OPMT y expertas detallan leyes de 2025–2026 que restringen derechos reproductivos en Puerto Rico
El 30 de abril de 2026, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora auspició un conversatorio en el Periódico CLARIDAD donde las doctoras Alice Colón Warren y Yanira Reyes Gil analizaron leyes recientemente aprobadas —entre ellas la Ley 126 de 2025, la Ley 183 de 2025, la Ley 166 de 2025 y la Ley 18 de 2026— que, según las panelistas, crean un andamiaje legal orientado a restringir el acceso al aborto y ampliar la personalidad jurídica del no nacido en Puerto Rico.
Las leyes descritas imponen consentimiento parental, referidos obligatorios a agencias estatales, reconocimiento de personalidad jurídica desde la concepción y tipificación del feto como persona en el delito de asesinato; las ponentes advirtieron que este marco legal coloca a las personas embarazadas en una suspensión de derechos y bajo vigilancia estatal durante el embarazo.
El conversatorio situó estas medidas dentro de una historia más larga: entre 1930 y 1970 más de una tercera parte de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva fueron esterilizadas bajo políticas de control poblacional impulsadas por gobiernos local y federal; el derecho al aborto en la isla descansa hoy en la decisión local Pueblo v. Duarte, independiente de Roe v. Wade. Reyes Gil señaló que, tras un cuatrienio anterior en que legisladoras del Proyecto Dignidad lideraron más de una docena de proyectos antiaborto sin éxito, el Partido Nuevo Progresista ha asumido esa agenda con mayor efectividad en el cuatrienio en curso.
Esta nota ilumina el hilo de la autonomía corporal y los derechos reproductivos en Puerto Rico, mostrando cómo la Legislatura ha avanzado restricciones concretas en un contexto de presión conservadora renovada tanto local como federal.