Criminalistas rechazan nueva ley y piden más recursos para supervisión de libertad bajo palabra
Abogados de defensa comparecieron este jueves ante la Legislatura y argumentaron que el problema del sistema de libertad bajo palabra no requiere un estatuto nuevo, sino mayor inversión en personal y recursos fiscales en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para fortalecer la supervisión y los programas de rehabilitación.
El debate revela una fractura entre el impulso legislativo de legislar reactivamente tras casos de alto perfil y la postura de los criminalistas, quienes advierten que sin capacidad institucional suficiente, ninguna ley nueva resolverá los vacíos de supervisión.
La discusión ocurre en el marco de la investigación activada por la Resolución de la Cámara 139 tras el arresto de un convicto en libertad bajo palabra investigado por el feminicidio de Jenniffer Torres Castro en Caguas; en vistas previas, la JLBP y el DCR ya habían solicitado técnicos, psicólogos y enmiendas a la Ley 118 de 1974.
La nota suma una voz crítica al debate legislativo en curso sobre rehabilitación penal y seguridad pública, enriqueciendo el hilo con la perspectiva de quienes defienden a la población convicta.