Physician Correctional confía prevalecer; secretario de Corrección sigue sin responder
Tras la orden de la jueza superior Katarina Stipec Rubio que paralizó cualquier nueva contratación médica carcelaria, el abogado de Physician Correctional declaró el 23 de julio que el tribunal ya reconoció que la empresa tiene "alta probabilidad" de prevalecer en los méritos de su demanda. El secretario del DCR, Francisco Quiñones, respondió por escrito que no haría expresiones "por el momento".
La paralización prolonga la incertidumbre sobre la atención médica a la población confinada, y la negativa de Quiñones a contestar preguntas abarca además querellas de hostigamiento laboral en su contra y la situación de la sede del DCR en Hato Rey, que desde el 1 de julio opera sin contrato de arrendamiento vigente.
La jueza Stipec Rubio emitió el remedio provisional el 22 de julio, condicionado a que Physician preste una fianza de $3 millones en 15 días; el DCR canceló el contrato de la empresa luego de que un confinado con pase médico extendido asesinara a una mujer, hecho que Physician califica como represalia política.
El caso expone cómo la supervisión judicial sobre contratos de servicios esenciales en el sistema correccional choca con la opacidad administrativa de una agencia bajo múltiples controversias simultáneas.