Ocasio Cortez pide derogar Promesa y disolver la JSF en su décimo aniversario
El 1 de julio de 2026, en el décimo aniversario de la Ley Promesa, la congresista Alexandria Ocasio Cortez vinculó las crisis de energía y agua potable en Puerto Rico con la administración de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y exigió la derogación de la ley y la disolución del organismo. También abogó por eliminar los incentivos contributivos de la Ley 60 de 2019, que heredó las disposiciones de la antigua Ley 22.
La declaración suma peso legislativo federal a las demandas ciudadanas y sindicales que ese mismo día se expresaron en las calles de San Juan, y pone sobre la mesa congresional la derogación de un estatuto que ha regido la reestructuración de una deuda pública que originalmente ascendía a $70,000 millones.
La JSF fue creada por el Congreso hace una década mediante la Ley Promesa para supervisar las finanzas y reestructurar la deuda de Puerto Rico; organizaciones sindicales, comunitarias y figuras legislativas han denunciado durante ese período recortes a pensiones, reformas educativas y la falta de una auditoría formal de la deuda.
Esta nota ilumina cómo la tensión entre la supervisión fiscal federal impuesta por Promesa y la autonomía presupuestaria de Puerto Rico persiste y se proyecta ahora hacia un debate congresional sobre el futuro de la JSF.