APPR enfrenta demanda de $106 millones mientras deroga reglamento de escaneo de furgones
La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) avanza en la derogación del Reglamento 8837, que regulaba el escaneo de furgones en los muelles, en cumplimiento con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien canceló el programa el 25 de agosto de 2025. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta un litigio de S2 Services, la empresa que operaba el sistema, que reclama alrededor de $106 millones por la cancelación de su contrato.
La demanda de $106 millones representa una carga fiscal potencial directa para el erario, mientras el sector de alimentos —uno de los principales importadores de bienes a la isla— ya reclamaba desde años atrás la eliminación de un sistema al que atribuían costos trasladados a los consumidores.
La gobernadora González Colón catalogó el sistema de escaneo como ineficiente e innecesario, y la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 126-2026, conocida como la Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico, como marco sustituto. La APPR abrió un período de comentarios ciudadanos como parte del trámite formal de derogación del reglamento.
Esta nota ilumina cómo las decisiones de política pública en infraestructura crítica de abastecimiento pueden derivar en litigios millonarios con consecuencias para el erario y el costo de vida en la isla.