que Trump había pedido culminar antes del 1 de junio. La legislación se atascó por el rechazo dentro del propio caucus republicano a partidas que incluyen $220 millones para el salón de baile de la Casa Blanca y un fondo de compensación para personas que participaron en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El retraso deja sin financiamiento garantizado por tres años a ICE y CBP, agencias centrales de la agenda migratoria de Trump, y expone fisuras entre republicanos moderados —John Kennedy, Susan Collins y Thom Tillis— y la Casa Blanca en un momento legislativo clave.

El proyecto forma parte del proceso de reconciliación fiscal que los republicanos han intentado usar para avanzar prioridades del presidente Donald Trump sin necesitar votos demócratas; la oposición demócrata, encabezada por Charles Schumer, buscaba forzar votaciones que comprometieran a senadores moderados.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 21 de mayo de 2026 el Informe de Auditoría OC-26-31 sobre el Municipio de Añasco, con 10 hallazgos que documentan irregularidades en compras, contratos, recursos humanos y desembolsos entre enero de 2021 y junio de 2024. Entre los hallazgos figuran pagos por encima de cuantías contratadas, compras por $54,145 sin las cotizaciones requeridas y nombramientos de directores municipales sin cumplir requisitos mínimos de preparación.

Las deficiencias incluyen pagos indebidos de fondos públicos, nombramientos irregulares en posiciones clave como director de Obras Públicas y director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, y controles débiles sobre desembolsos vinculados a los huracanes María y Fiona. El alcalde Kabir Solares García reconoció algunos señalamientos y se comprometió a medidas correctivas, aunque la Contraloría mantuvo varios hallazgos.

La Oficina de la Contraloría de Puerto Rico audita periódicamente los municipios del país para verificar el cumplimiento de leyes fiscales y administrativas; las opiniones cualificadas indican que, si bien los estados financieros son presentables en términos generales, existen excepciones materiales que requieren corrección. Añasco ha estado bajo atención pública reciente también por procesos penales relacionados con el exalcalde.

El Batallón de Transportación 841 y la Brigada 407 de Apoyo de Campo coordinaron operaciones militares desde Fuerte Buchanan para mover equipo de la Compañía de Ingenieros 756 a través del Puerto de Ponce y transportar soldados por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Las operaciones incluyeron también el movimiento de cientos de vehículos militares como parte de la Operación Sentinel Justice, descrita como uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes de la Reserva del Ejército estadounidense.

Las movilizaciones ocurren en un momento de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, luego de que Estados Unidos presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro, y subrayan el rol de Puerto Rico como punto logístico estratégico para operaciones militares en el Caribe y el hemisferio occidental.

Fuerte Buchanan opera con un presupuesto anual aproximado de $500 millones y brinda apoyo a una comunidad militar de cerca de 15,000 efectivos entre servicio activo, Reserva y Guardia Nacional de Puerto Rico. La isla ha funcionado históricamente como plataforma logística militar estadounidense en la región caribeña.

La representante Swanny Enit Vargas Laureano y la portavoz de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz radicaron el Proyecto de la Cámara 1287 para crear un protocolo obligatorio entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones que garantice la eliminación de personas fallecidas del registro electoral en un máximo de 25 días.

La medida responde a señalamientos de que miles de personas fallecidas permanecieron en las listas electorales durante los comicios de 2024, lo que compromete la precisión y confiabilidad del proceso electoral.

Aunque la ley vigente permite compartir información de defunciones entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones, no existen procedimientos claros ni plazos definidos para actualizar el registro; el proyecto establecería que los registradores distritales remitan mensualmente información de defunciones en los primeros 15 días del mes y que la Comisión procese las bajas en 10 días adicionales.

La jueza superior Iris L. Cancio González ordenó al Departamento de Hacienda emitir una notificación formal fundamentando la adjudicación de un contrato de publicidad de $8.7 millones del Negociado de la Lotería a Veintinueve de Febrero —agencia que trabajó la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón— en lugar de Digimedia, que obtuvo la puntuación más alta del comité evaluador con 95%. El injunction preliminar fue expedido el viernes y la moción de desestimación de Hacienda fue declarada no ha lugar.

El tribunal determinó que Hacienda incumplió con el debido proceso al no notificar formalmente la adjudicación ni informar los mecanismos de impugnación, pese a que el propio comité evaluador del Departamento había recomendado adjudicar el contrato a Digimedia sobre Veintinueve de Febrero, que quedó en el lugar más bajo entre las finalistas con 82%. La decisión sienta precedente sobre las garantías procesales aplicables a contratos de servicios profesionales adjudicados mediante procesos competitivos.

El Centro de Periodismo Investigativo documentó que Digimedia acumuló aproximadamente $47.2 millones en contratos vinculados principalmente al Negociado de la Lotería desde 2019. Paralelamente, el secretario auxiliar de OGPe Norberto Almodóvar Vélez fue removido de su cargo tras alegar que intervino para frenar la contratación de Digimedia en esa agencia, señalando presiones del secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, a favor de esa firma.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz anunció este miércoles la apertura de un proceso de comentarios públicos —con plazo hasta el 5 de junio— sobre los Proyectos del Senado 1173 y 1183, las dos medidas en disputa para reformar el sistema de permisos en Puerto Rico. La apertura ocurre en medio de una pugna abierta entre su propuesta alterna (PS 1173) y el proyecto de 800 páginas impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón (PS 1183).

Rivera Schatz advirtió que el proyecto de Fortaleza derogaría 14 leyes, armonizaría otras 29, crearía nuevas juntas regionales y tardaría más de un año en operacionalizar su estructura, mientras que su alternativa busca agilizar procesos de forma inmediata. El desacuerdo entre el Senado y La Fortaleza abre incertidumbre sobre cuál reforma —si alguna— avanzará esta sesión legislativa.

La OGPe ha sido señalada durante años como cuello de botella para el desarrollo económico; expertos y sectores como contratistas, bomberos y agencias ambientales han coincidido en que el sistema actual no funciona, aunque difieren en el alcance y urgencia de la solución. El secretario de Recursos Naturales y Ambientales Waldemar Quiles Pérez respaldó metas de modernización pero exigió preservar las funciones de fiscalización ambiental separadas de la otorgación de permisos.

El 20 de mayo de 2026, fiscales federales anunciaron cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves civiles del grupo Hermanos al Rescate; la gobernadora Jenniffer González Colón calificó la acusación como "un paso significativo y largamente esperado hacia la justicia" por el asesinato de cuatro trabajadores humanitarios estadounidenses.

Los cargos —que incluyen asesinato y destrucción de una aeronave— marcan el paso judicial más agresivo de Washington contra el liderazgo cubano en décadas, en un momento en que la administración Trump intensifica la presión sobre La Habana mediante bloqueo petrolero y otras medidas.

Castro, ahora de 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando ocurrió el derribo en 1996; ocupó luego la presidencia de la isla entre 2006 y 2018. La acusación se produce mientras Trump también estudia el futuro del bloqueo petrolero impuesto a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Una columna de opinión publicada el 19 de mayo de 2026 en El Vocero señala que las controversias electorales en Puerto Rico sistemáticamente quedan sin resolverse, citando como ejemplo reciente un reportaje de ProPublica sobre un alegado esquema de intercambio de drogas por votos en una prisión, cuya investigación federal fue detenida sin explicación pública.

La columna identifica un patrón que abarca controversias del 2012, 2020 y 2024 relacionadas con el voto de personas encamadas, el voto adelantado y centros de adultos mayores, argumentando que la falta de respuestas institucionales erosiona la credibilidad del sistema democrático.

Puerto Rico ha enfrentado cuestionamientos recurrentes sobre la integridad de procesos electorales en poblaciones vulnerables y bajo custodia; las querellas, según la columna, suelen pasar de agencia en agencia hasta disolverse sin que el país reciba conclusiones formales.

El Ejército de los Estados Unidos continúa movilizando tropas, vehículos y equipo pesado a través del Puerto de Ponce y el aeropuerto Luis Muñoz Marín, coordinado desde el Fuerte Buchanan, incluyendo la Operación Sentinel Justice; las operaciones ocurren días después de que Washington presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Las autoridades militares señalan que Puerto Rico se posiciona como punto estratégico para el movimiento militar en el Caribe y el hemisferio occidental, y que las operaciones generan actividad económica en transporte marítimo, manejo de carga y logística; el Fuerte Buchanan opera con un presupuesto anual aproximado de $500 millones y apoya a cerca de 15,000 efectivos.

El Batallón de Transportación 841 y la Brigada 407 de Apoyo de Campo coordinaron logística terrestre, marítima y aérea desde el Fuerte Buchanan; la Operación Sentinel Justice ha sido descrita como uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes de la Reserva del Ejército estadounidense.

La gobernadora Jenniffer González Colón radicó el miércoles 21 de mayo de 2026 ante la Legislatura la medida de administración A-118, dirigida a fortalecer los incentivos y la retención del personal de seguridad federal destacado en Puerto Rico.

La legislación forma parte de una estrategia de colaboración con el gobierno federal y fue evaluada en conjunto con el Proyecto del Senado 844, que establece una moratoria especial y alivio económico para empleados federales afectados por cierres del gobierno de Estados Unidos.

El PS 844 —pendiente de firma por la gobernadora— propone la 'Ley Especial de Moratoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico'; la administración considera que ambas medidas atienden objetivos distintos y pueden coexistir.

La gobernadora Jenniffer González firmó cinco leyes, vetó seis medidas y permitió que caducara sin firma la legislación sobre transparencia en las compras públicas.

Las decisiones ejecutivas sobre qué leyes entran en vigor y cuáles no determinan directamente las reglas del gasto gubernamental y la rendición de cuentas en contratos públicos.

La transparencia en las compras del gobierno ha sido un punto de tensión recurrente en Puerto Rico, especialmente tras los cuestionamientos sobre contratos durante la recuperación post-María y la pandemia.

La jueza Iris L. Cancio González emitió un injunction preliminar que obliga al Departamento de Hacienda a notificar formalmente los fundamentos de la adjudicación de un contrato publicitario de $8.7 millones a Veintinueve de Febrero —agencia que trabajó la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón— luego de que el comité evaluador de Hacienda había recomendado a Digimedia, la empresa que obtuvo la puntuación más alta (95%) frente al 82% de la adjudicataria. El contrato fue ejecutado el 3 de octubre de 2025 sin que Digimedia recibiera notificación formal ni información sobre mecanismos de impugnación.

El tribunal determinó que Hacienda violó el debido proceso al ignorar su propio comité evaluador y adjudicar el contrato a la empresa peor puntuada sin explicación, activando garantías procesales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme incluso para servicios profesionales contratados competitivamente. Paralelamente, el DDEC hizo referidos a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental contra el ex secretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, quien admitió haber intervenido para bloquear la contratación de Digimedia en esa agencia.

Digimedia había acumulado aproximadamente $47.2 millones en contratos vinculados principalmente al Negociado de la Lotería desde 2019; el secretario de Hacienda Ángel Pantoja Rodríguez pasó por encima de la recomendación de su propio equipo para adjudicar el contrato a Veintinueve de Febrero. Los registros de la Oficina del Contralor Electoral documentan donaciones a figuras del PNP por parte de los dueños de ambas agencias.

El comisionado residente Pablo José Hernández y cuatro congresistas demócratas —Robert García, Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Jesús 'Chuy' García— enviaron este miércoles una carta al inspector general interino del Departamento de Justicia federal, Don R. Berthiaume, solicitando que investigue si interferencias políticas o presión indebida frenaron la investigación sobre un alegado esquema de compra de votos con drogas en cárceles de Puerto Rico durante las elecciones generales de 2024. La petición también exige saber si el DOJ aplicó los mismos estándares de investigación y enjuiciamiento que aplica en casos similares de fraude electoral en otras jurisdicciones.

Los legisladores señalan que las alegaciones —respaldadas por un pliego acusatorio federal de San Juan y un reportaje de ProPublica— fueron consideradas suficientemente creíbles por autoridades federales como para emitir citaciones y desplegar personal investigativo, lo que hace más urgente explicar por qué no se presentaron cargos electorales adicionales. De confirmarse una interferencia política, quedaría comprometida la integridad del proceso electoral en recintos carcelarios de Puerto Rico.

El caso se inserta en una serie de controversias electorales recientes en Puerto Rico; la carta de los legisladores cita además la declaración de culpabilidad federal por financiamiento de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y su posterior indulto presidencial como antecedente que refuerza la necesidad de supervisión independiente.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) celebra reuniones con sus bases comunitarias mientras el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aprobó la creación de un Comité de Estrategia Electoral, ambos con miras a formalizar la Alianza de País para las elecciones de 2028. Un artículo publicado en Puerto Rico Te Quiero propone extender conversatorios pro-Alianza a los ocho distritos senatoriales comenzando este verano, para luego organizarse en todos los municipios durante los próximos dos años y medio.

En las elecciones de 2024, la Alianza obtuvo más de 390 mil votos, superando el 30% del electorado, el respaldo más amplio registrado históricamente por fuerzas progresistas en Puerto Rico. La propuesta busca capitalizar ese resultado integrando movimientos sociales y sociedad civil más allá de las estructuras partidistas.

La primera Alianza formal entre el PIP y el MVC se aprobó en febrero de 2022 —la primera alianza electoral oficial en la historia del PIP— y culminó en 2024 con Juan Dalmau alcanzando la segunda posición para gobernador, quebrando el modelo bipartidista PNP-PPD que dominó por más de medio siglo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció el 20 de mayo de 2026 un proceso de comentarios públicos —abierto hasta el 5 de junio— sobre los Proyectos del Senado 1173 y 1183, ambos relacionados con la reforma del sistema de permisos en Puerto Rico. El anuncio ocurre en medio de una pugna entre la propuesta impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, el PS 1183, y la medida alterna de Rivera Schatz, el PS 1173.

La disputa entre ambas propuestas refleja diferencias sustanciales de alcance: el PS 1183 deroga 14 leyes, armoniza otras 29 y crea una nueva estructura gubernamental que, según Rivera Schatz, tardaría más de un año en operar, mientras que el PS 1173 apunta a cambios operacionales inmediatos sin reorganización gubernamental extensa.

El sistema de permisos de Puerto Rico ha sido señalado durante años como uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y a la reconstrucción tras los desastres; la reforma ha generado vistas públicas con participación de agencias ambientales, contratistas y cuerpos de seguridad, cada uno con reservas sobre cómo equilibrar agilidad administrativa y fiscalización.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cinco medidas legislativas y vetó seis proyectos, según informó La Fortaleza el 19 de mayo de 2026; entre los vetos figura el Proyecto de la Cámara 593, que buscaba establecer la Ley de Transparencia en las Compras Gubernamentales de Puerto Rico.

La mayoría de los vetos se fundamentó en cargas fiscales sin fuentes de ingresos recurrentes; el rechazo a la ley de transparencia en compras deja sin respaldo legal un mecanismo de fiscalización ciudadana sobre la adjudicación de contratos gubernamentales.

La gobernadora citó advertencias de la Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS), que señaló que la medida de transparencia imponía obligaciones tecnológicas complejas sin mecanismo claro de implementación ni integración entre sistemas financieros y plataformas de compras.

La senadora Joanne Rodríguez Veve presentó la resolución R. del S. 512 para que el Senado investigue si el Gobierno ha cumplido con la Ley 84-2021, que ordena acciones concretas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico.

Más de cuatro años después de aprobada la ley, la resolución busca determinar si la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil fue siquiera constituida, si celebró reuniones, si rindió informes y si se utilizaron fondos públicos para cumplir las metas fijadas para 2025, 2027 y 2032.

La Ley 84-2021 estableció una política pública con metas escalonadas de reducción de pobreza infantil y creó una comisión interagencial para coordinar su ejecución; la resolución involucra al Departamento de la Familia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras agencias.

El representante José Cheito Hernández, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, radicó el Proyecto de la Cámara 1279 para abrir el mercado de inspección de vehículos de motor en Puerto Rico, prohibiendo el control monopolístico sobre los sistemas de inspección. Junto a esa medida, radicó la Resolución Conjunta 354 para ordenar al DTOP enmendar su reglamento de inspección vehicular e incorporar criterios claros de certificación, debido proceso y sanciones.

El proyecto enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para obligar al DTOP a promover la competencia entre proveedores certificados cada vez que se contrate a entidades privadas para la inspección vehicular, afectando a los aproximadamente 380 centros de inspección que operan en la isla. La medida surge tras hallazgos de deficiencias en la adjudicación, contratación y cancelación del contrato con Worldwide Environmental Products, Inc.

La iniciativa se deriva del trabajo legislativo en torno a la Resolución de la Cámara 352, que examinó el proceso contractual con Worldwide Environmental Products, Inc. y encontró posibles deficiencias en planificación, transparencia y ejecución. Según el legislador, sería la primera vez en décadas que se abre el mercado de inspección vehicular a la competencia en Puerto Rico.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) celebra reuniones con sus bases comunitarias mientras el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aprobó la creación de un Comité de Estrategia Electoral, dos procesos paralelos orientados a organizar la Alianza de País de cara a las elecciones de 2028. Desde hace dos meses se realizan conversatorios en San Juan para articular esa estructura más amplia.

La alianza entre el PIP y el MVC obtuvo más de 390 mil votos y superó el 30% del electorado en 2024, la votación más alta registrada por fuerzas progresistas en las elecciones de Puerto Rico. Expandir esa coalición a los ocho distritos senatoriales y a todos los municipios determinaría si ese resultado puede convertirse en una mayoría electoral en 2028.

La iniciativa de alianza entre ambas organizaciones fue aprobada por el MVC en febrero de 2022; tras un año de negociaciones, resultó en la candidatura de Juan Dalmau a la gobernación, que alcanzó la segunda posición y quebró el modelo bipartidista PNP-PPD vigente por más de medio siglo. Fue también la primera vez en la historia del PIP, fundado en 1946, que el partido acordó formalmente una coalición electoral.

La columnista Anabelle Torres Colberg publicó el 20 de mayo de 2026 una columna de opinión en El Nuevo Día en la que argumenta que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón acumula crisis sin resolverlas, producto de conflictos continuos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según la columna, la falta de transparencia y credibilidad en el manejo de cada controversia impide que ninguna quede verdaderamente resuelta, lo que genera un efecto acumulativo sobre la gobernabilidad.

La columna señala que los roces entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a política pública, nombramientos y manejo gubernamental han marcado la administración desde sus inicios.

El 17 de mayo, el alcalde de Fajardo José Aníbal Meléndez Méndez fue captado en vídeo insultando y amenazando con golpear a una persona durante un partido del béisbol Doble A entre los Cariduros de Fajardo y los Mulos del Valenciano de Juncos en el estadio Concepción Pérez Alberto. El vídeo fue publicado en Facebook por Luis Cruz Ayala, quien indicó que los insultos y amenazas fueron dirigidos a él.

Un funcionario electo protagonizó en público, frente a cientos de personas según el denunciante, un episodio de amenazas verbales de agresión física, lo que plantea cuestionamientos sobre la conducta de un primer ejecutivo municipal.

José Aníbal Meléndez Méndez es hijo del fenecido alcalde de Fajardo Aníbal Meléndez Rivera. El vídeo no muestra qué desencadenó la discusión, y varias afirmaciones de Cruz Ayala —como que el alcalde fue escoltado fuera del parque— no quedan corroboradas por las imágenes publicadas.

Siete de los 28 senadores de Puerto Rico declararon ingresos adicionales a su salario legislativo durante 2025, provenientes de consultorías, monetización de contenido digital, alquiler de propiedades y caballos, y servicios profesionales. El senador del PNP Ángel Toledo López reportó el mayor monto con $54,318, seguido por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz con $40,300 y el senador independiente Eliezer Molina Pérez con $25,763 netos de su canal de YouTube.

La Ley 97-1968 permite a los legisladores recibir hasta un 35% de su salario base —entre $73,775 y $110,663 según el cargo— en ingresos extra legislativos, pero prohíbe actividades que representen conflicto de intereses; la divulgación pública de estas fuentes de ingreso permite evaluar si esa línea se respeta.

El concepto de legislador ciudadano fue adoptado en 2013 mediante enmiendas a la Ley 97-1968, que eliminaron el pago de dietas por asistencia a vistas a cambio de permitir compensación extra legislativa. La Cámara de Representantes no había entregado al CPI la información equivalente al momento de la publicación.