Jueza federal da plazo hasta el 31 de agosto para objetar interdicto permanente a favor de exmiembros de la Junta Fiscal
El 18 de agosto de 2026, la jueza federal María Antongiorgi-Jordán ordenó a los demandados en el pleito de tres exmiembros de la Junta de Control Fiscal —Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa— explicar antes del 31 de agosto por qué el interdicto preliminar que los protege no debe convertirse en permanente. La orden responde a la devolución del caso por el Primer Circuito al Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico.
Si el interdicto se vuelve permanente, los tres exmiembros quedarían protegidos judicialmente de forma indefinida mientras persista el litigio, consolidando un límite judicial al poder del presidente Donald Trump de removerlos discrecionalmente. La determinación también profundiza la controversia constitucional sobre hasta dónde llega la autoridad presidencial sobre la Junta, que supervisa las finanzas de Puerto Rico bajo PROMESA.
Trump notificó las destituciones de González, Biggs y Rosa mediante correos electrónicos en agosto de 2025; los tres demandaron ese septiembre alegando que las remociones violaron PROMESA, el debido proceso y la separación de poderes. Antongiorgi-Jordán ya había concedido un interdicto preliminar al estimar que las destituciones —sin causa expresa ni audiencia— probablemente infringieron la ley; el caso regresó al tribunal de distrito tras el fallo del Primer Circuito.
Esta nota avanza el hilo sobre la tensión entre el poder ejecutivo federal y los organismos de supervisión fiscal de Puerto Rico, y los límites que PROMESA impone a la voluntad presidencial sobre la Junta.