Proveedores de educación especial demandan al DE por control sobre Remedio Provisional
La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud Relacionados a la Educación (APPSSRE) radicó una segunda Solicitud de Intervención Urgente ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, alegando que el DE impone requisitos que desplazan a las familias y convierten el Remedio Provisional en una contratación gubernamental directa.
La asociación denuncia que aproximadamente 45,057 estudiantes permanecen sin recibir al menos uno de los servicios requeridos y que 68,936 servicios continúan sin ofrecerse; además, pide una corrección tarifaria de al menos 33.7% y el cese de una retención del 1.5% sobre los pagos a proveedores.
El Remedio Provisional nació del caso Rosa Lydia Vélez como mecanismo para que familias de estudiantes de educación especial contrataran proveedores privados cuando el DE no podía ofrecer los servicios requeridos; APPSSRE sostiene que el Departamento ahora ejerce controles que desnaturalizan ese esquema sin que haya mediado modificación de la sentencia original.
Esta disputa ilumina la tensión estructural entre el sistema público de educación especial, los proveedores privados y los derechos de las familias en Puerto Rico, un conflicto que lleva décadas sin resolverse.