Documentos revelan que DCR, no Physician Correctional, excarceló ilegalmente a asesino Hermes Ávila Vázquez
Documentos presentados ante el Tribunal de San Juan en un caso iniciado por Physician Correctional contra el DCR revelan que la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez —quien posteriormente asesinó a Ivette Joan Meléndez— fue una determinación unilateral e ilegal del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo la dirección de la exsecretaria Ana Escobar Pabón, sin solicitud de Ley 25 ni evaluación médica requerida por el DCR. El abogado de Physician Correctional, Frank Torres Viada, presentó un documento del propio DCR denominado 'Evaluación para el Pase Extendido' que detalla la secuencia de eventos.
Durante más de dos años el DCR sostuvo públicamente que los médicos de Physician Correctional habían liberado al recluso sin evaluación adecuada; la evidencia del Departamento de Justicia contradice esa versión y tiene implicaciones directas sobre la demanda legal activa de Physician Correctional contra el DCR, cuyo contrato fue cancelado en julio de 2025 y cuya sustitución aún no está resuelta.
El DCR evalúa actualmente ocho ofertas para sustituir a Physician Correctional, que administra los servicios de salud correccional bajo un presupuesto de unos $55 millones; la disputa contractual y legal entre ambas partes se desarrolla en paralelo a la fiscalización legislativa del contrato en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Esta nota ilumina cómo una narrativa oficial sobre responsabilidad en una muerte puede sostenerse durante años antes de que la evidencia documental emerja en sede judicial, con consecuencias sobre contratos públicos multimillonarios y la rendición de cuentas en agencias de servicios críticos.