Presidenta de la UPR presiona por $118 millones para ajustes salariales excluidos del presupuesto del Ejecutivo
La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, confirmó que la partida de $118 millones solicitada para implantar el Plan de Clasificación y Retribución de empleados no docentes no fue incluida en la propuesta presupuestaria de la gobernadora Jenniffer González Colón, y anunció que continuará negociando con OGP, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal antes del 30 de junio de 2026, fecha límite para la aprobación del presupuesto. Jordán Conde indicó además que espera que la asignación base de la UPR aumente de los $500 millones garantizados por ley a unos $560 millones para el próximo año fiscal.
Sin los $118 millones adicionales, la UPR no podría implantar el plan salarial diseñado para hacer competitivos los sueldos de empleados no docentes, algunos de cuyos puestos —con requisitos de bachillerato y maestría— oscilan entre $1,475 y $2,400 mensuales. La exclusión del fondo del presupuesto ejecutivo traslada la batalla al terreno legislativo y fiscal en las próximas semanas.
La UPR opera bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por PROMESA y ha sometido sucesivas versiones de su plan fiscal al organismo; Jordán Conde ha reiterado que la institución se opone a aumentar la matrícula o modificar el sistema de retiro como mecanismos de ajuste, y advirtió que la Junta podría certificar su propio presupuesto si no acoge los planteamientos universitarios.
Este episodio revela la tensión entre la autoridad fiscal de la Junta bajo PROMESA y la capacidad de la UPR de proteger condiciones laborales y servicios educativos frente a decisiones presupuestarias del Ejecutivo.