Política y gobierno

El 18 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón respondió preguntas del senador federal Mike Lee, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, sobre las alegaciones del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, quien denunció presuntas intervenciones de La Fortaleza que le impidieron continuar en el cargo. González Colón calificó las alegaciones de "completamente falsas" y explicó que le pidió a Negrón Reichard cancelar un contrato que el propio exsecretario señaló como problemático.

La controversia interna sobre el DDEC trasciende ahora al escenario federal: el cuestionamiento ante un comité del Senado de Estados Unidos expone la crisis institucional en La Fortaleza a un foro con alcance y visibilidad sobre el estatus y el desarrollo económico de Puerto Rico.

Las declaraciones de Negrón Reichard desataron una cadena de reacciones: el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz acusó al asesor Francisco Domenech de haber mentido bajo juramento, llamó a su renuncia junto a la de la subsecretaria Itza García, y la Cámara activó mecanismos para exigir documentos al DDEC. La vista en que intervino la gobernadora trataba originalmente la situación de los territorios no incorporados.

La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) aprobó varias resoluciones el 18 de junio de 2026, incluyendo la convocatoria de una Asamblea General para el 11 de octubre en el Complejo Ferial de Ponce y una resolución anticorrupción de cara a las elecciones de 2028.

Será la primera asamblea abierta del PPD en la que todos los asistentes —no solo delegados— podrán votar para elegir la nueva Junta de Gobierno, lo que representa un cambio en la estructura interna del partido.

El PPD, actualmente en oposición, busca reorganizarse y proyectar agenda de gobierno; su presidente Pablo José Hernández también impulsó el H.R. 9246, Puerto Rico Democratic Self Determination Act, presentado en el Congreso el 10 de junio de 2026.

Un colectivo de 27 organizaciones anunció el 17 de junio una manifestación para el 30 de junio frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey, exigiendo su salida a 10 años de la firma de la ley Promesa.

La convocatoria reúne entidades comunitarias, sindicales, ambientales, políticas y sociales que señalan una década de recortes a servicios públicos bajo la autoridad de un organismo no electo que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

La ley Promesa fue promulgada por el Congreso en 2016 para reestructurar la deuda pública y restaurar la responsabilidad fiscal, aunque los convocantes sostienen que esas metas no se han alcanzado.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera advirtió que los señalamientos de corrupción e irregularidades en el gobierno de Puerto Rico —incluyendo los cuestionamientos surgidos durante la audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal el 17 de junio— debilitan la credibilidad de la isla ante el Congreso y ponen en riesgo fondos del Plan Vital, la transición al SNAP y la reconstrucción de FEMA.

Hernández Rivera vinculó directamente las controversias internas de la administración —entre ellas el alegado esquema de drogas por votos, pagos del PAN a personas fallecidas e investigaciones federales sobre el secretario de Salud— con el riesgo concreto de perder acceso a recursos federales críticos para más de 1.3 millones de beneficiarios de salud y para la reconstrucción post-desastre.

La advertencia se produce en el contexto de la comparecencia de la gobernadora Jenniffer González Colón ante el Senado federal, donde el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, había denunciado presuntas intervenciones políticas en procesos administrativos vinculados a fondos federales; González Colón calificó esas alegaciones de falsas y señaló que están bajo investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que solicitará un referido al Departamento de Justicia contra Abel Nazario, asesor de la gobernadora Jenniffer González Colón, por presuntamente intentar intimidar a un empleado de la AAA asignado en destaque a la oficina de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez. El incidente ocurrió durante una pausa de la Comisión Total con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

Rivera Schatz comunicó a los asesores legales del Senado su intención de proceder con el referido, señalando que Nazario presuntamente cometió un delito; el caso involucra directamente a un funcionario del ejecutivo y a un empleado de una agencia pública.

Abel Nazario se desempeña como asesor de la gobernadora Jenniffer González Colón; el incidente surgió en el marco de una vista de la Comisión Total del Senado en la que compareció el presidente ejecutivo de la AAA.

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, declaró el 17 de junio de 2026 que la agencia no ha recibido ningún referido formal de la Oficina de Ética Gubernamental ni notificación del gerente de flota del DDEC relacionada con alegaciones de mal uso de vehículos oficiales. Mercado Rivera añadió que tampoco han llegado quejas por otros canales oficiales.

La declaración crea una disonancia factual en la cadena institucional: la OEG había referido el asunto a la ASG como entidad competente en el uso de flota vehicular, pero la ASG afirma no haber recibido ese referido formalmente, dejando en suspenso qué agencia tiene el caso activo.

El asunto de los vehículos oficiales surgió como parte de la controversia desencadenada por las denuncias del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard contra el secretario de la Gobernación Francisco J. Domenech, que ya ha activado al PFEI, la OEG, el Departamento de Justicia y el Senado —donde el presidente Thomas Rivera Schatz radicó el 16 de junio de 2026 la Resolución del Senado 548 para una investigación legislativa.

El exsenador Juan Dalmau Ramírez descartó el 17 de junio de 2026, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, que aspire a la alcaldía de San Juan en las elecciones generales de 2028.

Dalmau, excandidato a la gobernación por el PIP, indicó que su enfoque no es un cargo específico sino capitalizar el apoyo electoral obtenido más allá de la base independentista para impulsar un cambio de gobernanza.

En las elecciones generales previas, Dalmau obtuvo un respaldo significativo de votantes fuera del movimiento independentista, lo que generó especulación sobre sus próximos pasos políticos.

El subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, Roberto Lefranc Fortuño, confirmó ante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que Yadira Rivera —ligada a Politank— y representantes de la firma Hernández LLC realizaron gestiones a favor del desarrollo Opus Miramar, y solicitó tiempo adicional para entregar información sobre el tratamiento contributivo dado al proyecto.

La confirmación amplía el mapa de actores que presionaron por beneficios para Opus Miramar, y se produce un día después de que se divulgara un referido del exsecretario Sebastián Negrón Reichard alegando que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presionó para que se le aprobara un crédito contributivo al proyecto.

El Senado ya radicó la Resolución del Senado 548 para investigar el proceso de contratación vinculado al DDEC, y la Cámara formalizó una petición para obtener el informe de la firma HRML, LLC. sobre presuntas intervenciones indebidas en la OGPe; Negrón Reichard también radicó una querella ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

El exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares declaró que existen bases jurisdiccionales para que agencias federales investiguen las denuncias del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, quien alegó irregularidades en un proceso de contratación de publicidad financiado con fondos federales.

El uso de dinero federal en el proceso cuestionado abre la puerta a una posible investigación federal, lo que elevaría la gravedad de las denuncias más allá del ámbito local.

Negrón Reichard presentó denuncias ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) contra el secretario de la Gobernación por presuntas intervenciones en un proceso competitivo de contratación publicitaria.

La Oficina del Inspector General (OIG) publicó el 17 de junio de 2026 un informe que documenta deficiencias en el manejo de propiedades de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo $322,087 en gastos cuestionados de electricidad y agua en estructuras clasificadas como cerradas, y cerca de $258,578 en alquileres no cobrados por contratos sin formalizar.

El erario dejó de percibir ingresos y siguió pagando servicios públicos en propiedades sin uso oficial registrado; entre los casos figura una institución educativa que ocupa una escuela pública desde 2023 sin contrato, con pérdidas estimadas en $145,989, y un operador de estacionamiento en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella con pérdidas de aproximadamente $100,500.

El examen cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026. La OIG atribuye parte de las fallas a vacíos administrativos tras una reorganización interna de la AEP y escasez de personal; los inspectores también encontraron escuelas ocupadas en Dorado, Yabucoa y Bayamón durante visitas a propiedades catalogadas como cerradas.

La secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres emitió el martes 16 de junio un comunicado escrito para aclarar la intervención de su agencia en la controversia generada tras la presentación de documentos por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, ante la OPFEI sin pasar por el Departamento de Justicia. Gómez Torres precisó que el documento de Negrón Reichard no constituye una querella nueva, sino una solicitud para ampliar una investigación ya activa contra dos exfuncionarios de la OGPe: Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera.

La jefa de Justicia rechazó públicamente lo que describió como intentos de "mancillar" la integridad de su departamento, señal de que la disputa entre funcionarios de la administración ha escalado a un nivel de confrontación institucional abierta.

La controversia involucra al secretario de la Gobernación Francisco Domenech, contra quien Negrón Reichard había dirigido inicialmente su queja, y se enmarca en una investigación existente de la OPFEI sobre presuntas actuaciones indebidas en contrataciones de servicios profesionales durante la incumbencia de Negrón Reichard en el DDEC.

La gobernadora Jenniffer González Colón designó a María Marín Colón como directora interina del COR3 a partir del 1 de julio de 2026, en sustitución de Eduardo Soria Rivera, quien deja el cargo por razones familiares de salud. La gobernadora sometió además al Senado la nominación de Carlos Ríos Pierluisi como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, entre otros nombramientos.

Marín Colón administró como subdirectora más de $30 mil millones en fondos federales del Programa de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos desde febrero de 2025, lo que apunta a continuidad operacional directa en los trámites de aprobación y desembolso que afectan proyectos en municipios, agencias y entidades sin fines de lucro a lo largo de la isla.

Eduardo Soria Rivera notificó su salida en abril de 2026 y su último día será el 30 de junio; Marín Colón, quien laboró como Oficial Principal de Infraestructura y Operaciones de COR3 del 2017 al 2023, fue subdirectora de la agencia desde febrero de 2025 y tiene trayectoria previa en el Departamento de la Vivienda administrando fondos CDBG-DR.

El Senado incluyó en su sesión legislativa del 15 de junio de 2026 el Proyecto del Senado 989, que autorizaría rifas, sorteos y bingos con premios en efectivo en los paradores. La Comisión de Turismo emitió un informe positivo firmado por la senadora Marissa Jiménez, con el endoso de la Compañía de Turismo y la Comisión de Juegos, pero sin evidencia de consulta a la Asociación de Hoteles.

ASSMCA se opone a la medida en su redacción actual, citando riesgos de salud pública por la expansión del juego problemático, y pide que cualquier aprobación venga acompañada de límites a premios, fondos adicionales para tratamiento y sistemas de evaluación periódica.

El autor de la medida argumenta que el objetivo no es fomentar el juego sino desalentar su proliferación informal; la reglamentación específica quedaría en manos de la Comisión de Juegos si el proyecto se aprueba.

La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz M. Colón Alicea, denunció el 14 de junio que durante la emergencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) fue relegado de sus funciones, dejando a los municipios a atender la crisis con recursos propios. Según el sindicato, la plataforma virtual del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no se activó hasta un martes, cuando múltiples municipios ya llevaban meses respondiendo a las consecuencias de la emergencia.

La exclusión del personal especializado del NMEAD de los procesos de coordinación aumenta, según el sindicato, el riesgo de duplicidad de esfuerzos, mala distribución de suministros y retrasos en asistencia a familias y comunidades vulnerables. La denuncia llega en plena temporada de huracanes y tras la reciente renuncia del director ejecutivo del COR3, lo que agudiza las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta del Estado.

El NMEAD es la agencia estatal responsable de coordinar emergencias bajo los protocolos del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) y el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS); su Procedimiento Operacional Estándar establece la activación del COE ante incidentes que afecten amplias áreas geográficas o requieran coordinación interagencial. La emergencia de la AAA, que afectó el servicio de agua a miles de residentes, había generado críticas previas sobre la lentitud de la respuesta gubernamental.

El 13 de junio de 2026, gremios de líderes y administradores de condominios declararon ante una comisión cameral en apoyo condicionado al Proyecto de la Cámara 1010, que transferiría al Tribunal de Primera Instancia las impugnaciones que DACO no resuelva en 60 días. Los gremios pidieron que la medida establezca jurisdicción concurrente para preservar a DACO como foro alternativo.

Si las querellas de condominios se redirigen exclusivamente al TPI, los titulares enfrentarían un proceso más costoso y técnico que el foro administrativo actual; la jurisdicción concurrente que proponen los gremios busca mantener una vía más económica para residentes.

DACO ha sostenido que el volumen de querellas sobre condominios le resulta inmanejable, lo que motivó el Proyecto de la Cámara 1010 como mecanismo alterno de adjudicación.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva OE-2026-029, que extiende hasta el 30 de junio de 2027 el plazo para que empleados públicos agoten balances de vacaciones acumulados en exceso al 30 de junio de 2026, y autoriza la prórroga de ciertos nombramientos transitorios mientras las agencias completan procesos de reclutamiento.

La medida protege a servidores públicos que, por necesidades operacionales de sus agencias, no pudieron usar sus licencias acumuladas dentro del término original, evitando así la pérdida de ese beneficio; también mantiene en funciones a empleados transitorios durante los procesos de reclutamiento regular.

El Ejecutivo indicó que la medida fue evaluada por la Junta de Control Fiscal; corresponderá a cada autoridad nominadora identificar a los empleados elegibles y remitir la información a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para su implantación.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó el 11 de junio de 2026 que la gobernadora Jenniffer González Colón realizará próximamente anuncios sobre cambios en la estructura gerencial de la AAA. No se precisaron qué posiciones serían afectadas ni cuándo se harían los nombramientos oficiales.

Los cambios se anuncian mientras miles de abonados en San Juan, Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto y otros municipios metropolitanos llevan semanas sin servicio de agua potable continuo. La determinación final de los nombramientos recaerá sobre la Junta de Gobierno de la AAA.

La AAA enfrenta cuestionamientos sostenidos por interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a la región metropolitana. La gobernadora aún no ha determinado públicamente cuáles posiciones dentro de la agencia serán modificadas.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, anunció que el proceso para recibir propuestas sobre sistemas de escrutinio electrónico abrirá el 24 de junio de 2026, y que espera adjudicar el contrato antes de que finalice el año. La Oficina de Gerencia y Presupuesto asignó $15 millones para la compra, compra financiada o alquiler del nuevo sistema.

El sistema que se adquiera será utilizado en las primarias de 2028, por lo que la adjudicación oportuna del contrato este año es necesaria para completar la fabricación, pruebas logísticas y validación antes de ese ciclo electoral.

Rivera Rueda hizo estas declaraciones tras participar en una vista pública de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, donde también se discuten otros cinco proyectos tecnológicos de modernización de la CEE, incluyendo el Sistema de Ayuda al Elector.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, confirmó el 11 de junio de 2026 que la gobernadora Jenniffer González Colón realizará próximamente anuncios sobre cambios en la estructura gerencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). No se precisó qué posiciones serían afectadas ni la fecha exacta de los anuncios.

Los posibles cambios ocurren mientras la AAA enfrenta semanas de interrupciones en el servicio de agua potable que han afectado a residentes de San Juan, Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto y otros municipios de la región metropolitana. La determinación final sobre nuevos nombramientos recaerá sobre la Junta de Gobierno de la agencia.

La AAA ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes por la calidad y continuidad de su servicio; la crisis actual en la zona metropolitana intensificó las presiones sobre su gerencia. Peña Payano indicó que la gerencia en funciones aún cuenta con la confianza de la gobernadora, aunque reconoció que ya existe la intención de realizar modificaciones.

El Proyecto de Administración 114, impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón, propone ampliar las facultades de los Profesionales e Inspectores Autorizados que emiten permisos de construcción y uso de terrenos, delegándoles funciones adjudicativas que hoy ejercen agencias como el DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Durante las vistas públicas ante la Asamblea Legislativa, múltiples organizaciones cuestionaron la medida citando un historial documentado de incumplimientos, permisos emitidos ilegalmente y ausencia de sanciones efectivas contra estos profesionales.

El proyecto reduciría el rol del Estado de evaluador previo a fiscalizador posterior en decisiones con impactos permanentes sobre el territorio, al tiempo que eliminaría la OGPe —la agencia actualmente encargada de imponer multas— sin establecer en el texto de ley los procedimientos para investigar o sancionar a los profesionales que cometan fallos. El proyecto también elimina una cláusula expresa que declaraba a estos profesionales individualmente responsables ante actos negligentes, generando incertidumbre legal sobre su responsabilidad civil.

La figura del Profesional Autorizado existe desde la ley de permisos de 2009 y ha sido señalada en informes de la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico por incumplimientos y emisión de permisos sin acreditación vigente. El caso de la Bahía Jobos en Salinas, donde la Junta de Planificación concluyó que permisos otorgados por un Profesional Autorizado habilitaron daños ambientales graves, resultó en una multa de $25,000 y una revocación de licencia de apenas dos años.

El Senado rechazó este jueves una petición del portavoz del PPD, el senador Luis Javier Hernández, para que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, remitiera información sobre su supuesta intervención en la promoción de un contrato de $38 millones para el programa Star Academy, una iniciativa que tanto el Departamento de Educación como la Adsef habían determinado que no era necesaria.

El rechazo impide que el cuerpo legislativo obtenga explicaciones formales sobre cómo un contrato millonario con fondos TANF llegó a considerarse para un programa que Educación ya había descartado por duplicar servicios existentes.

Según reportes de TeleOnce, la empresa de Luisiana NOLA Education presentó en mayo de 2025 una propuesta a Educación, que la rechazó; luego se dirigió al Departamento de la Familia buscando financiamiento mediante fondos TANF, proceso en el que Roig Fuertes habría tenido intervención directa, incluyendo un viaje oficial a Luisiana en diciembre de 2025 al que no asistió el entonces director de la Adsef.

El 11 de junio de 2026, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 1251, que autoriza a menores que hayan cumplido 16 años a inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico sin tutor, y dispone que todo padre o madre menor de edad podrá solicitar emancipación judicial al cumplir los 18 años sin consentimiento de progenitores. En el mismo día, el Senado dejó pendiente el PS 1096 del presidente Thomas Rivera Schatz, que propone reformar el sistema judicial.

El PC 1251 crea una vía legal independiente para padres y madres adolescentes que no depende del matrimonio, atendiendo un vacío en el ordenamiento jurídico que afecta a familias jóvenes vulnerables. La postergación del PS 1096 prolonga la incertidumbre sobre una reforma que ha generado oposición del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y Abogadas, y expertos en Derecho Constitucional que señalan riesgo a la separación de poderes.

La Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo, emitió informe favorable al PS 1096 pero recomendó eliminar la figura del "Patronato del Poder Judicial" y exigir cinco años de experiencia para jueces del Tribunal de Primera Instancia; a pesar de ello, la medida no llegó a votación. El PC 1251 surge en un contexto de actualización legislativa para reconocer capacidad jurídica a padres adolescentes más allá del matrimonio.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, presentó el Sistema para la Unidad de Exclusiones (UDEX), una plataforma unificada que automatizará y rastreará en tiempo real las exclusiones del Registro General de Electores por defunción, duplicidad, ciudadanía y otras causales. El sistema está en pruebas finales de validación con miras a operar en el ciclo electoral en curso.

El UDEX busca evitar la acumulación de registros de fallecidos sin procesar que se registró durante el pasado ciclo electoral, situación que Rivera Rueda atribuyó a retrasos en la transmisión de datos del Registro Demográfico y que generó cuestionamientos públicos sobre la integridad del padrón electoral.

La CEE enfrentó escrutinio público tras revelarse un volumen que Rivera Rueda calificó de "extraordinario" de registros de fallecidos pendientes de evaluación en el ciclo electoral anterior, problema vinculado a fallas en la coordinación con el Registro Demográfico.

El 11 de junio de 2026, el portavoz popular en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) información sobre una investigación que la agencia cerró recientemente contra el ex secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien era imputado de usar un vehículo oficial y chofer para asuntos ajenos a su cargo. La solicitud ocurrió el mismo día en que la Cámara de Comercio de Puerto Rico le otorgó a Negrón Reichard su premio de Colaborador/Ciudadano del Año.

La petición de información legislativa mantiene abierto el escrutinio público sobre la conducta de Negrón Reichard, cuya renuncia el 26 de mayo dejó sin resolver referidos activos ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la propia OEG.

Negrón Reichard salió del DDEC tras señalar que La Fortaleza intervino para revertir suspensiones sumarias que él impuso a empleados por posibles irregularidades en contratación; en su carta indicó que ya no gozaba de la confianza de La Fortaleza desde que refirió esos hallazgos a las autoridades correspondientes.

La CST, la Policía de Puerto Rico y el DTOP respaldaron en vista pública el Proyecto de la Cámara 994, del representante Jorge Navarro Suárez, que haría obligatoria la instalación de dispositivos de interbloqueo de ignición desde la primera convicción por conducir bajo los efectos del alcohol, como condición para recuperar el privilegio de manejar.

Desde enero de 2026 se han arrestado 2,514 conductores por manejar bajo efectos del alcohol y se han registrado 156 casos de reincidentes; estudios citados en la vista indican que el dispositivo reduce la reincidencia hasta en un 67% y las fatalidades relacionadas en aproximadamente un 26% en estados que lo exigen desde la primera ofensa.

La Ley 33 de 2011 ya establecía la instalación de estos dispositivos a partir de una segunda detención, a discreción del juez, pero nunca pudo implementarse por falta de reglamentación; la medida actual también desbloquearía fondos federales adicionales de la NHTSA.

El Proyecto de Administración 114, impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón, propone ampliar las facultades adjudicativas de los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados de permisos, incluyendo funciones que actualmente ejercen el DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Durante las vistas públicas ante la Asamblea Legislativa, múltiples organizaciones cuestionaron el historial de incumplimientos de estos profesionales y la ausencia de mecanismos claros de sanción en la medida.

El proyecto eliminaría la OGPe, la agencia actualmente encargada de multar y sancionar a estos profesionales, sin establecer en el texto del Código los procedimientos de investigación y penalidad que la sustituirían; además, eximiría a los Profesionales Acreditados de la responsabilidad civil por defectos de construcción o diseño que hoy contempla el Código Civil.

Los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados existen desde la ley de permisos de 2009; la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico han detectado fallas en su desempeño, y un caso en la Bahía Jobos, en Salinas, concluyó con una multa de $25,000 y revocación de licencia por solo dos años a un Profesional Autorizado vinculado a permisos irregulares.

Una fuente anónima solicitó una investigación formal sobre la gestión del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, alegando posibles conflictos de interés con el bufete Reichard & Escalera, firma propiedad de su abuelo Héctor Reichard de Cardona. La fuente señala que no encontró en los expedientes públicos de la Oficina de Ética Gubernamental documentación de inhibición de Negrón Reichard respecto a ese bufete ni a sus clientes en asuntos de incentivos contributivos.

El bufete Reichard & Escalera promueve servicios directamente relacionados con decretos contributivos e incentivos económicos, áreas que el DDEC administra a través de su Oficina de Incentivos, lo que sitúa el alegado conflicto en el corazón de las decisiones que tomó Negrón Reichard durante su incumbencia.

La Oficina de Ética Gubernamental exige a los funcionarios públicos documentar inhibiciones cuando tienen vínculos personales o familiares con entidades ante las cuales ejercen autoridad; la ausencia de esa documentación en los expedientes públicos es el eje central del planteamiento de la fuente.

En vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), la Policía de Puerto Rico (PPR) y el DTOP respaldaron el Proyecto de la Cámara 994, del representante Jorge Navarro Suárez, que haría obligatoria la instalación de dispositivos de interbloqueo de ignición desde la primera convicción por conducir bajo los efectos del alcohol. La PPR favoreció la medida pero recomendó que los detalles técnicos sean desarrollados mediante reglamentación, no fijados en la ley.

El director de la CST, José González Mercado, citó reducciones de hasta un 67% en reincidencia y aproximadamente un 26% en fatalidades en estados que aplican este modelo desde la primera ofensa; además, señaló que la aprobación desbloquearía fondos federales adicionales de la NHTSA. Desde enero de 2026, la PPR ha arrestado a 2,514 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, con 156 casos de reincidentes registrados en lo que va del año.

Una ley de 2011 —la Ley 33— ya contemplaba la instalación de estos dispositivos a discreción judicial desde la segunda convicción, pero nunca pudo implementarse por falta de reglamentación. Durante la vista se acordó enmendar el proyecto para que la redacción del reglamento recaiga en la CST junto al DTOP.

El 10 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 105-2026, que exige incluir una divulgación clara y visible en toda propaganda, anuncio o comunicación electoral generada o alterada mediante inteligencia artificial, y la Ley 107-2026, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 los incentivos contributivos para la rehabilitación de Río Piedras.

La Ley 105-2026 enmienda el Código Electoral y la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas para cubrir radio, televisión, internet y otros medios, reduciendo riesgos de desinformación en campañas futuras; la Ley 107-2026 mantiene beneficios de rehabilitación de propiedades, nuevas construcciones y creación de empleos en ese casco urbano, ahora con nuevos requisitos de orientación comunitaria y capacitación para empleados públicos.

La medida surge ante el crecimiento acelerado de herramientas capaces de generar contenido digital altamente realista; Puerto Rico no contaba hasta ahora con requisitos específicos de divulgación de IA en material político, y el Proyecto del Senado 101 fue de autoría del senador Carmelo Ríos.

El 10 de junio de 2026, la organización Abogados Populares del PPD envió una carta al presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Ken Martin, solicitando que el DNC examine si Luis Dávila Pernas —presidente del comité demócrata en Puerto Rico y militante del PNP— utiliza recursos del partido para atacar al comisionado residente Pablo José Hernández y promover figuras republicanas como la gobernadora Jenniffer González.

El comité demócrata en Puerto Rico recibe $17,500 mensuales del DNC, y de confirmarse el uso indebido de esos fondos, podría poner en riesgo ese financiamiento y exponer tensiones entre la estructura demócrata local y el único demócrata que representa a Puerto Rico en el Congreso.

Dávila Pernas, quien respaldó a la gobernadora Jenniffer González en las elecciones generales de 2024, dirige el comité local del DNC pese a ser militante del PNP; Abogados Populares alega que esa posición se usa para proyectar su imagen de cara a una posible candidatura a comisionado residente en 2028.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó ponencia ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado rechazando los Proyectos del Senado 1173 y 1183, que reformarían el sistema de permisos y evaluación ambiental. La organización juvenil La Jota, afiliada al MVC, anunció además su oposición al PC 1115, medida que eliminaría la Ley del Salario Mínimo (Ley 47-2021) y la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, y convocó a una manifestación frente al Capitolio para el 11 de junio de 2026.

Si el PC 1115 prospera, la fijación del salario mínimo —actualmente en $10.50 la hora— quedaría en manos de la Asamblea Legislativa, que por casi 25 años no ajustó esa cifra sin intervención federal o legislación separada; sectores como agricultura ($5.25/hora) y trabajadores por propina ($2.13/hora) quedarían con los niveles vigentes congelados. Los PS 1173 y 1183, según el MVC, delegarían funciones estatales de evaluación ambiental a entidades privadas y reducirían la participación ciudadana en la aprobación de proyectos.

La Ley 47-2021 creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo como mecanismo autónomo para revisar periódicamente ese piso salarial, ante el historial legislativo de décadas sin ajustes locales. La fuente señala que el comité de acción política patronal Democracia es Prosperidad financió 33 candidaturas en las pasadas elecciones, de las cuales 23 resultaron electas, incluyendo 14 representantes y 9 senadores.

El 8 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime el Proyecto de la Cámara 1165, del representante Eddie Charbonier Chinea, que obligaría a la AAA a publicar en su portal digital información en tiempo real sobre interrupciones del servicio de agua, niveles de tanques y estimados de restablecimiento en un plazo máximo de 60 minutos. La medida también exigiría notificación previa de 48 horas para trabajos programados y divulgación trimestral de métricas de desempeño operacional.

De convertirse en ley, cualquier ciudadano —no solo funcionarios municipales— tendría acceso gratuito a datos de telemetría, causas de averías y porcentaje de agua perdida por tuberías rotas; el incumplimiento reiterado podría conllevar multas y referidos a la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina del Procurador del Ciudadano quedaría a cargo de fiscalizar el cumplimiento mediante auditorías y reportes públicos.

La medida surge tras denuncias recurrentes de comunidades en toda la isla sobre falta de información durante emergencias de agua potable; el representante Denis Márquez Lebrón la enmendó en sala para incluir sanciones por incumplimiento e información sobre pérdidas de agua por infraestructura deteriorada, y citó una estipulación judicial del Municipio de San Juan con la AAA como modelo a replicar.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció que su proyecto de ley para transicionar a Puerto Rico del PAN al SNAP alcanzó 60 coauspiciadores en la Cámara de Representantes federal, la cifra más alta en la historia de la medida. El anuncio llega poco después de que Hernández asegurara $78 millones adicionales para el PAN como parte del proceso de asignaciones presupuestarias.

Los 60 coauspiciadores representan más del doble del apoyo logrado en el congreso anterior, e incluyen a los miembros de mayor rango de los comités de Agricultura, Asignaciones y Presupuesto. La transición al SNAP eliminaría el tope fijo de fondos del PAN y ajustaría la ayuda nutricional automáticamente ante crisis económicas o desastres naturales.

El proyecto tiene antecedentes que datan al menos de 2012, cuando el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi lo radicó con 12 coauspiciadores; bajo la incumbencia de Jenniffer González obtuvo cinco coauspicios en 2022 y 28 en 2024. Puerto Rico opera bajo el PAN, un programa con fondo de tope fijo distinto al SNAP que rige en los estados.

El 8 de junio de 2026, representantes del DACO comparecieron ante la Comisión de Gobierno de la Cámara y admitieron no contar con el personal suficiente para atender las más de 1,023 querellas activas relacionadas a condominios, mientras la Cámara evalúa el Proyecto 1010 que propone reducir a 60 días el plazo máximo para resolver esas controversias. Un juez administrativo de la agencia indicó que la plantilla pasó de aproximadamente 600 empleados hace cinco años a apenas 150 en la actualidad.

Con solo 150 empleados para todo Puerto Rico, el DACO no puede cumplir ni siquiera un plazo de 180 días para resolver querellas —hay casos activos desde 2020— lo que deja a miles de residentes de condominios sin solución a disputas sobre documentos, filtraciones e impugnaciones de reglamentos. El volumen también va en aumento: solo en lo que va de 2026 se han radicado 240 querellas nuevas.

El régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico históricamente ha generado disputas entre titulares y juntas de directores, y el DACO ha sido el foro principal para resolverlas; sin embargo, los comités de conciliación internos —previstos en la ley— han funcionado de manera deficiente o simplemente no se han constituido en muchos condominios, empujando casos sencillos directamente a la agencia.

El colectivo Jornada Se Acabaron las Promesas manifestó el 9 de junio de 2026 frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal en Hato Rey, provocando el desvío del tránsito en un tramo de la avenida Luis Muñoz Rivera. La portavoz Joselyn Velázquez anunció que la acción inaugura una jornada de manifestaciones en anticipación al décimo aniversario de la JSF y la Ley PROMESA.

La protesta busca visibilizar, según sus organizadores, que tras una década de supervisión fiscal las condiciones de vida en Puerto Rico han empeorado, no mejorado. La Ley PROMESA fue impuesta el 30 de junio y la Junta constituida el 31 de agosto de 2016, por lo que se aproximan fechas emblemáticas para ambos lados del debate.

La Ley PROMESA creó la Junta de Supervisión Fiscal con autoridad sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico, generando controversia sostenida sobre su impacto en servicios públicos, pensiones y autonomía legislativa local. El colectivo también señaló que tanto la gobernadora como el presidente del Senado carecen de poder decisivo frente a la Junta.

El 8 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos 'Johnny' Méndez sostuvieron una reunión para coordinar la agenda legislativa de cara al cierre de la sesión ordinaria. Fue Rivera Schatz quien divulgó imágenes del encuentro a través de sus redes sociales.

La reunión ocurre en la recta final de la sesión legislativa, período de negociaciones intensas para atender proyectos prioritarios, medidas presupuestarias y asuntos programáticos del Ejecutivo. El encuentro proyecta una estampa de coordinación entre las tres ramas de liderato del PNP tras meses de tensiones públicamente reconocidas.

A finales de mayo, Rivera Schatz admitió que las diferencias con González Colón persistían y reveló que llevaba meses sin conversar directamente con la gobernadora, aunque la comunicación se mantuvo a través de asesores y jefes de gabinete. González Colón también reconoció recientemente haber retomado el contacto directo durante las actividades de su Mensaje de Situación de Estado.

El columnista Rafael Cox Alomar analiza una demanda presentada por Digimedia que, según indica, contiene alegaciones de irregularidades en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

Si las alegaciones de la demanda resultaran ciertas, apuntarían a un patrón de conducta indebida en los niveles más altos del gobierno, aunque el texto disponible no provee detalles específicos de las cifras o cargos involucrados.

El artículo es una columna de opinión firmada por Rafael Cox Alomar publicada en El Nuevo Día; el texto completo no está disponible en el fragmento provisto, por lo que los detalles factuales de la demanda de Digimedia no pueden verificarse desde la fuente.

La contralora Carmen A. Vega Fournier divulgó el 8 de junio de 2026 una auditoría al Municipio de Quebradillas que identificó pagos indebidos por $922,922, incluyendo $513,233 en exceso sobre un contrato de asfalto originalmente pactado en $15,000 y $409,689 a una corporación cuyos principales oficiales presuntamente carecían de las licencias requeridas, correspondientes al período del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.

La Oficina de la Contralora recomendó recobrar ambas sumas y el informe emitió una opinión cualificada por seis hallazgos; al cierre del período auditado, cuatro demandas civiles pendientes contra el municipio sumaban $1,130,000.

La auditoría también identificó fraccionamiento de contratos de repavimentación por $381,215 para evadir el requisito de subasta pública, obras en la Plaza Pública Municipal que comenzaron 304 días antes de obtener el permiso de construcción, y cinco años fiscales consecutivos sin inventarios físicos de propiedad en la mayoría de las dependencias municipales.

El 8 de junio de 2026, el Senado aprobó cuatro proyectos en una sola sesión: el PS 1010 (órdenes de protección para víctimas de delitos con armas), el PS 1019 (reglamentación de escuelas de conducción especializada), el PS 852 (aumento del descuento en multas de tránsito de 30% a 40%) y el PS 1116, que crearía la 'Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus de Puerto Rico' y obligaría al otro progenitor a sufragar gastos del embarazo, aunque solo tras el alumbramiento y el establecimiento formal de la relación paternofilial.

El PS 1116, aprobado con 22 votos, fue enmendado respecto a su texto original —que permitía reclamaciones desde la concepción— lo que sus propias autoras reconocen como una protección menor para las madres que incurren en gastos de vitaminas, estudios diagnósticos y atención hospitalaria durante la gestación; el PS 852 aumenta el incentivo al pago oportuno de multas de tránsito a pesar de advertencias del DTOP sobre impacto presupuestario negativo.

El PS 1116 es de la autoría de la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve y de la senadora Nitza Morán del PNP; su alcance quedó limitado por enmiendas, aunque Rodríguez Veve señaló que el proyecto original era cónsono con la Ley 183 —antes PS 504—, aprobada en 2025, que reconoció al nasciturus como 'persona natural'. El PS 1010 y el PS 1019 son autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, mientras que el PS 852 fue impulsado por el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago.

El representante del PNP por el Distrito 3 de San Juan, José "Cheito" Hernández Concepción, respondió a cuestionamientos del PPD sobre el cumplimiento de promesas del alcalde Miguel Romero Lugo, citando que 58 de las 67 iniciativas del Plan Estratégico 2025–2028 están en progreso y 9 completadas.

La disputa partidista surge en medio de una crisis de agua potable en San Juan y con 284 proyectos municipales en curso que representan inversiones que superan los $704 millones, más $443.8 millones adicionales en proyectos de microrredes.

El PPD ha cuestionado el desempeño de la administración del alcalde Romero Lugo, incluyendo señalamientos sobre incumplimiento de promesas de gobierno y la crisis actual de agua potable en el municipio.

El 8 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de la Cámara 1165, de la autoría del representante Eddie Charbonier Chinea, que crearía la 'Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable de Puerto Rico'. La medida obligaría a la AAA a publicar en un portal digital gratuito mapas de zonas afectadas, niveles de tanques y estimados de restablecimiento dentro de 60 minutos de conocer una interrupción.

De convertirse en ley, la AAA tendría 90 días para implementar el sistema y quedaría sujeta a sanciones, multas y referidos a la Oficina de Ética Gubernamental por incumplimiento reiterado. La medida también exigiría notificación 48 horas antes de trabajos programados y divulgación trimestral de métricas de desempeño, incluyendo el porcentaje de agua perdida por tuberías rotas.

La legislación surge en respuesta a reclamos de múltiples comunidades sobre problemas recurrentes con el suministro de agua y la dificultad para obtener información precisa durante averías y emergencias; el representante Denis Márquez Lebrón citó durante el debate una estipulación judicial reciente en el caso del Municipio de San Juan como modelo de las obligaciones que la AAA debería asumir voluntariamente.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció el 8 de junio de 2026 que su proyecto para transicionar a Puerto Rico del PAN al SNAP alcanzó 60 coauspiciadores en la Cámara de Representantes federal, la cifra más alta en la historia de la medida.

Los 60 coauspiciadores representan más del doble del apoyo obtenido en el congreso anterior, e incluyen a los miembros de mayor rango de los comités de Agricultura, Asignaciones y Presupuesto; la transición al SNAP eliminaría el tope fijo del PAN y ampliaría la ayuda nutricional a cientos de miles de familias puertorriqueñas.

El proyecto tiene historial en el Congreso desde 2012, cuando el entonces comisionado Pedro Pierluisi lo radicó con 12 coauspiciadores; bajo la incumbencia de Jenniffer González obtuvo cinco coauspicios en 2022 y 28 en 2024, mientras que Hernández también aseguró recientemente $78 millones adicionales para el PAN como alivio inmediato.

El 8 de junio de 2026, en vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara, el DACO reconoció que con solo 150 empleados para toda la isla —frente a los 600 que tenía hace cinco años— no puede cumplir con un plazo de 60 días para resolver las más de 1,023 querellas activas de condominios que propone el Proyecto de la Cámara 1010. La agencia solicitó un plazo de 180 días y señaló que hay querellas sin resolver desde 2020.

La parálisis en DACO afecta directamente a residentes de condominios que esperan resolución sobre filtraciones, documentos retenidos por juntas de directivos e impugnaciones de reglamentos; solo en lo que va de 2026 se han radicado 240 querellas nuevas. Si el plazo de 60 días se aprueba sin recursos adicionales, los deponentes advirtieron que podría desalentar a ciudadanos a presentar sus reclamos.

El régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico concentra disputas entre titulares y juntas de directivos que históricamente han llegado al DACO por falta de mecanismos alternos funcionales; el proyecto en discusión busca activar comités de conciliación con poderes claramente definidos y explorar jurisdicción concurrente con los tribunales para descongestionar la agencia.

El 8 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez sostuvieron una reunión para coordinar la agenda legislativa de cara al cierre de la sesión ordinaria. Rivera Schatz divulgó imágenes del encuentro en redes sociales.

El encuentro ocurre en la recta final de la sesión legislativa, período en que se negocian proyectos prioritarios, medidas presupuestarias y asuntos programáticos del Ejecutivo. La reunión es notable porque se da tras meses en que Rivera Schatz reconoció haber estado sin comunicación directa con la gobernadora.

A finales de mayo, tras un encuentro en La Fortaleza, Rivera Schatz admitió públicamente que las diferencias con González Colón persistían, aunque aclaró que no habían afectado la ejecución del gobierno; la gobernadora también reconoció haber retomado la comunicación directa con el líder senatorial durante las actividades de su Mensaje de Situación de Estado.

Una columna de opinión publicada el 8 de junio de 2026 en El Nuevo Día llama a Puerto Rico a abandonar la noción del líder mesiánico o caudillo, apoyándose en la crítica a la 'teoría del hombre grande' formulada por el historiador escocés Thomas Carlyle en el siglo XIX.

El argumento cuestiona un patrón cultural y político arraigado en el que la ciudadanía deposita el cambio social en figuras individuales de carisma excepcional, en lugar de en estructuras colectivas.

La 'teoría del hombre grande' sostiene que el progreso histórico lo impulsan líderes de cualidades excepcionales; esa visión ha sido debatida por historiadores y cientistas políticos durante más de un siglo como explicación insuficiente del cambio social.

El 7 de junio de 2026, los municipios de San Juan y Bayamón formalizaron un acuerdo colaborativo de seguridad que permite el intercambio de tecnología, información y recursos especializados para fortalecer la prevención del crimen, apoyar investigaciones criminales y agilizar la respuesta a emergencias. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, presentó el pacto en conferencia de prensa.

La alianza une la infraestructura de vigilancia de las dos ciudades más pobladas del área metropolitana —incluyendo cerca de 1,200 cámaras en San Juan y 235 en Bayamón, además de lectores de tablillas y sistemas de IA— ampliando la capacidad de respuesta a crímenes y emergencias que cruzan fronteras municipales.

Los municipios de Puerto Rico han expandido sus propios cuerpos policiales y sistemas tecnológicos de seguridad pública en años recientes como complemento a la Policía estatal, cuya capacidad operacional ha sido objeto de escrutinio continuo.

La presidenta del SAME, Liz M. Colón Alicea, denunció el 8 de junio de 2026 que el gobierno intenta encubrir que el NMEAD recibirá solo $7.2 millones en fondos estatales para el próximo año fiscal, al argumentar que la agencia se nutrirá de otras partidas para llegar a $12.5 millones totales.

El sindicato sostiene que los fondos federales que componen la diferencia tienen usos restringidos y no pueden sustituir libremente las asignaciones estatales, lo que mantendría sin resolver las carencias de personal y capacidad operacional en la agencia responsable de coordinar respuestas a desastres en Puerto Rico.

La disputa se da tras vistas de presupuesto en el Senado sobre la Resolución 111, donde funcionarios de NMEAD y del DSP defendieron la partida estatal de aproximadamente $7.192 millones; SAME alega haber sometido comunicaciones y memoriales técnicos a varias entidades de gobierno sin recibir respuesta.

El representante José "Cheito" Hernández Concepción respondió el 7 de junio a las acusaciones del PPD contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, argumentando que el mismo documento citado por el PPD muestra 58 iniciativas del Plan Estratégico 2025–2028 en progreso y 9 completadas, no un incumplimiento del 87%.

El intercambio expone una disputa de interpretación sobre el mismo documento municipal: el PPD lee 9 completadas como fracaso; el PNP lee 67 iniciadas como avance. Mientras tanto, el municipio reporta 284 proyectos activos con inversiones que superan los $704 millones en infraestructura y $443.8 millones adicionales en microrredes.

Las acusaciones del PPD, atribuidas a su secretario general Manuel Calderón Cerame, se basaron en el Plan Estratégico 2025–2028 del propio municipio y coinciden con críticas adicionales al alcalde Romero Lugo por la crisis actual de agua potable en San Juan.

El coronel jubilado Arnaldo Claudio envió cartas al presidente Donald Trump y a los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody pidiendo que se otorgue la Medalla de Honor del Congreso al veterano puertorriqueño Jorge Otero Barreto, apodado el 'Rambo boricua' por sus acciones en la guerra de Vietnam.

La campaña ha reunido el respaldo de organizaciones nacionales de veteranos como Vietnam Veterans of America y American GI Forum, así como del Senado puertorriqueño y el municipio de Vega Baja, lo que eleva la presión política sobre el Congreso federal.

Otero Barreto se distinguió durante los momentos más intensos de la guerra de Vietnam en la década de 1960 y desde entonces es considerado una leyenda entre veteranos de las Fuerzas Armadas; los esfuerzos por conseguirle esta distinción llevan años sin concretarse.

El columnista Benjamín Torres Gotay publica en El Nuevo Día una columna de opinión en la que describe un patrón recurrente durante el primer año y medio de la administración de la gobernadora Jenniffer González: contratos públicos que, según él, benefician a personas allegadas al gobierno.

La columna plantea un patrón sistemático en la adjudicación de contratos gubernamentales, lo que incide directamente en cómo se fiscaliza el uso de fondos públicos en Puerto Rico.

Las denuncias sobre favoritismo en contratos del gobierno de Puerto Rico tienen antecedentes en administraciones previas; la figura del contrato como instrumento político ha sido objeto de escrutinio legislativo y periodístico de forma recurrente en la isla.

El 6 de junio de 2026, decenas de manifestantes marcharon del Capitolio a La Fortaleza en la tercera protesta consecutiva contra la gobernadora Jenniffer González, exigiendo su renuncia y denunciando fallas en terapias de Educación Especial, distribución de agua potable y el alto costo de energía eléctrica. Las movilizaciones forman parte de una serie iniciada el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

Las protestas han ampliado su pliego de reclamos para incluir condiciones laborales de empleados públicos y la recién aprobada Ley 82, que exige una fianza del 10% del costo de un proyecto de construcción para impugnar su aprobación, lo que manifestantes califican como un desmantelamiento de protecciones ambientales.

La Ley 82 y las denuncias sobre falta de fondos en el Departamento de Educación para terapias de niños con necesidades especiales han sido los detonantes inmediatos; activistas y el Movimiento Juvenil por la Educación Pública figuran entre los principales organizadores de las convocatorias.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el Año Fiscal 2027 con $33.5 millones destinados a un Sistema de Tratamiento de Agua de Emergencia en Fort Buchanan, según anunció el comisionado residente Pablo José Hernández el 6 de junio de 2026. La legislación también incluye un aumento salarial de 3.8% para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

La inversión en infraestructura de agua en Fort Buchanan atendería necesidades críticas de la única instalación militar activa del Ejército en Puerto Rico, mientras el aumento salarial impactaría directamente el poder adquisitivo de las familias militares en la isla.

El comisionado residente Hernández también ha impulsado el TRICARE Equality Act (H.R. 2632), legislación que busca equiparar el acceso a beneficios de salud para la comunidad militar de Puerto Rico con el de sus contrapartes en los estados; esa medida no quedó incluida en esta versión de la NDAA, aunque continúa acumulando apoyo bipartidista.

El 6 de junio de 2026, el pódcast Voces del Cambio celebró el evento 'Voces on the Roof' en la calle Loíza, donde jóvenes universitarios y profesionales intercambiaron ideas con figuras como la senadora Joanne Rodríguez Veve, el exgobernador Alejandro García Padilla y la exsecretaria del DACO Valerie Rodríguez Erazo, entre otros.

El evento abordó la emigración juvenil y el envejecimiento poblacional de Puerto Rico, con participantes como el analista Luis Dávila Pernas advirtiendo que la isla se vaciará si no se legisla para retener a los jóvenes con medidas como subsidios de primera vivienda accesibles a profesionales.

Puerto Rico enfrenta una tendencia sostenida de emigración juvenil y una población en proceso de envejecimiento, factores que economistas han señalado como una amenaza estructural al desarrollo del país; iniciativas de networking entre jóvenes y líderes del servicio público buscan contrarrestar el desenganche cívico de las nuevas generaciones.

El académico Eliseo Colón Zayas publicó una columna de opinión en la que interpreta la crisis de agua en San Juan —que describe como extendida durante meses— como expresión de una transformación más profunda en el ejercicio del poder en Puerto Rico bajo la administración González.

El texto argumenta que la ciudadanía ya no espera transparencia ni rendición de cuentas del gobierno, y que la política contemporánea en la isla opera mediante la administración de percepciones y el cultivo del resentimiento en lugar de la resolución de problemas concretos.

La columna se enmarca en una serie de renuncias, controversias y pugnas internas que el autor describe como características de los primeros meses de la administración de la gobernadora Jenniffer González, y sitúa ese patrón dentro de la historia del pacto colonial puertorriqueño del siglo XX.

La Organización de Futuros Historiadores Deportivos, grupo estudiantil de la Escuela Manuel González Pató en Ponce, presentó a través del programa Estudiante Legislador la Resolución de la Cámara 323, que ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura investigar la viabilidad de ampliar la red de ciclovías en Puerto Rico.

De aprobarse, la resolución podría sentar las bases para una política pública que amplíe opciones de transporte seguro, económico y de bajo impacto ecológico en la isla.

El programa Estudiante Legislador permite a jóvenes de nivel escolar participar directamente en el proceso legislativo; la iniciativa fue codirigida por los profesores Edgardo Alvarado Grau y William Santiago Colón.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, anunció que la nueva escala salarial para agentes de la Uniformada entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y se reflejará en los cheques durante la segunda quincena de ese mes, pendiente de aprobación en el nuevo presupuesto.

González describió la revisión como la primera actualización de las escalas salariales en más de 20 años, y señaló que el presupuesto de la Policía para el próximo año fiscal será el más grande en la historia del cuerpo, que actualmente cuenta con entre 10,800 y 10,900 efectivos.

Representantes de varios gremios policiacos habían cuestionado recientemente cambios operacionales en áreas como Tránsito y Drogas, y la deuda acumulada por horas extras conocidas como las '480' permanece bajo auditoría contratada con fondos obtenidos por la administración.

Una investigación de Las Noticias de Teleonce reveló cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual NOLA Education LLC fue posicionada para recibir un contrato de hasta $38 millones en fondos federales TANF, destinados a un programa educativo en 25 escuelas públicas de Puerto Rico. Documentos internos, incluyendo una comunicación del 20 de mayo de 2026 de la administradora de ADSEF, Blanca Medina, a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, reflejan que ADSEF no intervino en la evaluación ni en la selección del contratista recomendado.

El contrato involucra fondos federales TANF —destinados a familias de escasos recursos— y la investigación señala que el programa nunca se implementó pese a haber avanzado hasta la notificación formal de adjudicación en enero de 2026, lo que plantea preguntas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia del proceso.

El Departamento de Educación había concluido inicialmente que los servicios propuestos ya existían dentro del sistema público; aun así, el proyecto fue promovido públicamente desde principios de 2025 y se realizó un viaje oficial a Nueva Orleans en diciembre de 2025, pagado con fondos TANF, para conocer el programa antes de que se completara el proceso de contratación.

El 5 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó referir al Departamento de Justicia a exfuncionarios del DTOP —entre ellos Arturo Deliz, exdirector de la Oficina de Investigaciones, y Mary Fuster, exdirectora de DISCO— y a una treintena de centros de inspección vehicular, tras aprobar el informe parcial de la investigación sobre marbetes fraudulentos e irregularidades en las estaciones. El reporte, de la Resolución de la Cámara 352, documentó 412 certificados irregulares emitidos por Yabucoa Auto Service en menos de dos meses mediante equipo no autorizado por el DTOP.

Los referidos incluyen también a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Inspector General, y el representante José Hernández Concepción no descartó referidos adicionales más específicos conforme avance la pesquisa. La comisión encontró que el DTOP tenía conocimiento de los hallazgos desde octubre de 2023 pero nunca tramitó cargos ni impuso multas.

La investigación legislativa surgió ante denuncias de irregularidades en las estaciones de inspección vehicular y la venta de marbetes fraudulentos; el caso de Yabucoa Auto Service cobró mayor atención por su vínculo con Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda. La comisión también recomendó enmiendas a la Ley 22 y a los reglamentos del DTOP para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, además de una auditoría sobre el proceso de selección del nuevo proveedor de equipos de inspección, Worldwide Environmental Products.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, confirmó que una nueva escala salarial —la primera revisión en más de veinte años— entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y se reflejaría en los cheques de los agentes durante la segunda quincena de ese mes, condicionado a la aprobación del nuevo presupuesto. González también anunció que a partir del próximo año fiscal la Policía contará con el presupuesto más grande en su historia.

La revisión salarial busca fortalecer el reclutamiento y la retención en un cuerpo que actualmente cuenta con entre 10,800 y 10,900 efectivos, y se produce en medio de reclamos históricos de los gremios policiacos que incluyen una deuda acumulada de horas extras y condiciones de retiro. Este año fiscal se desembolsaron cerca de $9 millones para complementar pensiones de policías retirados.

Los gremios policiacos habían cuestionado cambios operacionales en áreas como Tránsito y Drogas, y reclamaban atención a deudas por horas extras conocidas como las "480"; González respondió que se contrató una compañía para auditar esa deuda y que las horas extras corrientes continúan pagándose.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso el 27 de mayo de 2026 una multa administrativa de $2,500 al exalcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, por nombrar en puestos municipales a dos personas convictas de delitos graves a nivel federal que no contaban con la habilitación requerida para el servicio público.

La violación atañe directamente al proceso de selección de empleados públicos: la OEG determinó que Soto Santiago ignoró requisitos legales al designar a Luis A. González Torres y a José Jonathan Ortiz Muñiz en puestos dentro del Municipio de Las Marías.

La querella derivó en una resolución en la que la OEG acogió en su totalidad las recomendaciones de la oficial examinadora, concluyendo que Soto Santiago violó el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó públicamente el veto al Proyecto del Senado 769, que buscaba crear el Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial de Puerto Rico, y cuestionó que el gobierno alegue falta de fondos para IA mientras asigna $9.5 millones a iniciativas bajo la dirección de Verónica Ferraiuoli.

El intercambio expone una tensión abierta entre el liderato legislativo y el ejecutivo sobre las prioridades de gasto público en tecnología, con una cifra concreta de $9.5 millones en disputa.

El PS 769 proponía institucionalizar la política pública de inteligencia artificial en Puerto Rico mediante un ente de desarrollo e innovación; su veto eliminó ese marco antes de que entrara en vigor.

El exsenador Eduardo Bhatia publicó una columna de opinión el 5 de junio de 2026 advirtiendo que ese mes traerá decisiones trascendentales —tanto en San Juan como en Washington— que afectarán la economía, educación, derechos y futuro de Puerto Rico.

Bhatia señala que los asuntos en juego este junio tendrán consecuencias directas sobre la isla, aunque el texto disponible no detalla las cifras ni los casos específicos.

La columna se publica en un momento en que el Capitolio de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos suelen concentrar actividad legislativa y judicial de alto impacto durante el cierre de sus respectivos periodos de sesiones.

Una investigación de Las Noticias de Teleonce reveló cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual NOLA Education LLC fue recomendada para un contrato de hasta $38 millones en fondos federales TANF para establecer el programa Star Academy en 25 escuelas públicas de Puerto Rico. Documentos internos muestran que la administradora de ADSEF, Blanca Medina, indicó en una comunicación del 20 de mayo de 2026 a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, que su agencia no intervino en la evaluación ni en la selección de la entidad.

El contrato involucra hasta $38 millones en fondos federales TANF destinados a servir a cerca de 2,000 estudiantes, y los documentos apuntan a irregularidades en la transparencia del proceso de adjudicación, incluyendo un viaje oficial a Nueva Orleans en diciembre de 2025 pagado con esos mismos fondos. El Departamento de Educación había concluido inicialmente que los servicios ya existían dentro del sistema público.

El programa fue promovido públicamente desde principios de 2025, meses antes de que se formalizara el proceso de contratación por invitación. Aunque la adjudicación fue notificada en enero de 2026, la secretaria Roig sostuvo que el proyecto nunca se implementó por falta de participantes elegibles.

El periódico Claridad publicó un artículo de opinión que llama a personas en Puerto Rico, América Latina y el Caribe a denunciar el bloqueo de petróleo impuesto por el gobierno de Donald Trump contra Cuba y a rechazar el uso de suelo puertorriqueño para ejercicios militares estadounidenses que pudieran derivar en una intervención militar en la isla.

El texto denuncia que el bloqueo amenaza la salud y la vida de millones de cubanos, y señala que líderes progresistas y de izquierda en la región han guardado silencio ante esta situación.

El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba data de 1961, y fue reforzado por las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996; el artículo sitúa las medidas actuales de la administración Trump como una intensificación de esas sanciones históricas.

El jueves 4 de junio de 2026, la mayoría del PNP en la Cámara de Representantes derrotó por descargue y sin vistas públicas el Proyecto de la Cámara 1278, presentado por el representante Ensol Rodríguez, que buscaba eliminar el derecho al voto de confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más.

La derrota bloquea un cambio que habría restringido derechos electorales de parte de la población correccional; el trámite expedito impidió la participación ciudadana que el propio presidente de la comisión evaluadora había prometido.

El derecho al voto de los confinados en Puerto Rico fue legalizado durante la gobernación de Carlos Romero Barceló; el proyecto era coauspiciado por la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, y Rodríguez argumentó que responde a reclamos de sus constituyentes.

El 4 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por descargue y a viva voz la medida de La Fortaleza que autoriza tablillas conmemorativas del 250 aniversario de Estados Unidos, pero enmendó la pieza para que los recaudos vayan al Fondo General en lugar de financiar los actos oficiales del 4 de julio. También se eliminaron una licencia de conducir conmemorativa y una tienda de memorabilia.

La decisión desvincula los ingresos generados por las tablillas —disponibles entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027— de cualquier celebración específica del Día de Independencia de EE.UU., respondiendo a las reacciones que había generado ese destino de fondos en diversos sectores.

La medida original, la Resolución Conjunta del Senado 189, provenía de La Fortaleza e incluía lenguaje que permitía al Gobierno solicitar donativos de fuentes públicas y privadas para nutrir un fondo especial destinado a los actos del 4 de julio; todas esas disposiciones fueron eliminadas en la Cámara.

La gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto del Senado 769, impulsado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que establecía política pública sobre inteligencia artificial y creaba un instituto en esa materia, alegando incompatibilidad con el Plan Fiscal certificado y ausencia de análisis presupuestario independiente. Rivera Schatz respondió el jueves calificando el veto de 'grave error' y cuestionando la partida de $9.5 millones asignada en el presupuesto a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), dirigida por Verónica Ferraiuoli.

El choque expone tensión entre el liderato legislativo y el ejecutivo sobre las prioridades fiscales para el año fiscal 2026-2027, cuyo presupuesto de $13,180 millones con cargo al Fondo General está en discusión; la partida de $9.5 millones para IDEA supera la asignación de casi una decena de dependencias públicas y está bajo escrutinio de la Cámara.

El P. del S. 769 buscaba convertir en política pública del gobierno el manejo de la inteligencia artificial; la gobernadora no rechazó el objetivo de la medida, sino su viabilidad dentro de los parámetros fiscales vigentes bajo supervisión federal. La Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por Eddie Charbonier, ya tiene bajo la lupa la asignación a IDEA.

El exrepresentante por el PPD y especialista en ciberseguridad Jesús Manuel Ortiz publicó una columna de opinión analizando la orden ejecutiva firmada esta semana por el presidente Donald Trump, la cual permite al gobierno federal revisar sistemas de inteligencia artificial avanzados antes de su lanzamiento mediante un proceso voluntario de hasta 30 días.

Ortiz argumenta que la medida, aunque débil por carecer de dientes regulatorios obligatorios, representa el primer reconocimiento formal del gobierno federal de que la IA requiere supervisión pública; señala que sin participación obligatoria, las empresas pueden ignorar el proceso sin consecuencias.

El debate sobre regulación de inteligencia artificial ha estado dominado por dos posiciones opuestas —prohibir la tecnología o rechazar cualquier regulación— mientras la mayoría de los gobiernos aún improvisan respuestas; la Unión Europea cuenta con el Reglamento General de Protección de Datos como referente de regulación tecnológica con requisitos más estrictos.

La coordinadora de Eficiencia del Gobierno, Verónica Ferraiuoli Hornedo, explicó ante la Legislatura que aproximadamente el 75% de la solicitud presupuestaria de IDEA para el año fiscal 2027 se destinará a proyectos tecnológicos en diversas agencias, incluyendo firmas digitales, inteligencia artificial en cuadros telefónicos y una plataforma unificada de certificaciones ciudadanas.

Los proyectos anunciados proyectan reducir en un 89% los trámites burocráticos en papel en seis entidades gubernamentales y en un 70% las llamadas no contestadas en el Departamento de Estado y DACO, con miras a expandir la iniciativa a entre cinco y diez agencias adicionales.

IDEA opera bajo la Orden Ejecutiva 2025-009 de la gobernadora Jenniffer González Colón y ha operado hasta ahora sin presupuesto independiente; la Legislatura evalúa si la asignación de $9.5 millones solicitada está justificada dado que supera el presupuesto de casi una decena de instrumentalidades públicas.

La coalición Power4PuertoRico anunció el 3 de junio su respaldo a la puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez, quien compite el 9 de junio en las primarias demócratas del distrito representativo 1 de Carolina del Sur frente a otros seis aspirantes.

Rivera Vázquez, segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, sería una representante de la diáspora boricua en el Congreso federal si avanza en un distrito de mayoría republicana.

Rivera Vázquez ha abogado por familias desplazadas afectadas por la Ley 22, por los agricultores de Puerto Rico y por la autodeterminación como parte de la plataforma demócrata; cuenta además con el respaldo de los congresistas Nydia Velázquez y Ro Khanna, el excongresista Luis Gutiérrez y la organización Boricuas Unidos en la Diáspora.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó una auditoría de tecnología de información a la Administración de Vivienda Pública que identificó 23 cuentas de exempleados activas al 31 de diciembre de 2024, 412 cuentas sin uso por más de 90 días, y la ausencia total de planes de ciberseguridad, contingencia y recuperación de desastres. La auditoría cubrió del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025 y concluyó con opinión cualificada por seis hallazgos.

El Sistema Yardi afectado almacena información confidencial sobre composición familiar, situación económica y circunstancias personales de solicitantes y residentes de vivienda pública; la agencia manejó presupuestos de entre $562 millones y $900 millones durante los años fiscales auditados. La ausencia de planes de contingencia expone esa información y los servicios a interrupciones prolongadas y pérdida de datos ante cualquier incidente tecnológico.

La Administración de Vivienda Pública usa el Sistema Yardi para gestionar proyectos de vivienda, mantenimiento, asignación de unidades y el Programa de Sección 8. La propia agencia reconoció en sus comentarios que no cuenta con personal especializado en ciberseguridad y solicitó autorización para contratar recursos externos.

El comisionado residente Pablo José Hernández se unió este miércoles a representantes de más de 150 organizaciones latinas para exhortar al Congreso a rechazar un proyecto de reconciliación fiscal que asignaría $72,000 millones a ICE y CBP por tres años sin supervisión ni rendición de cuentas. El Senado tiene previsto votar el proyecto esta semana.

De aprobarse, la medida financiaría por tres años las operaciones de inmigración sin las reformas que los demócratas exigen tras denuncias de violaciones de derechos civiles y el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses; en Puerto Rico, operativos en zonas como Barrio Obrero ya han provocado que niños abandonen escuelas y personas eviten centros de salud.

El proyecto fue impulsado por el presidente Donald Trump fuera del proceso rutinario de asignaciones presupuestarias; la oposición estuvo liderada por la Federación Hispana, que convocó la conferencia de prensa en Washington D.C.

El 2 de junio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó los Proyectos 817 y 818, del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, para flexibilizar el requisito de buena conducta en el otorgamiento de licencias a técnicos de refrigeración y aire acondicionado y a peritos electricistas que hayan extinguido su pena carcelaria. Los candidatos serán evaluados según la naturaleza del delito, su rehabilitación y estabilidad laboral posterior, aunque quedan excluidos quienes tengan convicciones por delitos sexuales, maltrato de menores, trata humana o explotación financiera.

La medida amplía el acceso al mercado laboral formal para personas rehabilitadas en oficios técnicos de alta demanda, al mismo tiempo que establece salvaguardas explícitas para proteger a poblaciones vulnerables.

Puerto Rico exige certificados de buena conducta para obtener licencias ocupacionales en múltiples sectores, un requisito que históricamente ha operado como barrera de reinserción laboral para ex convictos incluso tras cumplir su condena.

El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, responsabilizó este martes al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al PNP por los problemas de acceso al agua potable en la capital, señalando que el municipio ha destinado cerca de $13.7 millones a comunicaciones y protocolo frente a unos $600,000 invertidos en atender la crisis.

La denuncia expone una disparidad presupuestaria alegada mientras residentes de San Juan han tenido que acudir al embalse San José a recoger agua, afectando especialmente a adultos mayores, personas con diversidad funcional y pacientes con condiciones médicas.

La crisis de suministro de agua en San Juan ha generado tensión entre el municipio y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); el propio alcalde Romero ha demandado a la AAA y un tribunal emitió citación a las partes.

El 2 de junio de 2026, el líder del Movimiento Victoria Ciudadana Manuel Natal Albelo publicó en redes sociales una serie de señalamientos alegando que figuras vinculadas al PPD —entre ellos García Padilla, el expresidente cameral Rafael 'Tatito' Hernández y el comentarista Ferdinand Pérez— mantienen relaciones profesionales con alcaldes, legisladores y estructuras del PNP, incluyendo al alcalde de San Juan y a la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los señalamientos apuntan a lo que Natal describe como una convergencia operacional entre los dos principales partidos del país, lo que, de corroborarse, cuestionaría la distinción programática que ambas organizaciones presentan ante el electorado.

Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan, ha sostenido de manera recurrente que el liderato del PNP y del PPD responde a intereses compartidos; esta publicación amplía esa tesis con nombres y fotografías vinculadas a la pasada campaña electoral en San Juan.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó este martes que no existe urgencia para confirmar un secretario interino en el DDEC, argumentando que una orden ejecutiva firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón en enero de 2025 delega facultades al secretario de la Gobernación para atender gestiones administrativas pendientes. Rivera Schatz también sugirió que las alegaciones que llevaron a la renuncia de Sebastián Negrón Reichard podrían ser ciertas.

La vacante en el DDEC se produjo tras una renuncia en la que Negrón Reichard denunció presuntas intervenciones de La Fortaleza, la reversión de suspensiones sumarias contra funcionarios investigados y un éxodo de más de diez funcionarios de liderato. La controversia involucra un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones y una investigación sobre alegadas irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

Negrón Reichard renunció hace menos de una semana denunciando que funcionarios del gobierno revirtieron medidas disciplinarias contra empleados vinculados a una investigación interna realizada por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza Eloina Torres Cancel.

La contralora Carmen Vega Fournier informó el martes que una auditoría de tecnología de información a la Administración de Vivienda Pública, que cubrió del 1 de enero de 2022 al 4 de junio de 2025, identificó seis hallazgos relacionados con seguridad tecnológica y control interno, incluyendo cuentas activas de exempleados, deficiencias en el Sistema Yardi y ausencia de planes de contingencia.

Al 31 de diciembre de 2024 permanecían activas 23 cuentas de exempleados —en algunos casos hasta 900 días después de su separación— y 412 cuentas sin uso por más de 90 días; el Sistema Yardi almacena información confidencial sobre composición familiar, situación económica y circunstancias personales de participantes de programas de vivienda pública, una población especialmente vulnerable.

La auditoría concluyó con una opinión cualificada —señal de deficiencias materiales— y halló que la agencia carece de programa de ciberseguridad, plan de contingencia y plan de recuperación de desastres; la propia gerencia de Vivienda Pública reconoció no tener personal especializado y solicitó autorización para contratar recursos externos.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, declaró el 2 de junio de 2026 que no se arrepiente de haber viabilizado la gobernación de Jenniffer González Colón y que la mandataria 'está tan sólida como los Vaqueros', mientras una encuesta de Lit Data registraba ese día un 62% de percepción negativa sobre su gestión.

Rivera Cruz controla la estructura política más fuerte reconocida al PNP a nivel municipal y fue pieza clave tanto en la primaria que González Colón le ganó al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia como en su campaña a la gobernación, por lo que su postura pública tiene peso en la dinámica interna del partido a año y medio de administración.

La encuestadora Lourdes Fernández, a través de Lit Data, lleva casi un año registrando aumentos en la percepción negativa de González Colón; el dato del 2 de junio se desglosa en 45.6% 'malísimo' y 16.2% 'malo', acumulado durante una administración marcada por múltiples retos de gobernanza y escándalos de corrupción sucesivos.

El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, responsabilizó este martes al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al liderato del PNP por la crisis de agua en la capital, alegando que el municipio destinó cerca de $13.7 millones a comunicaciones y protocolo frente a unos $600,000 en medidas de mitigación hídrica. La portavoz legislativa municipal del PPD, Ingrid Colberg, añadió que residentes han tenido que acudir al embalse San José a recoger agua.

Las cifras alegadas por el PPD —si se confirman— evidenciarían una disparidad marcada en las prioridades presupuestarias del municipio durante una crisis que afecta a comunidades de Santurce, Hato Rey y Río Piedras desde julio de 2025; el municipio ya había rechazado estas cifras en declaraciones previas. Calderón Cerame anunció que esta conferencia es la primera de varias acciones de fiscalización que el partido emprenderá contra el alcalde.

La disputa se suma a la demanda que el propio municipio de San Juan radicó contra la AAA exigiendo servicio estable, y a la convocatoria del Senado —mediante la Resolución del Senado 539— para una Comisión Total Especial el 17 de junio de 2026 donde el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, deberá comparecer ante el pleno.

El 2 de junio de 2026, Manuel Natal Albelo, líder del Movimiento Victoria Ciudadana, publicó en redes sociales una serie de señalamientos contra figuras vinculadas al PPD, alegando que mantienen relaciones profesionales con alcaldes, legisladores y estructuras del PNP, e identificando por nombre a García Padilla, Rafael 'Tatito' Hernández, Ferdinand Pérez, Jesús Santa y Juan Zaragoza.

Los señalamientos alimentan el argumento de que los dos principales partidos del país operan como un bloque político unificado en la práctica, una narrativa que MVC ha utilizado como eje de su propuesta electoral ante el electorado no alineado.

Natal se postuló a la alcaldía de San Juan en las elecciones más recientes y ha sostenido reiteradamente que el PNP y el PPD comparten intereses comunes; esta publicación extiende ese planteamiento con ejemplos específicos de relaciones laborales entre personas de ambas órbitas.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el 2 de junio de 2026 la Ley 97-2026, que enmienda el Código Municipal para clarificar facultades sobre propiedades declaradas estorbo público, modernizar estructuras municipales y crear el puesto de director de la Unidad de Auditoría Interna, entre otros cambios; también firmó una segunda ley de apoyo operacional a la Comisión Estatal de Elecciones. Ese mismo día vetó tres proyectos del Senado relacionados con empleados federales, un programa de reeducación para convictos por explotación financiera de adultos mayores, y ciberseguridad.

Los vetos revelan tensiones fiscales y legales: La Fortaleza citó posibles conflictos con regulaciones federales, impacto fiscal no cuantificado en el programa de reeducación, y duplicidad con legislación vigente en materia de ciberseguridad. La Ley 97-2026, impulsada por la Federación de Alcaldes, amplía la certeza jurídica y la capacidad operacional de los municipios.

La Ley 97-2026 surgió por petición de la Federación de Alcaldes y fue de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz; ajusta disposiciones sobre reciclaje, planificación territorial, contratación municipal y patentes, entre otras áreas. En cuanto al veto sobre ciberseguridad, González Colón argumentó que la Ley 40-2024 ya cubre los objetivos del proyecto rechazado.

El periodista Alberto Rullán anunció que regresará a Puerto Rico para asumir como portavoz oficial del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), bajo el gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El NMEAD es la agencia encargada de coordinar la respuesta gubernamental ante emergencias y desastres en la isla, por lo que su comunicación pública tiene impacto directo en cómo la ciudadanía recibe información crítica en momentos de crisis.

Rullán acumula 25 años de carrera en el periodismo; el nombramiento fue anunciado por el propio comunicador en redes sociales y cuenta con el respaldo del comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez.

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó tres proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa, entre ellos el Proyecto del Senado 844, que proponía ayudas para empleados federales ante un posible cierre del gobierno federal, una medida de desvío para convictos de explotación financiera de adultos mayores, y una ley de capacitación en ciberseguridad.

Los vetos bloquean iniciativas que atendían vulnerabilidades económicas de trabajadores federales en la isla, protecciones para adultos mayores víctimas de fraude, y el fortalecimiento de la infraestructura digital del gobierno puertorriqueño.

La gobernadora justificó los vetos expresos señalando problemas de política pública, conflictos con legislación vigente e implicaciones fiscales como razones que impedían la aprobación de las tres medidas.

El Senado federal retomó sesión el lunes 1 de junio de 2026 tras 11 días de receso para intentar aprobar un proyecto de reconciliación fiscal que financia ICE y CBP, medida que quedó paralizada dos semanas atrás por la controversia en torno a un fondo de compensación de $1,776 millones anunciado por el Departamento de Justicia que beneficiaría a personas que alegan persecución bajo la administración de Joe Biden, incluyendo acusados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El fondo de compensación ha generado oposición no solo entre demócratas, sino también entre cerca de una decena de senadores republicanos, poniendo en riesgo la coalición legislativa de la mayoría a cinco meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

El líder de la minoría demócrata, el senador Charles Schumer de Nueva York, anunció una estrategia coordinada para eliminar el fondo mediante enmiendas en el proceso de reconciliación, en el pleno del Senado, o en el proceso de asignaciones presupuestarias.

Con el inicio oficial de la temporada de huracanes el 1 de junio de 2026, el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) exigió al gobierno explicar cómo sostendrá el sistema de respuesta ante emergencias bajo las condiciones actuales. La presidenta de SAME, Liz M. Colón Alicea, señaló que los empleados del NMEAD continúan con reclamos pendientes de salarios, condiciones laborales, cumplimiento de acuerdos colectivos y recursos operacionales.

Aunque el pronóstico para la temporada 2026 es moderado —la NOAA estima entre 8 y 14 tormentas con nombre y un 55% de probabilidad de actividad por debajo de lo normal—, la advertencia sindical sugiere que el sistema de manejo de emergencias enfrenta fragilidades internas justo cuando más se le exige; el director del NWS, Ken Graham, ha subrayado que una sola tormenta basta para convertir cualquier temporada en catástrofe.

El comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, declaró el 31 de mayo de 2026 que el gobierno estaba listo para la temporada, postura que contrasta con las denuncias del SAME sobre brechas de personal y recursos; parte de la infraestructura de mitigación en Puerto Rico —incluyendo fondos pendientes de liberación— aún no estaba plenamente operacional al arranque de la temporada, mientras la administración Trump ha reconfigurado el rol federal en emergencias, colocando a los gobiernos locales en la primera línea de respuesta.

El sábado 31 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón encabezó una actividad de recaudación de fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Vivo Beach Club, en Isla Verde, que congregó una multitud según imágenes difundidas en redes sociales. El evento ocurrió días después de la renuncia pública del secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien denunció presuntas intervenciones indebidas de La Fortaleza y aludió a referidos ante entidades fiscalizadoras.

La concurrencia al fundraiser plantea preguntas sobre el impacto político real de la controversia generada por la salida de Negrón Reichard y de gran parte de su equipo del DDEC. Simultáneamente, frente a La Fortaleza se celebró una manifestación exigiendo la salida de la gobernadora, aunque con participación limitada.

Tras la renuncia de Negrón Reichard, González no tuvo actividades públicas abiertas a la prensa durante el resto de la semana, lo que redujo las oportunidades para que periodistas preguntaran sobre las alegaciones de su carta. Previo al evento, circuló una captura de pantalla que alegadamente mostraba instrucciones a empleados de confianza de una agencia gubernamental para asistir a la actividad política.

El Senado aprobó esta semana el PS 731 para hacer obligatorio el uso de la plataforma JEDI con inteligencia artificial en subastas gubernamentales, el PS 762 para incluir a fiscales, procuradores y agentes de investigaciones especiales en la categoría de 'Servidor Público de Alto Riesgo', y el PS 1005 para elevar a 75 años la edad máxima de renovación digital de licencias de conducir.

La adopción obligatoria de JEDI afectaría los procesos de contratación pública de todas las entidades cubiertas por la Ley 73-2019, y la expansión de la categoría de alto riesgo abre a fiscales de distrito, auxiliares, procuradores de menores y de familia, y agentes de rentas internas el derecho a retiro voluntario desde los 55 años con 30 años de servicio.

La plataforma JEDI existe en Puerto Rico bajo la Ley 73-2019, pero su implementación ha sido parcial; la Ley 11-2023 ya estableció beneficios especiales de retiro para servidores de alto riesgo, y el PS 762 busca ampliar quiénes califican bajo ese esquema.

La gobernadora Jenniffer González Colón remitió al Senado 13 nombramientos para el sistema judicial y entidades gubernamentales, entre ellos la nominación de Mariela Teresa Santini Rodríguez como jueza superior, Maritere De Jesús Aponte como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia, cinco fiscales auxiliares del Departamento de Justicia y a Waleska Rivera Torres —expresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico— como miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico.

Santini Rodríguez fue la primera fiscal en llegar a la escena del asesinato del niño Lorenzo González Cacho en Dorado en marzo de 2010 y recibió críticas por el manejo de esa escena, lo que convierte su nominación judicial en materia de escrutinio público; la inclusión de Rivera Torres en la Junta del Banco de Desarrollo Económico conecta al sector manufacturero con la dirección de ese organismo financiero.

El caso Lorenzo González Cacho, ocurrido en marzo de 2010, generó amplia controversia en Puerto Rico por el manejo inicial de la investigación; Santini Rodríguez estuvo ligada a esa etapa crítica del proceso. Los nombramientos del Ejecutivo requieren la anuencia del Senado bajo la Constitución de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 95-2026, originada en el Proyecto del Senado 50 de coautoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador Wilmer Reyes Berríos, que permite a la parte demandada en un desahucio presentar evidencia de aportaciones económicas o laborales a una vivienda compartida y exigir que el caso se dilucide por la vía ordinaria. En la misma jornada, vetó el Proyecto del Senado 276, que buscaba ampliar los servicios del Hospital Industrial a todos los pacientes que requirieran atención médico-hospitalaria, al entender que comprometería la estabilidad del sistema de salud.

La nueva ley ofrece protección legal a personas en relaciones consensuales o de concubinato que contribuyeron a un inmueble compartido y que antes podían ser desahuciadas sin poder hacer valer ese interés; el veto preserva el esquema actual del Hospital Industrial e impide su apertura a la población general.

La medida firmada enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico; el proyecto vetado intentaba enmendar la Ley Núm. 4-1935 del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para extender las facilidades del Hospital Industrial más allá de su función actual.

El viernes 29 de mayo de 2026, la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz radicó la Resolución de la Cámara 708 para que la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara investigue el acceso, uso, reducción, devolución y falta de utilización de fondos federales por parte del Gobierno de Puerto Rico durante los pasados cinco años.

Según un informe de la Junta Fiscal citado en la medida, Puerto Rico recibió aproximadamente $15,400 millones en fondos federales en el año fiscal 2025, cifra que representa cerca del 46 por ciento del presupuesto total del gobierno, en una isla donde alrededor del 40 por ciento de los residentes vive bajo el nivel de pobreza.

La resolución también busca identificar programas federales de los que Puerto Rico no puede beneficiarse por su condición de territorio, con la intención de que la Administración de Asuntos Federales y la Oficina del Comisionado Residente puedan gestionar acceso a esos recursos.

El 29 de mayo de 2026, la Infantería de Marina de Estados Unidos anunció que la 24ta Unidad Expedicionaria asumió oficialmente la misión de respuesta rápida táctica para el Caribe y Latinoamérica bajo la designación Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24), con más de 1,300 efectivos y operaciones desde el buque anfibio USS Fort Lauderdale. El comunicado fue fechado desde Puerto Rico, aunque no se precisó si la unidad está actualmente basada en el archipiélago.

La activación ocurre mientras la administración de Donald Trump no descarta una intervención militar en Cuba, y el Pentágono mantiene en la región el portaaviones USS Nimitz junto a destructores y cruceros de misiles guiados capaces de atacar objetivos en tierra. El territorio de Puerto Rico ha sido utilizado con mayor intensidad en meses recientes como parte de la operación 'Lanza del Sur'.

El Comando Sur de Estados Unidos abarca América Latina y el Caribe como área de responsabilidad, y Puerto Rico ha funcionado históricamente como plataforma logística y de proyección militar en la región. La operación 'Lanza del Sur' representa la escalada más reciente de presencia militar estadounidense en el archipiélago.

La Cámara de Representantes aprobó el 28 de mayo de 2026 una petición oficial, presentada por el representante Héctor Ferrer Santiago, ordenando al DDEC entregar en un término no mayor de cinco días el informe final de la firma HRM LLC sobre alegadas intervenciones indebidas en el proceso de adjudicación de un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones dentro de la OGPE. La petición surge tras la renuncia masiva del exsecretario Sebastián Negrón Reichard y más de diez funcionarios de alto nivel, quienes alegaron presiones desde La Fortaleza luego de que Negrón Reichard refiriera los hallazgos de la investigación a las autoridades correspondientes.

La aprobación legislativa convierte la entrega del informe —elaborado por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza Eloina Torres Cancel— en un requerimiento formal con plazo de cinco días, aumentando la presión pública sobre el ejecutivo en medio de referidos activos ante el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora. El caso involucra fondos federales y alegadas represalias contra empleados denunciantes.

La investigación de HRM LLC fue ordenada por el propio Negrón Reichard y resultó en la destitución del exsecretario auxiliar de OGPE, Norberto Almodóvar, antes de que La Fortaleza revirtiera las suspensiones sumarias emitidas como consecuencia de los hallazgos. Negrón Reichard denunció en su carta de renuncia que esa reversión dejó desprotegido al personal que había denunciado las alegadas irregularidades.

La columnista Milly Cangiano publicó el 29 de mayo de 2026 una columna de opinión en Primera Hora respaldando la designación de David Reyes como presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, calificándola de 'gran acierto' de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La columna refleja la recepción pública del nombramiento e identifica al equipo directivo que acompañará a Reyes —el Ing. Kennet Torres, Marietty La Santa y el Ing. Juan José Valentín— cuya continuidad podría incidir en la estabilidad operacional de la corporación durante la transición.

Reyes fue seleccionado para sustituir a Luis Rodríguez Díaz, quien renunció efectivo el 31 de mayo de 2026 para purseguir aspiraciones electorales a la alcaldía de Luquillo; la Junta de Directores lo eligió de manera unánime.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico identificó $32,962.15 en costos cuestionados en ASSMCA tras examinar gastos de viaje locales efectuados entre el 1 de enero de 2023 y el 27 de enero de 2026. Los hallazgos incluyen 91 órdenes de viaje aprobadas por personal sin autorización formal, atrasos de hasta 98 días en órdenes de viaje y discrepancias de millaje en 636 de 1,929 viajes individuales analizados.

El examen abarcó $124,804.56 en viajes locales tramitados durante el período, y el 100 por ciento de los 269 comprobantes revisados carecía de la firma del jefe de agencia o su representante autorizado, lo que revela deficiencias sistémicas en los controles internos de una agencia que maneja servicios de salud mental y tratamiento de adicciones.

El examen fue realizado en colaboración con la Oficina del Contralor de Puerto Rico. La gerencia de ASSMCA respondió al borrador del informe en diciembre de 2025 y anunció acciones correctivas, entre ellas actualizar el Registro de Firmas Autorizadas e incorporar el registro de odómetro como documentación requerida.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, calificó el jueves 28 de mayo la renuncia del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, como una 'pérdida' y pidió que el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental actúen con celeridad ante los referidos sobre presuntos actos ilegales en la agencia. Romero advirtió que demoras en esas investigaciones erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

Los referidos de Negrón Reichard apuntan a presuntas presiones indebidas, represalias contra una empleada denunciante y obstrucción de un proceso investigativo en torno a una contratación de publicidad financiada con fondos federales, lo que podría implicar violaciones al Código Penal, leyes anticorrupción y reglamentos federales.

Antes de renunciar, Negrón Reichard ordenó el 18 de mayo la suspensión sumaria de Norberto Almodóvar y Charlene Neuman, funcionarios de carrera del DDEC, tras una investigación del bufete HRML, LLC; dejó entrever que La Fortaleza ordenó revertir esas suspensiones, lo que precipitó su salida. Los referidos fueron enviados al Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental.

El 28 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes aprobó una petición oficial, presentada por el representante Héctor Ferrer Santiago, exigiendo al DDEC entregar en un plazo de cinco días el informe final de la firma HRM LLC sobre alegadas intervenciones indebidas en el proceso de adjudicación de un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones. La petición responde a las denuncias públicas del exsecretario Sebastián Negrón Reichard, quien junto a más de diez funcionarios de confianza renunció al DDEC alegando presiones desde La Fortaleza, incluida la reversión de suspensiones sumarias emitidas contra funcionarios vinculados a la controversia.

La Cámara busca fiscalizar el manejo de fondos federales y determinar el alcance de posibles intervenciones en un proceso competitivo de contratación gubernamental; la renuncia colectiva de más de diez funcionarios de liderato del DDEC, entre ellos el asesor legal general, la jefa de finanzas y el director de comunicaciones, agudiza la crisis institucional en la agencia.

La investigación fue conducida por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza y ex portavoz del FEI, Eloina Torres Cancel; el caso ya fue referido al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora, y el Departamento de Justicia evalúa si activa los mecanismos del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente bajo la Ley 2 de 1988.

La gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor y ligar el pago del seguro al proceso de inspección vehicular. En paralelo, firmó la Ley 94-2026, que enmienda la ley hipotecaria y las Reglas de Procedimiento Civil para agilizar transacciones en el Registro de la Propiedad.

El DTOP advirtió que la medida vetada habría generado una reducción de ingresos de aproximadamente $2.67 millones en el año fiscal 2025-2026, sin asignación presupuestaria para cubrirlos; además, la Oficina del Comisionado de Seguros señaló que restringía los canales de pago disponibles al ciudadano, eliminando opciones como colecturías, bancos, cooperativas y CESCO Digital.

El sistema de marbete electrónico y CESCO Digital han sido parte de un proceso de digitalización gubernamental que busca modernizar los trámites de vehículos de motor; el proyecto vetado pretendía actualizar las definiciones legales a esa realidad, pero sin marcos reglamentarios ni presupuesto de transición.

El jueves 28 de mayo de 2026, el Senado aprobó en sesión ordinaria varias medidas, entre ellas el PS 731 para centralizar subastas gubernamentales mediante inteligencia artificial con la plataforma JEDI, el PS 762 para ampliar la categoría de 'Servidores Públicos de Alto Riesgo' en el Sistema de Retiro, y el PS 1005 para elevar de 70 a 75 años el límite de edad para renovar digitalmente la licencia de conducir.

Las medidas afectan directamente los procesos de contratación pública —que bajo la Ley 73-2019 cubren todas las entidades gubernamentales— así como los beneficios de retiro de fiscales, procuradores, agentes de Rentas Internas y otros servidores de alto riesgo, y los trámites digitales disponibles a adultos mayores en DTOP.

La plataforma JEDI ha operado de forma parcial en el gobierno, mientras sistemas como Oracle han requerido configuraciones adicionales; el PS 731, presentado por el senador Wilmer Reyes Berríos, busca hacer obligatorio su uso uniforme en todas las entidades cobijadas por la Ley 73-2019.

El 22 de mayo de 2026, los representantes demócratas por Nueva York Nydia Velázquez y Gregory Meeks radicaron una resolución en la Cámara de Representantes para prohibir cualquier acción militar estadounidense contra Cuba que no cuente con autorización expresa del Congreso.

La medida surge ante declaraciones del presidente Donald Trump que no descartan una intervención bélica en Cuba, lo que además afectaría a cerca de 500,000 cubanos que residen legalmente en Estados Unidos y que el representante Meeks advierte podrían enfrentar deportaciones masivas.

Trump, al igual que otros presidentes, ha actuado militarmente sin solicitar autorización previa al Congreso; Meeks encabeza la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores y ha vinculado la postura hacia Cuba con más de 65 años de política exterior estadounidense y el bloqueo que ha generado una crisis humanitaria en la isla.

El senador por el Distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, anunció el 27 de mayo de 2026 que solicitará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, una Comisión Total para citar al presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, una vez el alcalde Miguel Romero Lugo radique la demanda contra la corporación pública.

La solicitud de Comisión Total añade presión legislativa a la acción judicial del municipio, lo que significa que González Delgado podría tener que responder ante el Senado —además de los tribunales— por la crisis de agua que afecta a los residentes de San Juan.

El alcalde Romero Lugo anunció ese mismo día que demandaría a la AAA tras agotar la interpelación formal y reuniones previas sin resultado; la AAA, por su parte, atribuye los problemas a 15 años de rezago operacional del exdirector regional de la zona metro y ha indicado que atenderá cualquier reclamación en el foro correspondiente.

El alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo adelantó el 27 de mayo que su propuesta de presupuesto consolidado para el próximo año fiscal asciende a $874.8 millones y destina $49.2 millones a operaciones policiacas, incluyendo fondos para reclutar 60 nuevos agentes y continuar aumentos salariales. El presupuesto operacional refleja un crecimiento de $27.9 millones respecto al año fiscal anterior.

El aumento en seguridad pública representa cerca de un 10% más que el presupuesto vigente, con una meta de elevar el salario de ingreso policial a $3,000 mensuales antes de que concluya el próximo año fiscal; sin embargo, el presupuesto de educación municipal bajaría de $45.9 millones a $41.1 millones.

La Policía Municipal de San Juan cuenta actualmente con 832 agentes; Romero proyecta haber sumado 211 policías durante los primeros dos años de su segundo término como alcalde. El municipio también creó en el año fiscal anterior un fondo especial de emergencias, que el nuevo presupuesto mantiene con una reserva de $5 millones.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actual actúa con prisa legislativa y administrativa —incluyendo cambios al Código Electoral y permisos de desarrollo— como si intentara asegurar ventajas políticas antes de las elecciones de 2028.

La pieza articula una crítica ciudadana sobre opacidad gubernamental, debilitamiento de protecciones ambientales y restricciones a la protesta, temas que afectan directamente la calidad democrática y el acceso a información pública.

El texto no cita leyes, contratos ni eventos específicos con nombre propio; su argumento descansa en patrones de conducta gubernamental que el autor describe como sistemáticos, sin ofrecer evidencia documental concreta.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced negó el 27 de mayo de 2026 haber solicitado la restitución de su servicio de escoltas y aseguró que, mediante carta enviada el 8 de mayo, renunció expresamente a dicha seguridad. En respuesta directa al superintendente Joseph González Falcón, quien afirmó en entrevista radial que Vázquez Garced había pedido una reconsideración, la exmandataria calificó esa versión de 'gran y mal intencionada mentira'.

El intercambio público entre Vázquez Garced y González Falcón revela versiones contradictorias sobre el mismo proceso administrativo, lo que pone en entredicho la transparencia con que la Policía manejó el retiro de los escoltas —cinco agentes y dos vehículos oficiales— y las comunicaciones posteriores. Vázquez Garced también alegó que el proceso estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

A mediados de marzo de 2026, González Falcón ordenó retirar las escoltas luego de una solicitud de la gobernadora Jenniffer González Colón y una evaluación legal del Departamento de Justicia, en el contexto del caso federal por corrupción que enfrenta la exgobernadora. La Policía ya había denegado, según González Falcón, una solicitud de reconsideración, versión que Vázquez Garced rechaza categóricamente.

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto del Senado 67, que buscaba enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor y vincular la selección y pago del seguro al proceso de inspección vehicular en vehículos con más de tres años de fabricación.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas estimó que la medida generaría una reducción de ingresos de aproximadamente $2.67 millones en el año fiscal 2025-2026 sin partida presupuestaria para su implementación, y la gobernadora advirtió efectos adversos sobre el ciudadano y las agencias concernidas por falta de claridad reglamentaria y cambios operacionales sin financiamiento.

La Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio data de 1995, y el sistema de marbete electrónico y CESCO Digital han transformado desde entonces cómo los conductores gestionan sus obligaciones vehiculares; el mismo día del veto, la gobernadora firmó una medida que enmienda la ley hipotecaria y la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actual actúa con urgencia desmedida —aprobando leyes electorales, desmontando protecciones ambientales y limitando el acceso a información pública— como si anticipara perder el poder en las elecciones de 2028.

La pieza señala cambios al Código Electoral y restricciones a la protesta y a la transparencia gubernamental como patrones que, de ser precisos, afectarían las reglas del juego democrático antes del próximo ciclo electoral.

Puerto Rico enfrenta elecciones generales cada cuatro años; el próximo ciclo sería 2028. Debates sobre reformas electorales, acceso a información pública y permisos para proyectos costeros han sido recurrentes en la esfera política puertorriqueña durante los últimos años.

La Junta de Directores de WIPR seleccionó de forma unánime al periodista David Reyes como nuevo presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, luego de que Luis Rodríguez Díaz anunciara su salida para continuar aspiraciones electorales. Rodríguez Díaz permanecerá al frente de la corporación hasta el 31 de mayo de 2026.

El relevo de liderazgo en la corporación pública de medios ocurre mientras WIPR mantiene designación oficial como medio de primera respuesta en emergencias, lo que hace crítica la continuidad operativa y editorial.

Durante la gestión de Rodríguez Díaz, WIPR firmó un acuerdo con WAPA Televisión para ampliar su programación a la diáspora puertorriqueña a través de la plataforma WAPA+, y fue designada por el Negociado de Manejo de Emergencias como medio de primera respuesta en televisión y radio. La gobernadora Jenniffer González Colón agradeció públicamente la gestión de Rodríguez Díaz durante su administración.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz se reunió el 26 de mayo de 2026 con la gobernadora Jenniffer González por menos de una hora para abordar el presupuesto del año fiscal 2026-27, la reforma de permisos, las finanzas gubernamentales y el proyecto de estatus. Al salir, Rivera Schatz calificó el encuentro de 'precisa' pero reconoció que las diferencias entre ambos 'existen'.

La reunión marca el primer contacto directo entre ambos líderes del Partido Nuevo Progresista tras meses de enfrentamientos públicos, en un momento en que el gobierno negocia el presupuesto y enfrenta una serie de renuncias en el gabinete de González. Ambos presidentes legislativos anticiparon una nueva reunión con la gobernadora para el 1 de junio.

Las tensiones entre Rivera Schatz y González se han desarrollado durante el cuatrienio actual, aunque el presidente senatorial sostuvo que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantuvo a través de jefes de gabinete y asesores. El gabinete de González acumula varias bajas recientes, incluyendo las del secretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña y la exdirectora de DISCO Mary Fuster Romero.

La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes celebró el 27 de mayo de 2026 una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1251, que otorgaría capacidad legal a menores de edad para inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico y actuar en su representación sin requerir tutor ni consentimiento parental.

El vacío legal actual puede retrasar semanas el registro de recién nacidos y limitar el acceso a servicios médicos básicos como vacunas, afectando directamente el bienestar de hijos de padres y madres adolescentes en Puerto Rico.

La medida fue radicada a petición de Proyecto Nacer; testimonios ante la Comisión describen casos concretos en que la minoría de edad de los progenitores les impidió, sin intermediarios adultos, completar trámites esenciales para sus crías.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) reforzó su iniciativa Comunidades Seguras —presentada en enero de 2026 por su directora ejecutiva, la Dra. Keren L. Riquelme Cabrera— en respuesta a hechos violentos recientes relacionados al narcotráfico y disputas territoriales en varios municipios de Puerto Rico.

El programa apunta a interrumpir ciclos de violencia en comunidades vulnerables a través de prevención temprana, mentoría y desarrollo juvenil, articulando alianzas con el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional.

La iniciativa forma parte del plan de trabajo de la gobernadora Jenniffer González Colón y se enmarca en la reconfiguración de rutas de narcotráfico que, según ODSEC, históricamente golpea con mayor fuerza a las comunidades de menor ingreso.

El 27 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón ofreció su segundo Mensaje de Situación de Estado ante la Cámara de Representantes, anunciando un presupuesto de $33 mil millones, una segunda fase de reforma contributiva y la consolidación de permisos en una sola agencia. Simultáneamente, una manifestación opositora en el lado sur del Capitolio reclamó atención a la crisis universitaria, el sistema de salud y la quiebra de New Fortress Energy.

La delegación del PIP señaló que el discurso ignoró la deuda millonaria de las aseguradoras del Plan Vital con el Hospital Universitario de Centro Médico y la crisis del sistema de salud, mientras la gobernadora presentó el presupuesto como el segundo certificado por la Junta de Control Fiscal desde 2016.

El mensaje se produjo ante legisladores, alcaldes de varios municipios, el exgobernador Luis Fortuño y la presidenta de la UPR Zayira Jordán Conde; afuera, figuras como Rafael Bernabe, María de Lourdes Santiago y Ángel Figueroa Jaramillo encabezaron la protesta y evocaron al activista viequense Ismael Guadalupe.

El Senado otorgó un plazo de 24 horas al Departamento de la Familia para entregar un listado completo —con nombres, puestos, fechas de designación y salarios— del personal de confianza del secretariado, luego de que la secretaria Suzanne Roig Fuertes respondiera el 14 de mayo a una petición aprobada el 7 de mayo sin incluir los nombres completos solicitados.

El incumplimiento podría derivar en acciones legales contra la agencia, y el caso pone a prueba la capacidad del Senado de hacer valer sus prerrogativas constitucionales de fiscalización sobre el Ejecutivo.

La Petición de Información 2026-0064, autoría del portavoz del PPD en el Senado Luis Javier Hernández Ortiz, fue aprobada de forma unánime por el Alto Cuerpo; la controversia surge porque la agencia respondió de manera parcial, omitiendo los nombres del personal que los legisladores consideran información pública no confidencial.

Una columna publicada el 27 de mayo de 2026 en Puerto Rico Te Quiero argumenta que el gobierno actúa con prisa inusual —modificando el Código Electoral, debilitando protecciones ambientales y restringiendo el acceso a información pública— como si buscara consolidar ventajas antes de las elecciones de 2028.

El texto señala cambios al Código Electoral y permisos para proyectos que alteran comunidades costeras como ejemplos concretos de legislación que, según el autor, favorece al partido en el poder a expensas del interés público.

La columna no atribuye acciones a funcionarios específicos ni cita legislación por nombre; su argumento descansa en patrones generales de conducta gubernamental que el autor describe como estructurales en la política puertorriqueña.

La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa de $3,000 al alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, por haber llegado en un Ford Explorer del Municipio a actividades de su comité político el 9 de marzo de 2024, donde se vendieron almuerzos para recaudar fondos y se transmitió un programa radial de campaña.

La resolución establece que Rivera Rodríguez violó la Ley de Ética Gubernamental al usar recursos públicos para beneficio privado electoral, sentando un precedente formal sobre el uso indebido de propiedad municipal con fines partidistas.

La OEG fundamentó la sanción en la Resolución 25-77, citando violación al Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012; la investigación fue conducida por la oficial examinadora Lourdes Vázquez Vargas a partir de evidencia publicada en redes sociales.

La gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez se reunieron en La Fortaleza para discutir el cierre de la sesión legislativa, el presupuesto, la ley de permisos, las finanzas gubernamentales y el proyecto de estatus. La repentina salida de Sebastián Negrón Reichard como secretario del DDEC —junto a otros nueve integrantes de su equipo— no fue parte de la conversación.

El encuentro reúne por primera vez a los tres líderes de las ramas ejecutiva y legislativa en un momento crítico para la negociación presupuestaria, mientras el gabinete acumula bajas notables; la ausencia del tema del DDEC en el diálogo deja sin respuesta pública la circunstancia de la salida de Negrón Reichard y su equipo.

La reunión ocurre tras meses sin diálogo directo entre Rivera Schatz y González, período durante el cual la comunicación entre ramas se mantuvo a través de jefes de gabinete y asesores; las bajas en el gabinete incluyen también a la exsecretaria de Vivienda, la exsecretaria de DACO y la exdirectora de DISCO.

El teniente coronel retirado Carlos M. Cuebas, portavoz del Fuerte Buchanan, advirtió que durante las próximas semanas habrá movimiento de soldados y vehículos militares en varios municipios de Puerto Rico, en el contexto del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba bajo la administración Trump.

El movimiento abarcará instalaciones en Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Salinas, Juana Díaz, Ceiba y San Juan, lo que puede generar alarma pública; el portavoz aclaró que los desplazamientos corresponden a entrenamientos de verano y no implican necesariamente una movilización operativa.

Fuerte Buchanan es la única instalación federal militar activa en Puerto Rico y el resto del Caribe; históricamente, entre mayo y agosto la Guardia Nacional de Puerto Rico realiza su Campamento Anual de entrenamiento con ciudadanos-soldados en distintos puntos de la isla.

El Senado aprobó el 26 de mayo de 2026 un paquete de medidas que incluye reconocer a los alguaciles judiciales como servidores de alto riesgo —permitiéndoles retirarse a los 55 años con 30 años de servicio—, exigir divulgación en línea de proyectos de construcción gubernamental que superen los cinco millones de dólares, y regular la venta de productos de kratom, entre otras iniciativas.

La exigencia de publicar en tiempo real el progreso, el costo y el contratista de obras públicas mayores crea un mecanismo de rendición de cuentas que actualmente no existe en ley; la reforma de retiro afecta directamente a los alguaciles del Poder Judicial, quienes hasta ahora no estaban clasificados como servidores de alto riesgo.

Los proyectos fueron impulsados principalmente por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago; la reforma al Registro de Personas Jurídicas busca eliminar un requisito de inscripción registral que ha sido señalado como obstáculo burocrático para la constitución de entidades en la isla.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acogió este martes la determinación del Departamento de Justicia de mantener cerrada la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, luego de que la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, enviara una carta al Senado explicando que la información adicional analizada —incluyendo entrevistas y el análisis de un fiscal externo— no aportó elementos suficientes para reabrir el caso ni para sustentar cargos de perjurio o intervención ilícita en procesos contractuales. Rivera Schatz prácticamente dio el asunto por cerrado durante la sesión, descartando que hubiera base para continuar la pesquisa.

La decisión cierra, al menos por ahora, la presión legislativa para investigar criminalmente a una secretaria del gabinete por su gestión previa en el Departamento de Salud; el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, había solicitado la reapertura alegando un contrato de $60,000 mensuales vinculado a un allegado de Roig Fuertes.

La investigación original fue archivada en octubre de 2025; la solicitud de reapertura presentada por Hernández incluyó 11 anejos con facturas, correos electrónicos y comunicaciones administrativas, todos evaluados en el análisis más reciente del Departamento de Justicia.

La Oficina de Ética Gubernamental impuso una multa administrativa de $1,500 al alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, tras concluir que no entregó información requerida para evaluar su informe financiero anual de 2023. Las partes suscribieron un acuerdo de transacción el 29 de abril de 2026, aprobado el 13 de mayo por el director ejecutivo Luis A. Pérez Vargas, que le concede 15 días para enmendar el informe y dispone el pago en plazos mensuales de $125 hasta marzo de 2027.

El acuerdo activa una obligación formal de divulgación financiera sobre un funcionario electo municipal, con advertencia de cobro coercitivo —incluyendo retención de salario o fondos de retiro— si incumple los plazos. La multa total incluye $500 de una sanción previa impuesta en septiembre de 2025, lo que indica un historial de incumplimiento con la OEG.

Ruiz Feliciano ocupa la alcaldía de Maricao desde enero de 2021. La Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) exige a los funcionarios públicos someter informes financieros anuales; la OEG tiene facultad para imponer multas administrativas y acudir al Tribunal de Primera Instancia para cobrar deudas no saldadas.

El senador Juan Oscar Morales anunció que solicitará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que cite con carácter de urgencia al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis Reinaldo González Delgado, para que responda preguntas sobre la crisis de servicio de agua en San Juan. La citación se contempla luego de que el alcalde Miguel Romero anunciara la posible radicación de una demanda federal contra la agencia.

Si prospera, la vista pública pondría al liderato de la AAA a rendir cuentas ante el Senado en plena crisis sanitaria que afecta a la capital. El alcalde de San Juan evalúa además demandar a la agencia bajo la Sección 1983 de la Ley federal de Derechos Civiles para exigir remedios judiciales que garanticen continuidad del servicio.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reconoció que la crisis del servicio de agua es una situación que se arrastra desde hace décadas. Romero ha denunciado en múltiples foros que la AAA actúa con indiferencia y falta de transparencia frente a las prioridades sanitarias de San Juan.

El 22 de mayo de 2026, el USCIS emitió un memorando que obliga a los extranjeros con estatus temporal en EE.UU. a tramitar la residencia permanente fuera del país mediante proceso consular, salvo en 'circunstancias excepcionales' cuya discreción queda en manos de los oficiales de la agencia. La abogada de inmigración Mariela García Amador, expresidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advirtió que la medida forzaría separaciones familiares que podrían extenderse por años.

García Amador señala que la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite ajustar estatus dentro de EE.UU. a quienes entraron con visa o parole— no ha sido modificada, lo que crea una tensión legal entre el memo y la ley vigente. En la oficina de San Juan había 1,464 solicitudes de ajuste de estatus pendientes al cierre del último trimestre del año fiscal 2025, la mayoría por reunificación familiar.

La administración Trump anunció desde principios de 2025 que atacaría la inmigración ilegal, pero este memorando amplía las restricciones al proceso legal de residencia permanente, revirtiendo una práctica de larga data que permitía el ajuste de estatus desde dentro del territorio estadounidense.

El académico Eliseo Colón Zayas publicó una columna de opinión en la que analiza el segundo mensaje de situación de estado de la gobernadora Jenniffer González como una 'operación semiótica' que, según argumenta, sustituye explicaciones económicas concretas con retórica gerencial y afecto político. El texto critica la ausencia de una explicación sobre el origen de los recursos prometidos y la celebración del rol de la Junta de Supervisión Fiscal como señal de continuidad colonial.

El análisis toca un debate estructural sobre cómo el liderazgo político puertorriqueño comunica la dependencia federal y la subordinación fiscal: si el discurso oficial presenta la aprobación de la Junta como logro, eso define qué se entiende por autonomía y progreso. La columna pone en tensión la narrativa de 'cumplir' con las condiciones materiales que la sostienen o no.

El mensaje de situación de estado es uno de los actos formales de mayor alcance comunicativo de una administración; el segundo de González llegó en un momento en que la Junta de Supervisión Fiscal sigue operativa, LUMA Energy enfrenta cuestionamientos continuos y la emigración y la infraestructura eléctrica e hídrica permanecen como temas sin resolución estructural.

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, expresó decepción ante el Mensaje de Estado de la gobernadora Jenniffer González, señalando que los bomberos quedaron excluidos de cualquier medida de justicia salarial y que el Gobierno mantiene una deuda acumulada por horas extra sin pagar.

Los bomberos llevan más de 500 días reclamando atención a condiciones laborales precarias, falta de personal y horas extra adeudadas; además, la gobernadora vetó dos proyectos legislativos que buscaban atender esos reclamos.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico ha sostenido un conflicto prolongado con el Ejecutivo en torno a justicia salarial y reconocimiento como primeros respondedores, sin que los mensajes de política pública anuales hayan incluido medidas concretas para el sector.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado contra Cuba una estrategia de presión que incluye bloqueo petrolero, mayor presencia militar, cargos federales y amenazas de intervención, replicando el modelo aplicado previamente en Venezuela.

Expertos advierten que campañas de presión similares no garantizan resultados similares, dado que Cuba —al igual que Irán— presenta condiciones muy distintas a las de Venezuela.

Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, señaló que Trump consideró la intervención en Venezuela un éxito y ha buscado replicar ese modelo en otros países.

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR), José Tirado, expresó el 22 de mayo de 2026 su decepción con el Mensaje de Estado de la gobernadora Jenniffer González, señalando que los bomberos quedaron nuevamente excluidos de cualquier medida de justicia salarial o reconocimiento laboral.

Según Tirado, los bomberos llevan más de 500 días esperando acción concreta del Ejecutivo, acumulan una deuda por horas extra sin pagar y enfrentan falta de personal; a eso se suma el veto de dos proyectos legislativos que buscaban atender sus condiciones laborales.

El SBUPR ha señalado en reiteradas ocasiones condiciones precarias en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, incluyendo jornadas extendidas, escasez de personal y compromisos salariales incumplidos; los dos vetos legislativos mencionados representan intentos previos del poder legislativo por remediar la situación que no prosperaron.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 21 de mayo de 2026 el Informe de Auditoría OC-26-31 sobre el Municipio de Añasco, que abarca el período del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2024 e incluye 10 hallazgos por deficiencias en compras, contratación, recursos humanos y controles fiscales. Entre las irregularidades documentadas figuran un sobrepago de $2,320 en un contrato de equipo pesado, compras por $54,145 sin cotizaciones requeridas, y nombramientos de directores municipales que no cumplían los requisitos mínimos del Plan de Clasificación.

Las deficiencias afectaron áreas críticas de la administración municipal, incluyendo pagos relacionados con contratos de emergencia de los huracanes María y Fiona, y generaron pagos indebidos de diferenciales de sueldo por $3,445 y errores en liquidaciones de licencias que perjudicaron tanto al municipio como a exempleados; además, el informe incluye un comentario especial sobre multas por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El informe se suma a una serie de auditorías de la Oficina de la Contralora que han detectado irregularidades en municipios de la isla, incluyendo el reciente caso del Municipio de Lajas, donde una secretaria municipal alteró ilegalmente un contrato de equipo pesado vinculado también al período post-Fiona; el alcalde de Añasco, Kabir Solares García, respondió al informe indicando que adoptará medidas correctivas, aunque la Contralora mantuvo varios hallazgos.

La representante Swanny Enit Vargas Laureano, junto a la portavoz de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz, radicaron el Proyecto de la Cámara 1287 para establecer un protocolo obligatorio que elimine del registro electoral a personas fallecidas en un máximo de 25 días. La medida crearía un mecanismo formal entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con plazos definidos y supervisión legislativa semestral.

El proyecto responde a señalamientos de que alrededor de 6,000 personas fallecidas aún figuraban en el registro electoral a menos de 24 horas de las elecciones de 2024, según análisis periodísticos citados por las legisladoras. La ausencia de plazos claros en la ley vigente ha dejado un vacío operacional que esta medida pretende cerrar antes de los próximos eventos electorales.

Aunque la ley actual permite compartir información de defunciones entre agencias, no establece un procedimiento uniforme ni plazos concretos para actualizar el registro electoral. Las autoras del proyecto comparan el modelo propuesto con el que ya obliga a notificar defunciones al DTOP para cancelar licencias de conducir.

El alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo respondió al informe OC-26-29 de la Oficina de la Contralora, que cubre de diciembre de 2020 a febrero de 2025, y que incluye un hallazgo sobre pagos ilegales por $75,623 relacionados con contratos de servicios legales. Alicea Vasallo aclaró que ese señalamiento corresponde a otro bufete de tasaciones, no al bufete ECIJA al que pertenece Jaime Sanabria.

El informe de la Contralora registra siete hallazgos sobre las operaciones del Municipio de Cataño; el hallazgo en disputa alega que el municipio realizó pagos ilegales por $75,623 al contratar servicios sin enmendar los contratos correspondientes.

La Oficina de la Contralora emitió el informe OC-26-29 cubriendo las operaciones municipales de Cataño durante un período de más de cuatro años; los informes de la OCPR son herramienta de fiscalización de los fondos públicos municipales y sus hallazgos pueden derivar en investigaciones adicionales.

El exsenador Eduardo Bhatia publicó una columna de opinión en la que argumenta que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debería alquilar equipos de votación mediante contratos de servicios, en lugar de comprarlos. Señala que adquirir tecnología electoral para usarla una vez cada cuatro años es fiscalmente irresponsable.

Puerto Rico enfrenta un potencial gasto de millones de dólares en máquinas de votación que, según Bhatia, quedarán obsoletas antes de volver a utilizarse; otras jurisdicciones ya adoptan el modelo de arrendamiento de servicios electorales.

La CEE ha adquirido equipos de votación en ciclos electorales anteriores, generando cuestionamientos recurrentes sobre el costo y la vida útil de esa tecnología en una isla con elecciones generales cada cuatro años.

El 22 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que podría ser quien finalmente intervenga militarmente en Cuba, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio declaró por separado que duda de que Washington pueda alcanzar una solución diplomática con el gobierno cubano actual, aunque expresó que la preferencia de Trump sigue siendo un acuerdo pacífico.

Las amenazas de intervención militar, combinadas con el bloqueo petrolero vigente y los cargos penales recién anunciados contra el expresidente Raúl Castro, elevan la presión sobre La Habana a niveles no vistos en décadas y aumentan la incertidumbre sobre una escalada en el Caribe.

Las declaraciones se producen un día después de que el Departamento de Justicia imputara en Miami a Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en 1996, parte de una campaña de presión más amplia de la administración Trump sobre Cuba desde la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026; el propio Trump había descartado apenas dos días antes una "escalada" contra la isla.

Tras el Mensaje de Situación de Estado del 22 de mayo, los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos "Johnny" Méndez y Thomas Rivera Schatz, anticiparon que el presupuesto consolidado de $33,570 millones presentado por la gobernadora Jenniffer González recibirá enmiendas, incluyendo partidas para la rehabilitación de Roosevelt Roads y $200 millones para mantenimiento de carreteras. Méndez calificó el plan de gastos como un proyecto de ley sujeto a cambios, no un documento definitivo.

Las enmiendas anticipadas por los presidentes legislativos abren una negociación formal sobre asignaciones específicas en un presupuesto que incluye $44 millones para escalas salariales de la Policía, $20 millones para oficiales correccionales y $27 millones para Medicaid, entre otras partidas con impacto directo en servicios públicos.

El presupuesto propuesto sería el segundo consecutivo balanceado y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal; la Cámara ya había señalado diferencias con el Ejecutivo sobre la reforma contributiva, y las enmiendas anunciadas reflejan la acostumbrada tensión entre el plan del Ejecutivo y las prioridades legislativas durante el proceso de aprobación presupuestaria.

El 21 de mayo de 2026, minutos antes de que la gobernadora Jenniffer González Colón iniciara su segundo Mensaje de Situación de Estado, senadores del PIP, del PPD y de oposición expresaron expectativas nulas o negativas; el portavoz popular Eliezer Molina Pérez resumió la postura al decir que "el estado del mensaje es que está en coma".

Las declaraciones de los legisladores de minoría —que abarcan desde el PIP hasta el PPD— reflejan un bloque de escepticismo transpartidario ante el principal ejercicio de rendición de cuentas del Ejecutivo, lo que anticipa una recepción legislativa adversa a los planteamientos de la gobernadora.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón cuestionó que González Colón pudiera reclamar el cumplimiento de sus promesas importantes, mientras el senador Adrián González Costa acusó al PNP de estar ajeno a la realidad del pueblo; el mensaje se ofreció en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes ante jefes de agencia, líderes municipales y legisladores de ambos cuerpos.

En sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2026, el Senado aprobó nueve proyectos de ley y varias resoluciones que cubren desde la figura del 'Docente Líder' en las escuelas públicas hasta la derogación de leyes obsoletas en materia de transporte, además de medidas sobre divorcios notariales, adultos mayores y transparencia en propaganda generada por inteligencia artificial.

Las medidas tocan directamente a familias en procesos de divorcio notarial, al sistema de educación pública y a municipios del oeste con crisis de agua potable, mientras que la extensión de incentivos contributivos en Río Piedras tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Varias de las iniciativas provienen del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y senadores de mayoría, y al menos dos proyectos —el PS 101 y el PS 220— regresan al Senado con enmiendas de la Cámara de Representantes, lo que indica que ya transitaron por ambos cuerpos legislativos.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, canceló el jueves 21 de mayo de 2026 los votos previstos y anunció que el Congreso recesaría hasta principios de junio, sin aprobar el proyecto de reconciliación fiscal que Trump había pedido culminar antes del 1 de junio. La legislación se atascó por el rechazo dentro del propio caucus republicano a partidas que incluyen $220 millones para el salón de baile de la Casa Blanca y un fondo de compensación para personas que participaron en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El retraso deja sin financiamiento garantizado por tres años a ICE y CBP, agencias centrales de la agenda migratoria de Trump, y expone fisuras entre republicanos moderados —John Kennedy, Susan Collins y Thom Tillis— y la Casa Blanca en un momento legislativo clave.

El proyecto forma parte del proceso de reconciliación fiscal que los republicanos han intentado usar para avanzar prioridades del presidente Donald Trump sin necesitar votos demócratas; la oposición demócrata, encabezada por Charles Schumer, buscaba forzar votaciones que comprometieran a senadores moderados.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el 21 de mayo de 2026 el Informe de Auditoría OC-26-31 sobre el Municipio de Añasco, con 10 hallazgos que documentan irregularidades en compras, contratos, recursos humanos y desembolsos entre enero de 2021 y junio de 2024. Entre los hallazgos figuran pagos por encima de cuantías contratadas, compras por $54,145 sin las cotizaciones requeridas y nombramientos de directores municipales sin cumplir requisitos mínimos de preparación.

Las deficiencias incluyen pagos indebidos de fondos públicos, nombramientos irregulares en posiciones clave como director de Obras Públicas y director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, y controles débiles sobre desembolsos vinculados a los huracanes María y Fiona. El alcalde Kabir Solares García reconoció algunos señalamientos y se comprometió a medidas correctivas, aunque la Contraloría mantuvo varios hallazgos.

La Oficina de la Contraloría de Puerto Rico audita periódicamente los municipios del país para verificar el cumplimiento de leyes fiscales y administrativas; las opiniones cualificadas indican que, si bien los estados financieros son presentables en términos generales, existen excepciones materiales que requieren corrección. Añasco ha estado bajo atención pública reciente también por procesos penales relacionados con el exalcalde.

El Batallón de Transportación 841 y la Brigada 407 de Apoyo de Campo coordinaron operaciones militares desde Fuerte Buchanan para mover equipo de la Compañía de Ingenieros 756 a través del Puerto de Ponce y transportar soldados por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Las operaciones incluyeron también el movimiento de cientos de vehículos militares como parte de la Operación Sentinel Justice, descrita como uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes de la Reserva del Ejército estadounidense.

Las movilizaciones ocurren en un momento de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, luego de que Estados Unidos presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro, y subrayan el rol de Puerto Rico como punto logístico estratégico para operaciones militares en el Caribe y el hemisferio occidental.

Fuerte Buchanan opera con un presupuesto anual aproximado de $500 millones y brinda apoyo a una comunidad militar de cerca de 15,000 efectivos entre servicio activo, Reserva y Guardia Nacional de Puerto Rico. La isla ha funcionado históricamente como plataforma logística militar estadounidense en la región caribeña.

La representante Swanny Enit Vargas Laureano y la portavoz de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz radicaron el Proyecto de la Cámara 1287 para crear un protocolo obligatorio entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones que garantice la eliminación de personas fallecidas del registro electoral en un máximo de 25 días.

La medida responde a señalamientos de que miles de personas fallecidas permanecieron en las listas electorales durante los comicios de 2024, lo que compromete la precisión y confiabilidad del proceso electoral.

Aunque la ley vigente permite compartir información de defunciones entre el Registro Demográfico y la Comisión Estatal de Elecciones, no existen procedimientos claros ni plazos definidos para actualizar el registro; el proyecto establecería que los registradores distritales remitan mensualmente información de defunciones en los primeros 15 días del mes y que la Comisión procese las bajas en 10 días adicionales.

La jueza superior Iris L. Cancio González ordenó al Departamento de Hacienda emitir una notificación formal fundamentando la adjudicación de un contrato de publicidad de $8.7 millones del Negociado de la Lotería a Veintinueve de Febrero —agencia que trabajó la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón— en lugar de Digimedia, que obtuvo la puntuación más alta del comité evaluador con 95%. El injunction preliminar fue expedido el viernes y la moción de desestimación de Hacienda fue declarada no ha lugar.

El tribunal determinó que Hacienda incumplió con el debido proceso al no notificar formalmente la adjudicación ni informar los mecanismos de impugnación, pese a que el propio comité evaluador del Departamento había recomendado adjudicar el contrato a Digimedia sobre Veintinueve de Febrero, que quedó en el lugar más bajo entre las finalistas con 82%. La decisión sienta precedente sobre las garantías procesales aplicables a contratos de servicios profesionales adjudicados mediante procesos competitivos.

El Centro de Periodismo Investigativo documentó que Digimedia acumuló aproximadamente $47.2 millones en contratos vinculados principalmente al Negociado de la Lotería desde 2019. Paralelamente, el secretario auxiliar de OGPe Norberto Almodóvar Vélez fue removido de su cargo tras alegar que intervino para frenar la contratación de Digimedia en esa agencia, señalando presiones del secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, a favor de esa firma.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz anunció este miércoles la apertura de un proceso de comentarios públicos —con plazo hasta el 5 de junio— sobre los Proyectos del Senado 1173 y 1183, las dos medidas en disputa para reformar el sistema de permisos en Puerto Rico. La apertura ocurre en medio de una pugna abierta entre su propuesta alterna (PS 1173) y el proyecto de 800 páginas impulsado por la gobernadora Jenniffer González Colón (PS 1183).

Rivera Schatz advirtió que el proyecto de Fortaleza derogaría 14 leyes, armonizaría otras 29, crearía nuevas juntas regionales y tardaría más de un año en operacionalizar su estructura, mientras que su alternativa busca agilizar procesos de forma inmediata. El desacuerdo entre el Senado y La Fortaleza abre incertidumbre sobre cuál reforma —si alguna— avanzará esta sesión legislativa.

La OGPe ha sido señalada durante años como cuello de botella para el desarrollo económico; expertos y sectores como contratistas, bomberos y agencias ambientales han coincidido en que el sistema actual no funciona, aunque difieren en el alcance y urgencia de la solución. El secretario de Recursos Naturales y Ambientales Waldemar Quiles Pérez respaldó metas de modernización pero exigió preservar las funciones de fiscalización ambiental separadas de la otorgación de permisos.

El 20 de mayo de 2026, fiscales federales anunciaron cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves civiles del grupo Hermanos al Rescate; la gobernadora Jenniffer González Colón calificó la acusación como "un paso significativo y largamente esperado hacia la justicia" por el asesinato de cuatro trabajadores humanitarios estadounidenses.

Los cargos —que incluyen asesinato y destrucción de una aeronave— marcan el paso judicial más agresivo de Washington contra el liderazgo cubano en décadas, en un momento en que la administración Trump intensifica la presión sobre La Habana mediante bloqueo petrolero y otras medidas.

Castro, ahora de 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando ocurrió el derribo en 1996; ocupó luego la presidencia de la isla entre 2006 y 2018. La acusación se produce mientras Trump también estudia el futuro del bloqueo petrolero impuesto a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Una columna de opinión publicada el 19 de mayo de 2026 en El Vocero señala que las controversias electorales en Puerto Rico sistemáticamente quedan sin resolverse, citando como ejemplo reciente un reportaje de ProPublica sobre un alegado esquema de intercambio de drogas por votos en una prisión, cuya investigación federal fue detenida sin explicación pública.

La columna identifica un patrón que abarca controversias del 2012, 2020 y 2024 relacionadas con el voto de personas encamadas, el voto adelantado y centros de adultos mayores, argumentando que la falta de respuestas institucionales erosiona la credibilidad del sistema democrático.

Puerto Rico ha enfrentado cuestionamientos recurrentes sobre la integridad de procesos electorales en poblaciones vulnerables y bajo custodia; las querellas, según la columna, suelen pasar de agencia en agencia hasta disolverse sin que el país reciba conclusiones formales.

El Ejército de los Estados Unidos continúa movilizando tropas, vehículos y equipo pesado a través del Puerto de Ponce y el aeropuerto Luis Muñoz Marín, coordinado desde el Fuerte Buchanan, incluyendo la Operación Sentinel Justice; las operaciones ocurren días después de que Washington presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Las autoridades militares señalan que Puerto Rico se posiciona como punto estratégico para el movimiento militar en el Caribe y el hemisferio occidental, y que las operaciones generan actividad económica en transporte marítimo, manejo de carga y logística; el Fuerte Buchanan opera con un presupuesto anual aproximado de $500 millones y apoya a cerca de 15,000 efectivos.

El Batallón de Transportación 841 y la Brigada 407 de Apoyo de Campo coordinaron logística terrestre, marítima y aérea desde el Fuerte Buchanan; la Operación Sentinel Justice ha sido descrita como uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes de la Reserva del Ejército estadounidense.

La gobernadora Jenniffer González Colón radicó el miércoles 21 de mayo de 2026 ante la Legislatura la medida de administración A-118, dirigida a fortalecer los incentivos y la retención del personal de seguridad federal destacado en Puerto Rico.

La legislación forma parte de una estrategia de colaboración con el gobierno federal y fue evaluada en conjunto con el Proyecto del Senado 844, que establece una moratoria especial y alivio económico para empleados federales afectados por cierres del gobierno de Estados Unidos.

El PS 844 —pendiente de firma por la gobernadora— propone la 'Ley Especial de Moratoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico'; la administración considera que ambas medidas atienden objetivos distintos y pueden coexistir.

La gobernadora Jenniffer González firmó cinco leyes, vetó seis medidas y permitió que caducara sin firma la legislación sobre transparencia en las compras públicas.

Las decisiones ejecutivas sobre qué leyes entran en vigor y cuáles no determinan directamente las reglas del gasto gubernamental y la rendición de cuentas en contratos públicos.

La transparencia en las compras del gobierno ha sido un punto de tensión recurrente en Puerto Rico, especialmente tras los cuestionamientos sobre contratos durante la recuperación post-María y la pandemia.

La jueza Iris L. Cancio González emitió un injunction preliminar que obliga al Departamento de Hacienda a notificar formalmente los fundamentos de la adjudicación de un contrato publicitario de $8.7 millones a Veintinueve de Febrero —agencia que trabajó la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón— luego de que el comité evaluador de Hacienda había recomendado a Digimedia, la empresa que obtuvo la puntuación más alta (95%) frente al 82% de la adjudicataria. El contrato fue ejecutado el 3 de octubre de 2025 sin que Digimedia recibiera notificación formal ni información sobre mecanismos de impugnación.

El tribunal determinó que Hacienda violó el debido proceso al ignorar su propio comité evaluador y adjudicar el contrato a la empresa peor puntuada sin explicación, activando garantías procesales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme incluso para servicios profesionales contratados competitivamente. Paralelamente, el DDEC hizo referidos a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental contra el ex secretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, quien admitió haber intervenido para bloquear la contratación de Digimedia en esa agencia.

Digimedia había acumulado aproximadamente $47.2 millones en contratos vinculados principalmente al Negociado de la Lotería desde 2019; el secretario de Hacienda Ángel Pantoja Rodríguez pasó por encima de la recomendación de su propio equipo para adjudicar el contrato a Veintinueve de Febrero. Los registros de la Oficina del Contralor Electoral documentan donaciones a figuras del PNP por parte de los dueños de ambas agencias.

El comisionado residente Pablo José Hernández y cuatro congresistas demócratas —Robert García, Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Jesús 'Chuy' García— enviaron este miércoles una carta al inspector general interino del Departamento de Justicia federal, Don R. Berthiaume, solicitando que investigue si interferencias políticas o presión indebida frenaron la investigación sobre un alegado esquema de compra de votos con drogas en cárceles de Puerto Rico durante las elecciones generales de 2024. La petición también exige saber si el DOJ aplicó los mismos estándares de investigación y enjuiciamiento que aplica en casos similares de fraude electoral en otras jurisdicciones.

Los legisladores señalan que las alegaciones —respaldadas por un pliego acusatorio federal de San Juan y un reportaje de ProPublica— fueron consideradas suficientemente creíbles por autoridades federales como para emitir citaciones y desplegar personal investigativo, lo que hace más urgente explicar por qué no se presentaron cargos electorales adicionales. De confirmarse una interferencia política, quedaría comprometida la integridad del proceso electoral en recintos carcelarios de Puerto Rico.

El caso se inserta en una serie de controversias electorales recientes en Puerto Rico; la carta de los legisladores cita además la declaración de culpabilidad federal por financiamiento de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y su posterior indulto presidencial como antecedente que refuerza la necesidad de supervisión independiente.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) celebra reuniones con sus bases comunitarias mientras el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aprobó la creación de un Comité de Estrategia Electoral, ambos con miras a formalizar la Alianza de País para las elecciones de 2028. Un artículo publicado en Puerto Rico Te Quiero propone extender conversatorios pro-Alianza a los ocho distritos senatoriales comenzando este verano, para luego organizarse en todos los municipios durante los próximos dos años y medio.

En las elecciones de 2024, la Alianza obtuvo más de 390 mil votos, superando el 30% del electorado, el respaldo más amplio registrado históricamente por fuerzas progresistas en Puerto Rico. La propuesta busca capitalizar ese resultado integrando movimientos sociales y sociedad civil más allá de las estructuras partidistas.

La primera Alianza formal entre el PIP y el MVC se aprobó en febrero de 2022 —la primera alianza electoral oficial en la historia del PIP— y culminó en 2024 con Juan Dalmau alcanzando la segunda posición para gobernador, quebrando el modelo bipartidista PNP-PPD que dominó por más de medio siglo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció el 20 de mayo de 2026 un proceso de comentarios públicos —abierto hasta el 5 de junio— sobre los Proyectos del Senado 1173 y 1183, ambos relacionados con la reforma del sistema de permisos en Puerto Rico. El anuncio ocurre en medio de una pugna entre la propuesta impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, el PS 1183, y la medida alterna de Rivera Schatz, el PS 1173.

La disputa entre ambas propuestas refleja diferencias sustanciales de alcance: el PS 1183 deroga 14 leyes, armoniza otras 29 y crea una nueva estructura gubernamental que, según Rivera Schatz, tardaría más de un año en operar, mientras que el PS 1173 apunta a cambios operacionales inmediatos sin reorganización gubernamental extensa.

El sistema de permisos de Puerto Rico ha sido señalado durante años como uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y a la reconstrucción tras los desastres; la reforma ha generado vistas públicas con participación de agencias ambientales, contratistas y cuerpos de seguridad, cada uno con reservas sobre cómo equilibrar agilidad administrativa y fiscalización.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cinco medidas legislativas y vetó seis proyectos, según informó La Fortaleza el 19 de mayo de 2026; entre los vetos figura el Proyecto de la Cámara 593, que buscaba establecer la Ley de Transparencia en las Compras Gubernamentales de Puerto Rico.

La mayoría de los vetos se fundamentó en cargas fiscales sin fuentes de ingresos recurrentes; el rechazo a la ley de transparencia en compras deja sin respaldo legal un mecanismo de fiscalización ciudadana sobre la adjudicación de contratos gubernamentales.

La gobernadora citó advertencias de la Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS), que señaló que la medida de transparencia imponía obligaciones tecnológicas complejas sin mecanismo claro de implementación ni integración entre sistemas financieros y plataformas de compras.

La senadora Joanne Rodríguez Veve presentó la resolución R. del S. 512 para que el Senado investigue si el Gobierno ha cumplido con la Ley 84-2021, que ordena acciones concretas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico.

Más de cuatro años después de aprobada la ley, la resolución busca determinar si la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil fue siquiera constituida, si celebró reuniones, si rindió informes y si se utilizaron fondos públicos para cumplir las metas fijadas para 2025, 2027 y 2032.

La Ley 84-2021 estableció una política pública con metas escalonadas de reducción de pobreza infantil y creó una comisión interagencial para coordinar su ejecución; la resolución involucra al Departamento de la Familia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras agencias.

El representante José Cheito Hernández, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, radicó el Proyecto de la Cámara 1279 para abrir el mercado de inspección de vehículos de motor en Puerto Rico, prohibiendo el control monopolístico sobre los sistemas de inspección. Junto a esa medida, radicó la Resolución Conjunta 354 para ordenar al DTOP enmendar su reglamento de inspección vehicular e incorporar criterios claros de certificación, debido proceso y sanciones.

El proyecto enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para obligar al DTOP a promover la competencia entre proveedores certificados cada vez que se contrate a entidades privadas para la inspección vehicular, afectando a los aproximadamente 380 centros de inspección que operan en la isla. La medida surge tras hallazgos de deficiencias en la adjudicación, contratación y cancelación del contrato con Worldwide Environmental Products, Inc.

La iniciativa se deriva del trabajo legislativo en torno a la Resolución de la Cámara 352, que examinó el proceso contractual con Worldwide Environmental Products, Inc. y encontró posibles deficiencias en planificación, transparencia y ejecución. Según el legislador, sería la primera vez en décadas que se abre el mercado de inspección vehicular a la competencia en Puerto Rico.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) celebra reuniones con sus bases comunitarias mientras el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aprobó la creación de un Comité de Estrategia Electoral, dos procesos paralelos orientados a organizar la Alianza de País de cara a las elecciones de 2028. Desde hace dos meses se realizan conversatorios en San Juan para articular esa estructura más amplia.

La alianza entre el PIP y el MVC obtuvo más de 390 mil votos y superó el 30% del electorado en 2024, la votación más alta registrada por fuerzas progresistas en las elecciones de Puerto Rico. Expandir esa coalición a los ocho distritos senatoriales y a todos los municipios determinaría si ese resultado puede convertirse en una mayoría electoral en 2028.

La iniciativa de alianza entre ambas organizaciones fue aprobada por el MVC en febrero de 2022; tras un año de negociaciones, resultó en la candidatura de Juan Dalmau a la gobernación, que alcanzó la segunda posición y quebró el modelo bipartidista PNP-PPD vigente por más de medio siglo. Fue también la primera vez en la historia del PIP, fundado en 1946, que el partido acordó formalmente una coalición electoral.

La columnista Anabelle Torres Colberg publicó el 20 de mayo de 2026 una columna de opinión en El Nuevo Día en la que argumenta que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón acumula crisis sin resolverlas, producto de conflictos continuos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según la columna, la falta de transparencia y credibilidad en el manejo de cada controversia impide que ninguna quede verdaderamente resuelta, lo que genera un efecto acumulativo sobre la gobernabilidad.

La columna señala que los roces entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a política pública, nombramientos y manejo gubernamental han marcado la administración desde sus inicios.

El 17 de mayo, el alcalde de Fajardo José Aníbal Meléndez Méndez fue captado en vídeo insultando y amenazando con golpear a una persona durante un partido del béisbol Doble A entre los Cariduros de Fajardo y los Mulos del Valenciano de Juncos en el estadio Concepción Pérez Alberto. El vídeo fue publicado en Facebook por Luis Cruz Ayala, quien indicó que los insultos y amenazas fueron dirigidos a él.

Un funcionario electo protagonizó en público, frente a cientos de personas según el denunciante, un episodio de amenazas verbales de agresión física, lo que plantea cuestionamientos sobre la conducta de un primer ejecutivo municipal.

José Aníbal Meléndez Méndez es hijo del fenecido alcalde de Fajardo Aníbal Meléndez Rivera. El vídeo no muestra qué desencadenó la discusión, y varias afirmaciones de Cruz Ayala —como que el alcalde fue escoltado fuera del parque— no quedan corroboradas por las imágenes publicadas.

Siete de los 28 senadores de Puerto Rico declararon ingresos adicionales a su salario legislativo durante 2025, provenientes de consultorías, monetización de contenido digital, alquiler de propiedades y caballos, y servicios profesionales. El senador del PNP Ángel Toledo López reportó el mayor monto con $54,318, seguido por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz con $40,300 y el senador independiente Eliezer Molina Pérez con $25,763 netos de su canal de YouTube.

La Ley 97-1968 permite a los legisladores recibir hasta un 35% de su salario base —entre $73,775 y $110,663 según el cargo— en ingresos extra legislativos, pero prohíbe actividades que representen conflicto de intereses; la divulgación pública de estas fuentes de ingreso permite evaluar si esa línea se respeta.

El concepto de legislador ciudadano fue adoptado en 2013 mediante enmiendas a la Ley 97-1968, que eliminaron el pago de dietas por asistencia a vistas a cambio de permitir compensación extra legislativa. La Cámara de Representantes no había entregado al CPI la información equivalente al momento de la publicación.

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reconoció el martes 19 de mayo que hubo 'fallas administrativas' —incluyendo correos con material político partidista en computadoras municipales— pero evitó nombrar a los funcionarios investigados y acudió al Tribunal de Primera Instancia para exigir que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) retire el informe de auditoría. Alicea Vasallo alega que la OCPR publicó el documento antes de que pudiera presentar sus comentarios y que la dependencia violó una orden judicial al recibir el emplazamiento el jueves pero declarar haberlo recibido el sábado.

El alcalde refirió el hallazgo principal a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el 24 de abril, pero su negativa a identificar a los funcionarios involucrados y su acción legal para retirar el informe generan dudas sobre el alcance real de la rendición de cuentas en el municipio. La OCPR ya realizó referidos al Departamento de Justicia y la OEG por un alegado patrón de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas municipales.

El informe de auditoría, divulgado el viernes anterior al 19 de mayo, documentó un alegado patrón consistente de uso de recursos municipales para actividades ajenas al interés público; la contralora Carmen Vega Fournier ya había referido el caso a Justicia y a la OEG antes de que el alcalde intentara, a principios de mayo, impedir judicialmente su publicación.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que a su gobierno no le sería 'difícil' resolver la situación en Cuba, describiendo la isla como una 'nación fallida' y señalando que Cuba está pidiendo ayuda a Washington. Añadió que podría lograrlo 'cambie el régimen o no'.

Las declaraciones marcan un matiz notable en la política exterior de Washington hacia La Habana: Trump sugiere una posible apertura de negociación con el gobierno de Miguel Díaz-Canel sin condicionar el acuerdo a un cambio de régimen, aun cuando desde enero de 2026 su administración ha intensificado sanciones económicas y un bloqueo de crudo a la isla.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha endurecido la presión sobre Cuba con nuevas sanciones y un bloqueo de crudo. Cuba atraviesa una crisis severa de electricidad y alimentos, y Trump citó el apoyo masivo de la comunidad cubanoestadounidense en Miami —donde reclamó obtener el 97 % de sus votos— como motivación para actuar.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cinco medidas legislativas —incluyendo dos de su propia autoría orientadas a modernizar el ordenamiento jurídico— y vetó seis proyectos, según informó La Fortaleza el 19 de mayo de 2026. La mayoría de los vetos se fundamentaron en que las medidas imponían cargas fiscales sin fuentes de ingresos recurrentes.

Entre las leyes firmadas se reorganizan las subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento y se moderniza el intercambio electrónico de datos clínicos bajo Medicaid; entre los vetos, se bloqueó una ley de transparencia en compras gubernamentales y un programa piloto para adultos con neurodivergencia. El rechazo al Proyecto de la Cámara 437 evitará una reducción certificada de $350,000 anuales en ingresos estatales.

La tensión entre la Legislatura y La Fortaleza sobre proyectos con impacto fiscal sin financiamiento designado ha sido una constante en las rondas de firmas y vetos de esta administración, en parte debido a las restricciones presupuestarias heredadas del proceso de reestructuración de la deuda pública.

El 19 de mayo de 2026, Norberto Almodóvar declaró en NotiUno 630 que fue despedido de la OGPe a petición del secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, y que fue el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien ejecutó el despido. Esto contradice la versión de Domenech, quien el 18 de mayo había dicho públicamente que Almodóvar renunció por razones personales.

La contradicción directa entre las versiones del funcionario saliente y los funcionarios del Ejecutivo añade una disputa pública sobre los hechos al caso, el cual ya tiene referidos pendientes ante el Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental.

Almodóvar salió de su puesto el 17 de mayo de 2026 en medio de fricciones con el DDEC; Negrón Reichard anunció su destitución tras una investigación interna conducida por abogados externos por presuntas presiones indebidas relacionadas con un RFP federal de entre $1 millón y $2 millones para servicios de publicidad sobre códigos de construcción. Almodóvar ahora alega que su remoción fue represalia por defender a los servidores públicos de la OGPe ante lo que describe como una campaña de desprestigio liderada por Negrón Reichard.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera llamó al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz 'frágil, inseguro, cobarde y resentido' durante una entrevista radial, retándolo a postularse a la gobernación. El intercambio surgió luego de que Rivera Schatz publicara en redes sociales que el PPD perderá las próximas elecciones y llamó 'flojo' al comisionado residente.

El choque entre dos de las figuras más visibles de los partidos mayoritarios refleja las tensiones internas del PNP y anticipa el tono de la contienda rumbo a las elecciones de 2028, en las que Pablo José Hernández Rivera se perfila como posible candidato popular a La Fortaleza.

Rivera Schatz ha protagonizado fricciones públicas recurrentes con líderes de su propio partido, incluyendo la gobernadora Jenniffer González Colón; Hernández Rivera señaló que González es la primera en 'hacerle frente' donde otros predecesores 'se doblaban'.

La senadora Joanne Rodríguez Veve presentó la resolución R. del S. 512 para que el Senado examine si el Gobierno ha cumplido con la Ley 84-2021, que ordena acciones concretas para combatir la pobreza infantil, incluyendo si la comisión creada por esa ley fue constituida, celebró reuniones y rindió los informes requeridos.

Han transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de la ley sin que se pueda confirmar públicamente que la comisión funciona, que se usaron fondos disponibles ni que se avanzaron las metas de reducción de pobreza fijadas para 2025, 2027 y 2032.

La Ley 84-2021 estableció una política pública para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico, creando una comisión con deberes específicos de planificación, coordinación de fondos y rendición de informes periódicos; la resolución señala que esos mecanismos aparentemente no han operado conforme a lo legislado.

El 19 de mayo de 2026, el representante José Cheito Hernández, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, radicó el Proyecto de la Cámara 1279, que enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir el control monopolístico en los contratos de inspección vehicular y garantizar libre competencia entre proveedores certificados; también radicó la Resolución Conjunta 354, que ordena al DTOP enmendar su reglamento para establecer criterios claros de certificación, protecciones del debido proceso y prohibir negociaciones informales de multas.

La medida responde directamente a los hallazgos de la Resolución de la Cámara 352, que identificó deficiencias en la adjudicación y cancelación del contrato con Worldwide Environmental Products, Inc.; de aprobarse, cambiaría cómo el DTOP contrata el sistema que regula los cerca de 380 centros de inspección que operan en la isla.

La investigación legislativa sobre los centros de inspección comenzó bajo la Resolución de la Cámara 352 y ya resultó en el referido de 30 centros al Departamento de Justicia por posibles violaciones a la ley; un día antes, el 18 de mayo de 2026, la Cámara había aprobado la Resolución 697 para extender la vigencia de esa misma investigación hasta la última sesión ordinaria.

En vistas senatoriales celebradas el 19 de mayo de 2026, el secretario del DRNA Waldemar Quiles Pérez pidió al Senado que la agencia conserve sus facultades de fiscalización ambiental y el cumplimiento con programas delegados por la EPA, en el contexto del debate sobre el PS 1183 y el PS 1173. Los contratistas generales también comparecieron para pedir que se preserve el concepto de Permiso de Construcción Consolidado.

La postura del DRNA añade otra voz institucional que exige límites a la reforma: la agencia condiciona su respaldo a que se mantengan separadas las funciones de otorgación de permisos y fiscalización, y a que no se interrumpan las delegaciones federales de la EPA, lo que podría restringir el alcance de la reorganización propuesta.

El PS 1183 recoge la propuesta de reforma de la gobernadora Jenniffer González Colón y deroga 14 leyes, mientras el PS 1173 es la propuesta del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz; ambas medidas han sido objeto de múltiples vistas en las que agencias, contratistas y otros sectores han planteado preocupaciones sobre estructura, cronograma e impacto en facultades existentes.

El Municipio de San Juan impulsó cambios administrativos y una nueva estructura de supervisión sobre la Casa Dominicana, generando preocupación entre líderes de la comunidad dominicana que por años han dirigido ese espacio.

El conflicto pone en tensión la autonomía de organizaciones comunitarias frente a la intervención de entidades gubernamentales municipales en espacios construidos por décadas de esfuerzo comunitario.

La Casa Dominicana de San Juan funciona como centro de organización y desarrollo de proyectos para la comunidad dominicana en Puerto Rico, población que ha contribuido al desarrollo económico, cultural y humano de la isla.

El 18 de mayo de 2026, el representante Domingo Torres acudió al Departamento de Justicia para una entrevista inicial con la fiscal Lucil Márquez, en relación al referido que Torres sometió el Día de las Madres contra la excomisionada de la OCIF Natalia Zequeira y la comisionada actual Mónica Rodríguez Villa por la presunta imposición de cargos irregulares —llamados 'Croqueta Fees'— a dos empresas de la expareja de una allegada. El caso, conocido también como 'Croqueta Gate', ha generado amplio debate sobre el manejo de conflictos entre relaciones laborales y sentimentales dentro de agencias reguladoras.

El referido activa un proceso formal en el Departamento de Justicia contra dos funcionarias de la principal agencia reguladora de instituciones financieras del país, lo que podría derivar en cargos criminales o administrativos contra servidoras públicas de alto rango. El caso expone además vulnerabilidades en los códigos de ética y las culturas organizacionales de agencias públicas.

Torres, portavoz alterno del PPD en la Cámara, radicó el referido la semana previa al 18 de mayo de 2026; según explicó él mismo, la fiscal lo convocó como parte del procedimiento estándar de entrevistar a quien presenta el referido.

El Senado de Puerto Rico aprobó una resolución que respalda los esfuerzos para que el presidente Donald Trump otorgue póstumamente la Medalla de Honor al soldado puertorriqueño Jorge Otero Barreto, conocido como el 'Rambo boricua', quien falleció en octubre de 2024 a los 87 años tras recibir 38 condecoraciones durante la guerra de Vietnam. La resolución solicita además al Congreso, al Secretario del Departamento de Defensa y al Secretario del Ejército que examinen y confieran la medalla.

El respaldo legislativo del Senado de Puerto Rico suma a la campaña que ya cuenta con el apoyo de Vietnam Veterans of America (VVA) y American GI Forum, ampliando el frente institucional que presiona al gobierno federal para un reconocimiento póstumo. Otero Barreto completó cerca de 200 misiones de combate y acumuló condecoraciones que incluyen tres Estrellas de Plata, cinco Corazones Púrpura y cinco Estrellas de Bronce con Distinción por Valor.

La familia de Otero Barreto y la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico han impulsado la campaña para el reconocimiento póstumo ante el gobierno federal; VVA ya había enviado una carta al presidente del Comité de Asuntos del Veterano de la Cámara federal argumentando que las acciones del soldado merecen el más alto galardón militar estadounidense.

La gobernadora Jenniffer González Colón notificó a los presidentes de la Cámara y el Senado que ofrecerá su Mensaje de Situación de Estado para el año fiscal 2026-2027 el jueves 21 de mayo de 2026 a las 5:00 de la tarde desde el Hemiciclo de la Cámara de Representantes en San Juan.

El mensaje establece las prioridades presupuestarias y de política pública del ejecutivo ante la Asamblea Legislativa para el próximo año fiscal, lo que incide directamente en los servicios y asignaciones que recibirán los ciudadanos.

González Colón cursó la invitación mediante misiva a los presidentes camerales en cumplimiento del Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, que obliga a la gobernadora a presentar un informe sobre la situación del Estado.

La exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer declaró el 18 de mayo que apoyaría al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz si decide aspirar a la gobernación, y sostuvo que en este momento le ganaría una primaria a la gobernadora Jenniffer González.

La declaración añade presión pública sobre una posible primaria dentro del Partido Nuevo Progresista y sugiere fisuras en el respaldo interno a la gobernadora González de cara al ciclo electoral.

Rivera Schatz y la gobernadora González comparten el liderato del PNP, y en semanas recientes el presidente senatorial ha protagonizado encontronazos públicos con figuras cercanas a La Fortaleza, avivando especulaciones sobre una contienda interna.

El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR), José Tirado, denunció públicamente lo que describió como abandono sistemático y acciones antiobreras durante los primeros 500 días de la administración de la gobernadora Jenniffer González, señalando además a Francisco Domenech y al sargento Josué Piñeiro frente al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Los bomberos son personal de emergencias esencial; si sus condiciones laborales son precarias, ello afecta directamente la capacidad de respuesta ante desastres y emergencias en toda la isla, que cuenta con 96 estaciones activas.

El SBUPR ha sostenido históricamente tensiones con distintas administraciones sobre condiciones de trabajo, equipos y salarios; Tirado acusa que los anuncios recientes del gobierno —incluyendo la distribución de detectores de humo y remozamiento de estaciones— son estrategias de relaciones públicas sin impacto real en las condiciones laborales, y que parte del trabajo de mantenimiento lo realizan los propios bomberos.

El 18 de mayo de 2026, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz publicó en redes sociales un mensaje vinculando a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario de la Gobernación Francisco Domenech con el exsenador convicto Jorge De Castro Font, luego de que este último afirmara en radio que mantiene comunicación directa con ambos funcionarios.

El intercambio expone tensiones abiertas dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) al relacionar públicamente a figuras del ejecutivo con personas convictas en el foro federal por corrupción, extorsión y lavado de dinero.

Rivera Schatz y De Castro Font protagonizaron días antes otro careo en redes sociales en el que el presidente senatorial llamó 'pillo' y 'corrupto' al exlegislador; las disputas entre ambos se remontan a pugnas internas del Senado entre 2004 y 2008.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) celebrará la Convención de Seguridad Vial de Puerto Rico el 21 y 22 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con entrada libre al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El evento reunirá agencias gubernamentales, sector privado, expertos y organizaciones comunitarias para coordinar estrategias dirigidas a reducir los choques de tránsito en la isla.

La CST, a través de su director ejecutivo José 'Memo' González, ha promovido un enfoque integrado que combina educación, fiscalización, tecnología y participación comunitaria en la seguridad vial; la convención incluirá paneles sobre conducción bajo efectos del alcohol, uso de datos preventivos y el rol de la juventud.

La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz M. Colón Alicea, denunció el 17 de mayo de 2026 que el presupuesto aprobado para el NMEAD en el año fiscal 2026-2027 —de aproximadamente $7,192,000— vuelve a omitir aumentos salariales, reclutamiento operacional, retención de personal y acuerdos de negociación colectiva. De ese total, solo $2.324 millones corresponden a salarios para la totalidad de empleados.

Puerto Rico entra a otra temporada de huracanes con su principal agencia coordinadora de emergencias operando, según el sindicato, con falta de personal, equipos deficientes y condiciones precarias que comprometen la capacidad de respuesta del país ante un desastre mayor.

El SAME ha levantado estas denuncias de forma documentada en ciclos presupuestarios anteriores, sin que el gobierno las atendiera, según la sindicalista. La agencia fue centralizada bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), medida que el sindicato señala ha generado mayor burocracia y desconexión operacional, mientras el DSP recibe una asignación superior a los $156,443 millones, incluyendo cerca de $3,858 millones destinados a sueldos de puestos de confianza.

El Departamento de Estado de Puerto Rico anunció que a partir del 21 de mayo de 2026 requerirá la creación de cuentas personales y autenticación para realizar búsquedas en el Registro de Corporaciones y Otras Entidades Jurídicas. La organización Sembrando Sentido alertó que el cambio crea barreras innecesarias al acceso de información pública.

El nuevo requisito podría dificultar el trabajo de periodistas, abogados, investigadores y organizaciones comunitarias que dependen de acceso ágil a datos corporativos para fiscalizar contratos, permisos e incentivos gubernamentales, y podría afectar además herramientas tecnológicas que usan APIs para analizar grandes volúmenes de datos públicos.

La medida se suma a otros cambios recientes que Sembrando Sentido señala como retrocesos en transparencia: las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, la Ley 65-2025 que eliminó requisitos de informes anuales corporativos, y la Ley 82-2026 que aumentó los costos para impugnar permisos de construcción.

El representante por acumulación Ramón Torres exigió este fin de semana al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental actuar "de manera inmediata" ante los hallazgos del informe de la Oficina de la Contralora sobre el Municipio de Cataño, que documenta presunto uso indebido de fondos, equipos, vehículos y sistemas municipales para fines político-partidistas y personales. Torres también llamó al DRNA a atender los referidos de la Contralora y rendir cuentas públicas.

La exigencia legislativa añade presión formal sobre las agencias investigativas del Ejecutivo para que actúen sobre un expediente ya referido por la propia Contralora, que incluye alegaciones de propaganda política con recursos públicos, pagos indebidos y uso de maquinaria gubernamental para fines privados. Torres advirtió que el país espera "consecuencias reales" y no que el informe quede "engavetado".

El informe OC-26-29 de la Oficina de la Contralora sobre Cataño desató una disputa pública desde el 16 de mayo de 2026: el municipio acusó a la OCPR de publicarlo en medio de un proceso judicial activo, la OCPR respondió que confía en prevalecer ante el tribunal, y la portavoz del PPD en la Legislatura Municipal, Betzy Bauzá, señaló que los hallazgos —incluyendo $12,656 en pagos indebidos y más de $75,600 a un bufete sin enmiendas contractuales— confirmaban denuncias previas de su partido.

Un editorial de El Nuevo Día contrasta el ejemplo del exgobernador Roberto Sánchez Vilella —quien en 1965 rechazó una pensión de $25,000 anuales que él mismo había firmado en ley— con tres casos recientes de funcionarias públicas investigadas por irregularidades éticas en los últimos meses.

Los casos citados —una exsecretaria de gabinete investigada por irregularidades en un negocio personal, otra por favorecer contratos públicos a un allegado sentimental, y una reguladora bancaria acusada de amenazar multas por motivos personales— apuntan a un patrón de conducta que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

Roberto Sánchez Vilella gobernó Puerto Rico entre 1965 y 1968 y, tras dejar el cargo, vivió de un salario universitario y una pensión modesta hasta su muerte en 1997; su figura se ha convertido en referente de austeridad y ética en el servicio público.

La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) confirmó que, al mes de mayo de 2026, cerca de 57,757 de sus 149,372 casos activos corresponden a beneficiarios que ya alcanzaron la mayoría de edad, lo que representa aproximadamente el 39% del total.

La acumulación de expedientes sin cierre formal distorsiona la carga operativa de ASUME y puede afectar la eficiencia con que la agencia persigue a deudores de pensión alimentaria de menores activos.

ASUME atribuye la acumulación a años sin cierre formal ni seguimiento de deudas prescritas; la agencia ha intensificado recientemente medidas contra deudores de pensión alimentaria.

El texto recuperado de la fuente no contiene información sustantiva más allá de una referencia general al origen del sistema 9-1-1 en Estados Unidos en 1968 y datos de clima y biografía del periodista, sin detallar hechos noticiosos sobre Puerto Rico.

Sin contenido verificable de la fuente, no es posible determinar el impacto material o cívico de la nota.

El artículo forma parte de una serie especial de El Vocero titulada 'Al Otro Lado: Historias del 9-1-1', pero el texto transmitido no incluye los detalles históricos sobre la implantación del sistema en Puerto Rico.

El 15 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón participó como oradora principal en el primer evento de CPAC celebrado en Puerto Rico, donde defendió legislación aprobada bajo su administración relacionada con la protección del concebido no nacido —incluidas la Ley 183-2025 y la Ley 18-2026—, libertad religiosa y restricciones a procedimientos médicos para menores transgénero. Ante líderes conservadores, González Colón afirmó que Puerto Rico 'es orgullosamente una isla pro vida'.

Las declaraciones consolidan públicamente la agenda social conservadora del gobierno de Puerto Rico ante una red ideológica hemisférica, en un contexto en que varias de esas leyes ya enfrentaron oposición de la ACLU de Puerto Rico, organizaciones LGBTQ+ y legisladores del PIP, quienes cuestionaron su alcance sobre derechos civiles.

Las leyes mencionadas por González Colón fueron aprobadas durante el año legislativo 2025, incluyendo la Ley 183-2025 —impulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz— que reconoce al nasciturus como persona natural desde la concepción, y la Ley 14-2025 sobre libertad religiosa, que enfrentó críticas de grupos que alegaron podría habilitar discrimen en servicios regulados por el Estado.

El comisionado residente Pablo José Hernández declaró este jueves que, aunque votó en contra de la Ley 82-2026 —que impone requisitos de fianza a ciudadanos que impugnen permisos de construcción—, no se comprometió a derogarla por completo de llegar a la gobernación, y dijo que primero evaluaría su alcance e impacto.

La Ley 82-2026, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón, establece requisitos económicos para impugnar permisos de construcción en foros administrativos o judiciales, lo que sectores ambientales, comunitarios y legales alegan que limita el acceso a la justicia y la fiscalización ciudadana.

La medida ha generado controversia pública desde su aprobación; toda la delegación del Partido Popular Democrático votó en contra, pero la ley fue firmada y está vigente mientras Hernández explora una posible candidatura a la gobernación.

El vicepresidente del Senado Carmelo Ríos informó el 15 de mayo de 2026 que la delegación del PNP en ese cuerpo evalúa presentar enmiendas a la Ley 82-2026 para, entre otras cosas, eximir a los municipios del pago de la fianza del 10% al solicitar paralizaciones de obras y revisar si dicho porcentaje es adecuado para proyectos de alto valor. Ríos indicó que las enmiendas se alinearían con una propuesta mayor de reforma al sistema de permisos que el Senado espera presentar en aproximadamente dos semanas.

La posible enmienda respondería directamente a la petición del Municipio de San Juan y reconoce que la fianza del 10% —que en proyectos de $300 millones representaría $30 millones— podría ser desproporcionada incluso para actores gubernamentales, lo que amplía el debate sobre quién puede ejercer fiscalización sobre permisos de construcción.

La Ley 82-2026, firmada recientemente por la gobernadora Jenniffer González y promovida por el senador Jorge 'Georgie' Navarro, impone requisitos de fianza a quienes impugnen permisos; la medida ha generado rechazo de municipios del área metropolitana, organizaciones ambientales y el principal precandidato de oposición, el comisionado residente Pablo José Hernández, quien tampoco se comprometió a derogarla de llegar al poder.

El 15 de mayo de 2026, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el exsenador convicto Jorge De Castro Font protagonizaron un intercambio público en redes sociales en el que se lanzaron insultos, acusaciones de corrupción y ataques personales relacionados con disputas internas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El enfrentamiento expone fracturas internas vigentes dentro del PNP y vincula públicamente al liderato senatorial en ejercicio con figuras condenadas por corrupción, en medio de controversias recientes alrededor del exfuncionario Francisco Domenech.

De Castro Font fue convicto de corrupción y ambos tienen historial de conflictos desde las luchas internas del Senado entre 2004 y 2008; Rivera Schatz lo invocó al criticar a quienes defienden a Domenech.

El 14 de mayo de 2026, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 991, del representante Ángel Morey Noble, que adopta la 'Ley para Prohibir Ruidos Innecesarios y Proteger la Tranquilidad Pública' y prohíbe el voceteo entre las 10:01 p.m. y las 6:59 a.m. En zonas con escuelas públicas o privadas, el volumen no podrá exceder los 50 decibeles entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

La medida establece por primera vez parámetros, excepciones y penalidades uniformes para regular el ruido público en Puerto Rico, con restricciones específicas para entornos escolares.

El proyecto forma parte de un paquete de medidas de seguridad aprobadas ese mismo día, que incluyen enmiendas a la Ley de la Policía de Puerto Rico —sobre preferencia de domicilio para reclutas y asignación mínima de psicólogos— y al Departamento de Seguridad Pública sobre adiestramiento en violencia doméstica.

El 14 de mayo de 2026, el Senado aprobó los Proyectos del Senado 1024, 1028, 1047, 1130 y 255, que abordan requisitos de admisión a la abogacía, reconocimiento automático de sentencias de otros estados y territorios, licencias provisionales para asistentes dentales, un registro de personas inhabilitadas en cooperativas y la prohibición de reportar deudas médicas a agencias de crédito. También confirmó los nombramientos de Viviana J. Torres Reyes como jueza del Tribunal de Apelaciones y de Ana Marie Cruz Rodríguez como comisionada de la Comisión Industrial.

Las medidas afectan directamente el acceso a servicios legales y de salud oral, la protección crediticia de pacientes con deudas médicas y la supervisión del sector cooperativista; el PS 1028 simplifica el reconocimiento de sentencias foráneas al eliminar el procedimiento de exequátur, agilizando litigios con implicaciones en toda la isla.

El PS 1024 enmienda la Ley 17 de 1939, que exigía un año de residencia previo y suprimía el examen para abogados de otras jurisdicciones sin que esas jurisdicciones ofrecieran reciprocidad; el PS 1047 responde a una escasez reconocida de asistentes dentales, mientras que el PS 255 se enmarca en debates nacionales sobre el impacto de deudas médicas en el historial crediticio de los consumidores.

El 14 de mayo de 2026, la Legislatura Municipal de San Juan aprobó enmiendas al Código de Orden Público que elevan las multas por manejo inadecuado de desperdicios —$1,000 por primera infracción, $2,500 por la segunda y $5,000 por las subsiguientes— y modernizan los criterios de medición de ruido proveniente de establecimientos fijos. El alcalde Miguel A. Romero Lugo destacó las medidas como herramientas para agilizar la atención a querellas comunitarias.

Las nuevas multas, que pueden llegar a $5,000 por infracciones reiteradas, endurecen las consecuencias económicas para negocios y residentes que incumplan normas de basura, mientras que los agentes municipales ganan flexibilidad para medir el impacto del ruido desde la fuente o desde donde lo recibe el afectado; la medida también contempla la posible revocación de permisos en casos de incumplimiento reiterado.

San Juan, como municipio autónomo, administra su propio Código de Orden Público para regular la convivencia en la ciudad capital; estas enmiendas actualizan criterios y escalas de multas que, según el alcalde Romero Lugo, no respondían con suficiente agilidad a las querellas cotidianas de los residentes.

La gobernadora Jenniffer González Colón respaldó la decisión de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, de reabrir la investigación contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por alegaciones relacionadas con contratos que ascendían a más de $60,000 por participante en la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual. Al mismo tiempo, González Colón calificó el asunto de 'ataque político' y atribuyó la responsabilidad contractual al exsecretario de Salud, Carlos Mellado.

La investigación toca a una secretaria en funciones del gabinete de González y gira en torno a alegaciones de irregularidades en contratos del gobierno con fondos públicos; su reapertura ocurre mientras Roig Fuertes permanece en su cargo.

Los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2021 y enero de 2022, cuando Roig Fuertes dirigía la unidad de discapacidad intelectual en el Departamento de Salud bajo la administración anterior. Mellado solicitó públicamente en abril de 2026 que se reabriera la investigación, más de un año después de su referido inicial, lo que la gobernadora describió como sospechoso en cuanto a su momento.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, confirmó el 14 de mayo de 2026 que La Fortaleza no tomará acción contra el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, hasta que la EEOC resuelva dos querellas por presunto hostigamiento sexual y acoso laboral en su contra.

La postura pospone indefinidamente una determinación del Ejecutivo sobre un funcionario de gabinete señalado por conducta que, según una querellante, comenzó desde el inicio de su empleo en enero de 2025.

En reuniones de principios de abril, el secretario de Asuntos Públicos Jean Peña Payano anunció que la gobernadora Jenniffer González comunicaría su decisión pronto, sin mencionar entonces que el Ejecutivo aguardaba por la EEOC; una querellante también envió una carta directamente a Quiñones y al director de la EEOC, William Sánchez.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció esta semana el lanzamiento de la licencia de conducir y el registro vehicular en formato digital a través de la aplicación CESCO Digital, desarrollada por el DTOP junto a PRITS. Los documentos podrán presentarse en intervenciones de tránsito y ser verificados por agentes de la Policía de Puerto Rico mediante herramientas integradas en la aplicación.

La medida permite a los conductores portar documentos vehiculares válidos desde el teléfono móvil, en cumplimiento con la Resolución Conjunta 54-2025, que reconoce legalmente la evidencia digital de registración y licencia. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

La Resolución Conjunta 54-2025 —autoría del representante Edgar Robles del Distrito 14— estableció el marco legal para validar los documentos vehiculares digitales en Puerto Rico. El DTOP y PRITS desarrollaron la funcionalidad bajo protocolos de seguridad y protección de datos.

La inspectora general Ivelisse Torres Rivera compareció ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, para solicitar una asignación de $23.1 millones para el año fiscal 2026-2027, destinados a gastos operacionales e investigaciones en curso.

La OIG sostiene que en sus primeros siete años ha identificado aproximadamente $4.8 billones en costos cuestionados con un presupuesto acumulado de $54.8 millones, lo que representa un retorno de $87.58 por cada dólar invertido en la agencia.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico lleva siete años de operaciones y ha ampliado significativamente su producción de informes; según Torres, entre el año fiscal 2019-2020 y el 2024-2025 la cantidad de informes de investigación publicados creció hasta un 840%.

El columnista Leo Aldridge publicó una columna de opinión en El Nuevo Día el 14 de mayo de 2026 argumentando que la sociedad ha perdido la capacidad de distinguir entre asuntos públicos de peso y ruido informativo, citando conflictos bélicos y crisis geopolíticas en curso.

La pieza señala eventos de alto impacto global —incluyendo una guerra contra Irán con costo estimado de $30 billones y 73,000 muertos en Gaza— como ejemplos de temas que compiten con contenido trivial por la atención colectiva.

La columna se enmarca en un momento en que, según el autor, Donald Trump se encontraba en Pekín reunido con Xi Jinping y Estados Unidos sostenía operaciones militares contra Irán sin autorización del Congreso, además de mantener una postura permisiva ante la invasión rusa de Ucrania.

El 13 de mayo de 2026, la inspectora general Ivelisse Torres Rivera compareció ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, y solicitó una asignación de $23.1 millones para el año fiscal 2026-2027 con el fin de sostener operaciones e investigaciones en curso. Torres indicó que en sus primeros siete años la OIG ha identificado alrededor de $4.8 billones en costos cuestionados con un presupuesto acumulado de $54.8 millones, lo que representa un retorno de $87.58 por cada dólar invertido.

La solicitud busca sostener una oficina que, según sus propias cifras, genera un retorno multiplicador significativo para el fisco: al cierre parcial del año fiscal 2025-2026, los costos cuestionados ya reflejan un incremento de 626.84% respecto al año fiscal previo. Sin la asignación solicitada, la OIG advierte que no podrá mantener su trayectoria de fiscalización, prevención y combate a la corrupción.

La OIG de Puerto Rico opera desde hace aproximadamente siete años como ente de fiscalización del gasto gubernamental; en ese periodo ha publicado 121 informes con 316 recomendaciones en proceso de implantación. La vista forma parte de la ronda de evaluaciones presupuestarias para el año fiscal 2026-2027 que la Comisión de Hacienda del Senado celebra esta semana con distintas agencias.

La Unión Local 3647 de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico pidió el 13 de mayo de 2026 al Senado dar seguimiento al cumplimiento de la Ley 156 de 2024, que ordena aumentos salariales para vigilantes del DRNA, señalando que la Oficina de Gerencia y Presupuesto sometió en marzo de 2026 una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027 sin incluir los fondos requeridos. La unión también reveló que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal informó en septiembre de 2025 a la Junta de Supervisión Fiscal que el Gobierno de Puerto Rico no implementaría la ley.

A casi dos años de aprobada, la Ley 156 no ha sido implementada por el Ejecutivo, dejando sin el aumento salarial ordenado por ley a los vigilantes del DRNA; la unión advierte que ignorar la obligación de cumplir leyes vigentes representa un riesgo para el orden democrático del país.

En agosto de 2025, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, informó haber identificado los fondos y notificado a la Junta de Supervisión Fiscal, pero dejó de responder solicitudes de actualización; durante una vista presupuestaria en abril de 2026, tampoco mencionó los fondos, lo que motivó a una comisión legislativa a solicitar comunicaciones sobre la ley a las agencias responsables.

El 13 de mayo de 2026, el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP exigieron una investigación sobre denuncias de un esquema en que miembros de la pandilla Los Tiburones y personal del Departamento de Corrección habrían presionado a reclusos e intercambiado drogas por votos a favor de la gobernadora Jenniffer González en las elecciones de 2024. Las delegaciones del PIP en Senado y Cámara presentaron la resolución RS 500 para ordenar una pesquisa legislativa formal.

La investigación federal habría reunido pruebas del esquema y presentado una acusación contra 34 reclusos en diciembre de 2024, pero el presidente Donald Trump ordenó detenerla el 2 de mayo sin que se radicaran cargos ni se ofreciera explicación pública. La Comisión de Derechos Civiles, a través de su director Lcdo. Ever Padilla, había documentado previamente violaciones a la privacidad de reclusos durante el proceso de votación.

La senadora del PIP María de Lourdes Santiago señaló que las alegaciones de intervención partidista en espacios carcelarios y el trasiego de sustancias anteceden al reportaje de ProPublica. La RS 500 instruye a las comisiones de Seguridad Pública del Senado y la Cámara a realizar una pesquisa exhaustiva que incorpore también los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles.

El 12 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González anunció el lanzamiento del Portal de Alertas, una plataforma desarrollada por PRITS para centralizar información sobre personas desaparecidas o en peligro aparente, integrando sistemas como Alerta AMBER, Alerta Ashanti, Alerta Mayra Elías, Alerta Rosa y Alerta Silver.

El portal unifica en un solo lugar varios sistemas de alerta de emergencia dispersos, buscando agilizar la difusión de información oficial y verificada para que la ciudadanía pueda colaborar con las autoridades ante situaciones de emergencia.

La plataforma surgió de una alianza entre PRITS, el Negociado de Telecomunicaciones, la Policía, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; su anuncio se realizó durante el Gov Tech Summit 2026 celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

El 12 de mayo de 2026, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz publicó mensajes dirigidos contra el secretario de la Gobernación Francisco Domenech y contra los estrategas y asesores de comunicaciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, acusándolos de cobrar caro mientras mantienen al Ejecutivo 'metido en un escándalo mediático semanal y sin salida'.

El enfrentamiento público entre el liderato del Senado y La Fortaleza profundiza una fractura interna dentro del PNP que lleva semanas expuesta, lo que complica la capacidad del partido gobernante de coordinar agenda legislativa y ejecutiva.

Las tensiones entre Rivera Schatz y González Colón se han desarrollado públicamente durante semanas e incluyen cuestionamientos previos del presidente senatorial sobre las firmas Politank y Globalize, vinculadas a Domenech; el presidente de la Cámara Carlos 'Johnny' Méndez intentó mediar el pasado 7 de abril, pero los roces han continuado.

El 13 de mayo de 2026, el DTOP activó una nueva funcionalidad en la aplicación CESCO Digital que permite a los conductores mostrar el registro de su vehículo digitalmente durante intervenciones de tránsito.

La medida elimina la necesidad de portar el documento físico y, según la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario Edwin González Montalvo, contribuirá a reducir el fraude en registros vehiculares.

CESCO Digital es la plataforma móvil del Departamento de Transportación y Obras Públicas para gestionar trámites de tránsito en Puerto Rico; esta actualización expande sus funciones más allá de las licencias de conducir.

El académico Eliseo Colón Zayas publicó una columna argumentando que la prensa corporativa puertorriqueña ha cubierto la crisis de agua en Santurce —que lleva semanas afectando a residentes— reproduciendo comunicados de la AAA sin formular preguntas estructurales, históricas ni políticas sobre las causas del colapso.

Sectores de Santurce llevan semanas sin servicio de agua, y según el autor, la cobertura mediática normaliza la precariedad en lugar de exigir responsabilidades al gobierno y a la AAA.

La crisis de agua en el área de Santurce se relaciona con problemas en el embalse de Carraízo y averías en infraestructura que, según la columna, vienen generándose desde julio del año anterior, es decir, desde julio de 2025.

El martes 12 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el PS 769 con 42 votos a favor, cuatro en contra y siete ausencias, legislación que define la política pública del gobierno en inteligencia artificial y crea el Instituto de Desarrollo e Innovación de Inteligencia Artificial. La medida, enmendada en la Cámara, regresa ahora al Senado para consideración.

La legislación busca posicionar a Puerto Rico como eje regional y mundial de inteligencia artificial, crear un fondo de desarrollo capitalizado para el sector y atraer empresas tecnológicas especializadas a la isla. También aprobó el PS 101, que exigiría divulgación pública cuando propagandas políticas o electorales sean generadas o alteradas por sistemas de inteligencia artificial.

El PS 769 es de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz; su aprobación en la Cámara marca el penúltimo paso legislativo antes de llegar a La Fortaleza para firma o veto.

El martes 12 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció en el Gov Tech Summit 2026 el lanzamiento del Portal de Alertas, una plataforma digital desarrollada por PRITS para centralizar información sobre personas desaparecidas o en peligro aparente. El portal integrará las alertas AMBER, Ashanti, Mayra Elías, Rosa y Silver.

La plataforma unifica sistemas de emergencia que operaban de forma dispersa, lo que puede agilizar la difusión de información crítica a la ciudadanía ante casos de desaparición o peligro.

El portal fue desarrollado en alianza entre PRITS, el Negociado de Telecomunicaciones, la Policía, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; cada uno de estos sistemas de alerta existía previamente de forma independiente.

El superintendente Joseph González presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara el primer presupuesto independiente de la Policía de Puerto Rico desde su separación del Departamento de Seguridad Pública, ascendiente a $867.6 millones para el año fiscal 2026-2027. El plan incluye el reclutamiento de al menos 1,000 agentes, $50 millones en ajustes salariales y $20 millones para cumplimiento con la Reforma de la Policía.

La Policía proyecta que para 2030 podrían jubilarse 4,000 agentes, superando con creces la meta de reclutar 2,000 cadetes en dos años, lo que apunta a una reducción neta del cuerpo. Además, la escala salarial de los agentes no ha sido revisada desde 2005.

La separación de la Policía del DSP —creado para unificar agencias de seguridad— se encuentra al 99.5% completado y se haría efectiva el 1 de julio de 2026. La Reforma de la Policía, supervisada federalmente, reporta un 83% de cumplimiento.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció que la Cámara de Representantes federal considerará un proyecto de asignaciones para el año fiscal 2027 que incluye $33.5 millones para un sistema de agua de emergencia en Fort Buchanan y aproximadamente $137 mil millones para el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Los fondos del VA beneficiarían a más de 70,000 veteranos puertorriqueños que dependen del Hospital de Veteranos en San Juan y clínicas comunitarias, mientras que la inversión en Fort Buchanan busca garantizar acceso a agua potable durante desastres naturales.

Fort Buchanan, instalación militar federal en Puerto Rico, ha enfrentado históricamente vulnerabilidades de infraestructura ante emergencias; el proyecto también contempla fondos para Camp Santiago y la Guardia Nacional de Puerto Rico como parte del proceso anual de asignaciones federales.

El 12 de mayo de 2026, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech respondió desde 'En Récord' La Fortaleza a las críticas publicadas en redes por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien había pedido a la gobernadora Jenniffer González Colón destituir a sus asesores cercanos; Domenech calificó la publicación como parte de 'la guerra política por aspiraciones futuras' que Rivera Schatz mantiene contra la gobernadora.

El intercambio hace pública una fractura de alto nivel dentro del PNP: el secretario de la Gobernación nombra directamente al presidente del Senado como actor en una disputa de poder, lo que complica la coordinación entre las ramas ejecutiva y legislativa del partido gobernante.

Rivera Schatz había argumentado ese mismo día que algunos mensajeros del gobierno 'fallan en el contexto, el contenido y la capacidad de comunicar bien', en línea con semanas de tensiones públicas que han incluido cuestionamientos a jefes de agencia y acusaciones cruzadas de obstrucción; Domenech, por su parte, defendió la estabilidad de la administración y enumeró prioridades como los $554 millones en alivios, aumentos a la Policía y la fiscalización de LUMA.

El senador Gregorio Matías Rosario, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, convocó una vista pública para el 13 de mayo de 2026 con el fin de investigar la implementación del aumento salarial y el pago retroactivo establecidos por la Ley 156-2024 para los vigilantes del DRNA.

Miembros del Cuerpo de Vigilantes han denunciado demoras en recibir tanto el aumento salarial como el pago retroactivo que la Asamblea Legislativa ya aprobó por ley; la vista podría presionar a las agencias a desembolsar los fondos pendientes.

La Ley Núm. 156-2024, conocida como la 'Ley Especial de Salario Base para el Cuerpo de Vigilantes', fue aprobada por la Asamblea Legislativa para elevar el salario base de este cuerpo; sin embargo, su implementación ha quedado rezagada según los propios vigilantes. Fueron citados el DRNA, la OGP, la AAFAF y la Oficina del Ombudsman.

La comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, declaró en conferencia de prensa el lunes 12 de mayo de 2026 que las acciones regulatorias contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental comenzaron desde marzo de 2024 por incumplimientos documentados —incluyendo falta de informes trimestrales y estados financieros auditados— y que sus fechas no coinciden con la narrativa de represalia presentada en la declaración jurada del gerente de Allied. Rodríguez Villa también confirmó que las licencias de ambas empresas fueron renovadas el 1 de abril de 2026 tras someter la documentación pendiente.

La OCIF supervisa instituciones financieras en Puerto Rico, y su credibilidad como ente regulador depende de que sus procesos sean percibidos como técnicos e imparciales; la comisionada reconoció además que la agencia todavía evalúa si abrirá una investigación interna sobre los mensajes atribuidos a la excomisionada Natalia Zequeira, lo que mantiene abierta la pregunta sobre si hubo conducta impropia dentro de la oficina.

El escándalo estalló cuando el representante popular Domingo Torres García presentó un referido ante el Departamento de Justicia contra Rodríguez Villa y Zequeira, acompañado de una declaración jurada del gerente general de Allied y de mensajes donde supuestamente se hablaba de imponer un 'croqueta fee' y un 'cabrón fee' contra la empresa; el referido continúa bajo evaluación de Justicia.

El superintendente Joseph González presentó el 12 de mayo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara un presupuesto recomendado de $867.6 millones para el año fiscal 2026-2027 —el primero desde que la Policía de Puerto Rico inició su separación del Departamento de Seguridad Pública— destinado al reclutamiento de al menos 1,000 agentes, aumentos salariales, modernización tecnológica y cumplimiento con la Reforma de la Policía. El presupuesto incluye $50 millones para justicia salarial, de los cuales $20 millones atienden una escala que no se revisa desde 2005, y $15 millones para chalecos antibalas.

La cifra de $867.6 millones supera el borrador previo de $846 millones, pero enfrenta una presión estructural severa: para 2030 podrían jubilarse 4,000 agentes, mientras el plan de reclutamiento contempla apenas 2,000 cadetes en los próximos dos años, lo que en términos netos representaría una pérdida de efectivos. La separación formal del DSP se proyecta completa para el 1 de julio de 2026.

La Policía de Puerto Rico opera bajo un acuerdo federal de Reforma que, según González, tiene un 83% de cumplimiento; el tribunal federal reserva $20 millones del presupuesto para ese fin. González había solicitado previamente más de $1,000 millones anuales, cifra que la Junta de Supervisión Fiscal no respaldó, y el Departamento de Seguridad Pública —que retiene bomberos, emergencias y el 9-1-1— presentó por separado un presupuesto de $240.7 millones.

El 11 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón declaró en Humacao que la actual directora ejecutiva de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, no tiene relación con las alegaciones de conducta indebida, y precisó que las expresiones señaladas corresponden a acciones de la exdirectora Natalia Zequeira Díaz, quien permaneció en el cargo hasta el primer semestre de 2025.

El respaldo explícito de la gobernadora a Rodríguez Villa añade peso político a la defensa de la actual comisionada, pero confirma que la controversia central —los alegados mensajes sobre un 'croqueta fee' y un 'cabrón fee' y las multas que superaron los $205,000 contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental— sigue orientada hacia Zequeira Díaz, cuyo referido al Departamento de Justicia permanece activo.

El caso surgió tras divulgarse una declaración jurada del gerente de Allied, Sebastián Carazo Forastieri, que vinculó las acciones regulatorias a una ruptura sentimental con una persona descrita como amiga cercana de Zequeira Díaz; el representante del PPD Domingo Torres García refirió el asunto a Justicia por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder, señalando tanto a Zequeira Díaz como a Rodríguez Villa.

El 11 de mayo de 2026, el pleno del Senado confirmó al licenciado Luis Augusto Martínez Román como secretario del Departamento de la Vivienda y aprobó nueve medidas legislativas —incluyendo los Proyectos del Senado 993, 999, 1034 y 276— orientadas a reforzar la calidad hospitalaria, ampliar derechos de pacientes bariátricos, fortalecer protecciones laborales y ampliar el acceso al Hospital Industrial. También se aprobaron medidas sobre ciberseguridad gubernamental, financiamiento de infraestructura y varias resoluciones de investigación.

Martínez Román asumirá la administración de aproximadamente $20.6 billones en fondos CDBG —de los cuales se han desembolsado alrededor de $5.8 billones— con la prioridad de acelerar 884 proyectos bajo el programa 'Construyendo el 2026'; en paralelo, las nuevas leyes de salud y trabajo crean mecanismos concretos de rendición de cuentas en hospitales y reducen la carga económica de empleados en litigios laborales.

La confirmación cierra el proceso de vistas iniciado ese mismo día ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside el senador Thomas Rivera Schatz, quien también es autor de los tres proyectos de salud aprobados; Martínez Román se había desempeñado previamente como Administrador de La Fortaleza y asesor de la gobernadora.

El 10 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó cinco proyectos de ley y una resolución conjunta que abarcan protección a adultos mayores, derechos de empleados de Educación, inclusión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en campañas publicitarias gubernamentales y reconocimiento de legados culturales y deportivos.

Las medidas amplían protecciones legales para poblaciones vulnerables —incluyendo catalogar el maltrato a mascotas de adultos mayores como forma de intimidación o maltrato— y establecen mecanismos de reconocimiento cultural como el 'Día de la Historia Deportiva Ponceña' cada 2 de abril.

Entre las medidas figura una de autoría de la propia gobernadora para que agencias públicas incluyan a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en sus campañas publicitarias; otra fue radicada por el representante Ángel A. Fourquet Cordero a petición de estudiantes de la Escuela Manuel González Pató de Ponce.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) anunció el 11 de mayo de 2026 que su Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo iniciará una investigación formal por el alegado uso indebido de la cuenta oficial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para transmitir un evento del PNP el 3 de mayo. Los tres referidos que activaron el proceso llegaron el 4 de mayo: uno del exrepresentante José Rivera Madera, otro de los representantes del PPD Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, y una comunicación interna del director de Comunicaciones de la AAA, Gian Paul Luciano Ramos.

El uso de plataformas de una corporación pública para fines político-partidistas constituye una posible violación a la Ley Orgánica de la OEG (Ley Núm. 1-2012); la investigación corre paralela a una pesquisa administrativa interna que ya resultó en el despido del empleado responsable.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, repudió el incidente de inmediato tras la transmisión del 3 de mayo y anunció acciones disciplinarias internas; la OEG, bajo la dirección ejecutiva de Luis A. Pérez Vargas, declaró que sus conclusiones serán confidenciales y que Pérez Vargas fungirá como adjudicador final.

Un columnista de El Nuevo Día publicó un artículo de opinión en anticipación al próximo mensaje sobre la situación del Estado que ofrecerá la gobernadora Jenniffer González Colón, argumentando que estos discursos han perdido su utilidad pública y se han convertido en un espectáculo prolongado e inconsecuente.

El mandato constitucional del mensaje sobre la situación del Estado es uno de los mecanismos formales de rendición de cuentas del ejecutivo ante la ciudadanía y la Asamblea Legislativa; su percepción como mero ritual afecta la confianza en las instituciones.

La Constitución de Puerto Rico obliga a la persona que ocupa la gobernación a presentar periódicamente un informe sobre la situación del Estado; con el pasar de los años, críticos han señalado que estos discursos se han extendido y vaciado de contenido sustantivo.

La contralora Carmen A. Vega Fournier publicó el Informe de Auditoría OC-26-27 sobre la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, que cubre del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023, y emitió una opinión adversa por múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias en la administración del Fondo de Mejoras Municipales. El informe ordenó recobrar $410,677 de entidades sin fines de lucro que recibieron fondos en condiciones contrarias a la ley.

El informe identificó $297,177 pagados fuera de los términos contractuales y $262,732 retenidos por entidades que no rindieron cuentas sobre fondos destinados a obras y servicios ciudadanos. En siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras ni los beneficiarios, lo que aumentó el riesgo de uso indebido de recursos públicos.

La auditoría detectó que la Autoridad de Tierras desembolsó fondos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato. La contralora Vega Fournier señaló que cuando los principios de control y transparencia fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del gobierno para servir con justicia y eficiencia.

El senador por el Distrito de Arecibo, Héctor "Gaby" González, radicó el Proyecto del Senado 1233, que obligaría a supermercados y establecimientos comerciales de 8,000 pies cuadrados o más a donar alimentos aptos para consumo —aunque no vendibles por razones comerciales— a organizaciones sin fines de lucro que sirven poblaciones vulnerables.

La medida prohibiría la destrucción intencional de alimentos aptos para consumo con el fin de evitar su redistribución, y crearía un marco regulado por el Departamento de Agricultura en coordinación con el Departamento de Salud para canalizar ese excedente hacia comunidades con inseguridad alimentaria en Puerto Rico.

El proyecto toma como modelo una legislación aprobada en Francia en 2016 que estableció mecanismos para evitar el descarte innecesario de alimentos y fomentar acuerdos con organizaciones benéficas; el PS 1233 adapta ese esquema a la realidad regulatoria de la isla.

Los columnistas Eunice Ortiz y Jonathan García publicaron un artículo de opinión señalando que la mala administración de lo social en Puerto Rico se corrige transformando la manera en que el Estado planifica, coordina, ejecuta y rinde cuentas.

El texto señala que en meses recientes han surgido controversias sobre conflictos de interés, beneficios personales indebidos, negocios familiares e irregularidades en el manejo de fondos públicos entre funcionarios del gobierno.

La Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico exige a los funcionarios públicos actuar con honestidad, transparencia y sentido de responsabilidad; su cumplimiento ha sido objeto de escrutinio recurrente en la isla.

La gobernadora Jenniffer González Colón acusó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de orquestar un esquema deliberado de ataques contra jefes de agencia de su administración, y reveló que Rivera Schatz no le contestó una llamada ni un mensaje que le envió el día anterior al anuncio de un incentivo contributivo.

El conflicto escala las tensiones entre el ejecutivo y el liderato del Senado en medio de decisiones fiscales y presupuestarias activas, lo que puede dificultar la aprobación de medidas legislativas de la administración.

La disputa más reciente gira en torno a la citación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, al senador del PPD Luis Javier Hernández Ortiz, relacionada con el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo 'Betito' Márquez García, señaló que la organización comunitaria y la concienciación ciudadana han sido los factores principales detrás de los avances que dice ha experimentado el municipio en los últimos años. El Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana ha funcionado como eje de ese proceso.

El planteamiento sitúa la participación ciudadana organizada —no solo la inversión gubernamental— como motor del desarrollo municipal en Toa Baja.

El Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana de Toa Baja es la estructura formal a través de la cual el municipio ha canalizado ese modelo de desarrollo comunitario bajo la administración de Márquez García.

El secretario del DTOP Edwin González Montalvo confirmó la renuncia con efectividad inmediata de Mary Fuster Romero como directora de DISCO, luego de que el representante José "Cheito" Hernández la refiriera al Departamento de Justicia por presunta violación a los artículos 2.62 y 2.63 del Código Penal por incumplimiento y negligencia en el cumplimiento del deber. Hernández también anunció que referirá a Fuster Romero ante la Oficina de Ética Gubernamental por presuntas deficiencias en la supervisión administrativa, incumplimiento de procedimientos reglamentarios y fallas en la fiscalización de centros de inspección.

La salida de Fuster Romero amplía el impacto institucional del caso más allá de la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña, al involucrar a una funcionaria del DTOP en una posible interferencia con una investigación de irregularidades que afectó a unos 68 centros de inspección que supuestamente cobraron marbetes sin remitir los fondos a Hacienda, aseguradoras o la ACAA, dejando a conductores sin cobertura.

Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones del DTOP, destapó las irregularidades en los centros de inspección, incluyendo el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 era propiedad de Pérez Peña; el alegato es que Fuster Romero recibió una petición de Pérez Peña para removerlo de su cargo.

Un consejo asesor del presidente Donald Trump publicó este jueves un informe que recomienda reducir gradualmente la plantilla y los programas de FEMA en un 50% y transferir el liderato de la respuesta a desastres naturales a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales.

FEMA ha sido la principal fuente de financiamiento federal para la mitigación y recuperación ante desastres en Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico, cuya reconstrucción post-huracanes depende en gran medida de esos fondos.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado limitar el financiamiento federal en la respuesta a desastres; aunque el informe no es vinculante, coincide con la política pública que el presidente ha declarado querer implementar.

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María Vélez Casanova, rechazó el 7 de mayo de 2026 haber auspiciado actividades político-partidistas tras una querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental por la senadora del PPD Ada Álvarez Conde contra Vélez Casanova y el comisionado electoral del PNP Aníbal Vega Borges. La controversia se originó cuando una página de Facebook vinculada a los comisionados electorales del PNP anunció su participación en una feria de empleos del DTRH celebrada en Plaza Las Américas.

La querella, radicada el 6 de mayo, pone bajo escrutinio el uso potencial de eventos oficiales de agencias gubernamentales para fines partidistas, lo que podría constituir una violación a las normas de ética pública que rigen a los servidores del gobierno.

La Comisión Estatal de Elecciones figura entre las agencias que participan regularmente en ferias de empleo del DTRH junto a otras entidades gubernamentales; Vélez Casanova aclaró que la agencia no controla el contenido publicado por páginas externas en redes sociales.

El académico Jesús E. Vélez Méndez publicó una columna de opinión en Claridad reseñando el libro 'El Salvador de Bukele' (editorial Tinta Limón, Argentina), que documenta pactos entre el gobierno de Nayib Bukele y pandillas, el régimen de excepción declarado en marzo de 2022 y las condiciones de hacinamiento y muertes en cárceles salvadoreñas. La columna señala que comentarios en redes sociales puertorriqueñas reclaman un modelo similar para combatir la corrupción local.

El texto advierte que el régimen de excepción suspendió garantías constitucionales en El Salvador y que al menos el 90% de los muertos en prisión durante ese período no tenían perfil de pandilleros, según la ONG Socorro Humanitario; la circulación de narrativas pro-Bukele en Puerto Rico sitúa esa discusión en el debate político local.

Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019 y declaró el régimen de excepción el 26 de marzo de 2022 tras una masacre de 87 personas; el periódico El Faro documentó presuntos pactos entre su gobierno y la pandilla MS desde su etapa como alcalde de San Salvador.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Ada Álvarez Conde radicaron un proyecto de ley que reconocería la paternidad y maternidad como causal de emancipación para jóvenes de 18 años, y permitiría a progenitores de 16 años o más inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico sin consentimiento de los abuelos.

Bajo la ley vigente, un menor de 18 años con hijos no tiene capacidad jurídica plena para alquilar vivienda, llevar a su hijo a citas médicas, solicitar ayudas como el PAN ni emplearse formalmente sin la intervención de sus propios padres; la ausencia de esa capacidad puede llevar al Departamento de la Familia a separar a padres jóvenes de sus hijos.

La medida fue presentada por petición de Proyecto Nacer, Inc. y responde a una brecha legal en la que la patria potestad existe en papel, pero sin los derechos civiles necesarios para ejercerla en la práctica.

El 6 de mayo de 2026, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado celebró vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 600, que permitiría a miembros de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de Bomberos extender voluntariamente su servicio activo hasta los 66 años. Representantes de la Policía, el Sindicato de Bomberos Unidos y el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) expresaron oposición a la medida, mientras que el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Salud, la AAFAF y la Junta de Retiro se mostraron a favor.

Los opositores advirtieron que la medida es operacionalmente inviable, pone en riesgo la seguridad pública por el desgaste físico y emocional del personal, y afectaría el relevo generacional dentro de ambos cuerpos. También señalaron que los cómputos de pensión permanecen congelados desde el 2013, por lo que los años adicionales de servicio no representarían mejoras sustanciales en los beneficios de retiro.

La propuesta enmendaría el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y exigiría evaluaciones médicas bienales y pruebas físicas anuales a quienes opten por continuar; el retiro sería obligatorio ante resultados negativos. El senador Gregorio Matías Rosario alertó además sobre implicaciones del Código Penal para agentes en funciones administrativas que omitan actuar ante situaciones de riesgo.

El 6 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón sometió cuatro nombramientos al Senado —incluyendo el ascenso de las juezas Viviana Torres Reyes y Germaine Báez Fernández al Tribunal de Apelaciones— realizó tres designaciones directas de efecto inmediato, y firmó dos nuevas leyes: la Ley 75-2026, que excluye a convictos por agresión sexual conyugal de programas de desvío bajo la Ley 54, y la Ley 76-2026, que obliga a escuelas públicas y privadas a establecer planes de acción para estudiantes con epilepsia.

Los ascensos al Tribunal de Apelaciones inciden en la composición del segundo foro judicial más alto de Puerto Rico; la Ley 76-2026 protege a una población estimada en 45,000 menores con epilepsia integrados al sistema educativo, y la Ley 75-2026 elimina una vía de desvío procesal para delitos de agresión sexual conyugal.

La gobernadora mantiene la facultad constitucional de nominar juezas y jueces y a miembros de juntas y comisiones; el Senado ejerce el rol de confirmar aquellos cargos que así lo requieren por ley.

El escritor Jesús E. Vélez Méndez publicó una columna de opinión en Claridad el 6 de mayo de 2026 reseñando el libro 'El Salvador de Bukele', de la editorial Tinta Limón, que documenta los pactos del gobierno de Nayib Bukele con pandillas, el régimen de excepción declarado en marzo de 2022 y el hacinamiento extremo en las cárceles salvadoreñas. La columna señala que comentarios en redes sociales en Puerto Rico reclaman un modelo similar como solución a la corrupción local.

El texto advierte que el régimen de excepción de Bukele ha producido al menos 500 muertes en cárceles desde 2022, que el 90% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros según la ONG Socorro Humanitario, y que El Salvador se convirtió en el país con mayor tasa de encarcelamiento per cápita del mundo, datos que contextualizan el atractivo que el modelo genera en otros territorios, incluido Puerto Rico.

Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019 con el 53% de los votos; según el periódico El Faro, antes de decretar el régimen de excepción su gobierno habría pactado con la pandilla MS-13 reducción de homicidios a cambio de privilegios carcelarios, acuerdo que se habría roto entre el 25 y 27 de marzo de 2022 cuando 87 personas fueron asesinadas.

Menos de cuatro meses después de dejar COR3, Manuel Laboy Rivera constituyó NovaForge Consulting Partners LLC junto a al menos siete exfuncionarios de esa oficina, y la empresa acumuló cerca de $1.2 millones en contratos con la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Genera LLC, la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, la Oficina del Procurador del Veterano y varios municipios. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) le prohibió inicialmente ofrecer servicios a varias entidades con las que había interactuado como director, pero levantó la restricción tras reuniones adicionales y documentación complementaria presentada por Laboy Rivera.

El caso expone una puerta giratoria entre la función pública y la consultoría privada en el manejo de fondos federales de recuperación: Laboy Rivera ahora asesora a los mismos tipos de entidades —municipios, agencias, LUMA, Genera— sobre cumplimiento con las mismas reglas que él administraba en COR3, y la OEG admitió no haber sido consultada antes de que OPAL lo contratara por $144,000.

COR3 fue creada en 2017 bajo la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para coordinar fondos federales asignados tras los huracanes Irma y María, y ha enfrentado críticas por burocracia y lentitud en reembolsos; Laboy Rivera dirigió la oficina hasta diciembre de 2024, actuando también como representante autorizado de la gobernadora ante FEMA. Aunque la Ley de Ética prohíbe que un exfuncionario sea contratado durante el año siguiente a su salida por entidades sobre las que ejerció acción oficial, la OEG aclaró que ningún exservidor público está obligado a consultar a la agencia antes de aceptar contratos.

El Senado aprobó el Proyecto del Senado 810, que busca mejorar el control y uso de propiedades públicas en desuso corrigiendo inconsistencias en los inventarios de distintas agencias. La medida reorganiza el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) para integrar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos bajo un mismo organismo.

La duplicidad e inconsistencias en los registros han dificultado determinar la titularidad de múltiples propiedades del Estado, obstaculizando su uso para vivienda, desarrollo económico o proyectos comunitarios. La legislación busca convertir esos activos ociosos en herramienta activa de política pública.

Durante el proceso legislativo se identificaron problemas sistémicos de duplicidad entre agencias que mantienen inventarios separados sobre las mismas propiedades, lo que ha impedido una gestión coordinada de los inmuebles públicos en desuso.

El 5 de mayo de 2026, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, exigió al secretario de Salud, Víctor Ramos, que el Proyecto de la Cámara 1213 especifique qué permisos permanecerían bajo Salud y cuáles pasarían a la Oficina Central de Permisos del DDEC, advirtiendo que el Artículo 13 tal como está redactado equivale a un "cheque en blanco".

La ambigüedad del Artículo 13 dejaría al DDEC con autoridad discrecional para determinar, luego de aprobada la ley, la jurisdicción sobre permisos sensibles como los de hospitales, narcóticos y cannabis, sin que la Legislatura fije esos límites de antemano.

Méndez citó como precedente la Ley 42 de 2017 de Cannabis Medicinal, donde la Legislatura delegó a reglamentación la definición de enfermedades cubiertas —un modelo que considera un error a no repetir; el secretario Ramos defendió la medida señalando que las discusiones de transición sobre esas categorías sensibles se darían tras la aprobación.

La delegación del PPD en el Senado denunció que One Source Investigations —empresa de Jesús Nadal— radicó en octubre de 2022 una demanda de cobro por $120,000 contra un segundo hogar para personas con discapacidades intelectuales, luego de que ese proveedor rechazara un acuerdo de $50,000 mensuales en el que $40,000 irían a la compañía. La senadora Marially González Huertas explicó que el mismo patrón se intentó replicar después de que Hacienda Don Luis rechazara un acuerdo similar.

El señalamiento amplía el alcance del caso más allá de Hacienda Don Luis y sugiere un posible patrón de conducta por parte de One Source Investigations hacia al menos dos proveedores de servicios a participantes con discapacidades intelectuales, con contratos que ascendían a decenas de miles de dólares mensuales.

El caso ya motivó una investigación formal de la Oficina de Ética Gubernamental contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por su presunta intervención en la contratación de One Source cuando dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; el Departamento de Justicia cerró la investigación criminal sin hallar delito.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) determinó en una primera consulta que Manuel Laboy Rivera y su empresa NovaForge Consulting Partners LLC no podían prestar servicios a municipios ni a entidades como LUMA Energy y Genera PR con las que había intervenido en acciones oficiales durante su último año al frente de COR3; no obstante, tras una reunión solicitada por el propio Laboy Rivera en junio de 2025, la OEG revirtió esa posición en una segunda consulta y no halló impedimento para que operara con un nuevo grupo de municipios e instituciones.

La secuencia revela una laguna operacional: la OPAL contrató a NovaForge en marzo de 2025 sin consultar a la OEG, y la agencia admitió que ningún exfuncionario está legalmente obligado a hacer esa consulta, lo que dejó sin activar las disposiciones de la Ley de Ética mientras NovaForge acumulaba casi $1.2 millones en contratos públicos.

La Ley de Ética prohíbe que un exfuncionario sea contratado durante el año siguiente a su salida por entidades en las que haya intervenido en acciones oficiales el año previo; la OEG citó explícitamente que Laboy Rivera sostuvo reuniones, realizó visitas de campo y gestionó solicitudes ante FEMA en nombre de municipios y entidades energéticas mientras dirigía COR3, cargo que ocupó desde 2021 hasta diciembre de 2024.

El presidente del PPD, Pablo José Hernández, catalogó como un "error" la conducta de la representante Swanny Vargas en el video viral y sugirió que no habría sanciones administrativas contra ella, diciendo que "actuó mal y aprenderá de su error". Vargas había atribuido su dificultad para hablar durante el evento oficial del partido a "problemas de sonido" y "eco".

La postura de Hernández deja sin activar el Artículo 97 del Reglamento del PPD, que contempla medidas disciplinarias contra acciones que afecten negativamente la imagen del partido, lo que abre preguntas sobre la aplicación uniforme de sus propias normas internas.

El video circuló en redes sociales el domingo y muestra a Vargas hablando con un tono inusual durante una actividad oficial del PPD; el lunes, la legisladora ofreció su versión en NotiUno antes de que Hernández emitiera sus expresiones por escrito.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes 4 de mayo de 2026 un nuevo mapa electoral federal que redistribuye distritos en el estado, dejando al congresista demócrata Darren Soto con un 18% de desventaja en su distrito y diluyendo la concentración del voto puertorriqueño en Florida central.

El mapa busca aumentar la delegación republicana de Florida de 20 a al menos 24 escaños en la Cámara de Representantes federal, a costa de representación demócrata en zonas con alta población boricua; la legislación enfrentará con toda probabilidad impugnaciones judiciales.

Florida es uno de varios estados donde gobernadores republicanos han reordenado mapas electorales a petición del presidente Donald Trump, con miras a las elecciones legislativas de noviembre de 2026 en que se renueva toda la Cámara federal y un tercio del Senado.

El Partido Popular Democrático recaudó $327,677.27 entre enero y marzo de 2026, el mayor ingreso trimestral entre los partidos registrados ante la Oficina del Contralor Electoral, acumulando un balance bancario de $507,929.05.

El estado financiero de los partidos anticipa su capacidad operativa de cara al ciclo electoral; el PPD supera al PNP ($321,073.69) y al PIP ($258,771.60), mientras el MVC y Proyecto Dignidad operan en déficit.

La mayor fuente de ingresos del PPD fue la actividad anual de entrega de la Medalla Luis Muñoz Marín, celebrada el 8 de marzo en un hotel en Condado, que generó $201,850; el secretario general del PNP, Jorge Santini, afirma que su partido ha superado a la Pava en recaudos fuera de los registros ante la OCE.

El exrepresentante del PPD José "Cheíto" Rivera Madera presentó el 4 de mayo de 2026 una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que investigue la transmisión de un evento político del PNP a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La querella va dirigida contra el presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, y un empleado no identificado públicamente a cargo del manejo de esas plataformas.

El uso de recursos gubernamentales —en este caso plataformas digitales oficiales— para fines político-partidistas constituye una posible violación a la Ley de Ética Gubernamental; la propia gerencia de la AAA ya admitió públicamente que la transmisión no fue cónsona con los principios de neutralidad. La OEG confirmó que comenzó a evaluar el planteamiento para determinar si lo acoge como querella formal.

La AAA es una corporación pública bajo la Rama Ejecutiva; sus recursos, incluyendo sus canales oficiales de comunicación, están sujetos a las restricciones de uso político que impone la Ley de Ética Gubernamental. Rivera Madera invocó el Artículo 7.1 de dicho estatuto, que permite a cualquier persona solicitar una investigación sobre servidores públicos de la Rama Ejecutiva.

El Departamento de Justicia solicitó una prórroga de 72 horas para responder a la Petición de Información 2026-0058, radicada el 27 de abril por el senador Eliezer Molina Pérez, que exigía en 24 horas declaraciones juradas y certificaciones de cumplimiento de todos los cabilderos registrados desde la creación del registro. La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, justificó la solicitud por el volumen de documentos y la cantidad de años que abarca la petición.

La información solicitada permitiría al Senado fiscalizar si los cabilderos que operan ante agencias ejecutivas han cumplido con los requisitos legales desde que se estableció el registro, un mecanismo de transparencia que aplica a quienes influyen en decisiones de política pública.

El Registro de Cabilderos fue creado mediante la Orden Ejecutiva 2019-031, firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y sus normas operativas quedaron fijadas en la Carta Circular 2019-02; desde entonces, el cumplimiento de los registrantes no ha sido objeto de escrutinio legislativo público frecuente.

Una columna de opinión publicada el 2 de mayo de 2026 propone crear el Fideicomiso para la Estabilidad de la Infraestructura de Puerto Rico (PR-IST) como mecanismo para garantizar continuidad en proyectos de infraestructura más allá de los ciclos electorales.

La propuesta apunta a un problema estructural: cada cuatro años los proyectos de infraestructura se estancan cuando cambian las prioridades de gobierno y los jefes de agencia, lo que frena la reconstrucción de la isla.

La columna invoca el voto histórico del Dr. Rafael Arrillaga-Torrens en 1941, cuando rompió líneas partidistas para aprobar legislación social clave, como modelo de acción por encima de intereses políticos.

La administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, reiteró este viernes su rechazo a las expresiones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien el 23 de abril la acusó de 'entorpecer' la implantación del sistema ERP y alegó que la ASG había intentado cancelar el contrato de Deloitte; Mercado Rivera calificó ese discurso de 'bien peligroso' y negó que la agencia lleve proceso formal de cancelación alguno.

La disputa expone una fractura pública dentro del ejecutivo sobre la fiscalización de un contratista gubernamental a cargo de integrar los sistemas financieros y presupuestarios del gobierno, con implicaciones directas para la transparencia en las compras públicas.

Deloitte lleva el proyecto ERP desde 2018; la controversia escala tras una serie de requerimientos de información que el Senado dirigió a Domenech, proceso en el que él implicó a la firma MZLS —del abogado Anthony Maceira, esposo de Mercado Rivera— como cabildante para cancelar el contrato.

La gobernadora Jenniffer González Colón visitó esta semana los municipios de Cayey, Gurabo, Florida y Ponce para anunciar inversiones en infraestructura vial, acueductos, seguridad y vivienda. Entre los anuncios destacó el traspaso de $831,265 para repavimentar la Carretera 708 en Cayey y $2.3 millones en fondos estatales para atender deslizamientos en la Carretera 15.

Los fondos forman parte de los $70 millones asignados mediante la Orden Ejecutiva 2025-04, que declaró un estado de emergencia por la condición crítica de la infraestructura vial y los deslizamientos en toda la isla. Las obras afectan directamente la seguridad y el acceso de comunidades en varios municipios del interior y sur de Puerto Rico.

La gobernadora González firmó la Orden Ejecutiva 2025-04 para declarar emergencia vial ante deslizamientos que, según indicó, no habían sido atendidos antes de su administración. La AAA también anunció un proyecto de mejoras de agua en los Barrios Pasto Viejo y La Piedra de Cayey.

El presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026 la legislación que pone fin al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que duró 77 días, financiando la Guardia Costera, FEMA y CISA hasta el 30 de septiembre próximo.

El fin del cierre parcial reactiva operaciones federales clave de seguridad y respuesta a emergencias, aunque ICE y CBP siguen dependiendo de fondos de reconciliación fiscal mientras Trump presiona al Congreso para aprobar financiamiento independiente por tres años.

ICE y CBP no estuvieron incluidas en el cierre porque su financiamiento provenía de la ley de reconciliación fiscal de 2025; el impasse reflejó la negativa republicana a aceptar reformas demócratas a esas agencias, en medio de críticas por operaciones en las que murieron tres ciudadanos estadounidenses.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos avivó la batalla de redistribución electoral federal en Florida, poniendo en disputa la fuerza del voto puertorriqueño y su representación en el Congreso. El congresista demócrata Darren Soto calificó el proceso como una "guerra contra los puertorriqueños".

La redistribución podría reducir la representación política de la comunidad boricua en Florida en el Congreso federal, afectando su capacidad de incidir en legislación que impacta tanto a la diáspora como a la isla.

Florida alberga una de las comunidades puertorriqueñas más grandes y políticamente activas fuera de Puerto Rico, con presencia que ha influido en elecciones estatales y federales en años recientes.

El Senado aprobó el 30 de abril de 2026, de forma unánime, la Resolución del Senado 265, de la autoría de la senadora Nitza Morán, para investigar el estado físico, el plan de restauración y el uso de fondos públicos asignados al Paseo Lineal de Puerta de Tierra, cuya erosión ha acercado peligrosamente el talud a la acera de la avenida Luis Muñoz Rivera.

El paseo, construido a un costo de $32 millones, presenta erosión severa a la altura del edificio de Medicina Tropical y parte del tramo ya fue cerrado al público, exponiendo a riesgo diario a miles de personas que caminan o trotan por la zona.

El Paseo fue inaugurado en octubre de 2016 bajo la administración de Alejandro García Padilla; el huracán María en 2017 y posteriores marejadas aceleraron su deterioro, y entre 2020 y 2021 la estructura colapsó parcialmente en sectores que no fueron reforzados durante la construcción original.

La delegación del PPD en el Senado envió el 30 de abril una carta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) solicitando que se investigue a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, luego de que la OEG certificara que nunca abrió una querella en su contra pese a haber recibido el caso referido por el Departamento de Salud. El portavoz Luis Javier Hernández Ortiz reiteró además que Roig Fuertes no debe continuar en el cargo mientras se atienden los señalamientos.

El paso formal ante la OEG escala la presión institucional sobre Roig Fuertes, cuya investigación original giraba en torno a un contrato de $60,000 mensuales adjudicado en 2021 al Hogar Hacienda Don Luis, caso que el Departamento de Justicia archivó en octubre de 2025 sin que la OEG hubiera llegado a abrir una querella.

Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud cuando se otorgó el contrato cuestionado; el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, refirió el asunto a Justicia. La funcionaria fue confirmada por el Senado en febrero de 2025 y ha negado haber conocido de una investigación en su contra.

El 30 de abril de 2026, la Cámara de Representantes federal aprobó con 224 votos a favor y 200 en contra el proyecto republicano de reautorización de la ley agrícola, el cual excluye una propuesta que habría vinculado al gobierno federal con una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico.

La exclusión deja a Puerto Rico sin el respaldo federal necesario para migrar su programa de asistencia alimentaria al esquema del SNAP, lo que podría limitar los beneficios y la flexibilidad de los que reciben ayuda nutricional en la isla.

Puerto Rico opera bajo el PAN, un bloque de fondos federales con reglas distintas al SNAP continental, y llevar a cabo una transición requeriría legislación federal; la ley agrícola que se aprobó reemplaza una normativa de 2018 que estuvo vigente bajo tres prórrogas consecutivas.

El senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del PPD en el Senado, exigió este jueves que el Departamento de Justicia retome la investigación contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, archivada en octubre de 2025, y reiteró su llamado a que renuncie al cargo.

El PPD alega que Roig Fuertes ocultó durante su evaluación confirmatoria en el Senado que era objeto de una pesquisa vinculada al otorgamiento de un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente cuando dirigía la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

La investigación contra Roig Fuertes había sido archivada por el Departamento de Justicia en octubre de 2025; la delegación popular sostiene que la secretaria debió revelar esa situación antes de ser confirmada en su cargo actual.

El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, rechazó los señalamientos del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (Sbupr), que advirtió que los proyectos PC 1213 y PS 1183 —impulsados por el Ejecutivo y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz— pondrían en riesgo la seguridad pública al transferir a profesionales autorizados la certificación sobre prevención de incendios y cumplimiento estructural. Negrón Reichard sostuvo que la autoridad inspectora del Cuerpo de Bomberos emana de su propia ley orgánica y no del nuevo Código de Permisos, por lo que insistió en que esa facultad "permanece intacta".

La disputa sobre la autoridad inspectora del Cuerpo de Bomberos se suma a las objeciones ya planteadas por la Asociación de Alcaldes del PPD y la Federación de Alcaldes del PNP, quienes advirtieron a la gobernadora Jenniffer González que los proyectos eliminarían el control municipal sobre los Planes de Ordenamiento Territorial y derogarían las Juntas Comunitarias. El frente de resistencia a la reforma se amplía así a actores de seguridad pública, municipios de ambos partidos y comunidades organizadas.

Puerto Rico lleva décadas con un sistema de permisos señalado como lento y burocrático; intentos previos de reforma han oscilado entre centralización estatal y delegación municipal. La oposición a PC 1213 y PS 1183 reúne ahora a alcaldes de ambos partidos y al sindicato de bomberos, configurando una coalición inusualmente amplia frente a una propuesta del Ejecutivo.

La gobernadora Jenniffer González Colón descartó pedir la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y calificó de "faena para desprestigiar" los señalamientos del exsecretario de Salud Carlos Mellado, quien alegó mediante declaración jurada que Roig Fuertes intervino para favorecer un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente. Mellado además alegó que Roig Fuertes condicionó el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC prestara los servicios.

El contrato cuestionado pagaba doce veces el costo mensual típico de servicios similares —según Mellado, unos $5,000 mensuales— lo que plantea preguntas sobre el uso de fondos públicos en el Departamento de Salud y sobre el proceso de confirmación de Roig Fuertes como secretaria de Familia.

Carlos Mellado se desempeñó como secretario de Salud durante la administración anterior y es la fuente principal de los alegatos; su declaración jurada es el documento que activa la controversia. La gobernadora cuestionó por qué Mellado no presentó esta información durante el proceso de nombramiento de Roig Fuertes.

El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico advirtió que los proyectos de Reforma de Permisos propuestos por el Ejecutivo y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz transferirían al DDEC la emisión de certificados de incendio y capacidad, dejando el proceso de certificación en manos de profesionales autorizados privados.

Según el presidente del sindicato, José Tirado García, los cambios dejarían 'sin garras' a más de 100 inspectores de prevención de incendios del Negociado del Cuerpo de Bomberos, limitando cualquier cierre por incumplimiento únicamente a trámites de renovación en lugar de permitir intervención activa.

Los proyectos se discuten simultáneamente en el Ejecutivo y el Senado bajo el liderato de Rivera Schatz; el sindicato alega que el modelo actual depende de personal capacitado específicamente en manejo de incendios y riesgos estructurales, función que se perdería con la reforma.

Los municipios de Bayamón y San Juan no renovaron sus contratos con SoundThinking para el sistema de detección de disparos ShotSpotter tras concluir que la inversión —cercana a medio millón de dólares— no justificaba los resultados, según declaró el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

La decisión municipal contrasta con la posibilidad que evalúa el gobierno estatal de continuar financiando ShotSpotter, abriendo un debate sobre la eficacia y el costo del sistema en distintos contextos urbanos de Puerto Rico.

ShotSpotter es un sistema de detección acústica de disparos operado por SoundThinking que varios municipios puertorriqueños han probado; Bayamón lo piloteó durante seis meses antes de decidir no renovar el contrato.

Ocho empresas, incluyendo Liberty Vote —nuevo nombre de Dominion Voting Systems— mostraron interés ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para proveer las nuevas máquinas de escrutinio electrónico.

La CEE busca superar las fallas de equipo de conteo de papeletas que afectaron los comicios de 2020 y 2024, lo que hace crítica la selección del próximo proveedor para la integridad electoral.

La CEE le compró equipo de conteo de papeletas a Dominion Voting Systems en 2015; esa maquinaria enfrentó múltiples fallas en dos ciclos electorales consecutivos.

La Legislatura de Florida aprobó este miércoles la redistribución electoral propuesta por el gobernador Ron DeSantis: el Senado estatal votó 21-17 y la Cámara estatal había votado 83-28 el martes, convirtiendo el distrito del congresista demócrata boricua Darren Soto en terreno favorable para los republicanos y diluyendo la concentración del voto puertorriqueño en Florida central.

De implementarse, el plan llevaría el balance congresional del estado de 20-8 a 24-4 a favor de los republicanos, reduciendo a cuatro los demócratas federales de Florida y afectando estructuralmente la representación de más de 500,000 puertorriqueños en la región.

La aprobación llegó dos días después de que DeSantis presentara la propuesta, y coincidió con una decisión del Tribunal Supremo federal sobre un distrito de Louisiana que algunos temen pueda debilitar la Ley de Derechos Electorales al limitar el uso de criterios raciales en el diseño de distritos.

El 29 de abril de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón graduó la primera clase de agentes del orden público adscritos al Departamento de la Policía de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), junto al director ejecutivo Norberto Negrón Díaz.

Los ocho nuevos agentes —portuarios y de juegos— quedan facultados para arrestar, portar armas, diligenciar órdenes judiciales y hacer cumplir leyes en muelles y aeropuertos de la isla, ampliando formalmente la capacidad de seguridad en esas instalaciones.

La APPR no contaba hasta ahora con agentes del orden activos dentro de su propio departamento de policía; esta academia inaugural establece el modelo institucional para clases futuras.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró el martes 29 de abril de 2026 que el exsecretario de Justicia y contratista Antonio Sagardía incumplió con la ley al radicar tardíamente —y únicamente tras requerimiento del Senado— el 100% de las informativas sobre pagos a empleados o por servicios prestados al gobierno para los periodos contributivos 2024 y 2025. Los documentos fueron entregados ese mismo día al Senado por el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

Rivera Schatz denunció que Sagardía recibió el mismo trato que la exsecretaria de Estado Verónica Ferraiouli, a quien también se le permitió regularizar planillas de contribución sobre ingresos fuera de término, apuntando a un patrón de trato preferencial a contratistas y exfuncionarios del ejecutivo.

El Senado había requerido formalmente la información antes de que Sagardía actuara; el exsecretario autorizó por escrito la divulgación de los documentos solicitados por el cuerpo legislativo.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, declaró en entrevista exclusiva con El Vocero que está preparada para comparecer ante el Senado en una Comisión Total o interpelación relacionada con irregularidades que se le imputan durante su gestión al frente de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud.

La posible convocatoria al Senado pondría bajo escrutinio legislativo la conducta de una funcionaria de alto rango del gabinete en un caso de presuntas irregularidades en servicios a personas con discapacidad intelectual, una población vulnerable.

Roig Fuertes también defendió la pesquisa del Departamento de Justicia sobre el asunto, a pesar de que dicha investigación cerró sin entrevistar a ninguna de las partes implicadas en la controversia.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció el 29 de abril de 2026 que el cuerpo enviará requerimientos de información a varias agencias del gobierno para esclarecer las alegaciones contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, incluyendo si fue notificada por el Departamento de Justicia de alguna investigación en su contra.

El Senado busca determinar si Roig Fuertes tenía conocimiento de una pesquisa antes de asumir su cargo en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, y si procede fijar responsabilidades en torno a un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 para el cuidado de un solo participante.

Una investigación del programa Rayos X de Telemundo expuso el contrato, firmado cuando Roig Fuertes trabajaba en el Departamento de Salud; el Departamento de Justicia concluyó en un informe que el contrato 'no era arbitrario' y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente atendido en un hogar en Vega Alta.

Un columnista de El Nuevo Día describe una división abierta dentro del Partido Nuevo Progresista, protagonizada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Jenniffer González, año y medio después de que el partido arrasara en las elecciones.

La ruptura entre las dos figuras más importantes del PNP amenaza la estabilidad del partido que controla el gobierno de Puerto Rico, sin que se identifique un mediador capaz de contener la escalada.

El PNP obtuvo una victoria amplia en las elecciones más recientes, pero la nota señala que una sucesión de controversias y acusaciones entre los dos bandos ha erosionado esa posición dominante en poco tiempo.

El 28 de abril de 2026, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, confirmó que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, entregó al cuerpo legislativo la información contributiva del contratista gubernamental Antonio Sagardía De Jesús, tras autorización escrita del propio contribuyente para su divulgación.

Rivera Schatz anunció que la documentación será publicada en la página oficial del Senado, lo que pondría el historial contributivo de Sagardía —quien mantiene contratos activos con el gobierno— al escrutinio público; previamente, Hacienda había certificado que Sagardía radicó tarde cuatro declaraciones informativas y pagó $2,000 en multas.

El pleno del Senado había aprobado un requerimiento de información para corroborar el cumplimiento tributario de Sagardía; los formularios tardíos correspondientes a los ciclos 2024 y 2025 fueron radicados el 24 de marzo, dos semanas después de aprobado ese requerimiento.

Los congresistas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson visitaron Cuba en 2026 y documentaron los efectos del bloqueo energético: incubadoras apagadas, pacientes sin tratamiento y producción agrícola reducida al 10% de las necesidades de la población. Ambos legisladores calificaron la política como 'castigo colectivo' y llamaron a abrir negociaciones reales.

El testimonio proviene de legisladores en ejercicio dentro del Congreso de Estados Unidos, no de activistas externos, lo que introduce presión interna sobre una política vigente desde 1962 con pérdidas acumuladas que, según la fuente, superan los 147 mil millones de dólares.

El embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba data de 1962 y fue reforzado por la Ley Helms-Burton de 1996 y por 243 medidas adicionales del gobierno de Donald Trump; la Asamblea General de la ONU lo ha rechazado en múltiples ocasiones.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz declaró el 28 de abril de 2026 que analiza el informe del Departamento de Justicia sobre la secretaria de la Familia Suzanne Roig Fuertes y no descarta referidos ni citarla ante el cuerpo legislativo por presuntas irregularidades en un contrato de cuido de paciente por $60,000 mensuales.

Un referido del Senado podría derivar en consecuencias formales para una funcionaria de gabinete; el contrato bajo escrutinio asciende a $60,000 al mes en fondos públicos.

El Departamento de Justicia ya entregó un informe de investigación sobre Roig Fuertes al Senado, aunque Rivera Schatz indicó que es pronto para determinar el curso de acción y que no necesariamente se convocaría una comisión o vista formal.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió este martes que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tendrá 'un problema' si no ofrece explicaciones satisfactorias sobre un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 para el cuidado de un paciente en un hogar de Vega Alta. El Senado evalúa el informe del Departamento de Justicia sobre el caso antes de emitir conclusiones o hacer referidos a agencias pertinentes.

El contrato, adjudicado mientras Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, está bajo escrutinio legislativo por posibles irregularidades en el proceso de contratación. La presión del liderato del Senado sobre una secretaria del gabinete eleva la gravedad política del asunto.

El Departamento de Justicia concluyó que el contrato 'no era arbitrario' y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente, y determinó que no había evidencia de que Roig Fuertes impuso la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda San Luis. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ya entregó documentos al Senado en respuesta a una petición de información sobre el caso.

La gobernadora Jenniffer González declaró este martes concluida la investigación del Departamento de Justicia contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionada con un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 al Hogar Hacienda Don Luis, y confirmó que la mantendrá en su cargo.

La determinación cierra formalmente el caso pese a señalamientos de que personas con información relevante no fueron entrevistadas por Justicia y a pedidos de reapertura; Roig Fuertes conserva el control de un departamento que administra servicios a poblaciones vulnerables.

El contrato fue otorgado en 2021 cuando Roig Fuertes dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; la investigación de Rayos X (Telemundo) alegó que el acuerdo estaba condicionado a subcontratar a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

El oficial examinador a cargo del proceso administrativo interno del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) desestimó una querella presentada por una empleada contra el secretario Héctor Vázquez Muñiz, determinando que las alegaciones no se aproximaban a la definición de acoso laboral.

La resolución cierra un proceso que había generado versiones públicas sobre el funcionario, quien negó además la existencia de querellas federales o procedimientos adicionales en foros judiciales o administrativos relacionados con el asunto.

Vázquez Muñiz indicó que se mantuvo al margen del proceso mientras estaba en curso; una vez notificada la determinación, emitió un comunicado calificando la querella de carente de mérito y cuestionando lo que describió como uso indebido de los mecanismos de protección laboral.

La gobernadora Jenniffer González Colón efectuó la entrega de equipo y flota al Negociado del Cuerpo de Bomberos y al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, en una inversión dirigida a modernizar la capacidad de respuesta de los primeros respondedores en la isla. El proceso de compra comenzó en 2024 y el pago final se completó el 9 de enero de 2026.

La modernización de flota y equipo busca mejorar la respuesta operacional en tierra, zonas marítimas y forestales, con impacto directo en el tiempo de atención a emergencias para la ciudadanía puertorriqueña.

El proceso de adquisición se inició bajo la administración anterior en 2024, y la orden de compra formal se emitió el 9 de enero de 2025, lo que sitúa la inversión como un proyecto que atravesó dos administraciones.

El 28 de abril de 2026, la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el Proyecto de la Cámara 569, que crea un programa de apoyo integral para policías estatales retirados en áreas laborales, económicas y de salud mental.

La medida busca atender la transición psicológica, emocional y social de los agentes al salir del servicio activo, delegando el peritaje clínico en ASSMCA y la coordinación operativa en la Policía de Puerto Rico con apoyo del DTRH.

El proyecto, del representante Emilio Carlo Acosta, fue enmendado en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales para alinearse con el Acuerdo para la Reforma Sostenible e incluir un Protocolo de Delimitación de Funciones que evite duplicidad entre agencias.

El 28 de abril de 2026, durante la segunda vista pública del Proyecto de la Cámara 1213, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, respaldó las recomendaciones de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes para regionalizar los procesos de permisos y descentralizar servicios hacia los municipios.

La propuesta busca que el nuevo Código de Planificación y Permisos no erosione la autonomía de los municipios que ya operan sus propias oficinas de permisos, lo que afectaría directamente la capacidad de los gobiernos locales para agilizar servicios a la ciudadanía.

Por décadas, los municipios han luchado para obtener mayor jerarquía en materia de permisos; aquellos que alcanzaron la tercera jerarquía cuentan con oficinas propias, y la medida legislativa actual incluye una cláusula de supremacía que las organizaciones municipales advierten podría revertir esos avances.

El secretario de Hacienda Ángel Pantoja Rodríguez adjudicó en octubre de 2025 un contrato —hoy valorado en $8.7 millones— a Veintinueve de Febrero, la agencia publicitaria que manejó la campaña electoral de la gobernadora Jenniffer González Colón, aunque el comité evaluador del propio Departamento la clasificó en último lugar entre las tres finalistas con 82%, frente al 95% obtenido por Digimedia. Documentos judiciales revelaron que el comité recomendó formalmente contratar a la agencia de mayor puntuación, recomendación que Pantoja Rodríguez ignoró sin dejar constancia escrita de sus razones.

El contrato asigna $5.5 millones a la Lotería Electrónica, $3 millones a la Lotería Tradicional y $226,612 a servicios directos de Hacienda, con una comisión adicional de hasta 15% sobre compra de medios; desde que González Colón asumió el poder, Veintinueve de Febrero ha acumulado $20.5 millones en contratos con agencias gubernamentales, un aumento de más de 251% frente a los $5.8 millones obtenidos durante la administración anterior.

Digimedia había servido como agencia publicitaria de Hacienda desde 2019, acumulando aproximadamente $47.2 millones en contratos, y demandó al Departamento el 17 de diciembre de 2025 alegando que la adjudicación violó el debido proceso y que la propuesta ganadora excedía las tarifas prevalecientes en el mercado; Hacienda solicitó la desestimación argumentando que la selección de servicios publicitarios es un ejercicio discrecional del Secretario.

Dos planificadores entrevistados por separado criticaron el PC 1213, proyecto de la gobernadora Jenniffer González, y el PS 1183, del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, señalando que ambas medidas reducen el poder del aparato gubernamental de planificación y favorecen a quienes tienen capacidad económica. El planificador Pedro Cardona Roig indicó que el 90 % del contenido del PC 1213 fue generado por inteligencia artificial.

Si se aprueba el PC 1213, el DRNA perdería injerencia directa en la emisión de permisos y se eliminarían las clasificaciones del Plan de Uso de Terrenos, lo que según los expertos impondría por ley distritos de planificación sin participación técnica ni estudio de las condiciones del territorio. Ambos proyectos crearían un sistema de dos velocidades: trámites ágiles para quienes puedan pagar a un profesional autorizado y el proceso actual para quienes no.

El PC 1213 fue redactado en parte por el mismo grupo que preparó la reforma de permisos del gobernador Luis Fortuño en 2009, y sus disposiciones se derivan del informe del Comité de Permisos presentado por la gobernadora el año pasado. En 2023, el Reglamento Conjunto fue declarado nulo judicialmente, legalizando de facto 15 años de permisos sin procesos apelativos.

Durante el 51 Festival de Apoyo a Claridad, empleados del Municipio de San Juan removieron de madrugada, con apoyo de dos patrullas de la Policía de Puerto Rico, una bandera palestina y una del Grito de Lares que ondeaban en el evento. El Municipio había enviado previamente dos cartas a Claridad exigiendo la remoción de las banderas y amenazando con cerrar el festival; Claridad se negó.

El incidente plantea una disputa sobre los límites de la libertad de expresión en espacios públicos arrendados por el municipio, en un evento de prensa independiente con cuatro décadas de historia en Puerto Rico.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, había citado días antes su decisión de arrendar el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn al festival como ejemplo de respeto a la libertad de expresión. Las mismas banderas habían ondeado en ediciones anteriores del festival sin generar intervención municipal.