Gobierno culpa a LUMA por atrasos eléctricos y rechaza señalamientos de la JSF
El 20 de julio de 2026, el Gobierno de Puerto Rico respondió a la JSF reconociendo la necesidad de acelerar la reconstrucción eléctrica, pero atribuyó gran parte de los retrasos a la "mala administración" de LUMA Energy y rechazó varias de las conclusiones del organismo federal. El Ejecutivo también advirtió que el control del Fondo Rotatorio de $750 millones no será cedido a LUMA, a quien describió como incapaz de ejecutar sus responsabilidades contractuales.
El Gobierno reconoció que la AAFAF carece del personal especializado y la infraestructura operacional para administrar el fondo —situación que atribuyó parcialmente a recortes presupuestarios impulsados por la propia JSF— lo que añade una nueva capa de obstáculos administrativos a un mecanismo financiero ya aprobado. Mientras tanto, el fondo permanece inoperante y cerca del 75% de aproximadamente $14,000 millones asignados para la red eléctrica desde 2017 sigue sin desembolsarse.
La Legislatura autorizó el Fondo Rotatorio mediante Resolución Conjunta 42-2025, firmada por la gobernadora Jenniffer González, pero el mecanismo no puede operar porque la AAFAF no ha completado las guías del programa, protocolos interagenciales ni mecanismos de monitoreo requeridos. El conflicto se da en medio de una acción judicial activa del gobierno para anular el contrato de operación de LUMA, y tras una carta de la JSF exigiendo que se sometan las guías del fondo sin más demoras.
Esta nota ilumina cómo el cruce de señalamientos entre el Gobierno, LUMA y la JSF convierte un instrumento financiero ya aprobado en otro cuello de botella administrativo que frena la reconstrucción de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico.